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El Estado argentino reconoció que no investigó el crimen de odio de Octavio Romero y firmó un acuerdo histórico
El prefecto Octavio Romero fue brutalmente asesinado en 2011 pero la Justicia no lo investigó como crimen de odio. Hasta hoy está impune.
El Estado argentino reconoció su responsabilidad por la falta de adecuación a los estándares internacionales en la investigación del crimen del prefecto Octavio Romero, ocurrido hace once años. Por primera vez en la historia de la Argentina y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pactó un acuerdo de solución amistosa en torno a un crimen de odio.
El acuerdo se firmó hoy en Salón Puiggrós del Archivo Nacional de la Memoria, en la Ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia de Gabriel Gersbach, querellante y pareja en ese entonces de Romero. En el momento de su asesinato se estaban por casar. También estuvieron presentes Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos; Pedro Paradiso Sottile, presidente de la Fundación Igualdad; Celeste Fernández, directora adjunta de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); y Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de ONU.
«Esto deja un precedente para intentar que esto no se repita. Que no haya otro Octavio Romero, no haya más casos de discriminación. Esto abre puertas y calma un dolor de muchos años», dijo Gabriel en el acto, al que asistió vestido con prendas que eran de Octavio.
Por impulso de Gabriel y del activismo LGBT+, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó el caso en 2018.
«El Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales, especialmente la debida diligencia reforzada que rige en materia de violencia por motivos de género, aplicable a los crímenes contra el colectivo LGBTIQ+», afirma el acuerdo. También reconoce que «la inexistencia de una respuesta judicial adecuada tuvo un severo impacto sobre la integridad personal de Gabriel Gersbach, pareja y conviviente de Octavio Romero».
Los hostigamientos y el crimen de odio
A un año de sancionada la Ley de Ley de Matrimonio Igualitario (N° 26.618), Octavio y Gabriel iban a ser el primer matrimonio homosexual al interior de las Fuerzas Armadas. Para ello, el suboficial de la Prefectura Naval Argentina, que entonces tenía 33 años, debió avisar a sus superiores sobre el casamiento ya que era una petición obligatoria en ese momento. Desde entonces comenzó a recibir hostigamientos en su ámbito laboral y siete meses antes de la boda desapareció.
“En doce años de relación nunca me había pasado, éramos culo y calzoncillo nosotros. Todo el tiempo mensajito, éramos muy amigos”, contó a Presentes Gabriel sobre el momento en que no obtenía noticias de su novio. Ante su ausencia hizo la denuncia en la Comisaría N° 15. Luego de declarar dos veces, se presentaron dos superiores de Octavio. Uno de ellos le ofreció su tarjeta y le dijo: “Cualquier cosa estoy a disposición”.
El 17 de junio de 2011, seis días después de su desaparición, un lanchero halló su cadáver en la costa del Río de la Plata y su intersección con la avenida San Martín, en la localidad bonaerense de Vicente López. Ese lugar se encontraba dentro de la jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina. Estaba desnudo, golpeado y con 2,06 gramos de alcohol en sangre.
La causa judicial
Las organizaciones LGBT+ reclaman que se trató de un crimen de odio y que la causa (N° 65761/11) estuvo “parada” durante muchos años. Luego de 11 años desde el crimen, el Poder Judicial no brindó avances en la investigación. La causa la llevó adelante Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 24, a cargo entonces del juez Juan Ramos Padilla. Actualmente, la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 40 de la Ciudad de Buenos Aires investiga el caso como “NN (‘no name’, es decir, autor desconocido) sobre homicidio”.
“La causa en el poder judicial nunca avanzó. No se tuvo en cuenta la perspectiva de diversidad y de derechos humanos ni que fue un crimen de odio. Por eso decidimos ir a la CIDH. El acceso a la justicia para la comunidad LGBT siempre es difícil”, dijo a Presentes el abogado y activista LGBT Pedro Paradiso Sottile. Desde la Fundación Igualdad -la cual preside- y junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) representan a Gabriel en el litigio.
Las pruebas y el periodismo
En 2015 ocurrió un hecho clave para la investigación del caso. Llegó al periodista Franco Torchia un informe que narraba en detalle la consecución de hechos que llevaron al crimen de Octavio. En sus páginas detallaba que el prefecto había sido secuestrado y torturado por un grupo de integrantes de la Prefectura Naval Nacional para evitar el matrimonio entre miembros de la fuerza. Además, que la operación estaba archivada en un disco rígido en el Edificio Guardacostas.
