Por Rosario Marina

Fotos:Legüera/Archivo Presentes

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, 69 personas LGBTIQ+ fueron atacadas, asesinadas, o sufrieron abandono por parte del Estado. Fueron 69 crímenes de odio, uno más que lo registrado el año pasado, pero con un problema adicional: los efectos de la pandemia de Covid-19, especialmente crueles en las mujeres trans. 

“Hay compañeras que han muerto de Covid y están en las morgues de los hospitales porque nadie las retira, algunas no tienen documentación, algunas son migrantes. Nos llaman del Muñiz y otros hospitales de CABA para ver si las conocemos”, denunció Marcela Romero, presidenta de ATTTA. 

Los datos son del informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, creado por la Defensoría LGBT del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación. La información que publican provienen de los medios masivos de comunicación, y de lo recolectado por la Defensoría LGBT a través de denuncias recibidas, de redes sociales y contactos telefónicos. También hay datos que aporta el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC) perteneciente a la RED LACTRANS.

Muertes por ausencia del Estado

Al igual que el año pasado, las más afectadas por los crímenes de odio son las personas trans: el 78% de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros); en segundo lugar con el 16% se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar con el 4% de los casos le siguen las lesbianas; y por último con el 2% los varones trans.

De los 69 crímenes de odio registrados, 32 fueron asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal; y 37 son ataques, violencia física que no terminó en muerte.

Del total de lesiones al derecho a la vida, el 19% de los casos son asesinatos; el 6% suicidios; y el 75% restante son casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal.

Las más afectadas: mujeres trans y travestis

Las travestis y mujeres trans siguen siendo las que se ven más afectadas por los crímenes de odio. En el primer semestre de 2020 hubo 6 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual -3 fueron dirigidos a mujeres trans y 3 a varones gay cis-; 2 suicidios -de mujeres trans-; y 24 muertes por abandono y/o ausencia estatal – todas ellas fueron de mujeres trans-.

“La cantidad de casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal es imprecisa y sin dudas significativamente muchísimo menor al número real, ya que estos no figuran en los medios y solo es posible acceder a ellos a través de la denuncia directa de familiares de las víctimas y mayormente a la información aportada por otras mujeres trans”, indica el informe.

Una de las que sufrió ese abandono por parte del Estado fue Katalina Martínez Yancha, una mujer trans ecuatoriana privada de su libertad en Argentina. A principio de este año se encontraba en la Unidad penitenciaria N°32 de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, cuando comenzó a sentir dolores en el cuerpo. Le siguieron otros síntomas como dificultad para respirar, fiebre y falta de apetito. 

A pesar de que todos estos padecimientos se condecían con el diagnóstico de tuberculosis (TBC) -.enfermedad muy frecuente en los penales bonaerenses- los médicos que la revisaron afirmaron que se trataba de problemas psicológicos, y la mandaron una y otra vez de regreso a su celda. Según el comunicado publicado por Aramis, abogadx y activista y Naomi Lozano, prima de Katalina, “al momento de atenderla no revisaron su capacidad respiratoria y quien la atendió le dijo que no podía recetarle ‘ni un ibuprofeno porque no era doctor’.”

De todas las lesiones al derecho a la vida relevadas en el informe, el 91% fueron dirigidas a mujeres trans. “Estos alarmantes números muestran cómo la violencia hacia la comunidad LGBT está particularmente dirigida: es en las mujeres trans en quienes se manifiesta con especial odio, saña y de manera más brutal la discriminación en su máxima expresión, que termina con sus vidas”, advierten desde el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT.

“La mayoría de las muertes de las personas trans, no sólo los travesticidios o transfemicidios, son crímenes de odio porque son el resultado de un abandono estructural del Estado. No es actual ni coyuntural, sino que tiene que ver con décadas de explotación, exclusión, marginación, violencia y dicriminación hacia las personas trans”, explicó a Presentes María Rachid, Titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo CABA. 

¿Quiénes lxs matan?

En el 51% los crímenes de odio son cometidos por personas; el 49% son llevados a cabo por el Estado y dentro de este porcentaje el 13% es perpetrado específicamente por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal, configurando todos ellos casos de violencia institucional

El informe explica que existe un subregistro muy grande de estos casos de violencia institucional, porque no suelen atreverse a denunciar por miedo a reprimendas, por necesidad de seguir trabajando en la zona de los hechos y hasta en algunos casos por naturalización de las situaciones discriminatorias.

