10 de abril de 2018

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el informe.

Aumento de la violencia

“En términos generales aumentaron las situaciones de violencia contra la comunidad LGBT”, afirma la titular del Instituto Contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y secretaria general de la FALGBT, María Rachid. Y explica que la reivindicación desde el Estado y los medios de valores que tienen que ver con la intolerancia, la discriminación y el aumento de la violencia institucional es una de las causas: “Esos mensajes abonan la violencia y se traducen en hechos que vivimos todos los días, como el del chico discriminado en el colectivo”.

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Para Rachid, también hay un mayor índice de denuncias en los últimos años, sobre a partir de las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género. “Eso hizo que la gente sintiera que podía acudir a determinados espacios a denunciar situaciones de discriminación», Sin embargo, advierte: «El riesgo es que si las instituciones no responden a las denuncias, puede haber un retroceso en el futuro y generar el efecto contrario: la falta de respuesta llega porque los organismos han sufrido recorte de sus presupuestos. Es el caso del INADI, que no se actualizó en los últimos dos años”.

 
«Pensar que hoy, después de tanta lucha que venimos dando desde la comunidad LGBT, hay personas que siguen violentando, hostigando y castigando a otras por el solo hecho de tener una orientación sexual o una identidad de género que difieren de la norma es realmente un horror, da mucha bronca y mucho dolor», remarca la coordinadora del Observatorio, Vanesa Calderón. La funcionaria explica que todos los casos relevados han sido cometidos con conocimiento previo por parte del agresor de la orientación sexual o identidad de género de la víctima; han implicado el ejercicio de violencia con la intención de lesionar derechos, causar daño físico o psíquico y/o castigar; y la motivación ha sido el rechazo, el desprecio, el odio.

Personas trans, las más vulnerables 

Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de crímenes de odio y registradas en el informe, el porcentaje más alto corresponde a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros) con el 58% de los casos, en segundo lugar con el 30% se encuentran los varones gays cis, con el 9 % de los casos le siguen las lesbianas y en cuarto lugar con el 3% los varones trans.
«Las fuerzas de seguridad argentinas y los servicios penitenciarios manifiestan particular saña y odio contra la comunidad de mujeres trans. Ello se manifiesta en el desconocimiento sus la identidades autopercibidas -burlas, insultos, descalificaciones-, en detenciones arbitrarias con armado de causas judiciales, en la criminalización del trabajo sexual, en la exigencia de coimas o de servicios sexuales gratuitos, en persecuciones, hostigamientos, tratos vejatorios e inhumanos, violaciones y tortura, tanto en la vía pública, como en comisarías y penales», señala el informe. Marcela Romero, presidenta de la Federación Argentina LGBT, y referente de ATTTA Red Nacional, agrega: «Hay una deuda del Estado con la población trans, luego de décadas de persecución y de silencio. El Observatorio visibiliza lo que ya nos pasa de manera cotidiana: nos discriminan, nos violentan, nos asesinan».

 

Las historias detrás de los números

Pamela Tabares era una chica trans rosarina de 35 años. La madrugada del miércoles 26 de julio de 2017 fue asesinada de al menos seis disparos. Estaba en situación de prostitución y esa noche había salido para la zona roja. Su cuerpo fue encontrado en el camino rural de la localidad de Pérez. En enero y el día anterior a su asesinato, Pamela se había acercado a la Comisaría de la Mujer para radicar una denuncia, pero no quedó registrada.
Ayelén Goméz tenía 31 años. Su cuerpo fue encontrado el 12 de agosto de 2017 bajo las tribunas del Lawn Tennis de Tucumán, con golpes y signos de asfixia. Había vuelto a su provincia para reencontrarse con su mamá, con quien vivía, después de pasar varios años en Buenos Aires.
Azul Montoro tenía 23 años y fue asesinada a puñaladas en una pensión de la ciudad de Córdoba el 18 de octubre de 2017. Era trabajadora sexual y estaba cuidándole el cuarto a una amiga.
Pamela Macedo Panduro, Angie Velázquez Ramírez, Brandy Bardales Sangama y Damaris Becerra Jurado murieron en 2017 por las condiciones de detención en las que se encontraban, por no recibir la alimentación correspondiente a su estado de salud, ni la atención médica acorde a las enfermedades crónicas que padecían. Todas ellas mujeres trans migrantes, privadas de libertad.
Estos fueron algunos de los casos resonantes de una serie de travesticidios cometidos con especial saña el año pasado y muertes por abandono estatal.

Recomendaciones al Estado Argentino

«La situación actual de precarización de las vidas de lesbianas, gays, bisexuales y trans, un panorama de múltiples exclusiones y vulneraciones de derechos que esta población vive cotidianamente, pone en evidencia la necesidad de políticas públicas eficaces y acordes a la urgencia, que demuestren el compromiso del Estado argentino con esta población históricamente vulnerada y que permita pasar de la inclusión legal a la inclusión social real», señala la última parte del informe.
Allí se enumeran 19 demandas al Estado para que se sancionen y actualicen leyes que no sólo podrían frenar y revertir estos índices de violencia sino que además darían verdaderas oportunidades de una vida plena de derechos y en igualdad a las personas LGBTI: entre ellas, la reforma integral de la ley nacional de actos discriminatorios; la sanción definitiva de una ley integral para personas trans que contemple el acceso a todos los derechos; la sanción de una ley nacional de cupo laboral para personas trans en el ámbito público e incentivos impositivos en el ámbito privado para promover la inclusión laboral; la sanción de una ley que garantice el carácter laico de la educación pública y de una ley de trabajo sexual autónomo para la inclusión de las trabajadoras sexuales en el sistema laboral, garantizando sus derechos como trabajadoras y protegiéndolas de abusos y discriminación.
Rachid concluye que lo más urgente es «que el proyecto de Ley Antidiscriminatoria Nacional, que se volvió a presentar en el Congreso, sea una verdadera oportunidad para garantizar acceso a la Justicia en los casos de crímenes de odio contra las personas LGBTI». Y explica: «Nos permitirá también acentuar los procesos de sensibilización pública, orientados a la prevención de los crímenes de odio en contra de las personas de la diversidad sexual y de la promoción de una cultura de respeto y de igualdad de oportunidades”.
En el mismo sentido, Marcela Romero concluye: «El trabajo sostenido con políticas públicas relacionadas a la diversidad sexual en todo el territorio nacional es un camino que construimos desde la militancia de las organizaciones de la diversidad y de la sociedad civil, aunque entendemos que falta todavía mucho para alcanzar esa igualdad real que todxs queremos. Seguimos trabajando por la plena igualdad de oportunidades y contra toda forma de violencia».
Descargar el informe completo aquí
Fuente: Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT ]]>