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Por qué el juicio por el crimen de Eldin y Milton puede ser histórico para la comunidad LGBT de Guatemala
El juicio por el crimen de los jóvenes Eldin y Milton está llegando a su final. La mentira de la policía y las deudas históricas del estado guatemalteco con la población LGBT
El Tribunal de Mayor Riesgo “B” de Guatemala, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos, se encuentra a punto de dictar una resolución judicial decisiva. Siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) enfrentan acusaciones por ejecución extrajudicial, tortura y encubrimiento tras la detención ilegal y asesinatos de Eldin Choc Xi y Milton Santamaría en abril de 2024.
Este proceso no solo ha evidenciado el actuar policial en una localidad rural, también coloca al Estado guatemalteco frente a las deudas históricas que tiene con los derechos humanos, las personas LGBTI+ y las poblaciones indígenas.
Lograr un fallo que reconozca el odio contra personas LGBT sentaría un precedente histórico en Guatemala. Significaría, además, romper una larga trayectoria de impunidad, convirtiéndose en el primer caso donde se sentencie el crimen de odio LGBT+ ejercido por agentes del Estado.
El antecedente en la región es el caso de Vicky Hernandez, mujer trans y trabajadora sexual hondureña asesinada por fuerzas del Estado de Honduras en junio de 2018.
¿Qué pasó con Eldin y Milton?
El 18 de abril de 2024, Milton Santamaría, de nacionalidad salvadoreña-canadiense y Eldin Choc Xi, joven maya q’eqchi’, quienes eran novios, se encontraban en una tienda de barrio en el municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
En entrevista con Presentes, la periodista guatemalteca Jovanna García, quien ha dado seguimiento al caso, cuenta que Milton y Eldin “estaban pasando un momento normal”. Llevaban consigo una suma considerable de dinero porque “estaban en el proceso de adquirir un terreno como pareja para un proyecto de vida”. Bajo la justificación inicial de una supuesta llamada por “escándalo en la vía pública” fueron detenidos por agentes de la PNC.
Testigos que declararon en el juicio desmintieron la versión de la policía. Afirmaron que “ellos no estaban haciendo ningún tipo de escándalo en la vía pública”. Según los peritajes del caso, el verdadero móvil de la intervención fue el amedrentamiento y la extorsión al percatarse del dinero que tenían.
Milton y Eldin fueron trasladados a la subestación 73-15 de la PNC donde, “estando esposados e indefensos, sufrieron brutales golpizas e insultos homofóbicos”. Esto, como lo comenta Jovanna García, quedó acreditado en expedientes y en las pruebas presentadas en las audiencias.
Qué hicieron con los jóvenes
Esa misma noche, 18 de abril de 2024, producto de las agresiones físicas, Milton Santamaría fue asesinado dentro de las instalaciones policiales. Para encubrir la ejecución, los policías trasladaron su cuerpo a un centro asistencial afirmando que “había sido atropellado”.
En esta ejecución participaron dos bomberos locales. Comenta García que fueron ellos quienes posteriormente “aceptaron cargos y admitieron haber movilizado al joven que ya había sido asesinado dentro de la estación hacia el hospital dando cuenta de una versión totalmente distinta: que había sufrido un accidente”.
Eldin también fue víctima de desaparición forzada. De manera clandestina la policía lo sacó de la subestación en un vehículo particular sin informar de su paradero. Tras días de búsqueda comunitaria, su cuerpo fue encontrado el 25 de abril con evidentes señas de estrangulamiento y tortura.
Cómo se supo la verdad de lo que pasó
El intento de la Policía Nacional Civil por presentar los hechos como un accidente de tránsito y una desaparición “aislada” se desmoronó a medida que avanzaron las investigaciones. La periodista García explicó que todo “se quebró” desde adentro. “Todo se empieza a desmantelar por la denuncia de una policía quien le dice a las autoridades que ella sabía lo que realmente había sucedido”.
A la denuncia de la agente policial se sumaron otras piezas que terminaron por construir la verdad. Así se empezaron a vincular a los responsables. Hay tres momentos clave: la confesión de los bomberos, audios de tortura e insultos homo-odiantes y testimonios que desmintieron la versión oficial del motivo de aprehensión de los jovenes.
