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Cómo afectan las últimas medidas del gobierno de Milei a la libertad de expresión, en retroceso
Un informe de la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPREN), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA registra y analiza los ataques a la libertad de expresión en el gobierno de Milei. Esta semana se sumaron medidas contra el "adoctrinamiento" que encienden nuevas alertas.
Desde el primer día el gobierno de Javier Milei decidió que la comunicación sería uno de los campos principales de una “batalla cultural”. La disputa por el sentido de los conceptos de libertad y Estado son parte crucial de ella. El intento de desmantelar los medios públicos y las políticas y organismos de comunicación y cultura, la persecución y ataque a periodistas y a toda persona que exprese un punto de vista diferente al oficial ha sido una constante del gobierno. Así lo señala el Informe “Libertad de expresión en la Argentina 2024”, elaborado por la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPREN), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos AIres. La libertad de expresión está siendo ampliamente afectada y atacada, con medidas que apuntan a restringirla desde campos diversos, como las que se conocieron esta semana.
En el primer aniversario del gobierno libertario -10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos– el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial dos decretos contra lo que considera “adoctrinamiento” político en educación. Y una tercera medida que -según denuncian les trabajadores- apunta a desmantelar la Defensoría del Público, un organismo crucial en defensa y protección de las audiencias y del ejercicio del derecho a la comunicación. Todo esto ocurre en el marco de un año atravesado por el ataque a periodistas, la menor presencia de mujeres y LGBT+ en medios y la quita de políticas en favor de medios comunitarios e indígenas.
Por qué preocupa el decreto contra el “adoctrinamiento” educativo
Javier Milei modificó la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de prohibir lo que considera adoctrinamiento en el ámbito educativo. “La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, constituyendo un trato que afecta su integridad personal”, dice el decreto 1086/2024.
La medida implica, entre tantas cosas, un riesgo para el dictado de Educación Sexual Integral (ESI) y puede convertirse en vía de criminalización de quienes piensan diferente, advirtieron docentes y activistas.
“El gobierno utiliza el pánico moral y la supuesta protección de la infancia como excusa para dejar abiertas vías de persecución a grupos no afines”, analiza Ricardo Vallarino, presidente de 100% Diversidad y Derechos. Este enfoque puede ser además vía de ataque a la ESI, en línea con el ataque sistemático a la falsa “ideología de género” que impulsan las derechas radicales, advirtieron activistas y docentes.
Mau Vila es actor, docente y titiritero. Nació en 1993 en Corrientes, en un contexto en el que los contenidos que veía en la televisión, el cine, la literatura, la escuela, “eran pura y exclusivamente heterosexuales”. En sus palabras, eso no lo “heterosexualizó”, pero hizo que forjara sentimientos negativos consigo mismo. Por eso, para Mau, las imágenes, discursos y representaciones que muestran a la diversidad, lejos de ser un “adoctrinamiento”, son vitales para el desarrollo de las infancias LGBTIQ+.
“El hecho de que existan contenidos diversos hace que las personas que se sientan identificadas encuentren un refugio. Y aquellos que no se sientan identificades, que puedan saber que existen otres y desarrollen un simple sentido de empatía”, comentó.
Otra medida publicada el mismo día apunta en la misma dirección de restringir el derecho a expresarse, con otras excusas. El decreto 1084/2024 prohíbe exhibir , colocar o difundir mensajes partidarios y de culto a personalidades políticas en espacios del Estado nacional.
Libertad de expresión y deterioro del debate público
El mencionado Informe sobre Libertad de Expresión se presentó el 9 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC), un día antes de conocerse las nuevas medidas del gobierno de Milei contra el adoctrinamiento. Consultado para esta nota, el vicedecano de FSOC, Diego de Charras, expresó: “El decreto 1086/24 constituye un nuevo intento de parte del gobierno por homogeneizar el discurso público, generando un efecto de silenciamiento y autocensura”.
Para él, se trata de “un mensaje que tiene más de carga simbólica que de aplicabilidad. Sin embargo, este tipo de medidas junto con la represión de la protesta social, la persecución judicial y el hostigamiento en redes a cualquier persona que manifieste un punto de vista diferente a los del oficialismo, han generado un deterioro creciente del debate público en nuestro país a lo largo del último año”.
“El ataque a la libertad de expresión bajo el gobierno de Milei es uno de los peores desde la vuelta a la democracia. El oficialismo quiere acallar con agresiones, represión y patrullas de trolls a las voces que cuestionan su relato. Mientras bombardea a la opinión pública con desinformación, fake news y discursos de odio”, expresó a Presentes Carla Gaudensi, secretaria general de la FATPREN.
Izq. a derecha: Carla Gaudensi (FATPREN), Larisa Kejval (directora de la Carrera de Comunicación) y Luis Lozano (producción y redacción del Informe)
El informe cuenta con el respaldo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y registra de modo pormenorizado los cercenamientos a la libertad de expresión en 2024. Detalla los casos de periodistas y personas atacadas por funcionarios, el mismo presidente de la Nación o simpatizantes del gobierno. No solo en redes sociales, sino también en la vía pública. Y da cuenta de las agresiones y detenciones que vivieron reporteros gráficos en movilizaciones de protesta.
