en Argentina está recrudeciendo la violencia institucional hacia las personas trans. Los logros que se alcanzaron están sufriendo un grave retroceso en la región y la violencia y la exclusión no nos permite acceder a la igualdad”, denunció la representante de ATTTA. Se basó en un registro del Centro de Documentación para Personas Trans de América Latina (CEDOSTAL) que registra un 58% de violaciones a los derechos humanos, lesiones físicas y psicológicas en los cuerpos de las personas trans, el 18% fueron crímenes de odio y abusos sexuales y de violencia de género durante 2016 y 2017. Fue en el marco del 167 período de sesiones de la CIDH que se realizaron del 26 de febrero al 2 de marzo, en la ciudad de Bogotá (Colombia). “El objetivo de esta audiencia es escuchar la presentación del informe de ATTTA para poner en el debate de los derechos humanos los datos y la información que necesitamos para poder realizar todas las acciones y diligencias dirigidas a alcanzar esta protección”, dijo la presidenta Esmeralda de Troitiño al abrir la audiencia.

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“Se volvió cotidiano que la policía te maltrate, te persiga y te encarcele”

“En Argentina más de 5000 mujeres trans son detenidas, abusadas y son parte de la caja chica de la policía de Argentina”, denunció la activista y enumeró algunas de las violencias que cada día reciben las mujeres trans por parte del Estado: “Cuando vamos a un banco, cuando queremos insertarnos en el circuito laboral o educativo, cuando vamos a hacer una denuncia. Tenemos un Estado ausente y no capacitado para atender a mujeres trans y eso se volvió cotidiano en nuestra población, que la policía te maltrate, te persiga y te encarcele”, dijo. Y agregó: “El final de esa persecución de esa violencia institucional termina en crímenes de odio y muertes de las personas trans.

El travesticidio de Ayelén Gómez

En la presentación, Romero destacó que entre enero y febrero de este año fueron asesinadas 18 mujeres trans “con violencia y saña”, dijo. Y señaló que esa noticia no estuvo en ningún noticiero. «Las muertes de las mujeres trans son invisibilizadas”, dijo. Y se refirió al travesticidio de Ayelén Gómez en Tucumán. “Ella había denunciado a la policía en CABA, volvió a Tucumán por la persecución policial y fue asesinada brutalmente. La encontraron violada y ultrajada en un club de golf. En Argentina la vida de una mujer trans no vale para nada. No entra en ningún informe del Estado para solucionar estos crímenes de odio”, señaló Romero en su exposición.

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La urgencia del cupo laboral trans

Romero también se refirió a la ley de cupo laboral trans que se aprobó en octubre de 2015 en la provincia de Buenos Aires. “Tenemos una gobernadora que no la reglamenta desde hace más de dos años, pero tenemos un Estado argentino que en menos de 24 horas firma un protocolo para detenernos”, dijo. Y agregó: “El cupo laboral es inclusión. Hay municipios donde viven tres mujeres trans y el cupo es para el 2%, es decir que faltarían personas trans para ingresar a trabajar. Es urgente que el cupo laboral trans se firme, se ponga en acción para que las personas trans no sigamos en la explotación sexual y la prostitución”, dijo. La activista contó que el 99% de las mujeres trans “ejercemos el trabajo sexual y la prostitución porque no tenemos otra oportunidad. Es nuestra única forma de subsistencia”. La activista relató que la mayoría de las personas trans deben emigrar a Buenos Aires por la persecución policial en sus ciudades de origen. Sobre ese punto señaló las provincias con mayor nivel de violencia hacia personas trans: Salta, Jujuy, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. “En esas provincias todos los días una mujer trans es víctima de la violencia institucional, desde ser detenida o sufrir un abuso policial hasta tener que tener sexo con la policía a cambio de la libertad”. También se refirió al Poder judicial. “No tenemos un Poder Judicial que atienda a la comunidad trans sin estigmatización y discriminación. Yo les pido a los jueces que salgan del clóset”, dijo. https://www.youtube.com/watch?v=K074PLcJb38&feature=youtu.be

La salud de la población trans

La activista pidió al Estado argentino la modificación de la ley de VIH y de la ley antidiscriminación, y que se incremente el presupuesto para la diversidad sexual: “Las organizaciones LGBTIQ+ queremos ser parte de ese presupuesto y pedimos que no salga de áreas específicas, sino de la Nación y sea específico para para la población trans”, dijo. Romero denunció que en Argentina hay un Ministerio de Desarrollo Social que no funciona, la Superintendencia de Salud no responde las demandas de la población trans y es necesario un presupuesto para capacitar médicos. “Hay más de 600 personas en espera en los listados y operan a 5 personas por año, pero si yo tengo el dinero el médico me opera y es el mismo médico del Estado necesitamos. Es necesario romper con esa corrupción”, dijo. Y también exigió aborto seguro legal y gratuito para hombres trans. “Ni una trans menos, vivas y libres nos queremos. Las activistas trans estamos en peligro, no queremos ser las próximas presas políticas por defender una democracia igualitaria. Le pedimos al gobierno argentino que nos excluya de la democracia. Nosotras también formamos parte de ella”, dijo Romero en el final de su presentación.

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Las respuestas del gobierno argentino

Diego Borisonik, director nacional de políticas integrales de diversidad sexual, tomó la palabra para responder las denuncias de Romero. “En Argentina no puede hablarse de retroceso fácilmente, se ha buscado la inclusión a partir de Proyectos, Programas, Registros y Planes Nacionales”, dijo el funcionario. Destacó el compromiso de Argentina para seguir desarrollando prácticas y políticas públicas en Diversidad Sexual. En ese sentido se refirió a la creación de la Dirección de Políticas Integrales de la Diversidad Sexual y de la mesa federal permanente de la diversidad sexual en la que participan las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Buenos Aires. Sobre los crímenes de odio, el funcionario dijo que en 2016 se creó un registro de feminicidios trans y que “el Estado está trabajando para generar un cambio cultural en estereotipos que afectan a la población trans”. Y dio como ejemplo el Archivo Nacional de la Memoria de la Diversidad Sexual. La comisionada Flavia Piovesan dijo que “Esperando la muerte” coincide con el informe (2015) de la relatoría sobre la violencia sufrida por personas LGBTI, “Hay una violencia agravada que demanda respuesta en el marco legislativo”, dijo. Argentina sin lugar en el mapa de los derechos humanos En diálogo con Presentes, Marcela Romero dijo que el objetivo de la audiencia fue que la CIDH sepa que hay un retroceso en nuestro país. “No es el modelo que teníamos hace dos años. Si no hay presupuesto para la diversidad sexual, todo termina en reuniones”. Y contó que el Gobierno argentino podría recibir una sanción por la situación de los derechos de las personas trans. Hay que visibilizar que Argentina ya no figura en el mapa de países que respetan los derechos humanos”, dijo.        ]]>