Ni la situación de derechos ni las condiciones de vida de las personas LGBTIQ+ mejoraron el segundo año de pandemia de covid-19 en Paraguay.

Desde el Estado no se registraron avances en torno a garantizar el derecho a la vida, seguridad, igualdad y no discriminación, así como en el acceso al trabajo digno.

Por el contrario, la violencia verbal, física y simbólica aumentó, según el último informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

En el apartado «Somos fuerza, resistencia y comunidad aún sin un Estado garante de derecho» elaborado por Rosa Posa, Lía Benítez Flecha y Carolina Robledo (de Aireana, grupo por las lesbianas), Mariana Sepúlveda (de Panambí, asociación de travestis, transexuales y transgéneros), Walter Morínigo (de Presencia Joven) y Erwing Augsten (de la Red contra toda forma de discriminación) identifican un estancamiento en el reconocimiento de derechos. Pero también celebran el avance en la movilización social.

El incremento de la violencia

La Asociación Panambi recibió 80 denuncias, de las cuales 20 fueron por violencia en penitenciarías, 20 por discriminación a la identidad de género, 30 por abuso de autoridad y 10 por agresión física en la zona de trabajo sexual.

En agosto, la activista por los derechos de las personas trans, Yren Rotela, recibió amenazas de muerte en varias oportunidades. “No valés nada, te vas a morir”, fue una de las frases que recibió de parte del agresor no-identificado.

El servicio de atención de Aireana, Rohendu, registró 203 denuncias entre noviembre de 2020 y octubre de 2021. La categoría “afrontar la discriminación” recibió los índices más altos.

En ella resaltan contextos relacionados con la salida del clóset; violencia, acoso y/o persecución a causa de la orientación sexual, identidad y/o expresión de género.

La violencia económica por identidad de género

Estas violencias se profundizan cuando se cruzan con otros motivos de discriminación como la clase social, la raza o el estado serológico. Entre noviembre de 2020 y septiembre de 2021, el Centro de Denuncias de DDHH y VIH recibió 46 denuncias.

Del total, 34 fueron de discriminación por orientación sexual, 7 por orientación sexual, 4 maltrato por identidad de género y 1 por violencia de género.

Persiste en la negación de la discriminación, la negación de la existencia de parejas del mismo sexo y la negación de la identidad de género. Así como la disociación de la orientación sexual y la identidad o expresión de género de los demás derechos.

El panorama actual está también marcado por despidos injustificados y discriminación laboral. “Negar es una estrategia que sostiene el avance del pensamiento antiderechos bajo el lema de proteger a la familia. En singular, se trata de la familia cisheterosexual nuclear). Lo que se hace es impedir los derechos de otras personas”, sostienen en el informe. 

Sin respuesta al pedido de rectificación de nombre en la CI de las personas trans

El 15 de octubre, día de la visibilidad trans en Paraguay, 10 personas trans lanzaron la campaña “Soy Real #MiNombreDebeSerLegal” con el objetivo de que sus documentos personales reflejen el nombre con el cual se identifican.

El procedimiento establecido por las leyes no debería demorar más de tres meses. Sin embargo, ya pasaron cinco años desde que las activistas trans Mariana Sepúlveda o Yren Rotela iniciaron la rectificación de sus nombres y todavía no tienen una sentencia favorable.

El Código Civil otorga el derecho a solicitar ese cambio vía judicial, invocando una justa causa.

El pedido de rectificación de los diez nombres de Franchesca Yegros, Camila Denis, Kimberly Ayala, Liam Chaparro, Iris Leticia Brítez, Marie Lucía García, Liz Paola Cortaza, Ihara Jacquet, Yren Rotela y Mariana Sepúlveda todavía no recibió una respuesta oficial.

Sin identidad no hay acceso

Además de negarles el acceso a la salud, a la educación, a la Justicia y hasta una vivienda, el Estado les niega el reconocimiento de su identidad.

Ese mismo mes, la Pastoral de vida arquidiocesana emitió un pronunciamiento oponiéndose a que la defensora general, Lorena Segovia, sea elegida en la terna para ministra de la Corte Suprema de Justicia.

El motivo fue haber reconocido que en Paraguay existen niños y adolescentes trans.

De acuerdo a la organización, Segovia manifestó abiertamente durante la audiencia pública una «promoción de una ideología que atenta contra la dignidad humana».

Presas sin condena

Respecto de la situación penitenciaria, la mayoría de las personas trans están presas sin condena, pero esta situación también es extensiva al resto de la población penitenciaria: el 71,7% de las personas privadas de libertad en Paraguay no tienen condena.

Las mujeres trans están recluidas en cárceles de varones y son víctimas de ataques, agresiones y de discriminación, principalmente, por parte de los guardiacárceles.

La resolución N° 302 del Ministerio de Justicia, el 30 de abril del año pasado amplía un formato de planilla de uso diario en establecimientos penitenciarios.

En ella solicitan la incorporación de dos columnas denominadas “LGBTIQ+ y DISCAPACITADOS”, como datos que deberían consignarse en el parte diario. 

La existencia negada

La abogada y activista feminista, Mirta Moragas, dijo a Presentes: “En la cárcel hay una sobrerepresentación de las personas LGBT. Desde el año pasado, el parte diario penitenciario tiene una clasificación LGTBI. Nadie reconoce que existimos pero en la cárcel sí nos reconocen, por ejemplo. El parte diario penitenciario distingue a personas extranjeras, personas indígenas y ya tienen una casilla LGTB”.