La investigación recupera el informe “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura”, que presentó Periodistas Argentinas en septiembre. En él se observó que el 80% de las periodistas censadas considera que se siente inhibida de manifestarse en redes por temor al acoso y los ataques, y temió o teme por su integridad física.
Las dinámicas observadas contra ellas fueron acoso cibernético y “doxeo”. Esto es una estrategia de coerción que implica la difusión de información personal o documentos privados con el objetivo de dañar a una persona o grupo.
Menos voces de mujeres y diversidades
El informe sobre Libertad de Expresión también observó un “notable debilitamiento de las voces de mujeres y disidencias sexogenéricas en los medios de comunicación, con un particular énfasis en el ámbito de la comunicación por streaming”. Esto se vio agravado por los obstáculos a la implementación de Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación de la República Argentina. También, por la prohibición del uso de las diversas formas de lenguaje no sexista de parte del gobierno nacional.
En su reporte del primer año de gobierno de Milei, la organización Amnistía también destacó la libertad de expresión como uno de los ámbitos afectados. “La hostilidad hacia las y los periodistas, el uso de discursos confrontativos y la desinformación han generado un clima de intimidación y censura, afectando gravemente el debate democrático. Un apartado especial recupera el impacto de la violencia digital en las periodistas mujeres”.
Ese mismo reporte destaca el retroceso en derechos de las mujeres y diversidades, entre otros campos afectados por las medidas del primer año de Milei. “Se reporta un retroceso en políticas de igualdad de género, derechos reproductivos y la protección contra la violencia hacia mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+”, expresó Amnistía.
Las políticas en materia de comunicación tuvieron también un fuerte impacto en los medios comunitarios, cooperativos e indígenas. El gobierno avanzó en la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y dispuso el cierre de todas sus delegaciones en las provincias. Además desactivó el Fondo de Fomento Concursable para Medios Audiovisuales (FOMECA), la única política de fomento existente en el sector.
A su vez, el Ejecutivo suspendió la pauta publicitaria oficial. La medida impacta en la sostenibilidad de muchos medios de comunicación, además de afectar el derecho a la comunicación de la población argentina. Mientras, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 eliminó los límites a la concentración de la propiedad de medios audiovisuales a nivel nacional que estaban fijados por la Ley 26522, entre otras cosas.
También da cuenta del vaciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) que sufrió una reducción del 40% de su planta, y la reducción del derecho a huelga al considerar “esencial” a los servicios de telecomunicaciones.
La Defensoría del Público en alerta
El informe sobre Libertad de Expresión menciona la intervención y desmantelamiento del sistema nacional de medios públicos, y la amenaza de disolución de la Defensoría del Público. El 10 de diciembre el personal fue pasado a disponibilidad por un año, tal como se publicó en el Boletín Oficial.
La Defensoría del Público depende de una Comisión Bicameral y multipartidaria. No depende de la presidencia de las cámaras legislativas. Pero se decidió iniciar un proceso de reforma al estatuto sin seguir los procedimientos. “Hay una interventora que no tiene competencia para eso. Estas medidas son regresivas en el organismo y pasan por arriba de la paritaria. El pase a disponibilidad es la previa del despido sin causa, porque al depender del Ejecutivo no se puede pasar a otro organismo. Quieren desmantelar la Defensoría”, expresaron a Presentes fuentes sindicales de ATE.
“El organismo está paralizado. Hoy no tenemos tareas. Quisieron despedir delegados sindicales, delegadas. Logramos después de mucho esfuerzo que acepten la vigencia de los cupos de discapacidad, cupo trans, tutela sindical. Estamos en asamblea permanente. Villarruel y Menem designaron a la interventora y no tienen competencia para eso”, explicaron.
Unidad de lxs trabajadorxs de comunicación, cultura y educación
“Los trabajadores de prensa, de la comunicación, de la cultura, de la educación, tenemos que unirnos y organizarnos como hicimos en el reciente Congreso Federal de la Comunicación y la Cultura para denunciar esta situación y construir un programa con propuestas de salida”, subrayó Gaudensi.
Las políticas de prohibición, censura y silenciamiento de parte del gobierno nacional no siempre tienen los efectos buscados. “Con libros como Cometierra (de Dolores Reyes), la intención prohibitiva generó el efecto contrario y las ventas se dispararon. También, la prohibición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas no pudo ser llevada a cabo efectivamente en todas las instituciones. Existe, más allá de la normativa, comunidades organizadas”, compartió Quimey Ramos, activista travesti y docente.
A raíz de las críticas que recibió la provincia de Buenos Aires por su plan de lectura para estudiantes de nivel medio, que incluye a libros como Cometierra o Las aventuras de la China Iron, las lecturas de estos textos se volvieron masivas.
“Una manera de responder a estos ataques está ligada a fortalecer los vínculos comunitarios y solidarios”, -dice Ramos-. “Tenemos que ejercitar la posibilidad de disentir y reconocernos en la diferencia de perspectiva, sin que eso perjudique nuestra capacidad de actuar en conjunto. No hay manera de poder trascender esta situación quedándonos en nuestras casas, resignados a la protección individual de cada uno de nosotros”.
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