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Transfeminicidio en México: sentencia histórica y olvido legislativo en Nuevo León
En Nuevo León, reconocieron como feminicidio el crimen contra dos mujeres trans. Activismos exigen una reforma legislativa para que la violencia transfeminicida sea reconocida en el código penal del estado.
CIUDAD DE MÉXICO, México. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de su Fiscalía Especializada en Feminicidios, dictó una sentencia histórica. Por primera vez reconoció como feminicidio el crimen contra dos mujeres trans. La condena es de 96 años y 5 meses de prisión a Julio César ‘N’ por el delito de feminicidio en los municipios de Guadalupe y Monterrey. Los crímenes ocurrieron en 2024 y la identidad de las víctimas es reservada.
En el juicio oral, el juez emitió su fallo acreditando razones de género en los hechos para sustentar el delito de feminicidio, incluídas las identidades de las víctimas. Así lo informó la fiscalía en un comunicado. Para alcanzar esta sentencia histórica la Fiscalía de Feminicidios demostró agravantes como la saña, la exposición de los cuerpos y huellas de violencia sexual.
🔺SENTENCIA CONDENATORIA DE 96 AÑOS DE PRISIÓN POR FEMINICIDIO🔺
— Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) September 22, 2026
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y delitos cometidos contra las mujeres, en la Primera Sentencia Condenatoria dictada en Nuevo Leon para… pic.twitter.com/tXi0m1j8Df
Un fallo histórico con la redacción de las activistas trans
La argumentación de esta sentencia devino de la movilización social y el trabajo de activistas trans. Desde hace dos años exigen una reforma al código penal para que la violencia transfeminicida sea reconocida en el capítulo del delito de feminicidio.
“La sentencia es un documento que nosotras redactamos en una mesa de trabajo. Creo que está bien que lo hayan hecho, pero no es lo que nosotras estamos pidiendo ni lo que nosotras estamos esperando que se logre. La sentencia sí, pero que sea por ley, no por buena voluntad de la fiscalía», explica Ana Eugenia Rodríguez, activista trans de Monterrey. Rodríguez sostiene que esta sentencia no frena la exigencia de fondo.
“Qué bueno que lo hicieron. Qué bueno por las familias de las personas involucradas, pero no es suficiente. Va a ser suficiente cuando se apruebe en el Congreso de Nuevo León esta reforma que estamos solicitando», agrega.
Prevenir y generar políticas públicas
Más allá de esta sentencia, la iniciativa de reforma al Código Penal de Nuevo León fue presentada en 2024. Es decir, cumple dos años congelada en la Comisión de Justicia del Congreso estatal. Lo que exigen en Nuevo León es que en el capítulo del delito de feminicidio se nombren las realidades contextuales y de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres trans. Y que se establezcan agravantes específicas para quien atente contra sus vidas.
Para las activistas trans, la tipificación no es un afán únicamente punitivo, sino la única vía legal para obligar al Estado a construir mecanismos de prevención, presupuesto y estadísticas oficiales, inexistentes hasta ahora a nivel estatal y federal.
“Lo que no se nombra no existe y justo es ahí donde empieza la lucha. No hay carpetas de investigación de los asesinatos de mujeres trans. Para dejar de exigir justicia y para que bajen los índices de violencia en contra de nuestras vidas, debe haber prevención. Y si no se nombra, va a ser muy difícil que se creen los protocolos correspondientes”, explica Ana Eugenia.
“Necesitamos tener datos reales. Necesitamos tener carpetas de investigación completas y no sesgadas, y necesitamos tener políticas públicas con presupuesto etiquetado para aumentar la prevención en materia de violencia hacia las vidas trans. Esto se va a dar una vez que se avance en materia legislativa”, agrega.
¿Cuántos estados han tipificado el transfeminicidio en México?
A diferencia de otras entidades o discusiones legislativas que apelan a la creación del transfeminicidio como un nuevo tipo penal, como pasó en Ciudad de México en junio de 2024 y en 2025 en Estado de México y Campeche, la propuesta de las activistas trans de Nuevo León va más allá. Consiste en incorporar un capítulo explícito dentro del marco de la Ley de Feminicidios existente en el Código Penal del estado.
