Por Georgina González
Fotos: G.G./Archivo Presentes

Este año atípico atravesado por la pandemia por Covid-19 provocó que las desigualdades se hicieran evidentes y que en algunos casos se acentuaran, como pasó con las poblaciones LGBT+ en México. En este año pandémico las personas de estos colectivos no sólo no estuvieron exentas de las afectaciones por la falta de empleo, atención médica y acceso a la justicia, sino que además fueron víctimas de diversas violencias. 

«La violencia intrafamiliar y en redes nunca fue tan densa»

Para Irene Valdivia, coordinadora de la Red Michoacana de Personas Trans, la violencia recrudeció este año. Y más puntualmente en las redes sociales. “No es que no haya violencia física, sino que quizá no fue tan notoria como en otras ocasiones. Pero creo que la violencia familiar y en redes nunca antes fue tan densa. En esas dimensiones creo que la violencia superó al año anterior”, comenta. En las redes algunas de estas violencias fueron ejercidas por feministas trans excluyentes.

Para ella, tal como vienen diciendo diversas organizaciones, la pandemia confirmó que las poblaciones LGBT son las más vulnerables, particularmente las mujeres trans trabajadoras sexuales. “La pandemia nos arrojó este resultado de la estadística sobre quién es más vulnerable, quién de todas las siglas podría perecer más joven. Creo que se entendió muy bien el por qué, por ejemplo, con lo que está ocurriendo con la vivienda y el derecho al trabajo formal”. 

“Para mí lo más relevante del año es que volteamos a preguntarnos qué está pasando con las infancias y adolescentes trans. El éxito de Jalisco es histórico, es el logro más importante para la comunidad trans en mucho tiempo. Y la forma en que logramos organizarnos pese a todo lo que estaba ocurriendo fue muy importante. Regresamos a las dinámicas de la calle a organizarnos en comunidades fuera de la consanguinidad”, concluyó en entrevista con Presentes.

Los impactos de la pandemia en colectivos LGBT+

Se incrementaron los crímenes de odio

El informe 2020 del Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT señala que durante el contexto de pandemia y bajo las “supuestas medidas de confinamiento” los crímenes contra personas LGBT se han incrementado sobre todo en Veracruz, Michoacán y Chihuahua. Y que, a pesar de los señalamientos y recomendaciones, las instituciones públicas “han dado poca o nula respuesta”. 

Trabajadoras sexuales trans, entre las más afectadas 

Una de las consecuencias durante esta emergencia fue el cierre de hoteles. Esto dejó sin hogar y sin lugar donde laborar a muchas mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, en la mayoría de los casos por falta de otras oportunidades laborales y como método de subsistencia. Si la supervivencia para ellas ya era difícil, como consecuencia de la pandemia se vio aún más vulnerada.

Más violencias intrafamiliares en aislamiento 

En aislamiento, la violencia intrafamiliar aumentó en muchos hogares del país. Esto obligó a lxs adolescentes y jóvenes afectadxs a buscara refugio. 

Refugios seguros para LGBT+que huyen de violencias

Presentes documentó y habló con habitantes de los cuatro refugios que abrieron sus puertas en la Ciudad de México para brindar espacios seguros a toda aquella persona que lo necesitara.

Por su parte, la población LGBT+ migrante enfrentó nuevos obstáculos en su camino. Presentes contó cómo se resguardaron en albergues de Tijuana respetando los protocolos y extremando medidas de protección y cuidado.

VIH+ desatención y falta de medicación

Las personas que viven con VIH vienen denunciando que enfrentaron desatención del sistema público de salud y desabasto de medicamentos antirretrovirales que desde 2019 se venía dando en diferentes estados del país. 

Redes solidarias del  activismo LGBT+ 

Pese a todos los obstáculos que genera la pandemia, les activistas LGBT no quitaron el dedo del renglón en la lucha. Y además de pelear por garantizar derechos, han gestionado  herramientas colectivas para menguar el impacto de la emergencia por Covid-19 en acciones como la activación de refugios, comedores comunitarios y coperachas económicas y alimentarias. 

Frenos a ampliación de derechos

Funcionarixs públicos conservadores frenaron este año procesos legislativos que apuntaban a garantizar derechos humanos de las personas LGBT. El PES, el partido político evangélico y conservador aliado al presidente de México, buscó vetar contenidos de educación sexual integral en al menos siete estados. 