“Hay lugares en que la pandemia lo que hizo también es recrudecer la violencia. La policía salió a cazarnos. Cada vez que ven una mujer trans le piden documento, las violentan, las insultan. Siempre hay mucha amenaza de que te van a hacer un acta”, explicó a Presentes Marcela Romero, presidenta de ATTTA.

Un joven gay de 27 años denunció que el 1 de mayo fue golpeado y agredido por agentes homoodiantes de Infantería y por policías de la comisaría sexta de Río Gallegos (provincia de Santa Cruz). Contó que mientras estuvo alrededor de seis horas detenido, en el contexto de la pandemia, le quebraron un maxilar, le fisuraron las costillas y le dejaron hematomas en todo el cuerpo, burlándose de su orientación sexual. La denuncia está en el juzgado de instrucción número 1 a cargo de la jueza Marcela Quintana.

En los casos en que los agresores no son policías o funcionarios, la mayoría son son vecinos/as o personas conocidas por ellas. Luego, en segundo lugar, quienes atacan son  personas desconocidas por las víctimas y en tercer y cuarto lugar están: la pareja, noviazgo, ex pareja o ex novio/a, y clientes del trabajo sexual. También los/as victimarios/as pueden ser familiares. Sólo en el 17% de los casos totales no se registran datos de la vinculación víctima-victimario/a.

Atacadxs y asesinadxs en cuarentena

Karly Sasha Chinina Palomino, una joven trans de 33 años, fue asesinada en la madrugada del 5 de marzo en Ciudadela, provincia de Buenos Aires. Era oriunda de Perú, vivía en la Ciudad de Buenos Aires y sobrevivía ofreciendo servicios sexuales, como muchas personas del colectivo travesti-trans afectadas por la violencia estructural. 

La Fiscalía número 5 de San Martín intervino en la escena del crimen a partir del llamado del 911. El cuerpo de Karly yacía en avenida Rivadavia y Granaderos, ahí donde la avenida corre paralela a las vías del tren y hay un paso a nivel.

En abril, Ana Lucía Lola Soraire, una trans de 39 años que vive en Merlo (provincia de Buenos Aires), denunció que mientras cumplía la cuarentena por el Covid19 fue víctima de un ataque de odio en su casa, y que intentaron matarla. Según contó a Presentes Karla Benítez, una compañera trans que la acompañó en los últimos días, el 6 de abril un grupo de conocidos atacó a Lola -como la conocen- en la puerta de su vivienda con una masa, cadenas y piedras hasta dejarla inconsciente. Karla denuncia también que hace tiempo a Lola la estaban amenazando por redes sociales. 

Gabriela Alejandra Homann Ayala es una sobreviviente en el sentido más cabal, porque a los 40 superó el promedio de vida para travestis y trans en América Latina (35 años) sino también, hace pocos días, sobrevivió un intento de travesticidio en su propia casa en Grand Bourg (provincia de Buenos Aires). Fue en la madrugada del 13 de abril, cuando un hombre que la había contactado por servicios sexuales en plena cuarentena por Covid-19, la apuñaló varias veces en el cuello, la nuca y las manos. Después atacó a un joven gay que vive en otra habitación en el fondo del terreno y huyó.

El sábado 25 de abril al atardecer, Tamara Denise Morales –una mujer trans de 36 años– fue trasladada en ambulancia desde la casa de Villa de Mayo, donde vive con su familia, a la guardia del hospital Malvinas Argentinas. Se sentía muy mal, e iban a practicarle diversos exámenes, incluido un testeo de coronavirus, contaron sus allegadxs. Estuvo en el hospital entre las 20 y las 3 de la madrugada, cuando –según dio a conocer el hospital–, pidió el alta voluntaria y se fue. Su familia y amigas no supieron más de ella y el domingo pidieron desesperadamente en las redes que si alguien la había visto se comunicara con ellxs. Finalmente la policía la encontró muerta.

