18 de diciembre de 2024

Juliana Quintana

Jessie InsfránArchivo Agencia Presentes

Edición: María Eugenia Ludueña

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ASUNCIÓN, Paraguay. En el primer año de gestión del presidente Santiago Peña, el discurso “provida” y el avance autoritario del Gobierno continúan dejando fuera del Estado a sectores históricamente excluidos. Mientras leyes como la anti-ONG amenazan los derechos humanos, la población TLGBIQ+, las trabajadoras sexuales, los pueblos indígenas y las personas que viven con VIH enfrentan abandono, estigmatización y violencia institucional. 

De enero a octubre de 2024, Rohendu, el servicio telefónico de la organización de lesbianas Aireana, registró 191 atenciones. De ellas 60 estaban relacionadas con cómo afrontar la discriminación. Casa Diversa, que contiene y asiste a personas trans, reportó situaciones de violencia y discriminación en las ciudades de Itauguá, Justo Augusto Saldívar, San Lorenzo, Capiatá, Asunción y Pedro Juan Caballero. La mayoría, casos de violencia física y verbal. 

En la presentación del informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, señalaron: el gran tema de 2024 fue la resistencia de las organizaciones de la sociedad civil en el marco de la promulgación de la Ley anti-ONG o “Ley Garrote”. Para apoyarla, las milicias digitales del cartismo buscaron instalar en las redes sociales una serie de narrativas desinformantes. Entre ellas, el relato de la defensa de la soberanía de agentes extranjeros que pretenden colar la «ideología de género».

“Los grupos antiderechos denuncian un supuesto ataque a la moral, los valores tradicionales, la familia y la nación”, escriben les autores del capítulo La performance provida en el ese informe 2024 de la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy). En su análisis, explican que la narrativa de la “ideología de género” tiene como objetivo real deslegitimar e invalidar las demandas del movimiento feminista y de las disidencias sexuales.

Carolina Robledo Desh y Rosa Posa Guinea, cofundadoras de Aireana; Florencia Falabella, investigadora del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI) y Erwing Szokol, investigador de la Red Contra Toda Forma de Discriminación (RCTFD) profundizaron en esa investigación sobre el discurso persecutorio del Gobierno hacia las organizaciones, porque crea un ambiente propicio para la discriminación y las convierte en blanco de hostigamiento. En particular, a las organizaciones TLGBIQ+. 

Violencia política de género en el espacio digital

En febrero, el Observatorio del Ministerio Público reportó seis casos de violencia política contra mujeres. El mismo mes en que senadores cartistas y aliados destituyeron a Kattya González -una de las senadoras opositoras más votadas- por cuatro causales, entre las que destacaban el supuesto uso indebido de influencias. Pero la campaña de desinformación y los ataques a González comenzaron en redes sociales, días antes de que se presentara el libelo acusatorio. 

Una investigación publicada en el diario Abc demostró que milicias digitales del cartismo buscaron instalar la narrativa de la corrupción contra la senadora de oposición. El estudio refiere que por lo menos 500 cuentas participaron del hashtag #FueraKattya y un 34,8% de las publicaciones contenían contenido agresivo. Medios oficialistas amplificaron este discurso basándose en el testimonio de un conocido perfil desinformante en X (Twitter). 

El procedimiento parlamentario estuvo marcado por irregularidades que dejaron en evidencia una práctica persistente: la violencia de género y la persecución política contra legisladoras de la oposición. Días después, el cartismo amenazó con derogar la Ley de Protección Integral a las Mujeres, argumentando, a través del senador oficialista Basilio Núñez, que se trataba de una ley “inconstitucional”.

Un estudio de Tedic (Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación) sobre violencia de género contra mujeres políticas identificó 8 tipos de violencia facilitada por la tecnología: acoso online, doxing, desinformación y difusión de imágenes íntimas no consentidas, entre otros. Las investigadoras también señalaron 12 tipos de perpetradores. Incluyen a políticos, autoridades del Estado, medios de comunicación, plataformas de redes sociales, perfiles anónimos, trolls y grupos de crimen organizado.

Educación con discriminación

El material propuesto por el MEC, 12 Ciencias para la Educación de la Sexualidad y la Afectividad en la Familia y en la Escuela, que contiene estereotipos de género, discurso de odio y sesgo religioso, “podría validar la perpetuación de discriminaciones” desde la enseñanza básica, apunta Pablino Caballero, coordinador general en la Fundación Vencer, en el capítulo Resistencia ante la inexistencia de cambios sustanciales para la prevención del VIH del informe. “Esto afectaría a las personas con VIH y continuaría expandiendo la brecha hacia el ejercicio pleno de sus derechos”, refiere. 

Sin políticas incluyentes

En Limbo legal, inexistencia de políticas y estigma restringen derechos, la organización Unidas en la Esperanza (UNES) destaca cómo el estigma hacia el trabajo sexual en Paraguay se refleja en la discriminación institucional y la falta de voluntad política para abordar el tema. La ausencia de un marco legal claro mantiene a las trabajadoras sexuales en un estado de ambigüedad jurídica, donde su labor es permitida pero carece de reconocimiento oficial. Esto también se traduce en la falta de acceso a beneficios esenciales como seguridad social, atención médica o condiciones laborales justas. 

El artículo «Hambre Cero» sin agua para los pueblos indígenas del Chaco, de Natalia Paola Rodríguez Olmedo, de Tierraviva, denuncia las deficiencias del programa Hambre Cero, que, pese a centralizar recursos, no garantiza derechos básicos como agua, salud y educación en comunidades indígenas. Según explica, la falta de agua impide el funcionamiento escolar, afectando la alimentación, mientras que la crisis climática y la expansión ganadera agravan la exclusión, especialmente de las mujeres indígenas, quienes enfrentan desigualdad económica y laboral sin políticas públicas que atiendan su vulnerabilidad.

Resistencias y memoria 

En abril, estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) tomaron varias facultades como medida de protesta tras la promulgación de la Ley “Hambre Cero”. Esto supuso la eliminación del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que financiaba al Arancel Cero, el Fondo Nacional de Salud, investigaciones científicas y otras políticas públicas.

En junio, después de diez años, Paraguay volvió a ser sede de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Bajo el lema “OEA Kuñanguera roma’ê penderehe” (Las mujeres estamos observando), más de 40 organizaciones de mujeres entregaron el 19 de junio una carta al canciller Rubén Ramírez Lezcano, exigiendo políticas públicas con perspectiva de género, racial, de discapacidad e interseccional, además de derechos territoriales y ambientales. 

“Cada vez hay más conciencia de la memoria propia: el 30 de septiembre como Día Nacional de los Derechos TLGBIQ+, el 16 de septiembre Día de la Visibilidad Lésbica, el 17 de octubre Día Nacional del Reconocimiento y Protección de los Derechos Humanos de las Personas Trans. Todo avanza, menos nuestro Estado”, observan les investigadores en La performance provida.

A pesar del retroceso en políticas públicas y del fortalecimiento del lobby antiderechos, la resistencia social persiste: desde las movilizaciones feministas hasta la 21 Marcha TLGBIQ+, las voces excluidas continúan reclamando un lugar en un país gobernado por intereses conservadores y corporativos.