MÉXICO.

Hace dos años se descubrió el primer caso de covid-19, una pandemia que evidenció y agravó las desigualdades, sobre todo en poblaciones históricamente vulneradas.

A dos años de esos efectos diferenciados, y frente a la crisis sanitaria y financiera, las personas LGBTI+ y los activismos continuaron con sus acciones comunitarias. Las violencias por prejuicio no cesaron ni tampoco la omisión del Estado para garantizar sus derechos.

En México se desconoce cuántas personas LGBTI+ enfermaron o murieron por covid, y no hay datos oficiales que recaben información sobre cómo la pandemia ha impactado a grupos en situación de vulnerabilidad. 

Lo que sabemos es que la gran mayoría de las personas LGBTI+ que trabajan no podían permanecer en casa y se vieron expuestas -pues están sobrerrepresentadas- dentro del 56.2% de la población mexicana que trabaja en el sector informal.

Al mismo tiempo el encierro obligatorio incrementó y develó las violencias ejercidas en el seno familiar sobre todo hacia personas jóvenes. La violencia en la calle y redes sociales, sobre todo el transodio, permanecieron.

Frente a la crisis, organizaciones LGBTI+ activaron distintas acciones para hacer frente a la salud, el hambre y el techo, como donación de medicamentos antirretrovirales; comedores comunitarios y refugios.

Impactos a dos años de pandemia

Ante la ausencia de información y datos oficiales sobre cómo la pandemia ha afectado a las poblaciones LGBTI+ en México, en 2020 treinta organizaciones levantaron la encuesta Impacto diferenciado de la covid-19 en la comunidad LGBTI+ en México. De ella participaron más de seis mil personas con el fin de conocer los efectos que tuvo la emergencia sanitaria en esta población. 

Los principales hallazgos:

• 5.33% enfermó de covid-19.

• 44 personas abandonaron su casa debido a los prejuicios por su orientación sexual o identidad de género.

• Siete de cada 10 perdieron sus ingresos de manera parcial o total.

• Menos de la mitad pudieron ejercer su trabajo desde casa.

• Las que tuvieron que salir a trabajar en su mayoría son personas trans.

• El 47.26% experimentó violencia intrafamiliar y el 36.46% en redes sociales.

• El 15% de los jóvenes de 18 y 19 años intentó suicidarse y casi el 40% tuvo pensamientos suicidas.

• 39% de las personas que respondieron que viven con VIH tuvieron que interrumpir su tratamiento por razones de la covid-19.

Al menos 71 personas LGBT+ asesinadas y 7 desaparecidas

Según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT, 71 personas LGBT fueron asesinadas y 7 desaparecidas hasta noviembre de 2021.

Más de la mitad de los crímenes fueron contra mujeres trans y los estados donde más se registraron estas violencias fueron Morelos; Baja California; Guanajuato; Chihuahua y el Estado de México. 

En enero, Dayanne de 20 años fue embestida por dos autos en Tepic, Nayarit. La Fiscalía, sin respetar su identidad de género, alegó accidente. Dayanne había sido extorsionada y vigilada, antes de su asesinato. Con ese antecedente Integrantes de la organización Casa de las Muñecas Tiresias Nayarit exigieron a las autoridades investigar con perspectiva de género. 

El 5 de junio un hombre que vivía con VIH fue asesinado en Quintana Roo. Los activismos  de ese estado y en la Ciudad de México se manifestaron en las calles y exigieron la derogación de un artículo del Código Penal local que criminaliza a las personas que viven con VIH.

Los crímenes en el segundo semestre

En julio, asesinaron a ocho mujeres trans en un periodo de 12 días. El dato confirmó y superó la evaluación de LetraEse, en la que estima que 6.5 personas LGBT son asesinadas en promedio cada mes en México.

La noche del 1 de julio, Ivonne de 32 años fue asesinada y torturada en su estética en Iztapalapa, Ciudad de México.

Seis días más tarde en Colima y de la misma manera asesinaron en su domicilio a Valeria Carrasco. Tenía 25 años; sus amistades exigieron justicia y reclamaron que ni su familia ni la prensa respetaron su identidad de género.

Al día siguiente, en el estado fronterizo de Baja California, asesinaron a Kendra de 29 años e incendiaron su casa. El 13 de julio Presentes supo de tres transfeminicidios más: los de Michell y Dayana en Jalisco y el de una mujer de Colima de la cual se desconoce su nombre.