“Era un informe anónimo fuertísimo que detallaba muy pormenorizadamente qué le había pasado al cuerpo de Octavio y por qué lo habían asesinado como lo asesinaron. Rápidamente se lo di a Gabi para que se lo acercara a la fiscalía”, narró a Presentes Torchia. Desde hace años cubre el caso en su programa de radio “No se puede vivir del amor”. Sin embargo, aclaró que “significó lo mismo que nada”.
La Fiscalía y la querella solicitaron que se realizara un allanamiento con el objetivo de encontrar el disco rígido. Sin embargo, el Juez de la causa, Juan Ramos Padilla, denegó la solicitud por considerar que el informe “carecía de verosimilitud”. Ante esto se interpusieron dos recursos en contra de esta decisión, los cuales también fueron denegados. Finalmente, el 10 de noviembre de 2015 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional aprobó la solicitud. El allanamiento se hizo dos meses más tarde. No se encontró el dispositivo y para ese momento los superiores de Octavio habían sido removidos o estaban retirados.
Durante años el caso tuvo una mínima repercusión mediática. “Fue muy conocido en su momento: ni bien Octavio desaparece hasta que el cuerpo se encuentra asesinado en Costanera Norte. Luego con el paso de los meses desapareció de los medios, como suele pasar”, indicó Torchia.
El año pasado se cumplieron 10 años desde el crimen y los medios elaboraron distintos informes. “¿Cómo vi esos informes? Mal. Muy edulcorado, muy tratado desde la historia de amor, cobarde en muchos casos. Acá hay que hablar directamente de la impunidad del Estado”, agregó el periodista.
El recorrido en la justicia internacional
En 2012, Gersbach presentó el caso ante la CIDH y en el 2018 fue admitido. En ese momento, el organismo emitió un informe que indicó que el caso cumple con los requisitos para que la Comisión evalúe si la Argentina violó derechos humanos específicos. Desde 2021 hubo reuniones entre el Estado nacional y Gabriel Gersbach junto a sus representantes. Estos intercambios concluyeron en la firma del acuerdo de solución amistosa.
“Este momento nos parece increíble: tener el derecho a estar contentos, a sentir felicidad. Lo terrible que provoca la impunidad, el silencio cómplice, la falta de acceso a la justicia, es que dificulta la posibilidad de sentirse bien frente a un hecho que es histórico”, dijo Paradiso Sottile.
Además de reconocer la responsabilidad del Estado argentino en la falta de investigación sobre el caso, el acuerdo detalla una serie de compromisos. La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está a cargo del monitoreo, control y seguimiento de los compromisos. Para ello, el Estado elaborará informes semestrales acerca del grado de cumplimiento de las medidas.
Los compromisos que asumió el Estado
– El Estado deberá difundir el acuerdo en el plazo máximo de 6 meses desde su publicación en el Boletín Oficial. Lo hará en las páginas web de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). También en un diario de amplia circulación nacional.
– También se comprometió a brindar “todo el apoyo que pueda requerir la fiscalía interviniente en la investigación de los hechos relacionados con la muerte de Octavio Romero”.
– A través del canal educativo y cultural “Encuentro” se elaborará un especial documental. Será sobre la diversidad sexual en las fuerzas de seguridad, en memoria y homenaje de Octavio. Quedará disponible en la plataforma Cont.ar y se distribuirá en escuelas.
– El Estado brindará apoyo para la realización de un mural en memoria del Romero.
Los ministerios
– El Ministerio de Seguridad de la Nación dictará el “Protocolo de actuación frente a denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual y/o identidad de género, su expresión y característica sexual”. También impulsará una jornada anual de sensibilización destinada a cadetes y aspirantes que deseen ingresar a las fuerzas de seguridad federales. Se comprometió a trabajar en la incorporación de la perspectiva de género y diversidad sexual en la capacitación de docentes e instructores de los Centros de Entrenamiento Policial.
– El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación realizará acciones para garantizar el acceso a la justicia de las personas LGBTIQ+ en situación de violencia de género. Entre ellas, la ampliación de profesionales del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género y del Programa Acercar Derechos. Además se comprometió a trabajar en la confección de lineamientos generales para el abordaje de los travesticidios, transfemicidios, transhomicidios y homicidios por prejuicio o discriminación basada en la orientación sexual, su expresión o identidad de género.
– El Ministerio Público Fiscal, a través de la UFEM, llevará adelante un proceso de trabajo para la adaptación de su “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)”. El objetivo es incluir la perspectiva de diversidad y en los crímenes por prejuicio o discriminación basada en la orientación sexual, su expresión o identidad de género.
– Las partes acordaron constituir un tribunal arbitral ad-hoc que determine las reparaciones que le corresponden a Gabriel Gersbach “por los daños materiales e inmateriales sufridos por las violaciones de derechos humanos reconocidas en el presente acuerdo”.
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