Al menos 43 personas LGBT+ asesinadas y 11 desaparecidas 

El Estado mexicano no recaba datos sobre la situación de violencias que enfrentan las personas LGBT. Las cifras que se logran conocer son gracias a esfuerzos coordinados entre organizaciones y colectivos. Uno de ellos es el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT. Éste sólo registra crímenes en 10 de los 32 estados del país.

• De acuerdo al Observatorio, entre enero y noviembre de 2020, 43 personas LGBT fueron asesinadas y 11 están desaparecidas en México. 

• Las mujeres trans o con expresión de género femenina son las más vulnerables pues representan el 50% del total de asesinatos. Mientras el 38% de los crímenes fueron contra hombres gay, el 8% y 4% contra lesbianas y hombres trans, respectivamente. 

Durante la presentación del informe del ONCO-LGBT, la activista Claudia Sanz comentó que pese a que el cierre se hizo hasta noviembre, Vicenta Loris, defensora de los derechos humanos y mujer trans de Iguala (Guerrero) fue asesinada el 9 de diciembre. Además, el 1 de diciembre de 2020 Sherlyn Villarreal, otra mujer trans, fue asesinada en los Valles Centrales de Oaxaca. 

Veracruz, el estado más peligroso

Sólo en Veracruz 21 personas de la diversidad sexual fueron asesinadas en 2020. Por sexto año consecutivo es el estado más peligroso para ser LGBT en México. 

En enero fueron asesinadas a quemarropa Karina y María Susana, dos mujeres lesbianas. La pareja fue agredida por un desconocido en Papantla, Veracruz. Sin embargo, los vecinos señalaron que el ex esposo de Susana mostraba celos y odio contra su relación.

Eduardo Hohenstein, un hombre gay de 39 años recibió múltiples puñaladas en el tórax y fue degollado. Su padre lo encontró asesinado y envuelto en una sábana en Córdoba, Veracruz el 2 de marzo.

En agosto, Brandy Huerta fue asesinada junto a su madre en Puente Nacional, Veracruz. Este crimen se enmarca en una semana donde otras dos mujeres trans fueron asesinadas: el 19 de agosto Julie Torres fue asesinada en su casa en Guadalajara, Jalisco. Al día siguiente, Sam Rosales de 23 años fue atropellada en Atlixco, Puebla y perdió la vida. 

El 4 de octubre Erick Deseano, un hombre trans de 36 años que se dedicaba a la cosecha de piña, fue brutalmente asesinado en Ciudad Isla, Veracruz. Ese mismo día, a unos kilómetros de ahí, Gretell Ceballos de 35 fue asesinada a balazos afuera de su domicilio en Minatitlán. 

A finales de agosto la activista Jazz Bustamante inició una huelga de hambre por 5 crímenes ocurridos en dos semanas en cuatro estados del país. Su principal exigencia fue que la Fiscalía del Estado de Veracruz aplique un protocolo para clasificar la agravante de odio por orientación sexual e identidad de género que señala el Código Penal del Estado y que los crímenes se investiguen con perspectiva de derechos humanos y de género.

La activista señaló en esta nota de Presentes que la Fiscalía casi nunca da declaraciones sobre estos casos o informa sobre avances en las investigaciones. No se da información ni se captura a los agresores ni se respeta la orientación sexual e identidad de género de las víctimas.

 

 

Desaparecides LGBT+

En 2020 el Observatorio Nacional de Crímenes contra personas LGBT contabilizó la desaparición de, al menos, 11 personas. 

Desde hace 14 años México vive en un contexto de violencia organizada, término que se propone para no eximir la responsabilidad y complicidad que tiene el Estado en una estrategia de seguridad que fue anunciada en 2006 como la “guerra contra el narcotráfico”. 

Desde entonces la presencia de militares en las calles, las disputas por territorio entre cárteles de las drogas; la diversificación de actividades ilícitas y la participación del Estado mexicano ha provocado una crisis de violaciones a los derechos humanos. 

De 2006 a la fecha más de 77 mil personas están desaparecidas, según cifras oficiales. Sin embargo, es imposible conocer el dato de cuántas de ellas pueden ser personas LGBT ya que no existen estadísticas oficiales sobre crímenes contra personas de la diversidad sexual. 

El Centro de Apoyo a las Identidades Trans también lleva un registro de desapariciones. De acuerdo a sus cifras, 35 personas LGBT están desaparecidas y de éstas, 21 son mujeres trans. 

