20 de diciembre de 2024

Cristhian Matamoros

Gentileza Asociación Ixcel

Edición: Maby Sosa

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TEGUCIGALPA, Honduras. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras ha sido un punto de inflexión en la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ en el país. Aunque la resolución se emitió en 2021, una de sus medidas cobró relevancia este año en el contexto político preelectoral: la garantía de no repetición, que exige el reconocimiento de la identidad de género. Pero ¿qué ha pasado? El Estado de Honduras sigue sin implementar esta medida.

El caso de Vicky Hernández es emblemático. El 26 de marzo de 2021, la CIDH declaró responsable al Estado hondureño por violar los derechos de Vicky, una mujer trans trabajadora sexual que vivía con VIH. Su cuerpo fue encontrado el 29 de junio de 2009, durante el toque de queda impuesto tras el golpe de Estado.

La noche anterior, Vicky estaba en la calle junto a dos compañeras cuando una patrulla intentó detenerlas, lo que las obligó a huir. Al levantar su cuerpo, las autoridades registraron su identidad como “desconocido de sexo masculino” y, posteriormente, los médicos forenses se negaron a realizarle una autopsia argumentando que era VIH positivo.

Este caso no sólo evidencia la brutalidad institucional y discriminación sistémica. También conecta con temas que este año se debatieron en mesas de diálogo entre distintos sectores de la sociedad hondureña.

Cambios de gobierno, promesas y realidades

La sentencia se emitió bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández, quien en ese entonces mantenía un férreo control sobre los poderes del Estado. Hernández fue declarado culpable en marzo de 2024 por delitos de narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Posteriormente, el 22 de enero de 2022, Xiomara Castro asumió la presidencia con un discurso centrado en los derechos humanos y en la inclusión de las personas de la diversidad sexual. Sin embargo, aunque ha tenido tiempo para cumplir la promesa de permitir el cambio de nombre para personas trans en el Documento Nacional de Identificación (DNI), esto sigue siendo solo un anhelo. El proceso es opaco.

En agosto de 2024 surgió la noticia, de forma extraoficial, de que el Registro Nacional de las Personas (RNP) implementaría esta medida. Sin embargo, las organizaciones denunciaron un preocupante hermetismo. «No hay voluntad política para que esto se haga realidad», señaló. Aunque en su momento los representantes del RNP declararon que «la acción estaba a punto de implementarse», el año está por terminar y el tema sigue sin resolverse.

Obstáculos políticos y jurídicos

El reconocimiento de la identidad de género enfrenta barreras tanto políticas como jurídicas. Actualmente, hay dos vías para implementarlo: enviarlo como proyecto al Congreso Nacional o aprobarlo mediante instrumentos jurídicos existentes.

En el Congreso, el panorama es desfavorable. La oposición conservadora, encabezada por el Partido Nacional, ha dejado claro su rechazo. Tomás Zambrano, jefe de bancada, expresó en su cuenta de X que no apoyarán “ese tipo de mociones”. Rolando Kattán, representante del Partido Nacional en el RNP, también ha adoptado una postura similar. Estas declaraciones se utilizaron como herramienta política para movilizar discursos conservadores que atacan al partido en el poder. Sirven, además, como una distracción para temas de mayor relevancia nacional.

Por otro lado, la vía jurídica parece más viable. Según el doctor en derechos humanos Joaquín Mejía, no se necesita una reforma constitucional para permitir el cambio de nombre en el DNI. «Lo único que hace falta es voluntad política», explicó en una entrevista con el medio digital Criterio.hn.

La urgencia por una ley de identidad de género

Agencia Presentes conversó con Lucía Barrientos, representante de la Asociación Ixchel, quien aseguró que, en diálogos con autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP) y la Procuraduría General de la República, se les informó que antes de finalizar el año se cumpliría con la medida.

Barrientos considera que no es necesario pasar esta acción por el Poder Legislativo, ya que el RNP tiene facultades suficientes para implementar el cambio de nombre en el Documento Nacional de Identificación (DNI). «No es un tema que esté en discusión. El análisis técnico ya está hecho; solo falta la resolución», explicó.

Sin embargo, el cambio de gobierno plantea un nuevo desafío. Aunque reconoce que la administración de Xiomara Castro ha dado pasos pequeños, pero significativos, hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQA+, Barrientos advierte que los avances podrían estancarse o retroceder si un gobierno conservador vuelve a asumir el poder.

