En los últimos días, su salud se agravó y lleva días con fiebre. La trasladaron para que la revisen los médicos de la Unidad N° 22 donde le dijeron que tenía que ser atendida “en un hospital extramuros, pero no se hizo ninguna gestión para conseguir un turno en un hospital donde puedan atender su salud con mayor complejidad”, puntualiza la presentación. Claudia Vázquez Haro, presidenta de OTRANS, dijo a Presentes que desde hace tres meses Jazmín pide al servicio penitenciario que la atiendan en un hospital especializado, pero “el Estado hace caso omiso”. Y agregó: “Cada día que pasa su vida se deteriora en situación de encierro. Nos preocupa porque la falta de atención de la salud ha sido la causa de muerte de tres compañeras”.

“No es un caso aislado”

Fabián Bernal, subdirector del Programa de Inspecciones a Lugares de Detención de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), dijo a Presentes que acompañarán el pedido de OTRANS Argentina en la Justicia. “Es una denuncia grave, pero además no es un hecho aislado: en ese penal hay una política de desatención sanitaria para todos los detenidos que se agrava en los casos de las personas trans”, remarcó. Desde la CPM piden que el Ministerio de Salud asuma la atención de las personas privadas de libertad. “Entendemos que el funcionamiento de la salud dentro de los contextos de encierro lo único que genera es la desatención permanente y la falta de acceso al derecho de la salud”

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“Esto es un plan sistemático de limpieza social”

En 2017 murieron tres mujeres trans en contexto de encierro en ese mismo penal: Pamela Macedo Panduro (29 años), Angie Velázquez Ramírez (36 años) y Demaris Becerra (40 años). Todas ellas eran migrantes peruanas y militantes de OTRANS. La organización viene denunciando que se trata de detenciones arbitrarias y causas armadas, a las que le siguen tratos degradantes, falta de acceso a la salud y, finalmente, la muerte.

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“Desde hace dos años venimos denunciando este plan sistemático de limpieza social donde las compañeras son detenidas por causas armadas por estupefacientes, que en la mayoría de los casos son para consumo personal. Las encierran con calificaciones infladas como si fueran narcotraficantes y después la Justicia desoye todos los pedidos para respetar los derechos de las personas detenidas con prisión preventiva. Por eso, se producen las muertes. La combinación de encarcelamiento preventivo con inflación penal y oídos sordos a los reclamos que se hacen por las condiciones de detención es un combo mortal”, dijo a Presentes la abogada Luciana Sánchez, del área jurídica Litigio Imposible del Colectivo para la Diversidad (COPADI),  que brinda patrocinio legal a OTRANS.

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Desde OTRANS Argentina se viene pidiendo la morigeración de las prisiones preventivas de las mujeres trans detenidas en el penal de Florencio Varela porque consideran que el lugar no tiene las condiciones necesarias para garantizar derechos de las travestis y trans detenidas.

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La abogada dijo que la Justicia de La Plata y el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires están en conocimiento de lo que padecen las mujeres trans privadas de libertad. “Por eso a más de dos años de empezar a hacer estas denuncias podemos hablar concretamente de un plan sistemático con connivencia estatal. Cuando un funcionario público puede prever el resultado letal de sus políticas y no hace nada para evitarlo, estamos hablando de crímenes y no de accidentes”, dijo.]]>