Durante las audiencias del juicio oral, la Fiscalía y la organización querellante Cristosal, organización regional de derechos humanos en Centroamérica, presentaron peritajes, grabaciones telefónicas y chats de whatsapp entre los propios policías. Jovanna comenta que en estos audios se escucha la agonía mientras son torturados. Y en otro audio se revela que Eldin y Milton eran novios. Esa información aumentó aún más las agresiones, torturas e insultos homo-odiantes de los policías.
Frente al tribunal comparecieron vecinos e implicados cuyas declaraciones desarmaron la excusa de la aprehensión.
Al iniciarse la investigación penal, se confirmó que el subinspector a cargo, Edilberto Vásquez, fue quien ordenó el operativo y el encubrimiento. Para evitar la persecución penal huyó a Estados Unidos y luego fue localizado por la INTERPOL y deportado a Guatemala. Su intento de evadir la justicia reforzó la acusación contra él, cuenta la periodista.
Vacíos legales e invisibilización de personas LGBTIQ+, indígenas y migrantes
La brutalidad policial ejercida contra Eldin Choc Xi, quien era indígena maya q’eqchi’, y Milton Santamaría, salvadoreño-canadiense ocurre en un contexto de profunda vulnerabilidad en Guatemala. El marco jurídico e institucional en ese país carece de herramientas mínimas de protección contra la violencia motivada por prejuicios.
En Guatemala tampoco existen leyes específicas contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, ni se reconoce el matrimonio igualitario o la identidad de género registral.
A estas omisiones legislativas se suma la ausencia total de datos oficiales por parte del Estado. Como en la mayoría de los países de América Latina, los registros de crímenes por prejuicio son construidos por los mismos activismos. Los estados no registran de manera diferenciada las muertes violentas de personas LGBT+. En Guatemala esta labor la realiza la Asociación Lambda.
Este caso también pone sobre la mesa la impunidad histórica que rodea la violencia institucional y de agentes del Estado contra las personas LGBTI+. Hay registros policiales previos a la firma de los Acuerdos de Paz que revelan esto, y documentos de memoria que constatan las violaciones a derechos humanos de la policía a esta población.
Además, la intersección entre la identidad indígena de Eldin y la condición de migrante de Milton visibiliza, lo que documenta Human Rights Watch, como una práctica recurrente de detenciones arbitrarias e ilegales, amedrentamiento, extorsiones y criminalización de forma sistemática a poblaciones en movilidad, comunidades indígenas y rurales y personas LGBT+.
¿Por qué la sentencia judicial puede ser histórica?
La organización litigante Cristosal, junto con la Fiscalía y los colectivos que acompañan el caso mantienen expectativas claras sobre el alcance que debe tener el fallo judicial. En primer lugar exigen una sentencia condenatoria firme que imponga las penas de prisión correspondientes a los siete agentes de la Policía Nacional Civil acusados por los delitos de ejecución extrajudicial, tortura y encubrimiento.
Más allá de la sanción penal individual, la principal expectativa de les abogades litigantes es que el Tribunal emita su veredicto incorporando formalmente una perspectiva de derechos humanos.
A pesar de que el Código Penal de Guatemala no contempla los crímenes de odio por orientación sexual, Cristosal presentó trabajo pericial y argumentativo durante el juicio oral para demostrar la existencia de discriminación y odio de género en la ejecución extrajudicial, desaparición y tortura de la que fueron víctimas Eldin y Milton.
La demanda central es que los jueces reconozcan que la orientación sexual de la pareja fue un factor determinante en la tortura y asesinato.
Lograr un fallo que reconozca el odio contra personas LGBT sentaría un precedente histórico en Guatemala. Significaría romper una larga historia de impunidad y se convertiría en “el primer caso donde se sentencie el crimen de odio cometido por fuerzas del Estado” en Guatemala, comenta Jovanna García.
Al dictarse dentro de un Tribunal de Mayor Riesgo, especializado en juzgar delitos cometidos por funcionarios públicos y casos de alto impacto, el fallo puede ayudar a promover futuras reformas legislativas en el Código Penal que permitan tipificar los crímenes de odio en el país y garantizar la no repetición.
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