Feminista comunitaria, campesina y popular. Así se define Adriana González Burgos. Para el mundo occidental la definición se completa diciendo que es epistemóloga. También es docente en la Universidad Nacional de Jujuy (Unju), y coordina la Diplomatura en feminismos comunitarios campesinos y populares en Abya Yala, del Instituto Rodolfo Kusch de la Unju. Está al frente de la Casa Mama Quilla, que ayuda a mujeres y personas del colectivo LGTB en situaciones de violencia de género,

Pero fundamentalmente, Adriana González Burgos es kolla. Su familia “es originaria de la Comunidad de Rodero, Humahuaca”, y como tal es una de las activas participantes de las protestas que se mantienen en Jujuy, en rechazo a la Constitución reformada que cercena derechos.

Lo hace convencida de que “la lucha de los pueblos va a vencer”, porque el pueblo jujeño se plantó. Como dice el canto que se repite en cada corte de ruta: “Dicen que los kollas somos callados, pero cuando nos joden nos rebelamos”.

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Los hermanos de lucha

Presentes habló con González Burgos para reflexionar sobre el “proceso de lucha” que desde hace un mes se vive en Jujuy enmarcado en una disputa que tiene en el centro los bienes públicos, sobre los que pretende avanzar el Estado provincial para permitir la explotación del litio.

La Comunidad de Rodero, de la Quebrada jujeña, es una de las que mantiene el corte en el cruce de las rutas nacionales 9 y 52 en Purmamarca. “Tengo una familia numerosa. Todo Rodero es casi familia mía”, se ríe González Burgos, que agrega que en realidad todas las familias, los apellidos, están vinculados.

“Yo creo que es lo que pasa en la Quebrada, en las comunidades”, hay un tejido de relaciones y vínculos que las unen. “De ahí viene el término que usamos en los Andes, que es hermano, hermana. Todos tenemos una parentela, no solamente de elección sino te podría decir hasta sanguínea”.

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Los cortes de ruta en la provincia se mantienen desde mediados de junio, cuando el Tercer Malón de la Paz llegó a la capital provincial, San Salvador de Jujuy.

Las comunidades indígenas rechazan esta explotación porque consideran que agotará la escasa agua de consumo que hay en la Puna. El rechazo a la Constitución reformada es otro capítulo de esta tensión. Las modificaciones impulsadas por el gobernador Gerardo Morales facilitan el avance del Estado, y de las empresas, sobre territorio de uso ancestral, donde se encuentran el litio y otros metales valiosos, como la plata, el cadmio y ahora se habla también de minas de coltán.

Que caiga la reforma

González Burgos reside en Tilcara, en plena Quebrada, y a menos de 30 kilómetros de Purmamarca. Como partícipe y observadora analiza algunos aspectos de este proceso.

“Fundamentalmente la lucha de los pueblos originarios es comunitaria y colectiva. Es una lucha desde la alegría, por eso las sikuriadas, por eso las bandas de música, por eso la comida. Sería moralmente imposible sostener una lucha desde otro lugar para nuestros pueblos. Entonces este es nuestro anclaje”, explicó. “Jujuy toda se encuentra en un proceso crítico. Le está pidiendo la renuncia al gobernador, pero además de todo, y fundamentalmente, estamos pidiendo que caiga la reforma”.

Ante la consulta de por qué participar de esta lucha, González Burgos responde: “Mi familia habita la Quebrada de Jujuy hace más de 300 años. Creemos que nuestra familia baja de Bolivia. Es decir, es una familia ancestral que habita este territorio. Por lo tanto, tengo el compromiso y casi que siento la obligación moral política de defender a mis hermanos, a mis hermanas, mi tierra. En nombre de mis abuelos y mis abuelas, en nombre de mis ancestros y mis ancestras”.

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Neoneo-extractivismo

González Burgos añadió que la resistencia de los pueblos originarios de Jujuy se debe a que “esta reforma libera el mercado. Es una reforma neoneo-extractivista, que regala los recursos mineros, que se adjudica autoridad política y de gobierno para ir por los territorios de los pueblos originarios, por el agua, claramente traccionado por la explotación de litio y otros minerales que sabemos que tienen que ver con las nuevas tecnologías. La minería siempre ha sido motivo de conquista y colonización en nuestros territorios. Y esta reforma es una reforma colonialista. Es una reforma de muerte, es una reforma de hambre”.

“Lo que sucede es la consecuencia de una política neoneoliberal, neoneoextractivista en nuestros territorios. Una política autocrática por parte del gobernador de la provincia, déspota, que tiene como herramienta y como dispositivo la persecución a todo pensamiento, a toda política, a toda organización social que no responda a él”.

