Por María Sanz, desde Asunción Foto: Jess Insfrán Pérez La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió a comienzos de año una opinión consultiva en la que recomienda el respeto a diversos derechos de las personas LGTBI: el cambio de nombre y género en los documentos, el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género para las personas trans, la protección a todos los tipos de familias o la prohibición de discriminar por orientación sexual o identidad de género. Aunque Paraguay es uno de los países sujetos a la jurisdicción de la Corte IDH, organizaciones de la sociedad civil creen que estas recomendaciones no llegarán a cumplirse en el país. En los últimos años, Paraguay se ha caracterizado por mantener una postura contraria a los derechos de las personas LGTBI, que ha planteado incluso ante la propia Organización de Estados Americanos (OEA).

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“El último intento que hizo el Estado paraguayo para ponerse a tono con sus obligaciones internacionales sobre derechos humanos fue en 2011, cuando dio a conocer su Plan Nacional de Derechos Humanos”, expresó a Presentes Óscar Ayala, secretario general de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), que engloba a más de 30 organizaciones sociales. Este plan, construido con participación activa de la sociedad civil, contemplaba los derechos de personas LGTBI, y derechos sexuales y reproductivos, entre otros, dice Ayala. “Pero posteriormente, con el gobierno que vino después del golpe parlamentario (la destitución en un juicio político del presidente Fernando Lugo en 2012), ese plan se vació de sus contenidos. Ahí se empieza a marcar un rumbo en el que los derechos de las personas LGTBI son sacados de la agenda y de la política de Estado sobre derechos humanos. El gobierno actual, con esa misma matriz conservadora, impulsa una campaña agresiva en materia diplomática para defender posiciones que van en contramano de la opinión de la Corte, y de sus obligaciones en el marco del derecho internacional”, dijo Ayala. Como abogado de la ONG Tierraviva, Ayala acompañó varias causas judiciales que terminaron con tres sentencias de la Corte IDH que condenaron a Paraguay a restituir tierras y derechos a varias comunidades indígenas. Estas sentencias aún no han sido cumplidas en su totalidad, según denuncian varias organizaciones, como Oxfam.

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En el caso de la opinión consultiva sobre derechos de las personas LGTBI, Ayala se mostró “muy pesimista” con respecto a la posibilidad de que el gobierno paraguayo la aplique, debido a la postura contraria a los derechos del colectivo que manifiesta abiertamente. Pese a ello, afirmó que la opinión de la Corte IDH abre la puerta a que personas y organizaciones LGTBI puedan plantear demandas internacionales para exigir el respeto a sus derechos. “El marco jurídico que se está forjando (sobre derechos LGTBI), con disposiciones que ya existen en tratados internacionales y con la jurisprudencia de la Corte, permite claramente que cualquier persona que se sienta violada en sus derechos pueda promover acciones para garantizarlos. Si no son oídas por las instancias locales, está habilitada la opción de reclamar a instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana, más allá de la legislación doméstica”, explicó. Detalló que, hasta ahora, no hay precedentes en Paraguay de sentencias internacionales sobre derechos LGTBI, pero “Paraguay se expone a que en el futuro se planteen demandas en estos ámbitos, y tiene la obligación de cumplir con recomendaciones y sentencias mientras siga adherido a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”, dijo.

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Puntualizó que la opinión consultiva es “un indicativo obligatorio de política publica”. “No es un mandato, pero la Corte está diciendo a todos los países que ratificaron la Convención de Derechos Humanos: “esto es lo que se tiene que hacer”. Si hay casos específicos a futuro, la Corte va a fallar dentro de ese marco”, declaró Ayala.

“Paraguay debe cumplir, pero no lo hace” 

La organización Aireana- grupo por los derechos de las lesbianas, recordó que la Convención Interamericana de Derechos Humanos fue la primera ley que aprobó Paraguay al finalizar la dictadura en 1989, como muestra de que “quería entrar al mundo de la internacionalidad de los derechos humanos”. Al ratificar la Convención, Paraguay se obliga voluntariamente y de buena fe a cumplir con su contenido. Esto incluye a la opinión consultiva, que es “una interpretación oficial de un texto jurídico internacional”, según explicó Aireana. Además, Paraguay acepta la jurisdicción de la Corte IDH de manera expresa. “Pero al mismo tiempo, sabemos que Paraguay alegremente ha dejado de cumplir sentencias de la CorteIDH como el caso de Sawhoyamaxa, por ejemplo”, recordó Aireana, en referencia al caso de una sentencia de restitución de tierras a una comunidad indígena que aún no ha sido cumplida en forma completa. Rosa Posa Guinea, de Aireana, dijo a Presentes que la opinión consultiva de la Corte IDH “viene a reafirmar, a poner en palabras algo que este gobierno no tiene claro, que es que todas las personas tienen los mismos derechos, sean indígenas, campesinas, lesbianas, trans…pero el gobierno no tiene clara la universalidad de los derechos humanos”.

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“Milagros no esperamos del gobierno de (Horacio) Cartes. Nuestra esperanza es cero en este gobierno, que nunca entendió lo que son los derechos humanos, y que es profundamente antiderechos. No hay voluntad política de salvaguardar los derechos de las personas, se ponen excusas como la cultura o la religión, para no respetar derechos”, dijo Posa. Añadió que un posible cambio de gobierno, a raíz de las elecciones generales del próximo mes de abril, podría significar un cambio en las políticas sobre derechos humanos. “Esperamos que pueda haber senadores y diputados progresistas, independientemente del partido en el que estén, para que se pueda avanzar con una ley contra toda forma de discriminación, y que pueda haber un marco legal favorable (a los derechos humanos)”, declaró.

