19 de septiembre de 2024

Denali DeGraf

Denali DeGrafArchivo Agencia Presentes

Edición: María Eugenia Ludueña

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EL BOLSÓN (Río Negro). En estos días Bariloche será sede de dos juicios que marcan un clima de época: dos comunidades mapuche que sufrieron desalojos, violencia y la muerte de dos jóvenes, serán juzgadas por los territorios que reivindican desde hace años en la provincia de Río Negro.  El escritor Eduardo Galeano lo sumaría a las evidencias de porqué el mundo está patas arriba. El Estado que le arrebató la Patagonia al pueblo mapuche en un genocidio, juzgará a estas dos comunidades mapuche por usurpación de tierras. 

Del 23 al 26 en el juzgado provincial de Bariloche se enjuiciará a seis personas de la Lof Quemquemtrew. Las acusan de “usurpar” tierras fiscales desde el 2021 en el paraje Cuesta del Ternero, a 30 km de El Bolsón. En la misma semana, en el juzgado federal de la misma ciudad, del 26 al 30 se hace el juicio contra ocho personas de la Lof Lafken Winkul Mapu. Las acusan de “usurpar” un predio de Parques Nacionales en la zona de Villa Mascardi, a 40 km de Bariloche, en el 2017. 

Dice Andrea Reile, abogada representante de la Lof Quemquemtrew: “Esto evidencia que los Estados, tanto nacional como provincial, persiguen al pueblo mapuche. No hay otra forma de verlo.” Los dos casos reúnen muchas similitudes pero también claras diferencias. El Estado intentó desalojar a las dos comunidades a pocos días de respectivos anuncios de reivindicaciones territoriales. 

Qué pasó en Lafken Winkul Mapu (Villa Mascardi)

En Villa Mascardi, el operativo del 23 de noviembre del 2017 terminó con niños esposados en un calabozo, y dos días más tarde una bala de Prefectura mató al joven Rafael Nahuel por la espalda. Pero la comunidad siguió en el territorio por cinco años más.

El 4 de octubre del 2022 hubo otro operativo gigantesco que sí terminó de desalojarla. Betiana Colhuán Nahuel, quien fue detenida las dos veces (en 2017 era todavía menor de edad), cuenta: “En el primer desalojo del 2017, entraron encapuchados, les tiraron gases en las caras de los pichi [niñes]. Calfulicán [su sobrino] estuvo esposado cuando tenía tres años. Después, en 2022, a la beba de Celeste [Ardaiz Guenumil], que tenía sólo un mes, la patearon dos metros. Yo estaba con mi bebé de cuatro meses y le tiraron una bomba de estruendo al lado.” Agrega su madre María Nahuel, imputada por usurpación a igual que su hija, que ese bebé creció y “no habla bien por el explosivo. Ahora tiene dos años y problemas de audición.” 

Tras ese desalojo -que motivó la renuncia de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades Elizabeth Gómez Alcorta– Betiana y Celeste quedaron presas con sus bebés y sus hijos mayores. También fueron privadas de su libertad dos mujeres más, Luciana Jaramillo (con sus dos hijos) y Romina Rosas, embarazada de nueve meses y con una hija. Romina dio a luz en cautiverio y padeció violencia obstétrica. Las cuatro estuvieron con arresto domiciliario durante ocho meses. 

Por qué llega a juicio Lof Quemquentrew (Cuesta del Ternero)

En Cuesta del Ternero, el operativo del 24 de septiembre 2021 detuvo a las personas que ahora van a juicio. Pero allí tampoco se pudo desalojar a la comunidad entera. Entonces la Policía de Río Negro blindó la entrada; durante cinco meses no permitió que entraran a Quemquemtrew alimentos ni abrigos ni material de ningún tipo al territorio. Sin embargo, el 21 de noviembre del 2021 dejaron pasar a dos hombres armados que mataron a Elías Garay e hirieron gravemente a Gonzalo Cabrera. 

Ambos territorios tienen muertes violentas en su historial entonces, pero mientras en Mascardi los responsables fueron fuerzas de seguridad del Estado, en Cuesta del Ternero fueron empleados de Rolando Rocco, el empresario maderero que reclama el territorio por una concesión forestal y plantaciones de pino en la zona. El territorio en conflicto figura como tierra fiscal provincial, Rocco no es propietario y la comunidad se asentó en una zona de bosque nativo donde no hay plantaciones. Sin embargo, Rocco es el querellante en la causa que llega a juicio. 

Dice Romina Jones, de la Lof Quemquemtrew: “Estamos trabajando la tierra, cosa que Rocco nunca hizo porque nunca vivió acá. Sólo plantó pino, que ahora avanza sobre el bosque nativo. El trabajo nuestro es cuidar al bosque nativo.”