En Reconquista – una las ciudades más importantes del norte de Santa Fe- y donde por estos días proliferan las marchas contra la expropiación de Vicentín, asesinaron el sábado 13 de junio a Roberto Monje, de 40 años, activo militante gay de esa localidad. Trabajaba en un comercio céntrico, por eso era conocido por la mayor parte de la ciudadanía reconquistense.

El cuerpo sin vida estaba en el baño de su casa, con decenas de heridas de arma blanca, la mayoría en la zona del cuello. Algunos puntazos en sus manos indican que intentó defenderse. En base a las imágenes que captaron cámaras de seguridad cercanas a ese domicilio, en la calle Ludueña al 1020, el supuesto asesino llegó a la casa de Roberto en bicicleta, el viernes alrededor de las 20, y se retiró del lugar 11 horas después. 

Los efectos de la pandemia: violencia e intentos de desalojo

“Se deja constancia de la gran preocupación de este observatorio por la diversidad sexual en el actual contexto de pandemia, y en particular la especial y delicada situación que están atravesando las personas trans. Miles de mujeres trans en nuestro país se encuentran inmersas en una crisis económica-habitacional, producto de la pandemia. Según la Encuesta Nacional de Alquileres del Mes de Mayo, el 85 % de ellas no pudo pagar el alquiler y el 57 % se quedó sin ingresos económicos”, explica el informe.

Aunque el gobierno nacional haya decidido suspender los desalojos de inquilinos/as por falta de pago, y aunque el decreto presidencial incluye a hoteles y pensiones, la mayoría de las travestis y trans que habitan en esos sitios y que pagan diariamente y sin mediar contrato alguno, quedaron expuestas a extorsiones y amenazas por parte de los/as

propietarios/as que incumplen el decreto. Según el informe, se reportaron cientos de casos donde estos/as las arrojaron a las calles por no poder continuar abonando. Uno de los casos más conocidos fue el del barrio porteño de Balvanera, el dueño del Hotel Saavedra amenazó con desalojar a ocho travestis que vivían allí.

Las cárceles en pandemia

En abril, a pocos días de decretarse la cuarentena obligatoria, en la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica, provincia de Buenos Aires, las trans y travestis privadas de su libertad se dedican a fabricar barbijos para el personal de la penitenciaria a cambio de unas horas de sol en el patio.

Esta es una de las tantas vulnerabilidades a las que la población trans en situación de encierro se ve expuesta ante la crisis del Covid-19. De por sí, y según datos arrojados por un informe realizado por Otrans en 2019, el 82% de las personas travestis y trans entrevistadas no tenía antecedentes previo a su condena. La mayoría de las mujeres trans privadas de su libertad son migrantes (principalmente de Perú y Ecuador), con un porcentaje cada vez mayor sostenido, en gran parte, por detenciones arbitrarias. En este contexto, el 73% de las travestis y trans en cárceles bonaerenses padece algún tipo de enfermedad.

Un mes después, a principios de mayo, en los pabellones LGBTI+ de distintos complejos penitenciarios ya denunciaban la falta de insumos para hacer frente a la pandemia. Un informe del RESET dio cuenta de la discriminación y los riesgos propios que enfrenta esta población.

En el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, Emiliano Santa Cruz (34 años) pasa sus días junto a 21 chicos gays en el Pabellón A, destinado a la población carcelaria LGBTI+. “Durante todo el fin de semana estuvimos sin señal de cable y de teléfono, y se presta a confusión. Creímos que querían desinformarnos sobre lo que está pasando con nuestros compañeros de Devoto”, contó a Presentes.

Ya el 30 de marzo se notaba: la cuarentena por el coronavirus había destapado la olla de la violencia estructural. La primera semana de aislamiento preventivo obligatorio en Argentina dejó en evidencia, entre otras cosas, la emergencia habitacional y las condiciones precarias de vida de la población de personas travesti y trans. La mayoría de ellas se dedica al trabajo sexual y a partir de estas nuevas normativas por la pandemia de coronavirus no han podido generar recursos para la subsistencia. Esto se tradujo en muchos casos en no poder pagar las piezas que alquilaban y ser amenazadas de desalojo o, como ocurrió en Córdoba, ser echadas a la calle con violencia en plena cuarentena por la pandemia. 

“El Covid desnudó no solamente la falta de políticas, sino la carencia y el incumplimiento de los derechos humanos de las personas trans en Argentina”, apuntó Marcela Romero.