En las últimas semanas en América Latina hubo varias denuncias de las organizaciones de derechos humanos del incremento de vulneración de derechos a personas LGBT+ en el marco de la pandemia de Covid-19. Ya sea porque estas poblaciones están más desamparadas, o porque las medidas de aislamiento obligatorio y control callejero las someten a violencias intrafamiliares o discriminaciones de las fuerzas de seguridad. En el caso de las personas travestis y trans, esto se ve agravado por la situación de emergencia habitacional. 

Por estas razones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a los Estados a garantizar los derechos de igualdad y no-discriminación de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), en las medidas de atención y contención adoptadas.

“Al respecto, la Comisión ha manifestado en distintas oportunidades que la policía y otras fuerzas de seguridad de los Estados de la región, a menudo, comparten las mismas actitudes y prejuicios contra personas LGBTI que prevalecen en la sociedad en general. Considerando las funciones que la policía y otras fuerzas de seguridad cumplen durante la vigencia de las medidas de contención, la CIDH llama a los Estados a adoptar políticas de sensibilización dirigidas a las fuerzas del orden público y a las autoridades judiciales en materia de identidad y expresión de género, que tomen en cuenta que las personas trans y de género diverso, frecuentemente, no cuentan con un documento de identificación personal que refleje de manera adecuada su identidad y/o expresión de género.”

Por su parte, ILGA LAC llamó a adoptar “una perspectiva antidiscriminatoria y de derechos en la implementación de las medidas que los Estados de la región realicen ante la pandemia de COVID-19 tomando en cuenta la desigualdad que viven las personas LGBTI+ en nuestros países”.  En su comunicado, la organización advierte que “la mayoría de las personas LGBTI+ laboran en el sector informal y sin cobertura médica, y ante esto es indispensable adoptar medidas, públicas y privadas para que los impactos en las economías de las personas LGBTI+ no sean aún más graves”.

La Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLactrans) estimó que “el 95 por ciento de las compañeras trans ejerce el trabajo sexual” y quedan fuera de las economías formales, y exigió a los ministerios y gobiernos de la región a generar programas de contención y asistencia socioeconómica. “Las personas trans no poseen viviendas propias, deben pagar alquiler, su alimentación y sostener medidas de prevención”. Y estimó que “por la pobreza y la exclusión es población de alto riesgo durante el coronavirus”.