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Salta: investigan a un diputado provincial por abuso sexual de una adolescente wichí
La denuncia fue realizada por su mamá quien además informó que la policía intentó desviar la investigación.
SALTA, Argentina. Una mujer de la comunidad indígena Misión La Cortada, al norte de la provincia de Salta, denunció penalmente al diputado provincial Rogelio Segundo. Se lo acusa de presunto abuso sexual en perjuicio de su hija de 17 años. La mujer también demandó al chofer del legislador, – yerno de la denunciante-, de propiciar estos abusos a cambio de dinero. Aseguró que hay otras víctimas de estas prácticas.
Misión La Cortada es una comunidad del Pueblo Wichí. Está dentro del ejido urbano de la localidad de Coronel Juan Solá (también conocida como Estación Morillo), a más de 400 kilómetros de la ciudad de Salta, departamento Rivadavia, en el norte salteño.
El legislador denunciado también es parte del Pueblo Wichí. En su caso reside en la Comunidad La Curvita, en jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este, en el límite tripartito que comparten Argentina, Paraguay y Bolivia, a más de 500 kilómetros de la capital provincial.
Lo que sucedió
La madre aseguró que los hechos que denuncia se vienen cometiendo desde agosto último hasta estos días. Su hija le relató que en agosto el chofer y el legislador la llevaron a la ciudad de Tartagal, en el departamento San Martín, a casi 200 kilómetros de Coronel Juan Solá. También le dijo que la llevó a La Curvita y la hicieron consumir bebidas alcohólicas, y que perdió la conciencia.
En el caso interviene la fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez. Como primera medida la funcionaria dispuso que la adolescente fuera examinada por el servicio médico del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF). Además requirió que el Servicio de Asistencia a la Víctima (Savic) la asista y ordenó una guardia policial en su vivienda. El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que la fiscala también citó al diputado provincial y a su chofer.
Allegados a la familia de la adolescente informaron anoche a Presentes que el examen médico confirmó que la chica fue abusada. Y se constató que está cursando un embarazo.
Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal de Salta abrió otra investigación, en este caso sobre policías de la Comisaría 44 de Coronel Juan Solá, que recibieron la primera denuncia de la madre y habrían incurrido en una serie de irregularidades. Entre ellas, darle aviso al legislador.
En este caso interviene la fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto. «Inmediatamente de tomado conocimiento de la situación, la fiscal Souto envió personal a entrevistarse con la denunciante a fines de que sea citada a la fiscalía” para “recibirle la denuncia respecto a la actuación policial». Y aclaró que la «comparecencia se ajustará a los tiempos de la mujer», que en estos momentos acompaña a su hija.
Una práctica habitual
La madre contó a Presentes que estos hechos comenzaron en agosto de este año, cuando su yerno y el legislador se llevaron a su hija «sin consultarme» y la devolvieron mucho tiempo después, en estado de ebriedad. «La tiraron en la calle cerca de la casa de mi mamá», relató.
Dijo que supo que hubo otros episodios de la misma naturaleza, de los que fue enterándose después. Contó que se decidió a realizar la denuncia acuciada por su madre, abuela de la adolescente. Ella le advirtió que por ese camino su hija corría peligro de perder la vida. “Tengo miedo que a mi hija le pase como pasó con otras chicas”, dijo la madre antes de recordar otros ataques, algunos mortales, a niñas del Pueblo Wichí, como el asesinato de Pamela Julia Flores, de 13 años, y las niñas que están desaparecidas, como Norma Márquez, de 14 años, que fue vista por última vez en junio de este año.
Lo que disparó también su decisión de denunciar estos hechos fue el susto que se llevó el jueves 10 de noviembre. Supo por conocidos que su hija había subido a un automóvil en el que estaban el chofer y el legislador, y se había ido con destino a Tartagal.
