Por Airam Fernández, desde Santiago de Chile

Fotos: Archivo Presentes/Josean Rivera

Para los colectivos LGBT+ de Chile, 2020 fue un año precario. El país acababa de vivir un estallido social sin precedentes y no terminaba de recuperarse cuando llegó la pandemia de la Covid-19. Las crisis sociales y económicas se profundizaron y afectaron, sobre todo, a migrantes y personas de las disidencias sexuales. A las altas tasas de desempleo, las organizaciones de la diversidad respondieron con ollas comunes y cajas de insumos alimentarios. No hubo marchas masivas en las fechas clásicas de celebración y conmemoración, pero se organizaron para hacer bulla en las redes sociales. Y cuando las cuarentenas obligatorias terminaron, algunes salieron a las calles para reclamar por el abandono estatal. 

A partir del segundo trimestre del año la violencia recrudeció y los crímenes de odio se dispararon. Ante eso, la respuesta del gobierno fue nula. Igual a la que dieron a los colectivos LGBT+ durante los meses más duros de la crisis sanitaria.

Rodrigo Mallea, abogade de la Universidad de Chile y activista de las disidencias sexuales, dijo a Presentes que el balance de este año debe considerarse desde una perspectiva mixta: “Por un lado hay un balance positivo en torno a la capacidad de organización, articulación y posicionamiento de demandas de parte de organizaciones, activistas, redes de apoyo, comunidades, etc. Frente a la pandemia y a las violaciones de derechos humanos, esas redes autogestionadas y organizaciones fueron las que nos salvaron del completo abandono. Y ahí entra el balance negativo: hoy día el Estado y el gobierno nos tienen en un abandono absoluto. Para la pandemia no hubo ningún tipo de medida específica, y tampoco no hubo justicia, memoria ni reparación para las personas LGBT que fueron atacadas selectivamente”. 

Subieron conflictos con familiares y vecines

Como no existen cifras oficiales, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se encarga de tomarle el pulso a la realidad LGBT+ en cuanto a derechos y violencias, con resultados que publican en marzo de cada año. 

Pero en este inédito 2020 hicieron dos estudios, en abril y julio, para medir los niveles de discriminación y el impacto del Covid-19 en la comunidad. En la última encuesta, 47% de las personas consultadas reportaron un aumento de los conflictos familiares o de convivencia con vecinxs a raíz de su orientación sexual o identidad de género. El 32,6% dijo que conoce al menos a una persona que lo está pasando mal en su casa o barrio porque sus familiares o vecinxs no aceptan su orientación sexual o identidad de género. Y en el 51% de los casos hubo agresión verbal, seguida por violencia psicológica (41,5%) y física (7,4%). 

Sin políticas públicas para LGBT+

El gobierno chileno otorgó ayudas económicas a las personas que perdieron sus trabajos y pudieron demostrarlo. Pero a diferencia de lo ocurrido en otros países, ninguna de esas ayudas fue pensada específicamente para personas LGBT+. En esa encuesta del Movilh, el 61% de las personas estuvo de acuerdo con que el Estado debe implementar medidas que ayuden exclusivamente a la población trans. 

Durante los meses más críticos hubo denuncias por parte de organizaciones civiles sobre desabastecimiento y quiebre de stock de los tratamientos para personas viviendo con VIH, que son entregados a través del sistema público de salud. También, en un protocolo local de priorización de acceso a camas críticas, emitido por el Hospital Henríquez Aravena, en Temuco, se excluyó a la población VIH positiva. El Ministerio de Salud se excusó por ese protocolo y aseguró que la circular fue «desautorizada», por lo que fue retirada posteriormente. 

El informe 2020 del Instituto de Derechos Humanos (INDH), publicado a inicios de diciembre, hace mención a estas problemáticas y en su apartado de recomendaciones señala que el Estado debe “incluir una perspectiva de igualdad de género y un enfoque interseccional en las políticas públicas y modificaciones legales, según corresponda, que se introduzcan para enfrentar la emergencia sanitaria, de manera que no se profundicen las brechas que históricamente han afectado a las personas que integran grupos de especial protección, tales como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas, personas LGBTI y personas migrantes”.