Este año Presentes pudo informar sobre la desaparición de Teresa Cox y Nora Pacheco, dos mujeres lesbianas de Tijuana, Baja California. Se desconoce su paradero desde la madrugada del 25 de agosto de 2020.

Además, por primera vez el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU se pronunció sobre la desaparición de dos mujeres trans y exhortó a las autoridades mexicanas iniciar la búsqueda de Karla García Duarte y Kenia Duarte Pérez, desaparecidas desde el 18 de septiembre.

Durante la presentación del informe del ONCO-LGBT,  la activista Claudia Sanz señaló que la mayoría de las veces las desapariciones culminan “en la máxima expresión de odio”, el asesinato. 

43 crímenes y un detenido 

De los 43 crímenes de odio contra personas LGBT registrados, solo en uno se imputó al presunto responsable. 

En septiembre, diferentes organizaciones trans de Chihuahua y La Oficina en México del Alto Comisionado de ONU-DH exigieron a la Fiscalía del Estado investigar con perspectiva de género y tomar en cuenta la condición de defensora de derechos humanos y la identidad de Mireya Rodríguez Lemus, asesinada el 30 de agosto. 

El 19 de septiembre la Fiscalía del Estado de Chihuahua señaló a Ivan Arturo G.P. como presunto asesino de Mireya y mientras continúan las investigaciones deberá enfrentar dos años de prisión preventiva por el delito de homicidio agravado por razón de género. 

Se trata del primer proceso de justicia en México donde se valora la identidad de género de una mujer trans para demostrar el delito de homicidio. Sin embargo, la mayoría de los crímenes de odio contra personas LGBT quedan impunes.  

La constante impunidad

En México la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es de tan solo el 1.3%. De acuerdo a la organización Impunidad Cero, esta cifra se compone de datos públicos sobre la baja efectividad de las procuradurías y fiscalías, así como de los delitos que no se denuncian (cifra negra). 

Si bien este dato afecta a la población mexicana en general, la impunidad se agrava en poblaciones vulnerables que buscan el acceso a la justicia. 

Un ejemplo de ello es la lucha por justicia impulsada por Kenya Cuevas tras el asesinato de su amiga, Paola Buenrostro. Luego de cuatro años y a pesar de las declaraciones y pruebas que se aportaron, el ex militar que disparó contra Paola fue liberado por las autoridades y actualmente la Fiscalía de la Ciudad de México no tiene una línea de investigación sobre el crimen. 

En México no hay estadísticas oficiales sobre asesinatos, ataques y agresiones contra esta población. La tipificación de crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género solo existe en 13 de 32 estados del país, pero no hay reglamentos específicos para aplicar dichas causales y pese a la existencia de un Protocolo Nacional de Actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia, en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, éste no se aplica. 

Esta falta de acciones por parte del sistema de justicia fue denunciado por activistas, en protestas; huelgas de hambre; peticiones formales y mesas de trabajo.

Además las personas LGBT se enfrentan a la discriminación y prejuicios por parte de funcionarios públicos de las instituciones de justicia lo que obstaculiza las denuncias y en consecuencia genera un vacío de datos, tipos y características de las violencias que se ejercen contra ellas.

Bajo un panorama donde no hay registros oficiales y los únicos datos que existen son recopilados por diferentes organizaciones civiles y colectivos, es difícil determinar si 2020 superó al 2019 (catalogado por Letra S como el más violento del último lustro) en crímenes de odio contra personas LGBT.  

Identidad de género, infancias y adolescencias trans

• Sonora y Quintana Roo aprobaron leyes de identidad de género. La votación del Congreso de Quintana Roo fue sin precedentes pues se logró por unanimidad. 

• Actualmente 13 de 32 estados del país garantizan este derecho a personas trans mayores de edad. 

• En 2020 Jalisco se convirtió en el primer estado mexicano en garantizar el derecho a la identidad de personas trans mayores y menores de edad. Fue a raíz de un decreto aprobado por el poder ejecutivo local, que reformó el reglamento de los registros civiles para que emitan actas de nacimiento que reconozca el nombre elegido e identidad de género de las personas trans. Tras este logro, en noviembre un grupo de 14 familias de diferentes partes del país viajaron a Jalisco para tramitar su acta de nacimiento. 