“Tranquilidad y alivio” para las personas trans

Otra de las disposiciones de la Corte protege el derecho al cambio de nombre y género en los documentos personales, para que se ajusten a la autopercepción de cada persona. En este sentido, Paraguay no cuenta con una ley de identidad de género que explicite este derecho en específico para las personas trans. Sin embargo, el artículo 25 de la Constitución paraguaya expresa que “toda persona tiene el derecho a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad e imagen”. Este fue el argumento jurídico que presentó la activista trans y defensora de derechos humanos Yren Rotela para solicitar el cambio de su nombre legal en los documentos, por su nombre social. En mayo de 2017, una jueza autorizó este cambio, basándose en el Código Civil paraguayo, que reconoce la modificación del nombre “por justa causa”. Sin embargo, la Fiscalía apeló esta decisión judicial, y la causa aún no ha sido resuelta. Rotela dijo a Presentes que el pronunciamiento de la Corte IDH “es una tranquilidad y un alivio para la comunidad trans”, que garantiza que, si recurren a instancias internacionales, van a ver reconocido su derecho a la identidad. Sin embargo, advirtió de que antes de presentarse ante la Corte, es necesario acudir a los tribunales nacionales, lo que conlleva “mucho tiempo y un gran desgaste humano”. “En Paraguay, las personas trans no tenemos ningún respeto a nuestra identidad, ni ninguna garantía de que se nos conceda el cambio de nombre. Depende del juez que te toque. No solo tenemos un Estado conservador, sino que además hay muchísima corrupción en el Poder Judicial”, declaró.

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Explicó que, en su caso, el nombre de Yren no está registrado ni para personas de sexo femenino, ni para personas de sexo masculino. Así, la jueza pudo concederle el cambio de nombre sin que eso implique el cambio de género en los documentos, que las leyes paraguayas no contemplan. Sin embargo, el fallo judicial permanece varado en la Cámara de Apelaciones, debido a que la Fiscalía objeta que su nombre puede crear confusiones con su género. Rotela aseguró que, en Paraguay, muchos nombres de persona en lengua guaraní se usan indistintamente para género masculino o femenino. Por lo general, el trámite de cambio de nombre demora unos tres meses en hacerse efectivo, aunque en algunos casos se concede en apenas quince días, según pudo averiguar. “Yo llevo casi un año esperando para cambiar mi nombre, y eso es una clara discriminación por ser una persona trans. El Estado paraguayo sigue violando los derechos de las personas trans a través del Poder Judicial”, afirmó.

Presentarán a tribunales matrimonios celebrados en Argentina

Después de la publicación de la opinión de la Corte sobre derechos LGTBI, la organización paraguaya Somosgay emitió un comunicado en el que celebró el posicionamiento y exigió al Estado paraguayo que cumpla con las recomendaciones para “garantizar la plena igualdad ante la ley de toda su ciudadanía”.   La organización anunció además la presentación de varios casos ante la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, para forzar al Estado paraguayo a adoptar las disposiciones de la Corte IDH. Simón Cazal, de Somosgay, declaró a Presentes que solicitará al Registro Civil la inscripción de su matrimonio con Sergio López, y del casamiento de la conductora radial Karen Ovando y la ilustradora Leda Sostoa, ambos enlaces celebrados en Argentina.

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Cazal explicó que, si el Registro Civil niega la inscripción, apelarán a la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, que tendrá que expedirse a favor de reconocer los matrimonios, o en contra, y dar una argumentación jurídica. Si la Corte fallara en contra, acudirán a la Corte Interamericana que, a raíz de la opinión consultiva, ya ha sentado postura a favor del matrimonio igualitario, y puede emitir una sentencia que sea de obligado cumplimiento para Paraguay. “Por las buenas o por las malas, la Corte Suprema va a tener que adecuarse a lo que la Corte IDH le acaba de dar como orientación. La opinión consultiva toma como 150 páginas en las que provee a los sistemas judiciales de la región de un mapa legal conciso sobre los derechos de todas las personas”, manifestó Cazal. El activista también contó que, en 2012, presentó ante la Cancillería paraguaya el acta de su matrimonio con Sergio López, celebrado en la provincia argentina de Santa Fe, para convalidar el documento en el país. Pero los encargados de la Cancillería rechazaron el documento in límine, sin ni siquiera analizar su contenido, por orden expresa del canciller. Cazal atribuyó esta actitud al momento de crisis política en el que realizó el trámite. «Era un gobierno de facto, después del golpe parlamentario, con Federico Franco como presidente, en el que la institucionalidad no estaba en su mejor momento», recordó. Espera que ahora, tras la opinión de la Corte IDH, los documentos puedan seguir su curso. Prevé iniciar los reclamos apenas termine la feria judicial, hacia el mes de marzo.

Paraguay, líder anti-derechos LGTBI

A nivel regional, Paraguay se encuentra entre los países que abiertamente se posicionan en contra de los derechos de las personas LGTBI. En la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado mes de junio en Cancún (México), el canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, objetó el apartado de una resolución contra la violencia y la discriminación basadas en orientación sexual, identidad y expresión de género. Las organizaciones LGTBI paraguayas consideran que su Gobierno lidera una postura anti-derechos en la región, cada vez más abierta y beligerante. Otra muestra de esta postura se produjo en octubre de 2017, cuando el entonces ministro de Educación, Enrique Riera, emitió una resolución para prohibir la difusión de contenidos relacionados con “la teoría y/o la ideología de género” en los centros educativos públicos de todo el país. En una comparecencia en el Congreso, Riera se ofreció incluso a “quemar” todos los libros que tuvieran relación con estos contenidos.]]>