La semana pasada, Aireana firmó un convenio con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con el objetivo de seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos y continuar con el trabajo por los derechos de las mujeres privadas de libertad, y su derecho al acceso a las visitas íntimas.

También acordaron impulsar acciones tendientes a la remoción de la discriminación por orientación sexual hacia personas, como las mal llamadas “terapias de conversión”, formas de tortura que siguen operando en el territorio nacional.

La discriminación y el odio siguen matando a personas trans

La joven trans, Gabriela Cabrera, de 23 años, murió bajo circunstancias que la Justicia paraguaya sigue sin esclarecer.

La primera hipótesis que arrojó el médico forense fue que se trató de un suicidio pero a un mes de su aparición sin vida los resultados de la autopsia no se dieron a conocer. 

La fiscalía ordenó la detención de su pareja, Reinaldo Manuel Fernández González, que se encontraba abrazado al cuerpo cuando la encontraron. Le tomaron declaración indagatoria pero estuvo detenido menos de seis horas.

El fiscal a cargo dijo que no lo detuvieron porque “no reunía indicios suficientes para hacerlo”. 

Días antes de su muerte, el domingo 7, fue golpeada brutalmente por un grupo de personas. Hasta el momento, ni los forenses ni la Fiscalía pueden determinar el motivo de su muerte y tampoco identificaron a los agresores, pero al menos hay una investigación en curso.

Sus compañeras de Casa Diversa exigen una investigación exhaustiva de la Fiscalía y que se haga justicia. Hasta la fecha, suman 62 asesinatos a personas trans en transición democrática en Paraguay.

Agentes policiales: primer anillo de violencia contra las trabajadoras sexuales

Los agentes policiales, en lugar de proteger a las trabajadoras sexuales, les impiden que trabajen o las extorsionan a cambio de sexo o dinero.

Aunque el trabajo sexual es una actividad lícita (no está prohibida pero tampoco regulada expresamente en la legislación), es continuamente objeto de discriminación, estigmatización y violencia. Esto facilita que las trabajadoras se vean afectadas por diferentes situaciones de violencia desde los propios agentes policiales, quienes controlan sus lugares de trabajo. 

Los medios de comunicación también contribuyeron con violencia simbólica a través de la publicación de sus nombres y oficios.

Las trabajadoras sexuales denuncian no haber accedido a planes sociales del Gobierno durante la emergencia sanitaria, así como también la falta de investigación de los asesinatos a trabajadoras sexuales, principalmente, en las zonas de frontera. 

Avanzan los discursos de odio y los grupos antiderechos

Bajo el lema “Construyamos la civilización del amor”, el sábado 25 de septiembre grupos de familias antiderechos marcharon en la “Caminata por la vida y la familia” en el microcentro de Asunción.

Su objetivo, según apuntan, fue llamar la atención de las autoridades que pretenden introducir en la legislación paraguaya el aborto y la educación sexual desde una perspectiva de género, a lo que llaman “la cultura de la muerte”.

La marcha fue presidida por el arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela, el mismo que sostiene que el movimiento LGBT es una “agresión de ideologías que buscan destruir la naturaleza del varón y la mujer”. El mismo que intentó silenciar a la estudiante Belén Whittinsglow.

El mismo que pidió a Alexa Torres no hacer “de una piedrita una montaña”, para evitar que haga público el acoso que recibió por parte del sacerdote Silvestre Olmedo.

En Encarnación, el grupo antiderechos denominado “Movimiento Nacional Somos Muchos, Muchos Más” promovió la firma de acuerdo con candidatos a la intendencia de esa ciudad. Este acuerdo tuvo la intención de generar una Dirección de “Vida y Familia” dentro del municipio.

Estas acciones son realizadas con la intención de evitar la protección de derechos para las personas TLGBI.

La constante lucha contra los derechos LGBTI

Bajo la consigna “vida y familia” fueron vulnerados los derechos a la libre manifestación y movilización en el contexto de las marchas por los derechos TLGBI de la capital del departamento de Itapúa.

En esa misma ciudad, en mayo, grupos fundamentalistas denunciaron ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) la circulación entre estudiantes de la educación media de una encuesta realizada en contexto de pandemia.

El instrumento contaba con la posibilidad de seleccionar dentro del campo “identidad de género” las opciones de: mujer trans, varón trans o no binarie. En pocas horas, el MEC se desvinculó de dicha encuesta mediante un comunicado público firmado por el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, donde reafirma su postura “por la vida y la familia”.

El violento rol de la Iglesia

En septiembre, el pastor evangélico José Duarte, que se hace llamar “el profeta de Lambaré” acusó de homosexuales y amenazó de muerte a lxs vecinxs que se manifestaron por polución sonora frente a la iglesia evangélica “Ejército de Avivamiento del Reino de Dios”.

A partir de las denuncias en redes sociales, se divulgaron videos de Duarte oficiando supuestas expulsiones de “espíritus malignos” y la instrumentalización de niñes para dar credibilidad a sus prácticas.

El autoritarismo penetró en diferentes instancias de la sociedad y el Estado, así como la concentración de poder político y económico en el movimiento Honor Colorado, una de las facciones de la ANR, el partido de gobierno.

A esto se suma la insistencia con declarar ciudades como “provida y profamilia”, que tomaron más fuerza y poder luego de las últimas elecciones municipales.