La abogada Reile explica: “la Lof Quemquemtrew buscó dialogar tanto con el Estado como con el privado. Desde la primera notificación, la respuesta fue proponer al fiscal una salida pacífica y política. Sin embargo, entraron a la fuerza. Del otro lado está la violencia estatal, con los retenes armados para privarles de alimentos y el ingreso de los empleados de Rocco armados. Aun así, después del asesinato de Elías la comunidad buscó siempre el diálogo. No hay un sólo hecho de violencia atribuida la comunidad.” O en palabras de Romina Jones: “lamentablemente, siempre los muertos los ponemos nosotros.”

En febrero del 2022 se alcanzó un acuerdo entre la Lof Quemquemtrew y Rolando Rocco. La comunidad se quedaba en un sector de bosque nativo y Rocco podía seguir trabajando las plantaciones de pino, con pautas de convivencia para evitar roces. 

Sin embargo, mientras la comunidad cumplió siempre el acuerdo, “Rocco lo infringía todo el tiempo,” dice Reile. “Amedrenta constantemente a los niños y mujeres de la comunidad, nunca a los varones. Tuvieron que denunciarlo por seguir e intimidar con la camioneta a un estudiante de la comunidad cuando iba a la escuela”.  

Hace unos meses fue Rocco quien decidió dar de baja el acuerdo y volver a solicitar el desalojo de la Lof Quemquemtrew. Así se llegó a la instancia de juicio. 

Diálogos y acuerdos incumplidos

La Lof Lafken Winkul Mapu también pasó por un extenso proceso de diálogo, en ese caso con el Estado nacional. Tras el desalojo de octubre del 2022, y con cuatro mujeres en detención domiciliaria, se formó una comitiva amplia que negoció con el gobierno nacional. Abarcaba muchas comunidades, por ser Betiana Colhuán Nahuel la única machi en Argentina, y su rewe, el lugar de ceremonia, también único y de suma importancia para la práctica espiritual tradicional. Por lo tanto, es un asunto que lo compete al pueblo mapuche entero. Un grupo viajó a Buenos Aires en diciembre del 2022 y se reunió con el presidente Alberto Fernández; a partir de allí hubo varias instancias de diálogo, tanto en Buenos Aires como en Bariloche.

El proceso culminó en la firma de un acuerdo el 1 de junio del 2023, entre las autoridades mapuche y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Agencia de Parques Nacionales, y los Ministerios de Ambiente, de Seguridad y de Mujeres, Género y Diversidad. En ese acuerdo las presas mapuche quedaban en libertad, el Estado se comprometía a reconocer el rewe como sitio sagrado y habilitar que la machi pudiera habitar el espacio del rewe, y utilizarlo con fines ceremoniales y medicinales. El resto de la comunidad aceptó ser reubicada en otro territorio. El acuerdo fue homologado por el juez Hugo Greca, por lo tanto se caía la causa por usurpación. 

No obstante, el gobierno saliente no implementó todo el acuerdo. En abril de este año, en consonancia con la línea impulsada por el gobierno de Javier Milei, Parques Nacionales comunicó que dejó sin efecto lo que había firmado diez meses antes. Y en agosto, la Cámara de Casación Penal anuló la homologación del acuerdo por parte del juez Greca. Para fundamentarlo, Casación consideró que no fueron consultados los otros vecinos de Villa Mascardi, aunque no son parte de la disputa. Por eso se llega a juicio. 

Detenciones arbitrarias: no estaban prófugas

En ese marco, el 11 de septiembre el juez Greca emitió órdenes de captura para Luciana Jaramillo y Romina Rosas, “a fin de garantizar la realización de la audiencia de debate.” Mientras la fiscalía advirtió el riesgo de fuga y la mayoría de la prensa habló de “prófugas”, ambas se presentaban cada mes para firmar ante la policía. 

Hace unos días, a Luciana la abordó la Policía Federal en Cushamen sin decirle que quedaba detenida. Sus hijos quedaron solos en su casa y a ella la llevaron a Bariloche. 

Romina Rosas, al enterarse de la orden, se presentó voluntariamente en Gendarmería de El Bolsón. Presentes la acompañó durante las tres horas que esperó la determinación del juzgado. Finalmente se decidió no detenerla sólo porque cursa el séptimo mes de un embarazo. Al día siguiente, Presentes pudo visitar a Luciana Jaramillo en el calabozo de la Policía Aeroportuaria.

“Nosotros en el Estado no confiamos nunca,” dijo durante los diez minutos de visita, refiriéndose al acuerdo incumplido. Ahora está en Cushamen con arresto domiciliario para “garantizar” que asistirá al juicio. Ella insiste: “No voy a naturalizar que me hagan eso, pero que no se saque el foco del rewe. Mi detención no es nada al lado de esa lucha. No nos vamos a doblegar”. 

Como si el contexto fuera poco, este juicio, con el argumento de que el tribunal de Bariloche es demasiado pequeño, se llevará a cabo en Gendarmería.