Andrea González fue asesinada en diciembre de 2016 en Ciudad del Este.  Tenía 20 años y una discapacidad auditiva. Es el primer travesticidio en Paraguay donde la Fiscalía formula una acusación, pero denuncian que hay una testigo amenazada y el principal sospechoso está en prisión domiciliaria. Marcharon para pedir que el crimen no quede impune. “Nos matan y nadie va preso”. Por María Sanz, desde Asunción Fotos: Jessie Insfrán Pérez El 6 de diciembre, Andrea González estaba en la Avenida San Blas, a la altura del kilómetro 7 de Ciudad del Este, en la frontera con Brasil, cuando fue asesinada. Por su crimen, el primero de una mujer trans en llegar a una instancia de acusación en la Justicia paraguaya, hay un detenido. Pero le otorgaron prisión domiciliaria. Las organizaciones denuncian que hay una testigo amenazada. Y marcharon ayer por las calles de Asunción para pedir que el crimen no quede impune.   Andrea era una mujer trans, tenía 20 años,  vivía con su familia en un barrio humilde de Ciudad del Este y padecía una discapacidad que le impedía escuchar y hablar. Sobrevivía ejerciendo el trabajo sexual en la avenida San Blas, junto a otras compañeras trans que como ella, son excluidas del mercado laboral. Esa noche también había otras compañeras cerca, y gracias a su testimonio se logró reconstruir la escena del crimen. Aquella noche de diciembre, alrededor de las 22:30, un hombre a bordo de un vehículo blanco se le acercó. El hombre bajó la ventanilla del auto y, sin mediar palabra, comenzó a dispararle. Ella recibió ocho impactos de bala y cayó muerta en el acto. Gracias al testimonio de una de las compañeras de Andrea, presente en el momento del ataque, el fiscal Alfredo Ramos Manzur formuló la acusación. Días después del asesinato, Narciso Melgarejo, un cliente, fue arrestado como presunto autor del crimen. El fiscal lo acusó de homicidio doloso y pidió que se le aplicase la prisión preventiva. Pero la jueza a cargo de la causa, Cinthia Garcete Urunaga, del Juzgado Penal de Garantías número 5 de Ciudad del Este, benefició a Melgarejo con una medida de arresto domiciliario

Por qué objetan la prisión domiciliaria

“En Paraguay hay una ley que prohíbe dar medidas sustitutivas de la prisión en caso de homicidio. Si estás acusado por homicidio, tenés que estar en prisión”, explicó a Presentes Juan Martens, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Paraguay (Inecip). Esta organización, junto con Panambí, monitorea la causa por el asesinato de Andrea. Atendiendo a esta norma (que fue introducida en el Código Procesal Penal en 2011) la Fiscalía recurrió el pedido de arresto domiciliario de Melgarejo ante la Cámara de Apelaciones. La Cámara revocó la medida, y decretó que el acusado debía mantenerse en prisión preventiva. Pero la jueza Garcete sigue sin acatar esta orden. El fiscal Pérez Mansur dijo hoy a Presentes que, esta semana, el juzgado libró orden de captura contra Melgarejo para su ingreso en prisión. Agregó que el sospechoso cuenta con varias pruebas en su contra: el arma con la que presuntamente disparó a Andrea, que se encontró en su domicilio durante un allanamiento de la Fiscalía, y el testimonio de una compañera de la víctima que presenció el asesinato.      

La testigo principal, bajo amenaza: «Tiene miedo y está escondida»

