Salta: Denuncian el abandono del Estado tras el femicidio de una nena del Pueblo Wichí

La nena fue encontrada por vecinos y familiares. Detuvieron a un adolescente, pero la comunidad demanda una investigación en profundidad. Un pueblo abandonado por el Estado.

18 de enero de 2022
Elena Corvalán

SALTA, Argentina. La comunidad indígena Misión Kilómetro 2, ubicada en el departamento Rivadavia, en el noreste de la provincia de Salta, vive días de tristeza y agitación por el femicidio de una niña de 12 años. Estaba desaparecida desde el miércoles 12. Su cuerpo se encontró tres días después con un corte en el cuello, entre unos yuyos al costado de la ruta nacional 81.

Al día siguiente detuvieron un adolescente de esta comunidad, que es parte del Pueblo Nación Wichí, la más numerosa en la provincia. El chico, de 17 años, fue señalado como el novio de la nena.

El adolescente fue puesto a disposición del Juzgado de Menores de turno en la feria judicial de la ciudad de Tartagal, luego de que el fiscal penal Gonzalo Vega se declarara incompetente para continuar en la investigación. El motivo, según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, es que el supuesto agresor es menor de edad.

Pamela era conocida por toda la comunidad wichi.
Foto: Facebook De La mano por el Mundo

La sospecha de familiares y amigos

Para la comunidad, el hecho no se esclarece con la sola detención de este adolescente, porque tiene el convencimiento de que participaron más personas.

La sospecha se asienta en la problemática de adicciones que soportan las poblaciones, sobre todo las indígenas, del norte salteño desde hace ya años. En este caso, se suma el lugar en el que fue dejado el cuerpo, cerca de un parador donde, de acuerdo a lo que cuentan los pobladores, suele haber consumo de drogas y alcohol. Allí van jóvenes y adolescentes de la comunidad y visitantes de poblaciones cercanas. Indican que también allí suelen detenerse camioneros que ofrecen dinero a cambio de sexo.

Por eso el presidente de la comunidad, Raúl Manuel, dijo a Presentes que están pidiendo que “la justicia investigue a fondo”. “Vienen muchos de afuera, de Morillo o si no, vienen de Dragones”. Sostuvo que algunos son integrantes de otras comunidades indígenas y otros son habitantes criollos.

La situación judicial

El lunes a última hora se entregó el cuerpo de Pamela, pero aún no hay novedades con respecto a la autopsia. La familia no tuvo contacto ni con el Ministerio Público Fiscal ni con el juzgado interviniente.

“Estamos pidiendo que se haga justicia. Lo único que quiero es que se haga justicia. Tengo entendido que no es la primera vez que pasan estos casos aquí”, dijo por su parte Tomás Roberto Flores, papá de Pamela.

El hombre pidió que la situación se difunda para que no vuelva a suceder en ninguna comunidad. “No quiero que nadie pase por todo lo que estoy pasando hoy. Mi hija tenía 12 años, toda una vida por delante. “Necesitamos más seguridad, más apoyo de parte del gobierno”, dijo.

Flores es el único de la familia que está haciendo declaraciones públicas. La madre no tiene teléfono celular y además informó, a través de Germán Vildoza que no desea hacer declaraciones.

Vildoza integra la ONG De la mano por el mundo, que circunstancialmente está trabajando con la comunidad Misión Kilómetro 2 y colabora (a pedido de la comunidad) con la difusión de todo lo vinculado al femicidio de Pamela.

El lugar

Las primeras casitas de la comunidad están a unos 50 metros de la ruta 81.

Kilómetro 2 debe su nombre a la distancia que la separa del pueblito más cercano, Pluma de Pato, ubicado entre las localidades de Dragones y Morillo (como se llama en la zona a Coronel Juan Solá).

Todas estas poblaciones están ubicadas sobre el eje de la ruta 81. Vienen insistiendo en los problemas que afrontan por el aumento del consumo de estupefacientes en jóvenes, adolescentes y hasta niñes.

Cuenta Manuel que se consume marihuana, pasta base, bebidas alcohólicas, y sustancias más económicas: “alcohol puro” (alcohol etílico que se usa para desinfecciones) y nafta, que se inhala. Les niyat (caciques) de las comunidades de esta zona ya denunciaron el aumento de estos consumos y la violencia que generan.

A 50 metros de la entrada están las primeras casas de la comunidad.

 “Casi abandonados”

Pamela Julia Flores tenía seis hermanes de parte de madre. Vivía con elles en la misma comunidad, al cuidado de una hermana mayor, de 22 años. Su madre y su padre están separades, la madre vive en otra comunidad a 30 kilómetros y el padre, Roberto Flores, reside en el pueblo de Embarcación, donde trabaja como jornalero en una finca rural.

La conmoción por su muerte provocó que el domingo se hiciera una asamblea en la comunidad, con la intención de realizar una marcha que finalmente se pospuso a la espera del avance de la investigación.

En la comunidad se afirma que la nena, cuyo cuerpo fue visto por sus hermanes y por el vecino que lo encontró, fue víctima de un delito sexual. Eso no se confirmó oficialmente porque todavía no se conoce el informe de la autopsia.

El mismo día del hallazgo del cuerpo, Flores reclamó que la investigación del crimen de su hija sea exhaustiva y se asegure que “no haya más víctimas”. Tanto él como el presidente comunitario resaltaron que no hay medidas de seguridad en esa zona.

