Las cirugías e intervenciones modelantes en cuerpos travestis y trans no son meramente “estéticas”, sino parte “esencial”, en muchos casos, de la construcción de la identidad. Así lo resaltaron personas que decidieron modificar su cuerpo a Presentes. Sin embargo, se trata de un camino cuesta arriba para este colectivo que por falta de recursos o exclusión en ámbitos de salud o el trabajo, ha recurrido a prácticas inseguras para lograrlo. 

El rol del Estado en garantizar las intervenciones, la regulación de la medicina plástica e iniciativas como la reducción de daños son algunas aristas que se proponen para dar respuesta a esta problemática.

Presentes conversó con mujeres trans y profesionales de la salud sobre cómo es esta situación en Argentina y México.

“Hace unos tres años duermo con mucho dolor”

“En el 2000 salí de Tabasco, me prostituía, pero quería ganar en dólares para ponerme nalgas, caderas y busto, como una muñeca. Me inyecté los glúteos y las piernas con aceite mineral y otros que no sé qué eran. En los Estados Unidos me hice más cosas. Tuve el cuerpo que soñé, pero hace tres años siento mi piel dura, duermo con mucho dolor”. 

Quien narra es Deborah (la fuente solicitó cambiarse el nombre). En 2021 tras complicaciones de salud -derivadas de 17 prácticas estéticas- regresó a México porque dice que si muere prefiere que sea en su país. 

Deborah ríe nerviosa cuando habla de la muerte. Al preguntarle por qué, responde: “Sabemos los riesgos. Quizá no es inmediato. En mi caso pasaron años, pero he perdido amigas por esto, que la trombosis, que se les pudre la piel y se mueren. Es feísimo. Nos aguantamos el dolor porque también nos da vergüenza”.

Patricia Alexandra Rivas vive en Becca, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es una mujer trans de 57 años y lleva puesta silicona líquida en su cola, pechos, labios y pómulos. Como sucede en muchos casos, a la silicona se la colocó una conocida.

“Me puso la silicona una amiga en su casa que estaba muy limpia, muy ordenada, me trató muy bien. Lo hice con ella porque iba a ir con un profesional que me ponía lo mismo y cobraba diez veces más. No estaba a mi alcance”, compartió a Presentes sobre su experiencia. 

Actualmente Patricia desaconseja “totalmente” este tipo de intervenciones porque le generaron malas consecuencias. “Me trajo una artrosis prematura en columna y caderas, lo cual me impide caminar. Camino dos cuadras y no doy más de los dolores”, contó.

En este sentido, a ella le gustaría que se cree una “campaña muy fuerte” que le diga “no a las siliconas y los polímeros industriales”. Y recordó que “ahora hay tratamientos hormonales o si no prótesis”.

El derecho a la salud no está garantizado para las mujeres trans 

La relación de Deborah y Patricia con el uso de modelantes no es un hecho aislado. Cuentan que todas sus amigas, mujeres trans menores que ella y en sus cincuenta, han recurrido al menos una vez en su vida a aplicarse este tipo de sustancias en el cuerpo. Incluyendo tratamiento hormonal sin acompañamiento médico.

En Argentina, el 83% de las feminidades trans modificó su cuerpo para adecuarlo a su identidad de género autopercibida. Así lo indica el informe “Condiciones Sociosanitarias de Personas Trans” publicado en 2019 por el entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.

En cuanto al tipo de intervenciones, la mitad de ellas se inyectaron materiales en el cuerpo. En el 66% de los casos se trató silicona líquida y en un 17%, de aceite de avión, mientras 3 de cada 10 se pusieron implantes mamarios.

De acuerdo a la Encuesta sobre salud sexual de mujeres trans de México 2021 realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el 80% de las mujeres trans usó hormonas feminizantes. De éstas, 2 de cada 3 lo hicieron sin supervisión médica. Sobre el uso de modelantes o biopolímeros no hubo preguntas en el cuestionario.

Por qué se reclama el acceso a la salud

En México el Instituto Mexicano del Seguro Social en sus hospitales de especialidad tratan lo que llaman “enfermedad por modelantes”. Según cifras del Hospital General, en el 85% de los casos no se les pudo ofrecer una alternativa por el avance en el grado de daño y únicamente se las trató con medidas para controlar el dolor. 