El 19 de julio en el Estado de México, la activista Aline Sánchez, de 41 años, fue asesinada en su negocio y el 21 del mismo mes, en San Luis Potosí fue asesinada Fabiola Rivera de 43 años. En ambas ejercieron la saña. Activistas y personas LGBT+ tomaron las calles de sus ciudades para exigir justicia. 

En septiembre fue asesinada en su estética en Guanajuato, Devanny Cardiel, iba a cumplir 40 años. La prensa tildó el crimen como un “ajuste de cuentas” y la vinculó con el crimen organizado.

Amistades y activistas decidieron “no hacer mucho ruido” porque en ese estado “es difícil alzar la voz”. A kilómetros de ahí, Catalina Santos fue perseguida y asesinada en el Estado de México. Activistas reclamaron que las fuerzas de seguridad tardaron en llegar y su cuerpo yació por más de cuatro horas en la calle y bajo la lluvia.

El 13 de octubre asesinaron al estudiante de gastronomía, Miguel Ángel Sulvarán Xolo, en Veracruz. Asociaciones civiles y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) exigieron a las autoridades investigar con perspectiva de género y que la orientación sexual de Xolo se contemplara como motivo de su asesinato.

Su asesinato representó el 18vo crimen de odio en 2021, tan solo en Veracurz, uno de los estados donde más se registran violencias letales contra personas LGBTI en México.  

En Ensenada, Alicia Diaz, conocida como Tita, fue asesinada el 3 de noviembre. Antes de su crimen, fue golpeada y recibió amenazas por redes sociales. Las activistas protestaron y exigieron a la Fiscalía investigar con perspectiva de género. 

Ataques y transodio en redes sociales 

Además de los asesinatos se registraron otro tipo de violencias. En Jalisco se reportó lo que activistas consideran el primer ataque de ácido contra una persona LGBTI+ en el país.

El 19 de octubre, Zoé, joven trans de 22 años fue atacada con ácido por un hombre. Un hospital de corte religioso le negó la atención médica, a pesar de que tenía quemaduras de primero y segundo grado. Semanas después del ataque la Fiscalía presentó un retrato hablado del supuesto agresor.

En algunos estados donde se buscó legislar la ley de identidad de género, personas trans denunciaron acoso y ataques transodiantes ejercidos por mujeres feministas transexcluyentes. En la Ciudad de México integrantes de la Tianguis Disidente, (un espacio creado para afrontar la violencia económica) reportaron en más de una ocasión ser acosades por vendedores ambulantes de Zona Rosa, espacio histórico donde personas LGBT+ se reúnen. 

Las amenazas de ataque se concretaron el 23 de septiembre cuando un grupo de hombres cisgénero golpearon con palos y navajas en mano a integrantes de la Tianguis. En su mayoría eran personas menores de edad, mujeres y personas no binarias. 

La plataforma Visible reportó 408 ataques contra personas LGBT+ en el año. Las mujeres trans y personas lesbianas fueron las poblaciones más afectadas; el espacio privado, seguido de los espacio públicos fueron donde más se perpetraron estas violencias y en las redes sociales registraron 100 ataques. La gran mayoría contra personas trans. 

Ante la ola de transodio, Presentes presentó un botiquín de herramientas para discursos transodiantes. 

Caravanas y migrantes LGBT

Durante el año se registraron distintos movimientos migratorios, pero a finales de octubre las caravanas de personas migrantes originarias, principalmente, de Centroamérica; Venezuela; Haití y Cuba, fueron más notorias.

Y fue la ciudad de Tapachula, al sureste de México, por donde ingresan para seguir su camino al norte o buscar posibilidades de que las autoridades mexicanas les brinden refugio.  

En la encuesta Impacto diferenciado registraron 15 casos de solicitud de refugio. Más de la mitad de las personas migrantes enfrentaron discriminación y violencia por su orientación sexual, identidad y expresión de género durante el proceso.

En noviembre, 24 personas LGBT+ migrantes fueron apoyadas con transporte terrestre de Tapachula a Querétaro, en donde distintas organizaciones les brindaron cobijo y alimento. El Instituto Nacional de Migración les otorgó visas humanitarias y el 12 de noviembre llegaron al Jardín de las Mariposas, un albergue para personas LGBT+ migrantes ubicado en Tijuana. 

