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México: registran 11 transfeminicidios desde que comenzó 2026
Los activismos registraron 11 transfeminicidios entre enero y abril. Denuncian investigaciones que no respetan la identidad de género.
CIUDAD DE MÉXICO, México. En lo que va del 2026, al menos 11 mujeres trans han sido asesinadas en México. En los primeros quince días de abril asesinaron a Zamantha, Sabrina, Daniela y Ares. En todos los casos el nivel de ensañamiento es alto.
El 1 de enero asesinaron a Luva Noemí de 35 años en Jalisco. Tres días después, el 4 de enero, mataron a Aitana de 22 años en Chihuaha. El mes siguiente, el 16 de febrero fue asesinada una mujer trans en Edomex que aún no fue identificada. El 26 de febrero en Morelos mataron a Fanny de 30 de años. El 6 de marzo, y luego de estar desaparecida, fue hallada sin vida Nayrobi Flores de 27 años en Ciudad de México. Estrella Vázquez de 36 años fue asesinada el 28 de marzo en Guerrero.
El 2 de abril otra mujer trans sin identificar fue encontrada muerta en Cancún, Quintana Roo. A ella se suman tres crímenes más cometidos en abril: Zamantha de 30 años fue asesinada el 4 de ese mes en Sinaloa; Sabrina de 40 años fue asesinada en Morelos mientras que el 8 de abril fue asesinada Ares Navarrete de 31 años en Guerrero. El 11 de abril asesinaron a Daniela Martínez de 24 años en Michoacán.
Esta cifra proviene del esfuerzo de colectivos y activistas que documentan esta violencia ante la ausencia de un registro oficial por parte del Estado mexicano sobre transfeminicidios. Este año en particular los activismos observan una “invisibilidad” de los casos por parte de las fiscalías que los clasifican como homicidios. Denuncias que los casos de transfeminicidio que se nombran son aquellos que trascienden si la población LGBT+ los socializa en redes sociales.
La invisibilidad institucional
Jey Fernández, cofundadora del Observatorio de Transfeminicidios de la Asamblea Nacional Trans y No Binarie en México, explica que el primer obstáculo que ve en 2026 es un «blackout informativo” generado desde las propias instituciones de Justicia. Según la activista, las fiscalías filtran a la prensa solo lo que les interesa.
Existe, según Fernández, una invisibilidad de la identidad de las mujeres trans que son asesinadas. Desde el llamado policial de primeros respondientes hasta el personal forense. “Hay un borrado a su identidad. Estamos ante una ola de desinformación generada por el Estado en que clasifica a las compañeras como ‘masculino’, y sus muertes violentas como ‘homicidio’», denuncia.
El observatorio este año ha identificado ataques contra mujeres trans emprendedoras, dueñas de salones de belleza donde el «cobro de piso» (un tipo de estafa) por parte del crimen organizado aparece como un factor más que pone en riesgo, sobre todo, a las que ejercen el trabajo sexual en calle y a las que tienen negocios propios.
Fernández también habla de un patrón de «ejecuciones públicas» y una saña particular. Los agresores, indica, vacían las cargas completas de sus armas sobre los cuerpos de las mujeres trans. Para la activista está acción “es un mensaje contundente de odio que excede el simple homicidio”.
Las principales formas de violencia que observa se infringieron a través de armas de fuego, golpes y tortura. Y queda constatado en la investigación realizada por la organización Intersecta desde hace cinco años que indica que a 5 de cada 10 mujeres trans asesinadas en México les arrebatan la vida con un arma de fuego.
¿Quién tiene derecho a reclamar la memoria y el cuerpo de una mujer trans?
Yunuen Calderón, activista trans de Michoacán, recuerda la alegría de su amiga Daniela Martínez, sus ganas de apoyar a su madre y su determinación “por ser alguien en la vida”. Yunuen describe como aterradora la mañana que recibió un mensaje con una nota roja sobre el hallazgo de un cuerpo en un canal pluvial en Morelia. El cuerpo de Daniela tenía signos de violencia y fue encontrado en ese lugar el 11 de abril. Daniela era originaria de Lombordía y ejercía el trabajo sexual en la capital de Michoacán.
Tras el hallazgo de Daniela la respuesta institucional fue pronta, por lo que cuenta Yunuen. Pero la respuesta mediática y familiar fue desde el estigma. Algunos de los medios locales titularon la nota sin respetar su identidad. La violencia también vino de los entornos familiares, su madre se negó a reconocer la identidad de género de su hija, no solo ante la Fiscalía, también durante el funeral.
Esta postura de la familia consanguínea inicialmente bloqueó la posibilidad de que el caso fuera investigado formalmente bajo protocolos de género. Sin embargo, el caso está siendo investigado por la Fiscalía de Feminicidios. Yunuen explica que la familia social está teniendo una buena respuesta por parte del fiscal para que estén al tanto de los avances del caso.
