2018: Crecieron violencias en Paraguay con gobierno antiderechos LGBTI

Por Juliana Quintana El 2018 es un año más que acaba sin que el Congreso paraguayo trate una ley antidiscriminación. En el primer año de gobierno de Mario Abdo Benítez, no se han registrado avances en términos de normativa jurídica para la promoción y protección de los derechos de las personas de lesbianas, gays, trans,…

27 de diciembre de 2018

Por Juliana Quintana

El 2018 es un año más que acaba sin que el Congreso paraguayo trate una ley antidiscriminación. En el primer año de gobierno de Mario Abdo Benítez, no se han registrado avances en términos de normativa jurídica para la promoción y protección de los derechos de las personas de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. Por el contrario, aumentaron los niveles de violencia en contra del colectivo. No hay cifras oficiales ni políticas públicas.

El gobierno ha recrudecido su posición en contra de los derechos LGTBIQ+, tanto en espacios internacionales de derechos humanos como en el ámbito nacional por la falta de implementación de políticas públicas. Además de asimilar un discurso de odio promovido por sectores anti-derechos, por un lado, continúa la negación de las personas LGBTIQ+ a acceder a derechos básicos como el trabajo, la educación y la justicia y, por el otro, no hay un solo condenado por los 61 transfemicidios acontecidos del 1989 hasta el día de la fecha.

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Si bien no existen datos oficiales de violencia y discriminación hacia el colectivo LGBTIQ+, varias organizaciones sociales llevan un registro que se publica de forma anual. Les activistas Rosa Posa, Carolina Robledo y Airym Sarta, de Aireana (Grupo por los derechos de las lesbianas); Erwing Augsten, de la Mansión 108 y Mariana Sepúlveda, de Panambí (Asociación de travestis, transexuales y transgéneros del Paraguay) elaboraron un capítulo del informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) sobre la situación de los derechos de las personas LGBTIQ+ en Paraguay durante el 2018.

72 denuncias de ataques y 4 asesinatos por odio

El centro de documentación de casos de violencia hacia las personas trans de la organización Panambí recibió 72 denuncias dentro del periodo de enero a octubre de 2018: 4 fueron asesinatos y 68 otras formas de violencia. Este año, Panambí habilitó un número telefónico donde recibe denuncias de violencia contra las personas trans. Según la presidenta de la agrupación Vicky Acosta, solo de octubre a diciembre de este año recibieron 100 nuevas denuncias por discriminación.

Travesticidios y transfemicidios

De acuerdo al registro de Panambí, este año recibieron 4 casos de crímenes de odio. En el informe se detalla los transfemicidios de Naomi Gomes y Nikol Ortellado.

Naomi Gomes Rivas, una mujer trans de 29 años, fue asesinada en la compañía Naranjo, próxima a la ciudad de Piribebuy (100 kilómetros al este de Asunción). Sus familiares habían denunciado su desaparición el pasado lunes 27 de agosto. El autor del crimen, César Guzmán Franco Ruiz, de 19 años, confesó haberla asesinado a machetazos, y que después incineró su cuerpo. Además, fue quien condujo a los policías hasta el lugar donde había enterrado el cuerpo de Naomi. Algunas evidencias recogidas del lugar del crimen fueron derivadas al Ministerio Público de Caacupé.

Nikol Ortellado, una mujer trans de 24 años, fue asesinada en Puerto Obligado (situada a unos 60 kilómetros de la ciudad de Encarnación, fronteriza con la ciudad argentina de Posadas) dos días antes de la marcha por el Orgullo #TLGBI en Asunción. En la madrugada del jueves, Nikol recibió varias puñaladas, y sufrió una hemorragia interna que le provocó la muerte.

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“La discriminación que vivimos es muy fuerte, más aún con este Congreso de la Nación que acaba de declararse pro-vida y pro-familia”, manifiesta Acosta. “Esto es muy peligroso para las conquistas que ya veníamos teniendo en materia de derechos. Hoy sentimos mucho los asesinatos de nuestras compañeras y estamos preocupades de que eso aumente porque se viene una ola de antiderechos fuertísima en nuestro país”.

Grupo Lince: persecución y detención arbitraria a personas trans

En un contexto en que Paraguay figura en el último lugar en Sudamérica de las pruebas PISA (que evalúan las competencias escolares para jóvenes) y que reaparece con fuerza la propuesta del Servicio Militar Obligatorio, las autoridades proponen que los jóvenes integren la Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas, también denominado Grupo Lince. Este brazo de la policía es conocido por detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

De acuerdo a las denuncias públicas recogidas de los medios de prensa, hubo cinco detenciones arbitrarias por parte de esta agrupación durante el 2018:

