1 de abril de 2020

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Por Verónica Stewart

En la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica, en la provincia de Buenos Aires, las trans y travestis privadas de su libertad tienen seis máquinas de coser. En estos días se dedican a fabricar barbijos para el personal de la penitenciaria a cambio de unas horas de sol en el patio.

Esta es una de las tantas vulnerabilidades a las que la población trans en situación de encierro se ve expuesta ante la crisis del Covid-19. De por sí, y según datos arrojados por un informe realizado por Otrans en 2019, el 82% de las personas travestis y trans entrevistadas no tenía antecedentes previo a su condena. La mayoría de las mujeres trans privadas de su libertad son migrantes (principalmente de Perú y Ecuador), con un porcentaje cada vez mayor sostenido, en gran parte, por detenciones arbitrarias. En este contexto, el 73% de las travestis y trans en cárceles bonaerenses padece algún tipo de enfermedad.

El informe internacional “Mujeres trans privadas de libertad: la invisibilidad tras los muros” publicado esta semana da cuenta de estas desigualdades, y asegura “que las mujeres trans están sobrerrepresentadas en las prisiones comparadas con otros grupos y son mucho más propensas a sufrir abusos y violencia tras las rejas que otras poblaciones”. Esas vulnerabilidades incluyen dificultades relacionadas con el alojamiento, el trato acorde a su identificación, las requisas, la privacidad y el acceso a servicios médicos. El informe también da cuenta de las desigualdades que sufre la población trans previo al encierro, particularmente en materia de acceso a la salud, a la educación y al empleo.

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“Desde antes de esta pandemia, nosotras venimos denunciando la falta de acceso a la salud y a la alimentación, y cómo se complejiza con gente con enfermedades crónicas,” explicó Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans, a Presentes. “El miedo de ellas es qué pasaba con los alimentos con la visita restringida. Ahí lo que hicieron fue generar un mecanismo de cuidado: no recibimos visitas, priorizamos la salud.” Sin embargo, continúa Vásquez Haro, tanto la comida como el acceso a la salud siguen siendo un problema, que se ve agravado por la imposibilidad de las visitas que suelen contrarrestarlos. “Nosotras desde OTRANS Argentina estamos llevando comida a las compañeras, comida que tenemos de antes,” agregó Vásquez Haro. Además, lanzaron una campaña solidaria para la donación de alimentos para las trans y travestis privadas de su libertad.

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Por su parte, César Bisutti, integrante del programa “Género, sociedad y universidad” de la Universidad Nacional del Litoral y trabajador del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, hace hincapié en la complejidad de cumplir con las indicaciones de salubridad durante el período de cuarentena viviendo en una penitenciaria de la provincia de Buenos Aires, donde el hacinamiento es un problema hace años. “En una celda pensada para 2 personas donde hay 16 y para dormir hay que hacer tetris, imaginate pensar distancias,” dijo Bisutti a Presentes. “El aislamiento social es una utopía, y la posibilidad de discutir sobre salud integral en estos espacios es un oxímoron, una contradicción en sí misma.”

Uso de celulares

Otra de las medidas tomadas por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires dado el contexto actual fue permitir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos, como laptops y tablets, dentro de los penales. Los objetivos son que las personas privadas de su libertad puedan mantenerse en contacto con sus familiares y que los dispositivos puedan aportar a su desarrollo cultural y educativo. El alcance de la habilitación incluye el WhatsApp, pero prohíbe el uso de redes sociales.

Según el protocolo de uso, esta medida “regirá mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio (DNU 297/20) o cualquier otra restricción a la libre circulación de las personas con motivo de la pandemia Covid-19. Los resultados de la puesta en práctica de este Protocolo permitirán evaluar la extensión de su vigencia, así como la modificación y/o ampliación de su contenido.”