Sin embargo, no existen datos oficiales sobre el uso de biopolímeros en mujeres trans. En consecuencia, se desconoce cuánto estas sustancias están relacionadas con esas muertes por no haber accedido a su derecho a la salud. El Estado mexicano no garantiza la salud integral a las personas trans. 

Las personas trans en América ven sistemáticamente imposibilitado su acceso a servicios de salud profesionales, incluyendo servicios de modificación corporal, a raíz del maltrato, la patologización y la discriminación en el ámbito médico. Además, existen barreras de carácter económico cuando estos servicios están disponibles fuera de la cobertura de los servicios públicos. Así lo consigna el informe Personas Trans y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales elaborado en 2020 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Estas circunstancias impiden el acceso de personas trans a procesos de modificación corporal seguros, lo que ha conducido a muertes prematuras y prevenibles que resultan de procedimientos inseguros y clandestinos en toda la región”, señala el informe de la CIDH.

“No es un capricho, implica muchas esferas entre ellas la identitaria”

Para la trabajadora sexual y defensora de derechos humanos, Natalia Lane, que las mujeres trans decidan aplicar este tipo de sustancias responde a varias dimensiones. Pero insiste en que “debe dejar de verse desde la revictimización, desde el castigo y comprender la experiencia situada y los contextos particulares”. 

“No es una situación que atraviese únicamente a las compañeras sobrevivientes de las dictaduras, del acoso policial de los 70 a los 90. Las mujeres trans jóvenes de 18, 19 años también se están infiltrando porque no es meramente estético. Atraviesa la construcción de la identidad de reconocernos mujeres porque también hay una exigencia desde la violencia estética de cumplir con ciertos estándares de belleza; pero también en contextos muy particulares como el trabajo sexual implica tu propia supervivencia y tener trabajo”, agrega Lane.

La responsabilidad de las empresas

Lejos de ser un problema local, las cirugías o intervenciones modelantes no seguras trascienden fronteras. En 2011 estalló un escándalo en Francia por la alta frecuencia de rupturas de los implantes mamarios de la empresa Poly Implant Prothèse (PIP), los cuales habían sido certificados por la empresa alemana TÜV Rheinland. Las prótesis eran defectuosas, con una tasa de ruptura 7 veces más alta que otros implantes. Y en su interior contenía silicona industrial no apta para uso médico. 

Cuando en 2011 se constató su peligro fue prohibida su comercialización. Pero entre el 2001 y el 2010 alrededor de 500 mil mujeres y diversidades en el mundo utilizaron estos implantes defectuosos. 

Una de ellas fue Vanesa Luciana Ojeda, una mujer trans de 39 años, de la localidad bonaerense de La Matanza (Argentina) y promotora territorial en la Casa Diana y Lohana.

“Las llevé en mí durante diez años. Luego tuve la complicación de que se reventara las PIP en mi pecho. Sentí como un desplazamiento interno, pero no le di mucho interés. Sentí un calor extraño. A las horas luego de terminar mí día laboral llegué a casa y saqué mí ropa y vi el doble de tamaño en una de mis prótesis. Me asusté mucho y no sabía qué hacer. Tuve una enorme depresión por un tiempo y quedé con miedo a que me vuelva a suceder”, contó a Presentes Ojeda. 

En Francia se inició una megacausa internacional que busca hacer justicia a medio millón de víctimas en 60 países. En ella el Tribunal de Apelación de París confirmó la responsabilidad de la empresa certificadora alemana en segunda instancia. Tras esta decisión miles de personas perjudicadas fueron indemnizadas. 

En este marco se inició la campaña #AúnEstásATiempo para que aquellas personas en todo el mundo que sean posibles víctimas por haberse implantado prótesis PIP puedan unirse a la megacausa. Para ello deben tener la certificación del implante PIP y comunicarse al número de WhatsApp +54 9 1130762737.

Ojeda espera de este proceso judicial que los responsables “indemnicen a todas las damnificadas por un monto elevado ya que no solo fue estético sino también hubo riesgo de vida y consecuencias psicológicas, dejando secuelas de susto de por vida”.