Esta misma estrategia ocurrió en Nayarit en 2024. No se creó un nuevo tipo penal sino que agregó un agravante dentro del delito de feminicidio para considerar una razón de género cuando “el delito sea cometido en contra de una mujer trans o de una persona cuya expresión de género se encuentre dentro del espectro del género femenino”. En 2025 Baja California y Baja California Sur también ampliaron la definición del delito de feminicidio para incluir a las mujeres trans.
El resto de los códigos penales del país, incluyendo el federal, siguen sin considerar la violencia transfeminicida dentro de sus códigos penales. Precisamente, la Ley Integral Trans busca eso pero las autoridades siguen sin atender ni escuchar a las activistas que la impulsan.
“Romper el muro antiderechos” en un estado conservador
En México los “plantones” son estrategias de protesta y las han utilizado distintos movimientos sociales a lo largo de los años para exigir sus demandas de justicia social. Consiste en instalar carpas y protestar continuamente a las afueras de instituciones para que sus reclamos sean escuchados.
El plantón trans instalado afuera del Congreso de Nuevo León cumplirá un año el 20 de noviembre. Durante este tiempo, les manifestantes han denunciado constantes agresiones y privación de condiciones básicas como agua, acceso a baño y electricidad. “Constantemente vienen a tomarnos fotografías de frente y a burlarse de nosotras. Tratan mediante el acoso y el amedrentamiento sembrarnos miedo para que desistamos, pero no lo han logrado. Hemos aguantado de una forma sobrehumana”, cuenta Ana Eugenia.
A pesar del hostigamiento, la protesta ha hecho alianzas con otras causas sociales en Monterrey, como las exigencias del derecho a la ciudad, la crisis del agua del Río Santa Catarina, el transporte público y los derechos de personas con discapacidad. La meta, dice Ana Eugenia, es “romper el muro antiderechos”.
“En Nuevo León los tres niveles de poder (legislativo, ejecutivo y judicial) siempre han sido más a favor de las causas conservadoras y siempre en contra o no a favor de la justicia social. Nosotros queremos crear este precedente de romper este muro de legislación antiderechos para que avance no sólo lo de nosotras, sino todo lo demás que está pendiente por resolver”, aclara.
Las sentencias de transfeminicidio en México son contadas
En México las judicialización de muertes violentas de mujeres trans y los fallos condenatorios con perspectiva de género que respete sus identidades y reconozcan la violencia transfeminicida son contados.
De acuerdo a los informes de Letra S, sobre crímenes de odio LGBT+ en México, “las autoridades muestran un desinterés sistemático”. “Solo en el 10% de los casos de homicidios de personas LGBT+ se abre una línea de investigación orientada a un crimen de odio. El 90% restante suele ser archivado erróneamente bajo robos o el prejuicioso concepto de ‘crímenes pasionales’”.
La primera sentencia histórica en la que se reconoció la identidad de género de una mujer trans asesinada y se consideró feminicidio sucedió en 2020 en el estado de Morelos. Honorio ‘N’ fue condenado a 26 años y 8 meses de cárcel por asesinar a Ana Paula en 2019. El juez reconoció la identidad de género de la víctima.
En el caso de la activista Agnes Torres, asesinada en 2012, la sentencia a sus cuatro agresores llegaron en 2018 y 2022 bajo el delito de homicidio y robo agravado. La resolución de los jueces no argumentaron un motivo por prejuicio por la identidad de género de Agnes a pesar de existir una exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar este crimen “en razón de su identidad de género y/o en razón de su labor de defensa de los derechos humanos”.
En Presentes contamos el caso de Mireya Rodríguez Lemus, asesinada en 2020. Aunque hubo una sentencia por feminicidio apenas en abril de 2026, el proceso judicial estuvo plagado de transfobia institucional.
También reportamos el caso de Naomi Nicole, conocida como La Soñaré, asesinada por dos militares en Ciudad de México en 2020. En 2022 fueron sentenciados por el delito de homicidio, aunque el juez en su lectura argumentó las circunstancias de vulnerabilidad de Naomi como “un crimen de odio por transfobia”.
La sentencia histórica en Nuevo León de 96 años de cárcel a Julio César ‘N’ por el delito de feminicidio a dos mujeres trans con identidad reservada demuestra lo efectivo de la organización trans y su resistencia en el plantón. Pero deja en evidencia la urgencia de que el Congreso de Nuevo León convierta la buena voluntad del poder judicial en lo que exigen las activistas: reformar el código penal para considerar la violencia transfeminicida dentro del delito de feminicidio.
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