  1. 28 de febrero de 2018 (Asunción): en la vía pública violentaron físicamente a una persona trans, sin orden judicial, alegando “actitud sospechosa”. Cuando intentó grabar su detención le rompieron el aparato celular. En la sede la Comisaría Tercera Metropolitana la agredieron física y psicológicamente, por su identidad de género.
  2. 16 de abril de 2018 (San Lorenzo): trabajadoras sexuales trans fueron detenidas y violentadas físicamente por efectivos policiales de la Comisaría 30. La detención fue a raíz de una denuncia de una persona que dijo haber sido víctima de robo por parte de las mismas.
  3. 19 de mayo de 2018 (Caaguazú): Un joven fue interceptado en la vía pública por dos oficiales del Grupo Lince y le exigieron que se retire un piercing que tenía en la nariz. Las autoridades policiales reconocieron la mala actuación de los oficiales y lo registraron como antecedente en la Justicia policial.
  4. 28 de agosto de 2018 (Asunción): oficiales del Grupo Lince, sin orden judicial, realizaron una inspección física de dos personas que se encontraban en la Plaza de los Héroes. Los echaron al suelo, con las manos en la nuca. Un joven que estaba filmando el suceso con su celular, fue descubierto por uno de los oficiales, arrojaron su celular al piso y le exigieron su documento de identidad. Como el muchacho no portaba el documento, le comunicaron que debían trasladarlo hasta la comisaría para corroborar sus datos personales. El joven fue golpeado durante el traslado y uno de los oficiales le dijo: “ojalá le disparen a tu mamá y a tu hija en su cabeza por querer manchar al Grupo Lince”.

La línea telefónica Rohendu (“te escuchamos”, en Guaraní), de Aireana, recibió 144 llamadas entre octubre de 2017 y octubre de 2018. Esta cifra disminuyó en relación a la del 2017 (203), sin embargo, aumentaron los casos relacionados a violencia entre parejas y la discriminación familiar.

“Este año hemos tenido casos bastante terroríficos de violencia dentro de la familia y que tienen que ver con ese control, esa violencia que se ejerce sobre las chicas. Varios casos son de adolescentes o jóvenes lesbianas que reciben violencia al interior de sus familias. Pero por cada una que se anima a hablar con nosotras, ¿cuántas habrá que no lo habrán hecho?”, expresó la activista Rosa Posa en diálogo con Presentes.

Por último, el Centro de Consejería y Denuncias de VIH y Derechos Humanos recibió 218 casos de clasificados según la población afectada, de octubre de 2017 al mismo mes de 2018. Entre estos tres servicios de la sociedad civil, acumularon en este periodo, 294 casos vinculados a la discriminación y la violencia hacia personas por su orientación sexual o su identidad de género.

Fuente: Codehupy.

Elecciones generales: ausencia de políticas públicas para el colectivo LGTBIQ+

Este año fueron las elecciones generales en Paraguay, y durante la campaña electoral, los derechos de las personas LGBTIQ+ fueron los grandes ausentes de las propuestas de gobierno de los candidatos con más intención de voto.

El presidente electo Mario Abdo Benítez se inscribió en una línea discursiva que evocaba a un solo modelo familiar basado en el matrimonio entre hombres y mujeres y la heterosexualidad obligatoria. Además, declaró en campaña que vetaría todos los proyectos que amenacen a dicha institución. De esta manera, el nuevo gobierno se erige como una amenaza al principio fundamental de la universalidad de los derechos y consolida su postura discriminatoria para con la diversidad de género y sexual.

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“Nosotras consideramos que este gobierno es igual que el anterior, en eso no hay mucho cambio, se deja mucho influir por los grupos más fundamentalistas antiderechos, tiene unos roles muy tristes en el plano internacional. Esa onda de la negación de los derechos LGTBI, de querer borrar ese término, querer que desaparezca, o sea, estamos en esa línea, con un gobierno muy abiertamente en contra de nuestros derechos”, manifestó Posa.

Imputan a artista queer por “exhibicionismo”

En mayo de este año, la fiscalía paraguaya imputó a Brune A. Comas por una performance que realizó en el marco del Festival Besatón, organizado por la agrupación “Somos gay”. En ella denunciaba la violencia y discriminación que sufre la población LGBTQ+ en Paraguay. La Secretaría de la Niñez y la Adolescencia lo acusó de “actos de exhibicionismo”. Amnistía Internacional inició una campaña en redes sociales para dejar sin efecto la denuncia. El lunes se realizó una manifestación en apoyo a su sobreseimiento y el miércoles se dio a conocer los resultados de la audiencia preliminar en la que resolvieron aplicar la suspensión condicional del procedimiento y no seguirá a juicio oral.

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Presión política de antiderechos LGBTI

Hace dos años comenzó a extenderse en el país la aprobación de resoluciones que declararon a los municipios y las ciudades “provida y profamilia” a pedido de grupos antiderechos vinculados con la política municipal y departamental. Hoy ya se sumaron cerca de diez ciudades.

En septiembre, la ciudad de Encarnación censuró la primera Marcha TLGBI alegando que la ciudad había sido declarada recientemente “provida y profamilia”. El intendente de Encarnación, Luis Yd, les negó el uso del espacio público a Diversxs Encarnación, encargades de la organización. Pero pese a esto, la marcha se llevó a cabo desde la pérgola de la Playa San José, sobre el río Paraná, hasta la Plaza de Armas.

En la misma línea, la Municipalidad de Ciudad del Este, en enero de 2018, clausuró un local comercial por vender muñecas “transexuales”. A través de la Resolución Nº 481, la Municipalidad comunicó que la venta de ese artículo “representa un grave riesgo para los niños, quienes ante el contacto con tales objetos, resultan víctimas de alteración, afectación o daño en su percepción natural de la sexualidad humana, lo cual constituye abuso infantil”.

27 de diciembre de 2018

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