Aculturización y adicciones
La denuncia de la madre de Misión La Cortada se conoce a solo días del ataque a una niña wichí de 12 años perpetrado en la Comunidad Bajo Grande, en Santa Victoria Este. Por este hecho fue sindicado un niño menor de 14 años, también integrante del Pueblo Wichí.
En ambos casos las agresiones se produjeron en contextos de procesos de aculturización y crecimiento de las adicciones, que afectan más fuertemente a niñes, adolescentes y jóvenes indígenas del norte salteño.
De hecho, tanto les habitantes de Alto La Sierra, localidad de la que depende Bajo Grande, como de Coronel Juan Solá realizaron manifestaciones públicas llamando la atención sobre el aumento de las adicciones en la población más joven de las comunidades indígenas. En el caso del último pueblo, se reportaron casos de niñes de hasta ocho años que inhalan nafta y consumen otras drogas, y alcohol.
Constante vulneración de derechos
La madre de Misión La Cortada reconoció que su hija consume bebidas alcohólicas. La mujer, que se desempeña como ordenanza de una escuela, es madre de seis hijes, cinco mujeres y un varón. Sus edades van desde los 21 años a los nueve.
La madre contó que los abusos a su hija de 17 años habrían comenzado cuando ella se encontraba en la Comunidad Los Baldes, a 35 kilómetros de Coronel Juan Solá. Allí la adolescente fue a cuidar de su sobrina, hija a su vez del chofer y de su hermana mayor, de 18 años de edad. Según aseguró en una primera denuncia que hizo sobre estos hechos, la adolescente se fue a residir en Los Baldes hace “dos o tres años”.
El caso de la joven de 18 años también exhibe la vulneración de derechos que sufren les habitantes originaries. La madre contó que este mismo año denunció a su yerno porque golpeó a su hija mayor. Convivían hace cuatro años, es decir que eso ocurrió cuando era menor de edad.
La madre dijo que se oponía a esa unión porque temía que el joven, que ahora tiene 26 años, abandonara a su hija. Ya lo había hecho en otros dos casos. Detalló que su actual yerno tuvo antes un vínculo con otra chica menor de edad, a la que abandonó cuando nació un niño fruto de esa relación abusiva. Luego hizo algo similar con otra joven.
Actualmente la mujer no tiene trato con su yerno, ni con su hija de 18 años. Por eso no puede saber cuál es su situación en este momento. La ahora joven vive en Los Baldes, de donde es oriundo el chofer.
La irregularidad cuando denuncian
Por otro lado, la madre relató que en Coronel Juan Solá tuvo trabas en la sede policial local y en el Hospital de esa localidad.
Según relató, el 10 de noviembre a las 20.40 fue a la Comisaría 44 de Coronel Juan Solá a denunciar que en Los Baldes su hija de 17 años había subido a un vehículo que conducido por su yerno. Pidió que la ayudaran a encontrarla, porque para entonces ya tenía la certeza de que estaba en peligro. Al día siguiente, a las 02.40, informó que su hija había sido encontrada y no presentaba lesiones a simple vista.
En aquella primera denuncia, la mujer acusó al diputado Rogelio Segundo. Pero el policía que la atendió no consignó el nombre del legislador, y después le habría avisado de la denuncia en su contra. Por eso el 12 de noviembre la mujer viajó a Tartagal a hacer otra denuncia, esta vez en la Comisaría 42. Una persona que acompaña a madre y abuela en sus presentaciones judiciales contó a Presentes que lo que hizo el policía de Coronel Juan Solá es una práctica habitual en la zona. Son intercambios de favores con personas que detentan cierto poder, como un legislador.
En la denuncia en Tartagal la mujer añadió que “hace una semana”, cuando su hija de 17 años estaba en Los Baldes, su yerno llegó a ofrecerle una “bolsa” con billetes de mil o una bolsa con ropas. “Expresándole que si quería algo de eso debía tener relaciones sexuales con el que él le diga”. Y que ante la negativa de su hija el hombre insistió diciéndole que “la llevaría en auto donde la esperaría otra persona”.
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