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El informe anual del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) reveló también que, por primera vez en 12 años, fueron más numerosos los casos de denuncias por parte de lesbianas y trans que de gays varones. Ilustración: Florencia Capella Todos los años, el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) elabora un completo informe donde registra las violencias…
El informe anual del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) reveló también que, por primera vez en 12 años, fueron más numerosos los casos de denuncias por parte de lesbianas y trans que de gays varones.
Ilustración: Florencia Capella
Todos los años, el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) elabora un completo informe donde registra las violencias hacia la población LGBTI chilena y donde monitorea las políticas públicas. El XV Informe de Derechos Humanos publicado este mes señala que 2016 fue el “año de las transformaciones multisectoriales a favor de la igualdad y de la no discriminación”. La organización hace referencia al Acuerdo por la Igualdad, el documento donde el Estado se comprometió con el colectivo LGBTI en una serie de políticas antidiscriminatorias.
Pero también fue el año que aumentaron en un 28,6% las denuncias, con 332 casos: 4 asesinatos; 40 agresiones físicas o verbales perpetradas por desconocidos, 3 atropellos policiales, 32 abusos laborales y 13 educacionales, 37 campañas homo/ transfóbicas, 79 exclusiones institucionales, 19 negaciones de productos o servicios, 56 agresiones comunitarias (familia, amigos, vecinos), 48 discursos de odio y 1 hecho de discriminación en los medios.
En relación a 2015, los crímenes de odio aumentaron un 33%, sumando 4 los homicidios, mientras que los abusos policiales pasaron de 0 en el 2015 a 3 en 2016.
“En el primer caso se refuerza la importancia de perfeccionar y reformar la Ley Zamudio a objeto de que efectivamente se pueda aplicar el agravante penal y, en el segundo hecho, la necesidad de intensificar las políticas antidiscriminatorias en Carabineros.»
Las denuncias por homo/transfobia laboral y comunitaria (familia, amigos, vecinos), en tanto, aumentaron un 100% y un 80,6%, en forma respectiva. “Ello refleja un mayor empoderamiento para la exigencia de derechos en espacios que suelen ser difíciles, pues tienen el denominador común de generar cierta dependencia económica y/o afectiva entre la víctima y los victimarios”, dice el informe.
Por primera vez en 12 años las personas transexuales y lesbianas denunciaron más abusos que los gays, concentrando el 28%, el 24% y el 23% del total de casos, en forma respectiva. En tanto, el 25% de los atropellos afectó a la diversidad sexual y de género como conjunto.
“En el caso de la población trans el incremento se explica porque está exigiendo derechos en lugares donde antes se auto-marginaba por la discriminación; como la educación y el trabajo”.
La población lésbica, por su lado, incrementó sus denuncias en todos los planos, especialmente en los laborales, educacionales y familiares.
Se conoció de casos de torturas sistemáticas en Gendarmería de Chile, y abusos coyunturales de discriminación laboral en el CNCA del Maule y de violencia contra bisexuales en una casa de acogida para mujeres financiada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
En el terreno de las políticas públicas hubo transversalidad en materia de cambios pro-igualdad.
El Ministerio de Salud rechazó por primera vez las terapias de reconversión de la orientación sexual y anuló una pre-reforma que estigmatizada a la población LGBTI al asociarla con enfermedades de transmisión sexual, mientras que en Educación la sumatoria del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia en el Calendario Escolar alcanzó a todas las regiones del país.
Por su lado, el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género incorporó en algunas de sus políticas la realidad de lesbianas, transexuales y bisexuales. Entre otros puntos, ello se tradujo en que los asesinatos de mujeres en manos de parejas del mismo sexo fuesen incorporados en la lista de femicidios.
En tanto, el Ministerio del Interior se convirtió en el primer ente gubernamental en colaborar con la atención que el movimiento LGBTI brinda a víctimas de la violencia. El Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) puso en marcha comisiones regionales contra la homo- transfobia. La Dirección del Trabajo extendió a los convivientes civiles del sector privado los cinco días de permiso laboral de los/a casados/as.
El Poder Judicial realizó en 2016 un estudio para conocer y medir los niveles de discriminación entre sus funcionarios/as, abordando por primera vez la exclusión basada en la orientación sexual y la identidad de género.
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