De acuerdo a información de Jaime Marín, integrante del Jardín, en lo que va del  2021, atendieron al menos 350 personas migrantes LGBT+ en el refugio, un lugar seguro donde se les otorga —además de un espacio de descanso, comida caliente y cobijo— asesoría jurídica para llevar a cabo el papeleo administrativo para las solicitudes de refugio en Estados Unidos y México. También hay talleres culturales y atención psicológica. 

En contraste, en junio el consulado hondureño negó la repatriación del cuerpo de Kaory Cantarero, una mujer trans que tuvo que migrar por amenazas, y que falleció de un ataque cardíaco en un centro de rehabilitación. Tras presión y organización de la activista Kenya Cuevas, el cuerpo de Kaory llegó a su país donde a su velorio y entierro solo acudió su familia. 

Acciones comunitarias durante la pandemia

Frente a la ausencia del Estado, la crisis económica, alimentaria y de salud; las acciones emprendidas desde los activismos para mermar el impacto de la pandemia —en su primer año—, continuaron en el segundo.

Así, en Tamaulipas, la organización Tamaulipas Diversa Vihve Trans coordinó jornadas de atención y entrega de despensas a personas LGBT en tres ciudades del estado. Y dado que el gobierno de México orientó los esfuerzos a la pandemia de covid-19, se dejó de brindar detección, atención y seguimiento a la pandemia de VIH. 

Ante la respuesta tardía del Estado, frente al VIH, organizaciones como VIHve Libre no solo denunciaron el actuar de las autoridades sino que tomaron las calles y repartieron medicamentos antirretrovirales a toda persona que lo necesitara, sin importar el rincón del país. 

La organización Casa de las Muñecas Tiresias activó el primer refugio para personas trans en todo México. Además, repartieron comidas calientes en un punto de la ciudad donde se ejerce el trabajo sexual. Y no muy lejos de ahí, en el centro de la CDMX, se inauguró Manos Amigues, un comedor comunitario donde las comidas se sirven por solo 11 pesos. 

Derechos

• Yucatán; Querétaro; Sonora; Sinaloa y Baja California dijeron sí al matrimonio igualitario.

• En Yucatán, Colima, Zacatecas, Baja California Sur y Tlaxcala se reformaron los Códigos Penales para tipificar el delito de ECOSIG, es decir, las mal llamadas “terapias de conversión”.

• En Baja California Sur, Estado de México, Morelos y Puebla se aprobaron reformas para garantizar la identidad de género para personas trans adultas.

• En la Ciudad de México, Oaxaca y Morelos, a las personas trans de más de 12 años se les reconoce su derecho a la identidad. Por medio de un trámite administrativo pueden hacer el cambio de nombre y género en su acta de nacimiento.

• El Estado mexicano sigue negando su derecho a la identidad a las personas trans de menos de 12 años.

Primera disculpa pública por transfeminicidio

Las autoridades de la Ciudad de México se disculparon públicamente por el transfeminicidio de Paola Buenrostro —asesinada en 2016— amiga de la defensora de derechos humanos Kenya Cuevas.

Para Kenya la disculpa y los procesos que derivan de la recomendación no son el fin de la lucha sino “otro principio (…) Las violencias y discriminación que atravesamos las mujeres trans no van a acabar con esta recomendación. Tampoco con el matrimonio igualitario, ni el cambio de identidad, ni tipificación de transfemincidio”. 

Dos mujeres trans, congresistas federales

El 6 de junio se llevaron a cabo las elecciones “más grandes e incluyentes de México”, según el Instituto Nacional Electoral (INE), institución que estableció por primera vez, lineamientos para que los partidos políticos incluyeran candidaturas de personas afrodescendientes, con discapacidad y LGBTI+.

Durante el proceso se implementaron medidas afirmativas, una de ellas fue la inscripción obligatoria de una cuota de persona candidatas LGBTI+ por cada partido político. Otra la aplicación del protocolo trans, con el que se buscó garantizar el derecho al voto de las personas trans libres de discriminación. Sin embargo, desde redes sociales muchas personas trans reportaron que no les respetaron su identidad de género. 

Más de 100 candidates LGBTI+, incluidas 40 aspirantes trans, participaron en las pasadas elecciones legislativas y locales. Tras concluirse el conteo de votos, se dio a conocer que Salma Luévano y María Clemente García, serían las primeras congresistas trans de México.