El pedido de la participación de la familia social de las mujeres trans víctimas de transfeminicidio en los procesos de justicia es una exigencia de los activismos desde hace diez años. El caso emblemático de Paola Buenrostro hizo ver esta necesidad.
“Se pide el reconocimiento de la familia social precisamente para que podamos actuar y no haya impunidad. Para que no queden olvidados los casos, y para que las compañeras tengan una despedida digna desde la entrega de cuerpos hasta las ceremonias. Y en ese vacío es que, por ejemplo Kenya Cuevas creó el mausoleo para que las compañeras no fueran a la fosa común”, cuenta Jey Fernández.
El 14 de abril, tres días después de encontrar el cuerpo de Daniela, Leonardo Manuel ‘N’ fue detenido por la Fiscalía y está en prisión preventiva. En México los casos de transfeminicidio que llegan a ser judicializados son pocos y los casos que llegan a una sentencia justa como lo exigen las familias sociales también son una anomalía.
Transfobia institucional en los casos judicializados
No existe una cifra oficial nivel nacional sobre carpetas de investigación específicas por transfeminicidio en México. Se debe a que el delito aún no está tipificado en la mayoría de los códigos penales estatales ni a nivel federal. Y porque muchos casos son registrados como homicidios.
En Chihuahua, el caso de Mireya Rodríguez tomó casi seis años de lucha colectiva para alcanzar una sentencia el pasado 9 de abril. Este fue el primer caso judicializado en donde se consideró la identidad de género de una mujer trans asesinada en México.
Mayte Gardea, activista de la organización Unión y Fuerza Mujeres Trans Chihuahuenses, acompañó el caso como defensora y amiga de Mireya. Relata que la sentencia final de 34 años de prisión no lo celebran como un triunfo. Primero, porque el delito se tipificó como feminicidio ante la falta de reconocimiento legal del transfeminicidio en el estado. Para Mayté eso significa que “se nos obliga a encajar en categorías que no terminan de nombrar nuestra realidad”. Segundo, porque el proceso judicial durante estos años fue un espacio plagado de transfobia institucional.
Durante la audiencia de sentencia, la jueza increpó a las activistas, sugiriendo que se sentía «obligada» a sentenciar debido a la presión social. «Ese mensaje es muy fuerte… es como decirle a la familia del agresor: yo no estoy de acuerdo, por mí pueden seguir matándolas», denuncia Mayte. Además, la justicia institucional ignoró por completo a la familia elegida de Mireya; las organizaciones que sostuvieron la exigencia durante años no fueron mencionadas ni consideradas como víctimas indirectas en el proceso.
Foto: Geo González.
Al feminicida de Mireya se le dio la pena mínima. La falta de cargos adicionales por robo agravado dejaron una sensación “agridulce” para las amigas y activistas trans en Chihuahua. Para Mayte, la justicia real no es un fajo de billetes por la reparación del daño, sino una sentencia ejemplar que ayude a la no repetición y que reconozca las vidas de las personas trans.
«Ya hemos perdido mucho y no estamos dispuestas a otorgarles el privilegio de nuestro silencio y conformismo cuando las sentencias son mínimas y los procesos están plagados de transfobia. Nos pudieron haber ofrecido 30 millones de dólares y yo no los hubiera aceptado. Yo hubiera pedido una sentencia justa, porque eso es lo que ayuda a la no repetición. Una vida no la vuelves a recuperar. Para mí que se ofrezca una condena mínima y un dineral en la reparación del daño es como negociar la dignidad después de la muerte de las víctimas”, dice Mayte.
El costo de registrar y acompañar los sueños truncados
La violencia transfeminicida está mermando la salud de quienes registran, documentan y acompañan los caminos de justicia de las amigas y mujeres trans que fueron asesinadas.
Jey Fernández confiesa el impacto emocional de este trabajo que el Estado abandona: “Fue una semana súper intensa, súper cabrona, porque fue el transfeminicidio de Morelia junto con el de Zamantha en Sinaloa… El costo emocional es brutal. Te das cuenta de la vulnerabilidad que representa hacer este trabajo y emocionalmente te hace garras, te tritura. Dices: ‘no mames, estamos registrando sueños truncados, vidas perdidas’. Sí tiene un costo muy cabrón”.
Mayte, Jey y Yunuen coinciden en que el silencio no es un acto que pueden permitirse. “Las mujeres trans, las que estamos en el norte (de México)… estamos viviendo en una precariedad absoluta y en una orfandad de los derechos humanos», dice Mayte Galea desde Chihuahua.
«A raíz de alzar la voz por Daniela he recibido amenazas, inclusive mensajes directos de ‘al rato vas a ser tú’, todo tipo de mensajes que al final no solo son para mí. Cada transfeminicidio es un mensaje para todas. Y aunque como activista esté en un mecanismo de protección, no es el caso de todas. Por eso es importante levantar la voz”, concluye Yunuen Calderón.
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