Violencia y discriminación

En octubre, y ante los constantes reportes de violencia en las redes sociales, la Subsecretaría de Prevención del Delito en conjunto con el Movilh y la Fundación Iguales lanzaron la primera encuesta estatal sobre delitos de odio y otros abusos hacia LGBT+. El sondeo indaga sobre la situación educacional, laboral, familiar y económica de la diversidad sexual y de género y también aborda el LGBTIodio y sus distintas formas de expresión. Los resultados serán publicados en 2021. 

Ese mes Chile también realizó su histórico plebiscito constitucional y decidió que en 2021 el país empezará a sepultar la constitución escrita en la dictadura militar de Augusto Pinochet. Pero durante la campaña electoral, algunos sectores que se oponían a una nueva carta magna -vinculados a las iglesias evangélicas y partidos políticos de derecha- utilizaron un espacio televisivo para difundir mensajes de odio en contra de la diversidad sexual.

Un mes después, esos mismos sectores amenazaron con sacar a las calles el mal denominado Bus de la Libertad, que en 2017 recorrió varias ciudades del país promoviendo discursos de odio y mensajes transfóbicos. Por eso, desde la sociedad civil lo bautizaron como el Bus del Odio.

Criminalizadas por pedir Justicia

A dos semanas de cerrar el año, a María Bahamondes, prima de Nicole Saavedra -joven lesbiana secuestrada y asesinada por un chofer de bus– le notificaron que debe ir a juicio oral el 14 de enero de 2021, luego de que en junio de 2019 protagonizó junto a cinco activistas la toma de la Fiscalía de Quillota. Por exigir justicia están siendo criminalizadas y arriesgan cuatro años de cárcel, imputadas por desórdenes públicos y daños calificados al inmueble. “¡Basta de perseguir a las mujeres y lesbianas que luchan por la justicia! ¡Basta de criminalizar a quienes han vivido la violencia!”, escribieron en una carta donde expusieron el caso. 

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Más de 2200 personas cambiaron su nombre registral

A un año de la entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género, el Ministerio de Justicia y el Registro Civil reportaron que al 21 de diciembre, 2.201 personas pudieron cambiar su nombre y sexo registral en Chile. En detalle, 1.286 hicieron el cambio de femenino a masculino y 915 de masculino a femenino. Además, ocho adolescentes de entre 14 y 18 años hicieron la solicitud de cambio de nombre y sexo registral ante un Tribunal de Familia, con el respectivo acuerdo de ambos padres. 

Para Constanza Valdés, abogada trans, asesora legislativa y codirectora de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem), esas cifras representan parte de los derechos conquistados por la comunidad trans, pero no borran el complejo escenario en el que vivió la comunidad durante todo el año. 

2020: un año agridulce para la comunidad trans

“2020 fue un año agridulce. Para la comunidad trans fue importante por la entrada en vigencia de la ley y también por algunos fallos positivos, como el reconocimiento de la cobertura de una Isapre (seguro privado de salud) en el caso de una operación de confirmación de género. Pero no hay que olvidar que los derechos humanos de las personas trans no fueron tomados en consideración para el manejo de la pandemia, ni tampoco para beneficios sociales de ninguna naturaleza. También vimos muchos casos de violencia de género y dificultades para que las personas trans participaran del proceso constituyente. La violencia, la discriminación y la exclusión siguen estando muy presentes y a pesar de las pequeñas luces de esperanza, el panorama este año fue muy complejo”, dijo Valdés a Presentes. 

El informe del INDH también se refiere a esta situación. En uno de sus capítulos, subraya que pese a que el derecho a la identidad de género está protegido por ley, en mayo más de 50 personas denunciaron ante organizaciones de la diversidad que el Registro Civil no les había asignado horario de atención para realizar el procedimiento de cambio de nombre y sexo, junto a otras irregularidades como la demora excesiva en la entrega de las nuevas cédulas de identidad.

