CIUDAD DE BUENOS AIRES, Argentina. El juicio por el triple lesbicidio de Barracas del que fueron víctimas Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y que dejó con graves secuelas a Sofía Riglos Castro, la única sobreviviente del ataque, está en su recta final. Esta semana las querellas de todas ellas y la fiscalía coincidieron en pedir que se considere fue un lesbicidio y femicidio, solicitando la pena máxima de prisión perpetua para Justo Fernando Barrientos, el único acusado. El hombre de 69 años vivía en la misma pensión que las cuatro mujeres lesbianas y la noche del 5 de mayo de 2024 las atacó arrojando un artefacto explosivo a la habitación donde ellas dormían. 

Las audiencias de alegatos fueron el 26 de octubre y ayer 28, Las protagonizaron las querellas y la fiscalía, reconstruyendo paso a paso cómo fue el feroz ataque y también sus antecedentes. A partir de eso y considerando la jurisprudencia en Argentina y el sistema internacional de ddhh, pidieron al tribunal que considere para Barrientos la pena máxima y que el delito se encuadre como mediado por violencia de género y como un crimen de odio, motivado por la orientación sexual de las víctimas. Algo que al principio de la investigación, el juzgado de instrucción se negaba a admitir. Pero gracias al trabajo persistente de abogados y activistas se reconoció el encuadre jurídico como crimen de odio, tal como prevé el artículo 80 inciso 4 del Código Penal en Argentina. 

“El crimen estuvo motivado por el odio a las víctimas”

Ayer el fiscal general Manuel Fernández Buzzi  aseguró a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) Nº5 que existen suficientes pruebas para considerar que “el crimen estuvo motivado en un sentimiento muy profundo y visceral: el odio que sentía hacía las víctimas. No solo las quemó vivas sino que lo hizo de noche, adentro de su habitación, donde convivían”. Y destacó que Barrientos sentía  “desprecio y aversión” hacia ellas por ser lesbianas. A partir de lo que se escuchó en la sala en las audiencias, la fiscalía -así como las querellas- consideró probado que el odio de Barrientos no nació el día que atacó a sus víctimas, sino que existía una historia previa de hostigamiento, tal como contamos en esta agencia en mayo de 2024. 

Las víctimas “vivían acosadas y discriminadas por Barrientos por ser lesbianas y por ser mujeres”, dijo el fiscal. Y agregó que aprovechó la situación de vulnerabilidad de ellas para atacarlas.  “Él se creía superior, se permitía discriminar y despreciar a estas mujeres porque no cumplían con el estereotipo que la sociedad les asigna. El motivo del crimen fue el odio. No fue un homicidio cualquiera: las prendió fuego de una manera deliberada, con el objetivo de quemarlas vivas, de que sufrieran y agonizaran”. 

El fiscal pidió que  la sentencia tenga en cuenta que se trató de un homicidio agravado por ensañamiento, por mediar violencia de género y odio a la orientación sexual en los casos de Pamela, Roxana y Andrea, y en grado de tentativa en relación a Sofía, de modo que abordó los crímenes como femicidios y lesbicidios. La fiscalía también dejó en claro que “este crimen expresa lo peor de la interacción social: el sexismo, la intolerancia, la discriminación y el odio”. 

“Necesitamos que el Estado nos cuide”

Antes de la fiscalía, ayer expuso su alegato la querella colectiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans.  El equipo jurídico lo integran las abogadas Samanta Pedrozo y Flavia Massenzio, y Sofía Saavedra Chávez, asistente letrada. 

Pedrozo abrió la audiencia 18 con una introducción: “Solemos decir que somos una querella colectiva, si bien me escuchan a mi, soy parte de un colectivo que está expectante de este juicio”. Pedrozo recordó que en reiteradas oportunidades se les negó a la FALGBT la posibilidad de ser querellantes. “Y seguimos insistiendo hasta que en diciembre de 2024 llegamos a Casación Penal. A partir de ese momento pudimos formar parte de este proceso y es histórico estar acá. Lo que les pasó a Andrea, a Pamela, a Roxana y a Sofía no les pasó solo a ellas, nos pasó a todas las personas que desde que nacemos tenemos que aprender a vivir con el odio y la discriminación”. 

