Travesticidios y violencia institucional: retrocesos que denuncian colectivos LGBTIQ

El colectivo LGBTIQ llegó a la XXVI Marcha del Orgullo con una serie de consignas específicas para este año pero también con los reclamos históricos que le hace al Estado. Lo que sigue es una radiografía posible de los avances, deudas y luchas en materia de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer en la Argentina de 2017.

21 de noviembre de 2017

Por Ana Fornaro y María Eugenia Ludueña/Presentes en Tiempo Argentino El colectivo LGBTIQ llegó a la XXVI Marcha del Orgullo con una serie de consignas específicas para este año pero también con los reclamos históricos que le hace al Estado. Lo que sigue es una radiografía posible de los avances, deudas y luchas en materia de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer en la Argentina de 2017.

#BastaDeTravesticidios

Durante 2016 hubo al menos 16 travesticidios. Azul Montoro, de 23 años, en Córdoba; Ayelén Gómez (31), en Tucumán; y Pamela Tabares (35), en Rosario, fueron algunas de las travestis y trans asesinadas durante 2017. Como no existen cifras oficiales, es difícil dar con el número de los crímenes de odio. A su vez, el travesticidio o transfemicidio es el último eslabón del “travesticidio social”, una cadena de violencias que empieza con la exclusión familiar y que perpetúa el Estado. Este año, sólo en una semana murieron seis trans por falta de acceso a la salud. Y las muertes y ataques continúan, silenciadas e invisibilizadas. Desde el colectivo travesti-trans denuncian que sus cuerpos no importan: “No estamos incluidas en la agenda emocional del país”.

Repudio al protocolo detención a LGBT

El 30 de octubre, el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó el “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBT”, que utilizarán las fuerzas policiales y de seguridad federales. “Este protocolo se sanciona en un contexto de aumento de la violencia institucional y persecución gubernamental contra el colectivo LGTBIQ”, dice la abogada y activista lesbiana Luciana Sánchez, integrante de la organización COPADI (Colectivo para la Diversidad). LEER MAS: Organizaciones repudian el protocolo de detención a personas LGBT Violencia institucional: persecución a trans y lesbianas 2017 fue un año especialmente duro de persecución y violencia para las lesbianas en las calles. El caso más resonante fue el de Higui de Jesús, atacada por un grupo de varones que intentó violarla en octubre de 2016, aunque quien terminó procesada y presa fue ella. En defensa propia hirió de muerte a uno de sus atacantes y no tuvo acceso a la Justicia, que la discriminó por lesbiana y pobre. A lo largo del año, la policía hizo varias razzias y detenciones arbitrarias antes y después de la marcha del Paro de Mujeres. También hostigó a una pareja de chicas en una plaza de Morón y detuvo y violentó a Mariana Gómez en una estación de subte cuando se encontraba con su esposa Rocío Girat. Seis activistas lesbianas fueron procesadas, acusadas de pintar paredes el 7 de marzo, en el Día de la Visibilidad Lésbica.
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Las travestis y trans siguen siendo acosadas por las fuerzas de seguridad, víctimas de causas armadas por la policía  y maltratadas en las cárceles. Desde la organización OTRANS este año denunciaron la falta de acceso de salud en la cárcel bonaerense de Florencia Varela, que terminó con la vida de dos activistas en dos meses.
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Un año más sin ley anti-discriminatoria

El Congreso sigue sin tratar una nueva ley de prevención y penalización de la discriminación que actualice la norma vigente de 1988.

#Reconocer es reparar

El 16 de noviembre se presentó en el Senado el proyecto de ley de reparación a travestis y trans que hubieran sufrido violencia institucional a causa de su identidad de género. “Reconocer es reparar” tiene como objetivo convertir en ley el proyecto 8194: resarcir con una pensión graciable a aquellas personas travestis y trans mayores de 40 años que fueron violentadas, tanto por aplicación de los edictos policiales como cualquier otro acto vejatorio de las fuerzas de seguridad.

Cupo laboral trans

La ley de cupo laboral trans “Diana Sacayán”, impulsada por la activista travesti asesinada y sancionada en 2015 sigue sin reglamentarse en provincia de Buenos Aires por falta de voluntad política. No obstante, tanto en esa provincia como en el resto del país, algunos Municipios lo implementaron mediante resoluciones u ordenanzas. En 2017 se sumaron a esta medida: Rosario, Río Grande, la Universidad de Mar del Plata, Santa Rosa (La Pampa) y Luján de Cuyo (Mendoza).