Oaxaca y Tlaxcala con matrimonio igualitario

Tras diez años de lucha, el 3 de noviembre de 2020, Puebla logró garantizar el matrimonio igualitario al reformar el Código Civil para que la figura jurídica del matrimonio deje de indicar que es solo “entre un hombre y una mujer”. En Tlaxcala, el estado más pequeño de México, también se garantizó este derecho el 8 de diciembre. 

Estos logros sucedieron aún con la resistencia de grupos conservadores dentro del poder legislativo local y del peso que tienen los discursos de la iglesia católica sobre les servidores públicos. 

• En 21 estados de México se garantiza el matrimonio igualitario por medio de un procedimiento administrativo.

Nada que convertir

El 24 de julio el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal local para tipificar como delito a las mal llamadas “terapias de conversión”. Se trata de prácticas que pretenden “corregir” la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas.

El 20 de octubre el Congreso del Estado de México también tipificó y prohibió este delito que atenta contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de las personas.

Actualmente las senadoras Minerva Citlalli Hernández, Alejandra Lagunes y Patricia Mercado impulsan la prohibición de las “terapias de conversión” por medio de reformas al Código Penal Federal. Buscan que esta práctica se sancione con prisión de dos a seis años y que la Ley General de Salud suspenda de uno a tres años a profesionales de la salud que se involucren en ellas.

Pendientes y retrocesos

En cada estado de los 32 que componen al país se puede legislar de modo independiente. Así Congreso local tiene la posibilidad de negar o garantizar derechos.

En 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia que declara inconstitucionales los códigos civiles de los estados que impidan el matrimonio igualitario. A cinco años de la directriz, aún 11 estados no garantizan este derecho. 

En julio de 2020 el Congreso del estado de Baja California negó, en dos ocasiones, una iniciativa de ley que busca garantizar el matrimonio igualitario. En la segunda oportunidad se quedó a dos votos favorables para su aprobación y eso fue celebrado por el Frente Nacional por la Familia. 

El derecho a la identidad en personas trans menores de edad de la Ciudad de México fue un tema presente durante el año. Sin embargo, en diferentes ocasiones, diputados de los partidos PAN, PRI, PRD Y PES negaron la discusión y votación de un dictamen que fue aprobado hace más de un año de manera favorable. Busca garantizar el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes trans de esa ciudad. 

El 10 de diciembre de 2020 el diputado Temístocles Villanueva protestó para que dicho dictamen se vote y apruebe. Dijo “la discusión está secuestrada por un puñado de diputados de ultraderecha que le temen a la mayoría, impiden la discusión y el voto”. Y agregó “se puede discriminar y cometer transfobia por acción o por omisión. El pleno de este Congreso es transfóbico por omisión en tanto este tema no sea incluído en la orden del día”. 

Además, el 11 de diciembre, el Congreso del Estado de México logró dictaminar favorablemente la iniciativa para el reconocimiento de la identidad de género de personas trans mayores de edad. Está pendiente su votación en el pleno. 

¿Qué puede deparar el  2021?

Grupos feministas que mantienen la toma del edificio del Congreso del Estado de Puebla contemplan como parte de su pliego petitorio la aprobación de la ley de identidad de género, también conocida como Ley Agnes. 

Esta ley lleva el nombre de Agnes Torres, mujer trans y defensora de derechos humanos que, antes de ser asesinada en 2012, buscó que el derecho a la identidad de género se garantizará en el estado de Puebla. 

En mesas de diálogo diputadas y diputados se comprometieron a garantizar este derecho para febrero de 2021. Sin embargo, la periodista Mely Arellano informó: “No queda muy claro si eso significa que en febrero presentarán una nueva iniciativa. O si en febrero se discutirá en comisiones la iniciativa que la diputada Estefanía Rodríguez presentó en junio pasado, o si, más bien, en febrero pasaría al pleno”. 

En Oaxaca, se buscará garantizar el derecho a la identidad de género de personas trans menores y mayores de edad. En octubre, la diputada Magaly López promovió ante el Congreso que se reforme el Código Civil local para que se reconozca la identidad de género de las personas trans a partir de los 12 años.

Además, presentó una iniciativa para crear un “Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia Contra Personas Trans”, el cual pretende ser una herramienta digital con información pública sobre delitos de violencia contra personas trans con el objetivo de poder instrumentar políticas públicas y medidas legislativas a nivel estatal y municipal en favor de las personas trans oaxaqueñas.