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Juicio contra Lof Winkul Mapu: “No podemos ser usurpadores de nuestro propio territorio”
Empezó el juicio contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu empezó ayer. Acusa a ocho personas de “usurpar” un predio de Parques Nacionales a 40km de Bariloche. La machi Betiana, adolescente al momento de los hechos, fue sobreseída ayer en la primera audiencia.
Ayer comenzó el juicio contra la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu. Se acusa a ocho personas de “usurpar” un predio de Parques Nacionales en la zona de Villa Mascardi, a 40 km de Bariloche, en el 2017. La causa inició ese año con un desalojo donde efectivos de Prefectura asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel y mujeres fueron detenidas junto a sus hijos.
El proceso judicial está a cargo del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche. Serán tres audiencias: el 26, 27 y 30 de septiembre, y se pueden seguir en vivo.
La Gremial de Abogadas y Abogados está a cargo de la defensa de les integrantes de la Lof. Solamente diez personas pueden acompañar a la comunidad en la sala. Pero hay lugar para representantes de la Administración de Parques Nacionales, quienes solicitaron la presencia de funcionarios del Ministerio de Defensa. Las jornadas son transmitidas por Youtube a través del perfil del Consejo de la Magistratura de la Nación.
La querella la conforma la Administración de Parque Nacionales acusa a los imputados de haber “despojado a la Prefectura Naval Argentina, quien estaba a cargo de la custodia, de la posesión del predio (…) propiedad de la Administración de Parques Nacionales”. Las seis personas integrantes de la Lof fueron acusadas por “usurpación por despojo” del predio en el kilómetro 2006 de la ruta 40 en Villa Mascardi.
El juicio comenzó pasadas las nueve de la mañana en el Escuadrón 34 de Gendarmería de Bariloche. Se hace ahí con el argumento de que la sala del tribunal era pequeña, en el marco de un enorme despliegue de seguridad con cuatro cuadras valladas.
La machi Betiana, sobreseída
Al momento del desalojo, una de las acusadas, la machi (autoridad espiritual) Betiana Colhuan Nahuel, tenía 16 años. Al inicio de la audiencia, la defensora de menores Roxana Fariña pidió la prescripción de los delitos en relación a ella.
“Las vidas de los adolescentes son vidas frágiles, en suspenso mientras hay un proceso. En el caso de Betiana pasaron siete años, tiene dos hijos. Están dadas todas las condiciones legales, normativas en cuanto a las fechas para que la prescripción opere y no pueda perseguirse por este delito”, sostuvo la defensora. El juez Hugo Greca hizo lugar al pedido de sobreseimiento y la invitó a retirarse de la sala junto al Ministerio Público defensor de menores.
Desde la Lof esperan que el resto de les acusades también puedan ser sobreseídos. “No somos usurpadores. No podemos ser usurpadores de nuestro propio territorio”, destacó la machi.
El abogado defensor Eduardo Soares pidió que Colhuan sea incorporada como testigo. El juez lo resolverá este viernes.
Un violento operativo de desalojo: el inicio
La causa que llega a juicio inició en 2017 con un operativo de desalojo de la Lof el 23 de noviembre en Villa Mascardi. Fueron detenidas seis mujeres y cinco pichikeche (niñes) sujetades con precintos y detenides en calabozos. El 25 fue fusilado por la espalda el joven Rafael Nahuel y herides con bala de plomo Johana Colhuan Nahuel (hermana de la machi) y el Gonzalo Coña. La comunidad siguió en el territorio por cinco años más.
El 4 de octubre del 2022 hubo otro operativo que desalojó a la comunidad y motivó la renuncia de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades Elizabeth Gómez Alcorta. La machi Betiana Colhuan Nahuel y Celeste Ardaiz Guenumil quedaron presas con sus bebés y sus hijos mayores. También fueron privadas de su libertad dos mujeres más, Luciana Jaramillo, con sus dos hijos, y Romina Rosas, embarazada de nueve meses y con una hija. Romina dio a luz en cautiverio y padeció violencia obstétrica. Las cuatro estuvieron con arresto domiciliario durante ocho meses.