Justicia por el travesticidio de Diana Sacayán

A la activista travesti y defensora de los derechos humanos Diana Sacayán la encontraron asesinada el 13 de octubre de 2015, en el departamento de Flores, donde vivía. La causa tuvo que ser reactivada a impulso de militancia por la Comisión “Justicia por Diana Sacayán Basta de travesticidios”, encabezada por su hermano, Sasha Sacayán, activista de M.A.L (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación ). Hay un imputado en prisión preventiva y algunos sospechosos. El Ministerio Público Fiscal -Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro 4 y Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM)-  pidió que Gabriel David Marino, de 23 años, sea llevado a juicio oral y público por travesticidio, y que se profundice, mientras tanto, la investigación sobre otros sospechosos.
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Pero el juicio oral aun no tiene fecha de inicio, fue postergado y se espera empiece para febrero de 2018. Si el tribunal sigue dilatando la fecha de inicio, el detenido podría esperar el proceso en libertad. “Queremos saber quiénes y por qué mataron a Diana. Si no impulsamos su causa, empeora la situación de todxs. Hacer justicia por ella es seguir luchando para que la vida de las compañeras se modifique y pedir a la sociedad un cambio. Creo que si le hubiera pasado a algunx de nosotrxs, hubiera hecho lo mismo”, dijo Sasha a Presentes.

#EducaciónSexualIntegral

Las organizaciones de la diversidad sexual exigen la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en todo el país y en todos los niveles educativos. Pero por encima de todo, la separación de Iglesia y Estado. El arzobispo de La Plata Monseñor Aguer prohibió en septiembre a los colegios católicos de esa ciudad hacer referencia a la “teoría de género y a los textos que la sostienen” porque le “compete velar por los niños”. ¨Sus directivas para las escuelas católicas de La Plata atentan contra la Ley de Educación Sexual Integral y el derecho a la educación¨¨ dijo a Presentes Greta Pena, presidenta de 100%Diversidad y Derechos. Este año, la discusión sobre la constitucionalidad de la Ley de Educación Nº 7546 de la provincia de Salta -que declara obligatoria la religión católica en las escuelas públicas- llegó a la Corte Suprema de Justicia después de siete de litigio.
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Las organizaciones participaron en las audiencias de la Corte y expresaron la vulneración del derecho a la identidad y el peligro para distintos colectivos, entre ellos el LGBTI, de la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas, a la que suscriben Salta, Catamarca y Tucumán. También criticaron el proyecto de Libertad Religiosa impulsado este año por el Poder Ejecutivo. ¨Lejos de tratarse de un proyecto de ley sobre el “Derecho a la libertad religiosa y de conciencia de las personas humanas”, como enuncia el título de su artículo 1°, lo cual sería un fin loable y que contaría con nuestro apoyo, muchas de sus disposiciones habilitan la vulneración de la libertad y dignidad de otras personas y colectivos, terceros, llegando el proyecto a legitimar actos discriminatorios contra, entre otros, el amplio colectivo de personas que representamos¨, expresaron en un comunicado una veintena de organizaciones, entre ellas, la CHA (Comunidad Homosexual Argentina), Conurbanos por la Diversidad,  Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL),  Lesbianas y Feministas por la descriminalización del aborto, y varias más.

Acceso a la salud

A las lesbianas les hablan, siempre, como si fueran heteros. A las personas intersex se las patologiza, a las trans no se les respeta la identidad de género, a los gays se los asocia con el VIH y la lista sigue. Si bien en Argentina ha habido avances, gracias a los consultorios inclusivos, el sistema salud no acompaña como debería la legislación vigente y la población LGBT se enfrenta a diario – cuando accede a la salud- a los prejuicios de lxs medicxs y a la violación de sus derechos. Las organizaciones exigen el cumplimiento efectivo de la Ley de Identidad de Género, también en salud, incluyendo además a las infancias y adolescencias trans. Desde 2016 denuncian el recorte de políticas de salud pública a consultorios inclusivos. Y exigen una nueva ley de VIH, hepatitis virales e ITS: hace dos semanas el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH exigió el inmediato tratamiento de este proyecto de ley de VIH. Si al terminar las sesiones ordinarias de este año no es tratado en las comisiones que falta, perderá estado parlamentario. Significaría comenzar de cero todo el procedimiento. La consigna es #NuevaLeydeVIHyHepatitis #NoHayMásTiempo.

Más denuncias por ataques a personas LGBT

Este año, en la Ciudad de Buenos Aires hubo diversos ataques a personas LGBT. Presentes consultó a la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires sobre la cantidad de denuncias y vulneraciones a personas LGBTI en los últimos años. Según el registro de la Defensoría (que depende de la Defensoría del Pueblo) en 2015 se reportaron 28 casos por ataques y discriminación, y 43 por afectación de derechos a personas gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales e intersex. Mientras que en 2016 se contabilizaron 58 agresiones y 72 casos por afectación de derechos. Es decir, que las denuncias de agresiones motivadas por orientación sexual e identidad de género aumentaron a más del doble en el último año según el registro de la Defensoría LGBT porteña. LEER ESTA NOTA EN TIEMPO ARGENTINO]]>

21 de noviembre de 2017

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