Por qué reformar la ley Zamudio

Desde este año, varias organizaciones de la sociedad civil están impulsando una red de trabajo para reformar la ley antidiscriminación, mejor conocida como ley Zamudio, en vigencia en el país desde hace ocho años. Buscan generar una ley más acorde a las necesidades de la comunidad LGBT, ante el aumento de la ola de violencias.

Entre otras cosas, el proyecto ingresado el 29 de octubre propone modificar el procedimiento de la acción de no discriminación, otorgando herramientas legales para hacer efectiva la responsabilidad por las infracciones a dicha ley, e incorporar mecanismos que faciliten el procedimiento para la víctima. Actualmente está en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados. 

Pendientes legislativos para 2021

El 13 de noviembre ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley “José Matías”, que propone modificaciones a la ley general de educación para incorporar la obligación de aplicar e informar a padres, estudiantes y la comunidad educativa en relación a derechos y disposiciones ya existentes sobre el respeto e inclusión de estudiantes de la diversidad sexual. Este proyecto lleva el nombre de un estudiante trans de 16 años que se suicidó en mayo de 2019, tras sufrir una serie de episodios de acoso en el Liceo Sagrado Corazón de Copiapó.

Pero también hubo obstáculos que hoy se transforman en deudas para el futuro: la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de educación sexual integral tras no alcanzar el quórum necesario y así, la iniciativa que buscaba comenzar con el tratamiento de este tipo de materias desde la educación parvularia, de acuerdo al grado de madurez de lxs menores de edad, quedó archivada.

El 1 de julio, después de cuatro años se logró dar un paso importante por los derechos de hijas, hijes e hijos de familias lesbomarentales, transparentales y homoparentales, con la aprobación de la idea de tratar el proyecto de ley que busca regular la filiación de ellxs. “El proyecto nació desde la necesidad urgente de proteger el vínculo que existe entre hijas, hijes e hijos y sus madres LBTQI, con un trabajo cohesionado y fundado en los principios feministas y lesbotransfeministas de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Visibles, Familia es Familia y Corporación Humanas”, contó a Presentes Claudia Amigo, cofundadora de Familia es Familia.

Está en su segundo trámite, pero en la última sesión se discutieron varias indicaciones que lamentablemente no tuvieron suficiente consenso para ser votadas, lo que deja en evidencia que la iniciativa no será de fácil tramitación.

Y a tres semanas de terminar el año, el activismo se tomó las redes para exigir que se retome la discusión de matrimonio igualitario, en trámite desde 2017 y con muy pocos avances desde entonces.

Qué pasó con los crímenes de odio en 2020

El año 2019 quedó registrado como el más violento en la historia del informe que prepara el Movilh: los casos y denuncias por homofobia y transfobia se incrementaron un 58%, con 1.103 atropellos, la cifra más alta conocida hasta la fecha, según el XVIII Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género. Pero el activismo teme que las cifras de 2020 vayan mucho más allá. 

Presentes se comunicó con Fiscalía para conocer cómo avanzan estos casos en la Justicia, cuántas denuncias recibieron durante el año -si es que las recibieron- y cómo trabajan para dar respuesta a la comunidad. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. 

“Es un silencio cómplice”, dice el abogade Rodrigo Mallea. A su juicio, se vincula mucho con el aumento de los crímenes de odio en Chile. Y dice que la realidad es que “no hay estadísticas de nada”.

“Lamentablemente los crímenes son pan de cada día para nosotres. Sin embargo, a diferencia de otros años en estos últimos meses la visibilidad ha sido mayor”, acota Mallea. Y añade otro descargo frente al abandono estatal: “El gobierno nos sacó de las encuestas, patologizaron a las comunidades LGBT, omitieron respuestas oportunas para la población seropositiva durante estos meses. Y además siguen llenándose la boca de un discurso arcoiris, cuando no han estado con las disidencias sexuales que sufren las mayores opresiones de las desigualdades de este sistema”. 

