Por Anita Alberti La organización Otrans denunció ante la Comisión Provincial por la Memoria que cuatro de sus integrantes sufrieron violencia en una requisa, en la madrugada del sábado 4 de noviembre en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Según la denuncia, más de veinte policías locales golpearon, tiraron gas pimienta y amenazaron a Juana, Kimberli, Romina y Chantal –las víctimas prefieren mantener sus apellidos en reserva por temor-. “Estamos muy preocupadas porque esto es un retroceso exponencial”, dijo a Presentes la presidenta de Otrans, Claudia Vázquez Haro. Y comparó: “Volvimos a los años noventa, cuando la policía era tan feroz con la detención de las compañeras y la violación a los derechos humanos”. La Comisión provincial por la Memoria presentó el pedido de Habeas Corpus por el ataque. “Pedimos la reserva de la identidad y solicitamos se constaten las lesiones, que cesen los hostigamientos policiales y que se derive la investigación a una fiscalía en turno para que indague sobre los presuntos delitos cometidos”, explicó el coordinador del Área de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM Rodrigo Pomares. El recurso se presentó ayer a la tarde en el Juzgado de Garantías de turno de La Plata de forma individual por las personas que radicaron las denuncias pero también por todo el colectivo, ya que desde la CPM consideran que “se trata de una población particularmente vulnerable”, aclaró Pomares.

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Las jóvenes relataron en su denuncia que varios policías en dos autos particulares y otros quince movilizados en moto que pudieron identificar como efectivos de la fuerza local las sorprendieron cerca de las cinco de la madrugada. Fue en la esquina de Diagonal 73 y 4, una zona céntrica de la ciudad de La Plata, donde las mujeres –de entre 25 y 30 años y en situación de prostitución- suelen parar. Y según el testimonio, algunos pertenecerían a la Comisaría 9°, ubicada cerca de allí. “Me agarraron a mí primero. Estábamos contra la pared y yo dije ‘¿no se cansan de revisarnos todos los días?’. Me respondió ‘Callate, vos estás en mi país. No tenés derecho a nada”, contó a Presentes Juana. Al igual que sus tres compañerxs es peruana. Después de eso, dijo que le tiraron gas pimienta en el cuerpo, la empujaron contra el suelo y empezaron a golpearla con una vara de metal.

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Cuando tiraron al suelo a Juana y empezaron a pegarle, Kimberli les gritó a los policías que la dejaran. Entonces, contaron las chicas, también la agarraron a ella de los pelos y le golpearon la cabeza contra el piso. “Nos tomaron del cuello hasta casi asfixiarnos. Decían que teníamos la droga en la boca”, denunció. Mientras las golpeaban, también las insultaban: “Nos empezaron a gritar ‘putos peruanos, lárguense de mi país porque así los vamos a tener todos los días'». Chantal, otra de las mujeres violentadas, denunció que le pegaron con una cachiporra en la frente. El hematoma le bajó hasta el ojo derecho y le dejó un derrame: todavía no puede ver y no sabe qué consecuencias tendrá. Kimberli escupe sangre. Juana tiene cinco cortes grandes en el brazo izquierdo. Ninguna quiere ir al hospital. Dicen: “Tenemos miedo de cómo nos vayan a tratar los médicos”.

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“Son prácticas arraigadas de la Policía Bonaerense”

“Esto no es excepcional sino rutinario. Son prácticas arraigadas en la Policía Bonaerense con las personas que están en situación de prostitución. Sólo que en este caso se involucra una figura policial reciente en la historia de la policía, que es la policía local”, dijo a Presentes  Pomares. En febrero de 2017, Otrans ya había denunciado la persecución policial contra trans y travestis en la misma zona de La Plata. La organización acusó directamente a la Comisaría de la Mujer y a la Comisaría 9.

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La semana pasada, el Ministerio de Seguridad presentó  un Protocolo de detención a personas LGBT, detallando las fuerzas de seguridad que pueden privar de la libertad a una persona y cuáles son los actos iniciales de la aprehensión. El protocolo fue repudiado por varias organizaciones de la diversidad sexual, que la consideran más una advertencia que una garantía de derechos. Otrans considera que se trata de una “herramienta para la institucionalización de la violencia policial”.

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