El Estado que nunca está

Manuel puso énfasis en la falta de atención de parte del Estado. “Nosotros siempre recurrimos a la autoridad y muchas veces tardan mucho para dar una respuesta”.

“Por ahí en las comunidades va una chica engañada por un hombre que la convence con falsedades. Entonces nosotros recurrimos a la Policía (informando) la chica está en tal parte. Queremos el acompañamiento de la policía, pero eso tarda mucho”, contó el referente. Añadió que les dicen que van a ir, pero después no van. “Hay que rogarles para que nos atiendan. Nosotros acá en la ruta 81 estamos casi abandonados”, concluyó.

La comunidad vive en un constante abandono por parte del Estado.
Foto: Raúl Manuel.

Cuando hubo ayuda se interrumpió

El fuerte incremento de las adicciones provocó que en 2018 el gobierno provincial abriera un centro social y sanitario en Morillo, un lugar pensado para brindar contención a niñes y adolescentes.

Manuel destacó que les promotores ofrecían una alternativa a las infancias, pero “desde que empezó la pandemia ya no funcionó más”.

Las necesidades que soportan les habitantes de esta comunidad quedaron más expuestas cuando el padre de Pamela tuvo que pedir ayuda para pagar el sepelio de su hija.

Luego de que se difundiera que la familia de Pamela no estaba recibiendo asistencia, el gobierno provincial informó que el Ministerio de Desarrollo Social acompañó a la familia en el trámite para la entrega del cuerpo, que con el municipio de Morillo les dieron el ataúd y que llevaron “bienes de primera necesidad”.

Sin embargo, horas después, la comunidad desmintió esta ayuda. “Desmentimos categóricamente la información vertida desde el portal oficial de gobierno en donde menciona que se asistió y se asiste a la familia de la víctima.

“Hasta el momento -solo se hizo presente en la comunidad-personal de Asuntos Indígenas en el día de ayer, enero 17- cuando el cuerpo sin vida de la niña fue encontrado el día sábado 15”, dice el texto.

“Funcionarios de Asuntos Indígenas hicieron entrega de mercadería, pañales, pan y facturas a la familia de la madre. Los mencionados estuvieron presentes aproximadamente una hora, luego- cuando comenzó a llover- se retiraron del lugar”.

En el comunicado, también repudiaron la acción de Sandra Ruiz, de Asuntos Indígenas de la Provincia de Salta. “Se hizo presente en el lugar con el objetivo de descalificar el accionar de nuestra organización (quienes por pedido de la familia y de la comunidad nos encontramos en la zona acompañando tan difícilmente momento)”, expresan.

“Por último, queremos dejar en claro que la ni la familia de la víctima, ni la comunidad, ha recibido colchones, donaciones o mercadería porque lo que se busca desde aquí es dignidad, es justicia por Pamela”.

La (no) salida del estudio

En diciembre del año pasado Pamela había terminado el nivel primario de educación. Tenía previsto empezar el secundario este año, en el anexo de este nivel que funciona en el edificio de la escuela primaria de la misma comunidad, constituida por unas 140 familias que viven sobre todo de la venta de artesanías.

No hay muchas alternativas de subsistencia en esta zona del Chaco salteño y en esas circunstancias, muches jóvenes y adolescentes ven una salida en los estudios.

Pero la gran mayoría no logra acceder al nivel superior, debida a razones económicas. Por ejemplo, el anteaño pasado 25 estudiantes terminaron la secundaria, pero ninguno pudo acceder a un terciario o la universidad.

El terciario más cercano está a 25 kilómetros, en Morillo. Además de contar con los recursos para pagar un alquiler, la alimentación y los gastos de cursada, también funciona como una limitante el temor.  “Por ahí hay muchos accidentes de tránsito también en la ruta 81”, contó Raúl Manuel.

Recordó que, como presidente de la comunidad, “siempre” hizo notas pidiendo que se habilite un anexo del terciario en su comunidad. “Nunca hemos tenido respuesta”.

También reclaman por el acceso a la salud. En la comunidad hay un centro de salud, pero va un solo enfermero unas cuatro horas matutinas diarias, algunos días de la semana.

En Pluma de Pato hay atención las 24 horas en un centro sanitario y las mujeres de la comunidad caminan dos kilómetros con hijes en brazos para ser atendidas.

Pamela terminó su escuela primaria y esperaba comenzar el segundo ciclo en la institución de la Comunidad.

Abandono estatal

El crimen provocó también la reacción de organizaciones de mujeres, ya conmovidas por la muerte, tres días antes (el 12 de enero), de una joven embarazada de 18 años, Aldana Quico, también integrante del Pueblo Nación Wichí.

Su muerte sucedió mientras la atendían en el Hospital Juan Domingo Perón, de la ciudad de Tartagal. Su familia denunció que hubo mala praxis médica.  

Estas organizaciones afirmaron que estas muertes “no son hechos aislados, sino que se enmarcan en un abandono del Estado Provincial de una administración clerical opus dei, colonizante, patriarcal, que considera a los integrantes y a las integrantes de los pueblos originarios como ciudadanos y ciudadanas de cuarta categoría, como seres olvidados de la tierra”.

También convocaron a “denunciar a nivel internacional estos crímenes étnicos – femicidas, en particular cuando el Estado Provincial firmó un convenio con ONU Mujer a través del programa de Spotlight”.

18 de enero de 2022
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