Acusado de asesinar a la joven trans Azul Montoro, a juicio por femicidio

Cuando está por cumplirse un año del asesinato de la joven trans Azul Montoro, declararon imputable a su victimario.

4 de octubre de 2018

Por Alexis Oliva, desde Córdoba

A días de cumplirse un año del brutal homicidio de Azul Montoro, joven trans de 23 años, que parecía destinado a quedar impune, la última evaluación psiquiátrica revirtió un primer dictamen que había considerado inimputable al único acusado. Este paso crucial habilita la elevación de la causa a juicio oral, según anticipó el fiscal de instrucción Guillermo González a Presentes.

Azul Montoro fue asesinada de 18 puñaladas en una pensión cercana al Mercado Norte de Córdoba capital, donde -como tantas otras mujeres trans expulsadas del mercado laboral- ejercía la prostitución para ganarse la vida. Aquella madrugada del 18 de octubre de 2017, horas después, el hasta ahora único sospechoso, Jorge Alejandro Casiva, de la misma edad que la víctima, quedó detenido. Una pericia acaba de declararlo consciente de sus actos y por lo tanto responsable ante la ley.

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El agresor también mató al perro de una amiga de Azul que alquilaba esa habitación y estaba de viaje. El imputado tenía antecedentes de violencia de género contra su madre y su hermana, causas en las que había sido declarado no punible. Con similar diagnóstico psiquiátrico, tampoco iba a ser llevado a juicio por el crimen de la joven trans.

Estuvo a punto de recuperar la libertad, pero la fiscalía y la familia de la víctima –constituida como parte querellante– se opusieron y pidieron otra evaluación. Con la nueva pericia, el crimen de Azul Montoro puede tener un desenlace distinto a los todavía impunes travesticidios de Vanessa Ledesma, muerta por torturas en una comisaría de Córdoba el 16 de febrero de 2000, y de Laura Moyano, asesinada a golpes en Villa Allende Parque el 25 de julio de 2015.

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“No nos conformaba esa primera pericia y con la querella pedimos una nueva pericia de control, más profunda y compleja, que dio como resultado que el acusado Jorge Casiva comprende lo que hace. Entonces, es imputable”, explica el fiscal González.

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Para la fiscalía es femicidio

Durante la instrucción, se conocieron acciones de Casiva que avalan esa hipótesis de la fiscalía: “Según testimonios de otras chicas, el acusado anduvo en su moto por la zona del Mercado Norte preguntando precios. Horas después escondió la moto, se hizo lavar la ropa, le dijo a un familiar ‘me voy a hacer pasar por loco’ y después fue visto en las inmediaciones del Hospital neuropsiquiátrico provincial”. “¿Para qué va a intentar ocultar sus actos alguien que no comprende la gravedad de lo que ha hecho?”, razona el fiscal.

A partir de ahora, al acusado lo trasladarán desde el Hospital Aurelio Crespo de la ciudad de Cruz del Eje, donde estaba internado, a la cárcel de Bouwer, cercana a Córdoba capital.

El fiscal prepara la elevación a juicio de la causa ante el Juzgado de Control Nº 8, con la figura penal de femicidio. Así, el travesticidio de Azul puede convertirse en el primer caso en la historia penal de Córdoba que se aplique la figura de femicidio para una víctima trans. Con la probable apelación de la defensa, la investigación se estima está en condiciones de llegar a juicio oral con jurados populares a mediados de 2019.

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“La autoría material no está discutida. Lo que posiblemente será motivo de discusión es la calificación de femicidio, de homicidio calificado con violencia de género, que yo voy a seguir sosteniendo. El Código Civil reconoce que Azul era mujer y eso dice su DNI. Yo creo que tuvo que ver la identidad sexual diversa de la víctima en la motivación para matarla”, afirma el funcionario judicial.

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“A Azul se la extraña mucho”

Azul fue asesinada en la pieza de su mejor amiga, Lara Godoy, que por aquellos días estaba en su San Juan natal. Azul era de Villa Mercedes, San Luis, donde viven su madre, su padre y sus hermanxs, y donde ahora está sepultada. Entre las dos amigas había mucho en común: tuvieron la oportunidad de estudiar y se llevaban bien con sus familias, pero debieron emigrar a Córdoba en busca de trabajo. Ambas habían apoyado la iniciativa por el cupo laboral trans, con la esperanza de algún día salir de la calle.

A Lara, este giro en la causa judicial le genera sentimientos contradictorios: “Por un lado te pone bien saber que la Justicia está actuando y esto no va a quedar en la nada. Por otro lado, pienso que nada va a poder borrar el tremendo daño que nos ha hecho, a ella, a sus familiares y a las amigas que tanto la quisimos. Con Azul éramos como de la familia y se la extraña mucho”.

Después del crimen de su amiga, en la llamada “zona roja” del Mercado Norte, algo cambió. “Ahora tenemos un poco más de seguridad, hay un grupo de WhatsApp. La calle sigue siendo peligrosa, pero estamos un poco más protegidas –señala–. Estoy super agradecida de todas las organizaciones civiles que acompañan la lucha nuestra y de la familia”.

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