Sobre las violencias que cubrió Presentes durante el año, que fueron muchas más que en los anteriores, sólo en cuatro casos hubo detenidos. Las demás no avanzaron en la justicia o no se pudo corroborar ni actualizar la información sobre su curso. Acá un resumen: 

-El 15 de enero, mientras pintaban la reja de su casa, Tatiana Avendaño y María José Yañez fueron atacadas y amenazadas de muerte por un vecino. Denunciaron el caso ante la Fiscalía Local Centro de Justicia de Santiago, y la fiscal Patricia Varas otorgó una medida de protección para la pareja: 30 días para Tatiana y 90 días para María José, porque las amenazas de muerte fueron más incisivas hacia ella.

-El 5 de junio, Francisco Aranda, un joven bisexual de 29 años fue golpeado y torturado por un grupo de neonazis que vivían como okupas en una casa ubicada en la comuna de Estación Central, en el sector surponiente de Santiago. Dos meses después, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Policía de Investigaciones detuvo a Rodrigo González, Angelo Sánchez, Betsabet Soto y a su hijo, menor de 16 años. Por este caso les imputaron los delitos de secuestro y agresión con lesiones graves gravísimas. El 6° Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva para tres de ellos. El menor de edad recibió una medida cautelar de arresto domiciliario total. 

-El 9 de agosto, Cynthia Leslie Velásquez fue apuñalada después de intervenir en una discusión y defender a una chica de un hombre que intentaba atacarla sexualmente. Chico Leslie -como escogió nombrarse y como la conocían en su barrio- era lesbiana y murió a las pocas horas del ataque, en un hospital de Santiago. Hasta ahora no hay detenidos por el caso.

-El 23 de agosto, Eduardo Hermosilla, de 40 años, denunció que su pareja, Joaquín Somella, fue atacado por un vecino afuera de su casa, en Valparaíso. El golpe con un vaso de vidrio le produjo una herida profunda en la cabeza, que lo llevó a un hospital, y después a una clínica. Formalizaron la denuncia ante Carabineros pero el agresor no fue detenido. 

-El 17 de septiembre fue incendiado el departamento donde vivían Marcelo Cea y Jorge Ruiz, dos activistas gay de 44 y 31 años. Tenían signos de haber recibido golpes y heridas causadas por un cuchillo. Un mes después, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones imputó a Fabrizio Antonelli Lazo, de 21 años, por este crimen. Según información de la Fiscalía Metropolitana Sur, Antonelli confesó los hechos. El fiscal del caso, Miguel Palacios, informó a la prensa que una de las víctimas conoció al imputado por una aplicación de citas el mismo día de los hechos. En ese momento dijo que el móvil del crimen todavía es objeto de investigación. A la fecha, Presentes no pudo confirmar cómo siguió el caso. 

-El 25 de octubre, Miguel Arenas Rodríguez fue encontrado sin vida en su casa en Colina. Miguel era gay, trabajaba como peluquero, tenía 36 años y al momento del hallazgo policial, tenía signos de tortura. Francisco Norambuena Padilla, de 25 años, fue detenido e imputado por los delitos de robo con homicidio. Quedó en prisión preventiva mientras sigue la investigación.

-El 31 de octubre, Vicente González Lorca, un joven trans de 25 años, fue encontrado asesinado en un terreno baldío en Valdivia, al sur de Chile. Victor Hugo Abarca Díaz fue detenido por este caso e imputado por el Ministerio Público como autor del delito de robo con homicidio. El Juzgado de Garantía de Valdivia decretó prisión preventiva para él y en la audiencia de formalización, realizada de manera online, el magistrado Fabián Duffau ordenó su ingreso al Centro Penitenciario Llancahue de Valdivia y dictó un plazo de 100 días para la investigación, bajo la causa rol 6.787-2020.

-El 12 de noviembre, Fernando Carrasco, un joven trans de 20 años, fue atacado por dos personas en la calle. Lo golpearon en la cabeza y le dejaron una herida en el hombro y tórax. Hizo la denuncia en la 14ª Comisaría de San Bernardo pero hasta la fecha no hay detenidos.