Por Alexis Oliva – desde Córdoba —Hay esperanza de que se pueda hacer justicia –dice Lara Godoy mientras camina por el centro de Córdoba y con otras chicas trans sostiene un cartel que reclama: “#JusticiaporAzul”, durante la 3ª Marcha contra los Travesticidios y Transfemicidios. Azul Montoro, 23 años, oriunda de Villa Mercedes, San Luis, era su mejor amiga, con quien compartían la supervivencia en la “zona roja” del Mercado Norte. Mientras Lara estaba de viaje, la casi hermana menor le cuidaba el departamento donde fue asesinada con 18 puñaladas en la madrugada del 18 de octubre de 2017. El miércoles 31 de julio, a las 9 horas, comenzará en Córdoba el juicio a Fabián Alejandro Casiva, de 23 años. Se lo acusa por “homicidio calificado por mediar violencia de género”, es decir, femicidio. La calificación, inédita en materia de revisión jurídica de crímenes de odio contra personas trans, fue propuesta por el fiscal de instrucción Guillermo González y sostenida por la Cámara de Acusación. Se fundamentó en “una relación de desigualdad y asimetría” y en el ataque motivado por “la identidad sexual diversa de la víctima”, según explicó a Presentes el fiscal González. Además, Casiva está acusado por violación a la Ley N° 14346 de protección a los animales contra actos de crueldad, por haber apuñalado también a la perra caniche de Lara. Y de “hurto calamitoso” por robar el teléfono móvil de Azul, que permitió capturarlo pocas horas después del crimen al atender una videollamada.

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Por las pruebas y por testimonios que lo ubican en el lugar del hecho, casi no hay dudas sobre su autoría. En todo caso, en el juicio oral se discutirá su imputabilidad, puesta en duda durante la instrucción, ya que Casiva había sido declarado inimputable por razones psiquiátricas en una acusación previa por violencia de género contra su madre y su hermana. Además, una primera pericia realizada luego del crimen de Azul lo consideró no conciente de sus actos. Pero la evaluación fue rebatida por otra pericia de control, que luego fue avalada por la Cámara.

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“No va a ser un juicio fácil”

El proceso oral y público contra Casiva se llevará a cabo en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 9ª Nominación, presidida por el juez Gustavo Rodríguez Fernández, y con jurados populares en el edificio de Tribunales II (Fructuoso Rivera 720). El fiscal de cámara Gustavo Arocena encabezará la acusación. La defensa estará a cargo del asesor letrado oficial Javier Rojo. La familia de Azul será querellante, representada por el abogado Tomás Aramayo. A pocas horas de comenzar el juicio, el abogado confía en el “compromiso de todo el arco judicial para que el caso se resuelva en forma positiva”. No obstante, señala: “No va a ser fácil, porque además de todo el aspecto social de la discriminación laboral hacia las travestis, se va a mostrar la violencia urbana y la vulnerabilidad del colectivo trans. También se van a ventilar las deficiencias del sistema judicial respecto a las evaluaciones psiquiátricas y psicológicas”.

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En ese sentido, el abogado que representa a la familia de Azul, Aramayo, recuerda que la primera pericia que declaró inimputable a Casiva “se hizo en veinte minutos y para poder revertirla hubo que presentar peritos de parte, que fundamentaron con mucha solidez que él era consciente de sus actos. Seguramente, la defensa va a plantear que no comprende sus acciones, pero en realidad sí comprende y simula”. En cuanto al agravante de violencia de género, Aramayo adelantó que en el juicio declararán dos testigos nuevos, vecinas de la familia de Casiva: “Van a contar que él golpeaba a su madre y su hermana. Y a pesar de que podrían abstenerse por ser familiares, la misma hermana y la madre declararon en la instrucción y van a volver a declarar en el juicio que Casiva era adicto a las drogas y tenía una conducta violenta”. Además, hay datos de contexto que “llevan a pensar en un rechazo de Azul a Casiva, que él le mostró dinero y la convenció de ir al departamento, pero luego no le quiso pagar, ella lo rechazó y por eso reaccionó en forma violenta”.

¡No somos peligrosas, estamos en peligro!” 

El jueves 25 de julio, al cumplirse cuatro años del asesinato de la travesti Laura Moyano, la 3era Marcha contra #travesticidios y #transfemicidios ganó las calles de Córdoba. «Existir para resistir, ¡memoria trans!» fue la consigna. También se reclamó por “infancias libres de violencia, inclusión laboral, salud integral trans y aborto para cuerpos gestantes”. “¡Señor, señora, no sea indiferente! Se mata a las travestis en la cara de la gente!”, coreaban unas 600 personas que avanzan bajo una helada llovizna. Entre ellas, lxs familiares de Laura, ahorcada con un cable y asesinada a golpes el 25 de julio de 2015, en una obra en construcción de Villa Allende Parque. Laura tenía 35 años, la edad que las estadísticas marcan como límite a la expectativa de vida de las travestis en un contexto de exclusión y violencia. “Hoy se cumplen cuatro años de su crimen, no tenemos culpables y no hay detenidos. Entonces, estamos acá pidiendo al Estado que se haga cargo. El asesino anda como si nada por la calle y nosotros acá gritando. Y Laura no es la única. Acá se marcha por ella y por todos los casos que siguen impunes, porque nos siguen matando y nos siguen discriminando”, dijo Soledad Moyano, hermana de Laura.

Convocan a acompañar el juicio

El caso de Azul Montoro puede convertirse en un hito que permita revertir esa realidad. En vísperas del juicio, un documento escrito por familiares y amigas de Azul Montoro y firmado por varias decenas de referentes trans y feministas, plantea: “En Argentina sólo hay cinco casos de homicidios hacia mujeres trans travestis que fueron judicializados y obtuvieron condena para sus victimarios, todas las otras muertes incontables quedaron impunes y sin justicia. En este país donde morimos silenciosamente en el olvido del Estado y la sociedad, es que pedimos el apoyo de la marea verde, de ese feminismo que supo gritar en las calles ‘aborto legal seguro y gratuito’, ‘educación sexual integral’, ‘iglesia y estado, asuntos separados’, ‘Ni una menos’, etc. A ustedes es que pedimos su sororidad y empatía para acompañar el juicio de la compañera Azul Montoro. Ella era trabajadora sexual, mujer, pobre y discriminada por esta sociedad”.

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El documento convoca a acompañar el juicio a partir del 31 de julio a las 9 de la mañana en Fructuoso Rivera 720, Córdoba. En otro pasaje del texto, denuncian: “Como comunidad trans estamos atravesadas por un contexto de violencia de género constante, nuestra expectativa de vida es más baja que 35 años, pues peligra nuestra por este genocidio silencioso que se llevó en lo que va del año la vida de 46 mujeres trans víctimas de enfermedades crónicas, falta de antención integral de la salud y por travesticidios-transfemicidios-femicidios. ¡No somos peligrosas, estamos en peligro!”.

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