Apoyanos
Guatemala 2024: un año con más retrocesos que avances para la población LGBTI+
Los derechos LGBT se ven en retroceso tras el avance de los grupos antiderechos. Este año se registraron 3 crímenes de odio menos que 2023.
CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala. La población LGBTIQ+ en Guatemala enfrenta un contexto complejo en materia de derechos humanos y reconocimiento legal. Se observa un crecimiento en la cultura del conservadurismo. Si bien en los últimos años ha habido esfuerzos por visibilizar y defender los derechos de esta comunidad, persisten retos estructurales. Ellos son la falta de legislación inclusiva, la violencia sistemática y la discriminación cultural arraigada.
La situación actual es que hay avances. Pero también hay retrocesos tanto en el ámbito legal como en el tejido social guatemalteco. Integrando datos de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) podemos advertir cómo es el panorama.
Legalidad de las relaciones entre personas del mismo sexo
Las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo no son perseguidas penalmente en Guatemala desde 1871, hasta el momento. Sin embargo, no existe reconocimiento legal para las parejas del mismo sexo en forma de matrimonio o uniones civiles.
En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó a los países miembros, a reconocer y garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo. A pesar de ello, Guatemala no ha implementado estas recomendaciones. Al contrario, este año, gran parte de los y las diputadas del congreso de la república con pensamientos antiderechos, insistieron en buscar retrocesos y prohibiciones en materia de derechos humanos. No solamente para la diversidad sexual sino también para las mujeres.
El marco legal: protecciones limitadas y obstáculos estructurales
Desde el punto de vista legal, Guatemala presenta un rezago significativo respecto a los derechos de la población +LGBTIQA+. El país carece de un marco jurídico que garantice derechos fundamentales como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental o el reconocimiento de la identidad de género.
En el mismo fallo de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Guatemala y otros países miembros a garantizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho a la identidad de género. Sin embargo, estas recomendaciones no han sido implementadas. Al contrario, el Congreso ha discutido iniciativas restrictivas, como la Ley 5272, también conocida como «Ley para la Protección de la Vida y la Familia», que apunta a penalizar la educación sexual integral y obstaculizar los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
Este año los grupos anti derechos a través de diputados afines, han presentado tres iniciativas de ley para coartar derechos a las mujeres y a la población +LGBTIQA+.
Eliminar la educación sexual
Una iniciativa es la «Ley de educación sexual para la protección de la niñez y adolescencia en Guatemala». Ésta busca que la niñez y adolescencia en el sistema educativo público y privado no accedan a información relacionada con la diversidad sexual, el aborto, prevención de enfermedades de transmisión sexual «o cualquier otro que fomente el inicio de la actividad sexual temprana en niños, niñas y adolescentes».
El objetivo, afirman, es la protección del derecho de los niños, niñas y adolescentes que forman parte del Sistema Educativo Nacional, de ser educados sobre sexualidad, de acuerdo con valores sociales, cívicos y éticos. Siempre con previa autorización de los padres y en constante comunicación con ellos.
Una protección para discriminar
Otra iniciativa de ley es la «Ley para la conservación integral de la sociedad». El texto aclara que «busca proteger la vida humana en todas sus etapas y en fortalecer a la familia como base fundamental de la sociedad».
Otro fin es que ninguna persona pueda ser perseguida penalmente por no aceptar dentro de su núcleo familiar como «normal» la diversidad sexual o la «ideología de género». En su artículo 78 prohíbe expresamente el matrimonio y la unión de hecho, entre personas del mismo sexo.
El mismo grupo de diputados y diputadas ha propuesto reformas al código penal a través del decreto 17-73 para criminalizar a personal médico que atienda niñez y adolescencia «y que aplique terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas, quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de alterar el sexo biológico de personas menores de edad o con incapacidad mental».
El Estado desampara a la población diversa
Diego Lima, representante del Observatorio por muertes violentas de Lambda, dijo que este año para les activistas ha sido pasar por un sentimiento de decepción. Después de tener gobiernos conservadores y antiderechos se esperaba, con el partido Semilla, un gobierno más abierto y progresista que aceptara trabajar con organizaciones de sociedad civil. Todo indica que los retos siguen siendo los mismos.
Lima, señaló que se ha hecho trabajo en conjunto con otras entidades del Estado como el Ministerio de Gobernación para trabajar la prevención de violencia hacia personas LGBT. Además, se retomó la propuesta de políticas públicas con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), una situación que no se dio en gobiernos anteriores.
La violencia no cesa
El Observatorio por Muertes violentas lleva contabilizadas 31 muertes violentas por prejuicio y odio hacia personas de la diversidad sexual en lo que va del 2024. En 2023 la cifra alcanzó 34 casos.
“En un contexto donde discursos de intolerancia hallan un terreno fértil y son normalizados, se legitima, lamentablemente, la violencia en contra de las personas LGBTIQ+ y dan como resultados cifras tan alarmantes”, expresan desde el observatorio.
Avances sociales: el rol de la sociedad civil y las ONG
La realización de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de Guatemala es un ejemplo de resistencia y visibilización. En 2024, aunque enfrentó intentos de prohibición, la Corte Constitucional permitió su realización bajo condiciones que muchos activistas consideran estigmatizantes.
Dicha Corte, otorgó un amparo en junio a grupos antiderechos para que el desfile de la diversidad sexual se llevara a cabo, supervisado por la Policía Nacional Civil (PNC) a fin de que se realice bajo «buenas costumbres».
A pesar de los obstáculos, las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel clave en la defensa de los derechos de la población de la diversidad sexual.
Al cierre de este informe, Presentes esperaba la respuesta de presidencia respecto a la posibilidad de trabajar en forma conjunta con organizaciones vinculadas a la población LGBTIQ
Somos Presentes
Apostamos a un periodismo capaz de adentrarse en los territorios y la investigación exhaustiva, aliado a nuevas tecnologías y formatos narrativos. Queremos que lxs protagonistas, sus historias y sus luchas, estén presentes.
APOYANOS
SEGUINOS
Notas relacionadas
Estamos Presentes
Esta y otras historias no suelen estar en la agenda mediática. Entre todes podemos hacerlas presentes.