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Ordenan captura de la lideresa campesina Rosa Acuña por quedarse en su comunidad
Acuña es una de las primeras campesinas imputadas con la nueva Ley Zavala-Riera. Su comunidad perdió toda la producción y sus casas tras 12 años de trabajo.
La dirigenta Rosa Acuña, del asentamiento Cristo Rey de Guayaibi, departamento de San Pedro, es una de las primeras campesinas imputadas con orden de captura con la nueva Ley Zavala-Riera N° 3440/2008, la misma modificó el artículo 142 del Código Penal, criminalizando la lucha por la tierra en Paraguay.
El lunes 21 se realizó una audiencia donde declararon las personas imputadas con la carátula «Invasión de Inmueble». Ahora aguardan la resolución de la justicia paraguaya.
Acuña lleva años luchando junto a las familias en departamento de San Pedro.
A finales de octubre de 2021, la comunidad Cristo Rey perdió toda la producción y sus casas tras 12 años de trabajo en 700 hectáreas de tierras. Las tierras son reconocidas por el mismo Instituto de Desarrollo Rural y la Tierra (INDERT).
El lunes pasado, Acuña y sus compañeros Marcial Gómez, secretario adjunto y Sixto Portillo, dirigente departamental presentaron su declaración ante la jueza. Su defensa está a carto de Daniel Ortega González, defensor público de Santaní, quien solicitó libertad condicional.
Rosa y sus compañeros se encuentran a la espera de la resolución de medidas que impondrá la jueza pero, según informaron a Presentes, ya se inició el proceso de investigación por la acusación de invasión de inmueble. “Esperamos que con la movilización prevista en marzo se derogue a nivel nacional esta que criminaliza la lucha por la tierra en Paraguay”, dijo Acuña.
La dirigenta contó además lo que implica la criminalización para las mujeres que deciden organizarse en el campo: “La mujer tiene un rol muy importante dentro de la sociedad, en el mundo de la lucha la mujer al ser criminalizada es más afectada porque muchas veces tiene menos defensa, deja muchas cosas, debe dejar a sus hijas e hijos e ir; es doble o triple la lucha”.
Criminalización campesina e indígena con la ley Zavala-Riera
La nueva ley de criminalización estipula que una persona encontrada en una ocupación podría ir a la cárcel entre 6 y 10 años, sin posibilidad de medidas alternativas. El 2 de febrero Rosa Acuña, junto a los dirigentes campesinos de la Federación Nacional Campesina (FNC), recibieron la noticia de que la Fiscalía emitía una orden de captura e imputación en contra de ellos. La movilización campesina logró levantar la orden de captura y continuar el caso sin dicha medida, lo que significó un triunfo para la FNC.
“Esta imputación con orden de captura directamente es preparada por la fiscalía y el poder latifundista, porque estos dirigentes principales son quienes están siendo perseguidos. Nosotros entendemos que esta ley de criminalización que se aprobó en el país se usa para imputar directamente” dijo a Presentes Teololina Villalba, secretaria General de la FNC.
Según la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, en estos últimos meses se registraron 12 casos de desalojos contra comunidades indígenas, en al menos 10 fueron violentas y 10 casos de desalojos contra comunidades campesinas: unas 3500 personas fueron despojadas de sus casas. Todos los operativos tienen las mismas características: destrucción y quema de las casas, la producción de alimentos, sus capillas o templos sagrados, robo de pertenencias y/o animales menores.
El fraude de las tierras
El problema de fondo que preocupa tanto a las comunidades campesinas, a los pueblos indígenas y defensoras/es de derechos humanos es que la modificación se hace anteponiendo el derecho a la propiedad por encima de otros derechos, como el de acceso a la vivienda, alimentación, incluso a los derechos de los pueblos indígenas que anteceden al Estado Paraguayo.
Además, en Paraguay existen alrededor de 8 millones de hectáreas de tierras mal habidas, las cuales deberían haber sido destinadas a sujetos de la Reforma Agraria. Sin embargo el dictador Alfredo Stroessner la entregó a sus socios y durante la transición democrática Partido Colorado continuó esas políticas. En total, el periodo entreguista se extendió desde 1954.
Muchas de las tierras ocupadas son tierras que se entregaron por medio del fraude. Con la ley Zavala-Riera, según explican las organizaciones, se pretende discutir sólo la posesión de la tierra y no su origen. La definición de crimen en la lucha por la tierra quiere decir que quienes se autodenominan poseedores, podrán denunciar a quienes están ocupando tierras. Vale mencionar que esto puede pasar con las tierras malhabidas, porque los poseedores no son propietarios.
Ningún derecho es mejor que otro
La Codehupy y otras organizaciones ya alertaban sobre lo peligroso de aprobar la modificación del Art. 142 del Código Penal, sobre todo por la condición de desigualdad que crecería aún más, lejos de la paz en el campo que pregonaba el senador Fidel Zavala, uno de los proyectistas, cuya familia es poseedora de 3 tierras malhabidas, una constatada por la Comisión de Verdad y Justica, y una tercera recientemente a través de la investigación periodística de Roberto Irrazabal del medio Made In Paraguay.
Oscar Ayala, secretario Ejecutivo de Codehupy explicó en el programa “Made In Paraguay”: «Cuando estamos ante la invasión de inmueble ajeno, estamos ante lo que es el dolo, la intención de hacer daño. Una ocupación campesina no está motivada por hacer daño a nadie, viene del estado de pobreza que le niega el Estado y luego le criminaliza. Supone un quiebre de estado de derecho, no puede ser que el Estado le niegue derechos y después le criminaliza, es un conjunto de cosas que son incompatibles con los derechos» .
Señalaba cómo en Paraguay se estaba alterando el orden de las cosas, colocando la propiedad privada en la cúspide y luego los demás derechos humanos básicos. Se privilegia de esta manera al sector dedicado al agronegocio.
Las organizaciones del campo y la ciudad, anuncian acciones y movilizaciones para el mes de marzo en Asunción, tal como lo hicieron el 10 de diciembre pasado con una marcha histórica con 10 mil personas por el microcentro y centro de la capital del país.
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