Desalojo de mujeres y niñes
La y los testigos que declararon el primer día recordaron la presencia de mujeres, que fueron detenidas con precintos, y niñoe durante el desalojo. Rocío Ievscek, agente de la Policía Federal Argentina que participó del operativo, describió que estaban “nerviosos” y “con miedo”.
También consideró que el desalojo se hizo “de forma pacífica”. En esta línea, Tomás Elías Anibal Vicente Relmo, testigo visual del hecho, dijo que las personas detenidas “estaban tranquilas”. En relación a actos de “violencia” por parte de las personas desalojadas, Ievscek compartió que se dieron en el marco de una situación de nervios.
“La señora estaba con un niño en brazos y muy asustada. Le dije que se quede tranquila. Y en el medio de los nervios me pegó un cachetazo. Le dije calmate, va a estar todo bien, bajamos y nos quedamos abajo”, sostuvo.
Parques Nacionales, sin voluntad de diálogo
“La abogada defensora Laura Taffetani, de la Gremial de Abogadas y Abogados, resaltó que en la declaración del entonces intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Horacio Mujica, se mostró “realmente lo que se piensa en relación a las comunidades originarias”.
Mujica confirmó en su declaración que no hubo diálogo entre su administración y la comunidad. “Se empezó una mesa de diálogo en la universidad, y venía personal del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). Nosotros nos mantuvimos siempre al margen de esas reuniones. No participamos nunca como Parques Nacionales”.
Según Mujica, que fue intendente en 2017, hubo un diálogo en el que informaron a la comunidad que no podían estar ahí. “No cesó la irregularidad, se mantuvieron en su lugar y no se pudo constatar y notificarlos de que tenían 30 días para abandonar el lugar”, sostuvo.
“No habrá paz con injusticia”
“Sabemos que esa condena está escrita. Ya asistimos al juicio con un detenido, que es Gonzalo Coña, que es una barbaridad que esté detenido. Y Luciana Jaramillo y Romina Rosas -embarazada de siete meses- con prisión domiciliaria de diez de la noche a siete de la mañana. Podemos decir infinidad de irregularidades que hubo”, compartió Taffetani durante una conferencia de prensa de cara al inicio del juicio.
“También sabemos que la justicia de los pueblos será la que a la larga de los años la que traiga verdaderamente paz. No habrá paz con injusticia, escondiendo debajo de la alfombra los conflictos. Y acá merecen, los pueblos que reconocimos en la Constitución que les sean restituidos los derechos”, agregó.
Acuerdo incumplido
Luego del desalojo se formó una comitiva amplia que negoció con el gobierno nacional. El proceso culminó en la firma de un acuerdo el 1 de junio del 2023, entre representantes mapuche y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Agencia de Parques Nacionales, y los Ministerios de Ambiente, de Seguridad y de Mujeres, Género y Diversidad.
En ese acuerdo las presas mapuche quedaban en libertad, el Estado se comprometía a reconocer el rewe como sitio sagrado y habilitar que la machi pudiera habitar el espacio del rewe, y utilizarlo con fines ceremoniales y medicinales. El resto de la comunidad aceptó ser reubicada en otro territorio. El acuerdo fue homologado por el juez Hugo Greca, por lo tanto se caía la causa por usurpación.
No obstante, el gobierno saliente no implementó todo el acuerdo. En abril de este año, en consonancia con la línea impulsada por el gobierno de Javier Milei, Parques Nacionales comunicó que dejó sin efecto lo que había firmado diez meses antes. Y en agosto, la Cámara de Casación Penal anuló la homologación del acuerdo por parte del juez Greca. Para fundamentarlo, Casación consideró que no fueron consultados los otros vecinos de Villa Mascardi, aunque no son parte de la disputa. Por eso se llega a juicio.
En este marco, el 11 de septiembre el juez Greca emitió órdenes de captura para Luciana Jaramillo y Romina Rosas, “a fin de garantizar la realización de la audiencia de debate.”Hace unos días, a Luciana la abordó la Policía Federal en Cushamen sin decirle que quedaba detenida. Sus hijos quedaron solos en su casa y a ella la llevaron a Bariloche. Romina Rosas, al enterarse de la orden, se presentó voluntariamente en Gendarmería de El Bolsón. Presentes la acompañó durante las tres horas que esperó la determinación del juzgado. Finalmente se decidió no detenerla sólo porque cursa el séptimo mes de un embarazo.
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