La penalización no frena la aplicación

En 2022 la Ciudad de México reformó su Código Penal con el fin de que haya prisión de 6 a 8 años por el delito de homicidio o lesiones “a quien inyecte o aplique sustancias modelantes no autorizadas con fines estéticos y cause daños o alteraciones a la salud, de manera temporal o permanente”.

Para Natalia Lane pensar en la creación de tipos penales puede poner en riesgo a mujeres trans que aplican estas sustancias. “Muchas compañeras trans de alguna manera se han profesionalizado en el tema de infiltrar sustancias. Claro, no desde el lugar institucional de la cirugía estética sino por una urgencia de subsistencia económica. Un delito no va hacer que las mujeres dejen de meterse biopolímeros. Se necesitan planes de reducción de riesgos y que el Estado garantice la salud”, agregó.

Sobre la regulación, desde abril de 2023 está detenida en el Senado una reforma a la Ley General de Salud que busca que profesionales de la salud en cirugía plástica, estética y reconstructiva cuenten con certificados avalados y registrados ante la autoridad sanitaria y educativa para poder trabajar. 

En 2022, José Luis García Ceja, director general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud dijo durante el foro El estado actual de la cirugía estética en México que “por cada especialista en cirugía plástica certificado existen entre 20 y 25 personas que realizan supuestas cirugías estéticas sin estar capacitados y en lugares insalubres que ponen en riesgo la salud y la vida”.

Durante ese foro, la diputada trans Salma Luévano compartió su experiencia con el uso de modelantes y advirtió: “no se pueden permitir estas prácticas que nos están costando vidas, pero también el Estado tiene que dar una protección, garantizar la salud de las personas trans […] somos un grupo precarizado que no tenemos para pagar un servicio médico, mucho menos una cirugía […] No se trata de caprichos, se trata de temas de vida, de salud”.

“Se necesitan planes de reducción de riesgo”

En México existen tres clínicas públicas que brindan atención médica a personas trans. Todas se ubican en la Ciudad de México y sólo la Unidad de Salud Integral para Personas Trans (USIPT) cuenta con un enfoque integral. La coordinadora del área comunitaria, Oyuki Martínez comentó que ahí brindan espacios comunitarios de apoyo entre pares donde se aborda el tema desde un enfoque de reducción de riesgos.

“Hablamos de procedimientos seguros con especialistas y vinculamos de ser necesario a un hospital de segundo y tercer nivel. Recientemente con el área de dermatología también actuamos en la medida de nuestros recursos en atender las heridas por uso de biopolímeros”, explica Martínez. 

Daniela Muñoz es médica cirujana y fundadora de TranSalud, una comunidad de profesionales de la salud que brindan atención integral a personas trans. Considera que la reducción de riesgos implica también compartir información sin prejuicios. 

“Para hablar de reducción de riesgos es importante cambiar la narrativa. No podemos criminalizar a las que deciden hacerlo, es un asunto de salud pública que el Estado no ha querido atender a pesar de que existe el protocolo trans de salud”. 

En la provincia de Misiones, en Argentina, se propuso llevar adelante una política pública que contemplaba la situación sanitaria del colectivo travesti trans y busca soluciones en relación a la inyección de aceites industriales nocivos. A partir de datos recabados en 2014 por la Asociación LGBT Misiones sobre el Acceso a la Salud de las Personas Trans se diseñaron estrategias para abordar distintas barreras y pudieron exponer a la autoridad sanitaria provincial la grave situación en materia de salud que atravesaban las personas trans.

En reunión con el Ministerio de Salud Pública, Dr. Oscar Herrera Ahuad —actual gobernador de la provincia de Misiones—, Matías Jesús Ríos, quien estuvo a cargo del Departamento de Diversidad e Identidad del Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones contó a Presentes que el entonces ministro se comprometió desde la cartera “a remover los aceites industriales que se habían colocado la población destinataria – en lo posible – y reemplazarlo por prótesis aprobadas por ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología) en el sistema Público”.

Algunas de las entrevistadas coincidieron en desaconsejar el uso de aceites industriales y destacaron la necesidad de que exista información calificada para la modelación de sus cuerpos. Además, resaltaron la importancia de que el Estado garantice prácticas seguras ya que no se trata de cuestiones “estéticas”, sino identitarias.