Pedrozo destacó que el fuego que inició Barrientos no sólo consumió sus cuerpos, “hasta dejarlas sin piel y sin pelos. Se llevó sus vidas y sus esperanzas de vivir en una sociedad mejor. Soy abogada penalista pero antes soy mujer y lesbiana, y necesito que el Estado me cuide. Necesitamos pedirle al Estado que proteja nuestras identidades. No podemos vivir con miedo a que una persona como Barrientos decida prendernos fuego por ser quienes somos y por cómo vivimos”, destacó Pedrozo antes de exponer su valoración probatoria y el encuadre jurídico.

Las víctimas “vivían acosadas y discriminadas por Barrientos por ser lesbianas y por ser mujeres”, dijo el fiscal. Y agregó que aprovechó la situación de vulnerabilidad de ellas para atacarlas.  “Él se creía superior, se permitía discriminar y despreciar a estas mujeres porque no cumplían con el estereotipo que la sociedad les asigna. El motivo del crimen fue el odio. No fue un homicidio cualquiera: las prendió fuego de una manera deliberada, con el objetivo de quemarlas vivas, de que sufrieran y agonizaran”. 

Además de repasar los hechos y la jurisprudencia vinculada a crímenes de odio, recordó que las víctimas, además de lesbianas “eran cuatro mujeres pobres, que venían de vivir en la calle, sobreviviendo de los agresores y también de la violencia del Estado”. 

La querella colectiva de la FALGBT pidió prisión perpetua considerando que se trató de un homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por odio a la orientación sexual de las víctimas y por mediar violencia de género, y en grado de tentativa en relación a Sofía. 

Al finalizar el alegato se comprometieron a entregar por escrito un anexo con la jurisprudencia relevante sobre el odio y un documento con la adhesión de más de 200 organizaciones de todo el país acompañando el juicio, entre ellas Asociación Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo línea fundadora y Movimiento Cromañón -Andrea Amarante era sobreviviente-. 

Reparación para Sofía 

El lunes fue el turno de la querella de Pamela Cobas y Roxana Figueroa, en manos de la Defensoría Pública de Víctimas, y la de Sofía, a cargo de Luciana Sánchez. 

La primera, representada por lxs abogadxs Carolina Cymerman y Pablo Rovatti, en sus alegatos retomó los testimonios escuchados y los elementos que se peritaron tras el ataque, para mostrar la crueldad del accionar del victimario, el contexto de discriminación hacia la orientación sexual de las víctimas y la premeditación implícita. Y pidió condenar al acusado con la pena máxima, aplicando los incisos que reconocen el femicidio y lesbicidio, con los agravantes de saña y alevosía. Además solicitó que el tribunal disponga medidas reparatorias para Sofía como sobreviviente. 

La querella de Sofía Castro Riglos, a cargo de la abogada Luciana Sánchez, expuso en su alegato los prejuicios y estereotipos que se construyen socialmente sobre las lesbianas. Cuestionó la falta de preservación de las evidencias y dijo que la actitud de Barrientos tras el crimen (que intentó infringirse lesiones) es parte del mismo patrón con que muchas veces se comportan los femicidas. Sánchez pidió condenar a Barrientos por homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por un hombre contra tres mujeres mediando violencia de género y con violencia discriminatoria por haber sido percibidas como lesbianas, y en grado de tentativa para Sofía. 

Remarcó la necesidad histórica de que la sentencia sea explícita respecto del agravante por odio a la orientación sexual y nombre el lesbicidio, ya que desde la reforma del Código Penal no se dictó una sentencia que contemple la especificidad de esta violencia hacia lesbianas. Entre las medidas reparatorias para Sofía, pidió atención integral gratuita, una compensación económica y pensión por viudez.

También solicitó al tribunal medidas como el reconocimiento público del hecho como lesbicidio por parte del Estado nacional, expropiación del hotel de Barracas para convertirlo en un espacio de memoria con el nombre de las víctimas, y la creación de soluciones habitacionales para personas LGBTIQ+ por parte de la Ciudad de Buenos Aires. 

El juicio: adentro y afuera de Tribunales

El juicio empezó en mayo y desde ese día ya van 18 audiencias ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°5, integrado por lxs jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander. 

Cada una de las audiencias cuenta, puertas afuera, con el acompañamiento de jornadas de activismo. Estas se despliegan a pocos metros de la sala donde transcurre el debate oral, en la Plaza Lavalle, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires.  Allí organizaciones y activistas acompañan con radio abierta, lecturas y otras actividades artísticas y culturales. 

La próxima audiencia será el 11 de noviembre con el alegato de la defensa del acusado. Y ese día el tribunal dará a conocer la fecha de la sentencia.