A pesar de que esta medida sea muy reciente, Bisutti explicó que los celulares ya circulaban por los penales. Sin embargo, al hacerlo por fuera de una regularización formal, esto traía consigo situaciones complejas. Por nombrar algunas, Bisutti se refirió a la dificultad para acceder, la arbitrariedad en el manejo del aparato y la circulación comercial del mismo, además de las sanciones que se les imponían a quienes les encontraban los teléfonos, que en general se traducía en agravamientos también arbitrarios de la pena. En el caso de los penales con población carcelaria femenina, esta problemática es particularmente importante, ya que “la excusa de que escondían celulares en sus vaginas, por ejemplo, habilitaba el uso abusivo de requisas”, explicó Bisutti. Uno de los casos más graves fue el de la Distrital Noroeste 3º de La Tablada en La Matanza, donde una médica utilizó esta excusa para hacer requisas vaginales y anales mientras los policías miraban. Por eso, Bisutti hizo énfasis en que esta medida se extienda más allá del Covid-19, ya que permitiría menos arbitrariedad. Agregó, además, que “las mujeres cisgénero alojadas en el penal son en su mayoría jefas de hogar, son madres. Algunas de ellas conviven con sus hijos en el encierro y la mayoría realiza las tareas de cuidado a la distancia y en la medida de lo posible. En este sentido el poder acceder a herramientas de comunicación como un celular resulta una prioridad.”

Lo que deja en evidencia el virus

Bisutti explica que esta situación nos permite “recuperar cómo es el encierro de mujeres y de compañeras travestis y trans, y cómo el aislamiento y la precariedad pueden repercutir en eso.” Las condiciones en las que se encuentran no solo son precarias en términos de salud y alimentación, sino que el trato que reciben también se ve fuertemente atravesado por la discriminación por su identidad de género. Tanto es así que en mayo de 2019, la Comisión  Provincial por la Memoria (CPM) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una cautelar denunciando las pésimas condiciones sanitarias a las que era expuesto el colectivo trans en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. El ejemplo más claro de las consecuencias de este maltrato es el de Mónica Mego, quien quedó parapléjica luego de que se le negara acceso a la salud durante seis meses.

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“El Covid-19 vino a interpelar toda la estructura sanitaria y a dar cuenta de la importancia del rol del Estado gestando y coordinando la política pública en materia de asistencia, prevención y abordaje de la pandemia,” explicó Bisutti a Presentes.

Reclamos a provincia de Buenos Aires

Vásquez Haro, por su parte, expresó una preocupación similar por la necesidad de un Estado presente no solo dentro del sistema penitenciario, sino también por fuera. “El 95% de las travestis y trans en La Plata se encuentran en situación de prostitución, y si no pueden salir a la calle, no comen,” comentó. “El Estado tiene que aparecer.” El aumento en el encarcelamiento de mujeres trans y travestis se debe, en palabras de Bisutti, debido a “procesos como la criminalización del trabajo sexual y de la economía informal, la falta de perspectiva de género en las decisiones judiciales y la feminización de la pobreza.” Así, situaciones críticas como la pandemia que hoy afecta al mundo entero no hacen más que poner en evidencia las carencias y violencias que diariamente ejerce el servicio penitenciario sobre su población más vulnerable.

Por ahora, un comunicado publicado el 25 de marzo por la Procuración Penitenciaria de la Nación aseguró que se establecieron guardias domiciliarias con el fin de atender a “pedidos de arrestos domiciliarios y libertades, con prioridad a las personas que se encuentren en los grupos de riesgo. Ello a los fines de garantizar el cuidado de la salud, promoviendo además la descongestión de los espacios carcelarios y el seguimiento de aquellos casos más urgentes.” Allí se listan números de contacto para realizar dichas demandas.

Campaña solidaria

En vistas del cuidado no solo a las compañeras en la población carcelaria sino también a la sociedad en su conjunto, desde Otrans lanzaron una campaña solidaria titulada “Nos cuidamos entre todes”, en las que piden donaciones de alimentos no perecederos, para compensar por aquellos que suelen recibir de sus visitas, y tela de tipo friselina hidrófuga o quirúrgica, para que puedan confeccionar barbijos para ellas y para sus compañeras. Como explicó Vázquez Haro a Presentes, se trata de “poner en valor nuestras redes de contención y políticas del cuidado”. Todxs aquellxs interesadxs en donar, pueden comunicarse con contactootrans@gmail.com

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