  Martens explicó que el principal argumento para que a un sospechoso se le dicte prisión preventiva es el de impedir que obstruya la investigación. Detalló que Melgarejo se encuentra en arresto domiciliario y dijo también que “ha amenazado de muerte a la principal testigo del caso”. Desde Inecip y Panambí creen que si Melgarejo no es encarcelado, la vida de esta testigo corre peligro. “El presunto asesino de Andrea está amenazando a la única testigo presencial. Si llegara a matarla, no habría testigos para probar su culpabilidad, y el asesinato de Andrea quedaría impune. Realmente tememos por la vida de la testigo”, declaró Martens. Esta testigo también padece una discapacidad auditiva, por lo que durante la investigación del caso prestó declaración con ayuda de intérpretes. Por su parte, Yren Rotela, referente de Panambí, aseguró a Presentes que la testigo “tiene miedo y está escondida” tras haber recibido las amenazas, y carece de las garantías necesarias para su seguridad. El fiscal de la causa, Alfredo Ramos Manzur, dijo hoy a esta agencia que la testigo principal de la causa fue detenida por un presunto hurto en un comercio de Ciudad del Este, el pasado lunes por la noche. La testigo fue identificada como presunta autora del robo junto a otras dos personas trans, mediante la grabación de las cámaras de seguridad del establecimiento, según publicó el diario Última Hora. El abogado que acompaña la querella por parte de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), Pablo Contreras, dijo hoy a Presentes que desconocía que la testigo había sido detenida por hurto. Manifestó que su testimonio es “fundamental” para esclarecer el asesinato de Andrea, y que el hecho de que estuviera implicada en otra causa “no cambia nada” su papel como testigo principal del asesinato de su compañera. Su declaración es, según Contreras, una “prueba contundente” contra Melgarejo, para poder obtener una condena contra él.

Un travesticidio emblemático en Paraguay

El crimen de Andrea González es el primer caso de un asesinato contra una persona trans en Paraguay que llega hasta la instancia de la acusación. Nunca antes la Fiscalía había llegado a acusar y pedir una pena contra una persona sospechosa por el asesinato de una persona trans. Por eso, Rotela cree que se trata de un caso “emblemático” en la lucha del colectivo trans contra la impunidad. “Podemos llegar a tener al primer condenado por un feminicidio trans, y ahí se va a hacer justicia con nosotras. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla con lo establecido por la ley, y si eso es ir a la cárcel, que (el acusado) vaya y que pague ahí (por su crimen)”, expresó la activista. «Plantón y denuncia: nos matan y nadie va preso» Las activistas de Panambí convocaron ayer martes 29 de agosto a un plantón ante el Palacio de Justicia de Asunción, para pedir justicia y repudiar la actuación de la jueza Garcete. Al grito de “Ni una más, vivas nos queremos”, las activistas instalaron al pie de las escalinatas del Palacio de Justicia las banderas del colectivo trans, junto a un ataúd de cartón negro, en recuerdo de los 57 asesinatos de personas trans registrados desde el final de la dictadura, en 1989. También sostuvieron una pancarta con un lema que resume su reivindicación: “Nos matan y nadie va preso”. Las activistas solicitaron además una entrevista con Luis María Benítez Riera, presidente del Consejo de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Este organismo se encarga de evaluar el desempeño de los jueces. Panambí quiere reunirse con él para denunciar la “negligencia” con la que consideran que actúa la jueza Garcete. Según Martens, otorgar medidas alternativas a la prisión en casos en los que no procede es una “causal expresa para la destitución” de la jueza. El siguiente paso será denunciar a Garcete ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el órgano encargado de juzgar a los jueces acusados de delitos o de mal desempeño de sus funciones. El asesinato número 57 y la impunidad Rotela recordó que el asesinato de Andrea se produjo solo un día después de que el Parlamento paraguayo diera el último visto bueno a la Ley de protección integral contra la violencia hacia las mujeres. Esta ley tipificó la figura del feminicidio como el asesinato de una mujer por el hecho de serlo. Pero durante el debate parlamentario, los obispos de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) se opusieron a que esta ley amparase a “varones que se consideran a sí mismos mujeres”, en referencia a las personas trans. Esta postura caló en los legisladores conservadores, que finalmente eliminaron la palabra “género” de todo el texto legislativo. Con esto, la ley quedó sin efecto para las personas trans.

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“Existen casos de feminicidio trans y necesitamos garantías de que el Estado responde por ellos. Cualquiera nos puede matar, y nosotras no tenemos ninguna protección legal”, afirmó Rotela. Panambí considera que el asesinato de Andrea González es un crimen de odio basado en su identidad de género. La organización exige el fin de la impunidad para este tipo de casos. Según el informe “Olvidadas hasta en la muerte”, entre 1989 y 2013 hubo 54 casos de asesinatos contra personas trans en Paraguay. Desde entonces, Panambí ha registrado otros tres, incluyendo el de Andrea. Hasta ahora hay un total de 57 asesinatos de personas trans, todos ellos sin esclarecer. El colectivo trans de Paraguay espera que el asesinato de Andrea sea el primero que rompa con la tradición de impunidad que rige sobre los crímenes contra personas trans.  ]]>