Un ejemplo reciente de avance es la reforma que permite a las personas diversas donar sangre, una lucha de décadas que finalmente se concretó el 30 de noviembre de este año, tras su publicación en el diario oficial La Gaceta . Barrientos destacó que esta medida fue incluida en el plan de gobierno entregado a Castro por organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, hizo un llamado urgente para que estas acciones queden ciegas jurídicamente, ya que un cambio de gobierno podría transformar este paso hacia adelante en tres hacia atrás.

Un contexto adverso bajo el yugo del estado de excepción

Mientras estas discusiones generaron titulares amarillistas por medio conservadores y un mayor nivel de estigmatización, el panorama político y social en Honduras sigue siendo complicado. El gobierno de Castro continúa fortaleciendo el régimen de excepción, activo desde diciembre de 2022. Y que, aunque fue diseñado para combatir la extorsión de maras y pandillas, la falta de efectividad generó varias críticas.

Transportistas, uno de los sectores más afectados por la extorsión, aseguran que los cobros ilegales no han disminuido, sino que han aumentado. Más preocupante aún, este régimen no ha ofrecido ninguna protección a la comunidad LGBTIQ.

Según datos de la organización Cattrachas, desde su implementación hasta octubre de 2024, 68 personas LGBTIQ han sido asesinadas, de las cuales 29 eran hombres gays. Estas cifras reflejan una creciente vulnerabilidad que no ha sido atendida, ni siquiera en un contexto de medidas extraordinarias de seguridad.

Comunidad LGBTI+: exclusión y más violencia

El panorama de violencia contra la comunidad LGBTIQ en Honduras se agrava con cifras alarmantes. Según el Observatorio KAI+, en 2024 se registraron 38 muertes violentas, 10 ocurridas en la vía pública. Esto deja una interrogante sobre el papel de las fuerzas de seguridad: ¿dónde estaban en esos momentos? Pero la problemática no termina ahí.

El informe detalla que el 87% de los casos no avanzaron más allá de la etapa inicial de investigación. En algunos ni siquiera se realizaron detenciones.

A esto se suma que se documentaron 230 casos de violencia generalizada, de los cuales 42 tuvieron como objetivo a mujeres trans. Este grupo, particularmente vulnerable, sufre detenciones arbitrarias y múltiples formas de violencia física y económica, especialmente en el contexto del estado de excepción. Según Lucía Barrientos, esta situación se agrava por la falta de una Ley de Identidad de Género, que invisibiliza a esta población y perpetúa su exclusión del sistema estatal.

Desprotección institucional

El impacto de la violencia contra la comunidad LGBTIQA+ también alcanzó un punto crítico en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) donde en junio de 2023, 46 mujeres fueron brutalmente asesinadas.

Entre las víctimas, cinco fueron identificadas como parte de la comunidad LGBTIQA+. Eso, evidencia el riesgo extremo que enfrentan incluso bajo custodia estatal. Sin embargo, el proceso judicial posterior dejó más preguntas que respuestas. Aunque 15 mujeres fueron juzgadas el 12 de diciembre por su participación en el crimen, hasta ahora no se ha señalado ni investigado a ningún autor intelectual o funcionario estatal, pese a las graves implicaciones.

La propia viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, denunció en un medio televisivo que en la escena del crimen y en los cuerpos de las víctimas se encontraron municiones pertenecientes a la Policía Nacional, lo que subraya una cadena de complicidad y negligencia que sigue sin esclarecerse.

Invisibilidad política: un obstáculo persistente

De cara a las elecciones en Honduras, las personas LGBTIQA+ siguen siendo ignoradas en las propuestas políticas. Para las organizaciones en el país, los avances en derechos humanos son prácticamente nulos. «No hay cambios estructurales, todo sigue igual», expresó Grecia O’Hara, activista de la comunidad.

Además, la homofobia se ha convertido en un arma política. En redes sociales, en los últimos días se observó que algunos activistas vinculados al partido oficialista usaron discursos homofóbicos para atacar a candidatos de otros partidos. De esa manera, perpetúan la discriminación en un ámbito que debería ser inclusivo. Más aún en un gobierno que se abandera de la lucha y reconocimiento de los derechos.