Una reforma para la propiedad privada

La reforma de la Constitución de Jujuy elimina la consulta, previa, libre e informada a la que está obligada el Estado argentino, y sus estados provinciales, porque adoptó el Convenio 169 de la OIT como parte de su normativa, incluso por encima de la Constitución Nacional.

Ese Convenio, recordó González Burgos, garantiza la consulta a las comunidades indígenas y también “que participen de las decisiones sobre sus territorios, sobre los recursos naturales, por supuesto, dando consentimiento”.

En cambio, “la nueva Constitución pone a disposición mecanismos, dispositivos que son rápidos, que violan este Convenio, que violan la ley. Pero además priorizan la propiedad privada sobre cualquier tipo de posesión del territorio, sobre cualquier tipo de derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras”.

Una represión latente

En el relato de Adriana son recurrentes las menciones a las represiones que sufrieron el 17 y el 20 de junio, en Purmamarca y la ciudad de San Salvador, las dos más cruentas. Aunque hubo hechos de violencia policial en otras localidades de la provincia, como Humahuaca, La Quiaca y Perico.

El primer corte de ruta fue el 17 de junio en Purmamarca. “Era un corte pacífico, como todo lo que hacemos desde los pueblos originarios, porque es lo que nos caracteriza. Estábamos en la ruta y de repente, entre las 15 y las 16 horas, la policía disparó a nuestros hermanos, hermanas y hermanes en la cara. No avisó. La policía no avisó. Empezó a reprimir”, a pesar de que había familias. “Estaban las abuelas, los abuelos, estaban las guaguas jugando en medio de la ruta y la policía empezó a disparar. Fue criminal”.

Muchas personas resultaron con lesiones, entre ellas un adolescente de 17 años que perdió un ojo por un disparo con bala de goma, igual que otro de 19 años. Y otras cinco personas más están en riesgo de perder la vista. “Conocemos este dispositivo, ya ha sido utilizado por Bolsonaro y por Chile”.

El ataque policial duró alrededor de dos horas. Les manifestantes se dispersaron como pudieron, algunes huyeron por el lecho del río (casi seco en esta época) y otres corrieron por las montañas y cerros. Pero no abandonaron la protesta. Se reorganizaron y desde arriba resistieron arrojando lo que tuvieran a mano sobre la patrulla que había quedado en el pavimento, abajo. Al cabo, la policía se quedó sin balas y debió retirarse, entonces les comuneres volvieron a la ruta y al corte.

Fue tal la violencia que experimentaron, dijo González Burgos, que “hasta el día de hoy nos sentimos con una especie de estrés postraumático, No dormimos bien”.

La persecución

González Burgos denuncia: “hay una persecución constante por parte de la policía, a quienes somos de alguna manera referentes o referentas de algunos espacios. En mi caso, he sido perseguida por la policía, me llaman por teléfono, en fin, infinidad de situaciones”.

El 20 de junio, día en que se juró la nueva constitución, a puertas cerradas y en un marco de una protesta generalizada, la represión dejó más de 200 herides, “de 30 a 50 personas con lesiones de gravedad”. Datos que, “por supuesto”, no son aportados por el Estado jujeño, “porque los oculta”, señaló González Burgos. Los conocen por la participación de organismos nacionales e internacionales, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino (Andhes), que llegaron a la provincia para relevar violaciones a los derechos humanos.

Estuvo también el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla. “El problema”, dice González Burgos, es que “se acercan, nos manifiestan solidaridad, nos apoyan, nos acompañan, pero siempre nos dicen que no pueden hacer más. Y este pueblo es un pueblo que está sufriendo, es un pueblo que se encuentra amenazado, amedrentado, pero que sigue resistiendo”.

Una reforma en tiempo récord

González Burgos puso énfasis también en la rapidez que le imprimió el gobierno de Jujuy al tratamiento del proyecto de reforma de la Constitución provincial. Fue anunciada por el gobernador el 12 de septiembre de 2022 y aprobada ese mismo mes por la Legislatura.

“El oficialismo radical, con el gobernador Gerardo Morales a la cabeza, consiguió gracias al voto de un diputado del peronismo, el apoyo en la Legislatura provincial para modificar la Constitución de la provincia”.

Les 48 convencionales fueron elegides el 7 de mayo, en los comicios generales provinciales. El oficialismo obtuvo la mayoría con 29 bancas, aunque además “contó con la complicidad del PJ jujeño”.

El proceso de la Convención Constituyente “ya fue bastante cuestionado por el pueblo jujeño. Las reuniones no fueron públicas, no hubo registro taquigráfico, no hubo audiencias con representantes sociales de los pueblos originarios o cualquier otro ciudadano, ciudadana o ciudadane que quisiera participar. De hecho, después de recién jurada la reforma, se conoce el texto”.

Mientras se avanzaba con la reforma, “en junio se agrava la situación en general en Jujuy”. Los gremios docentes de todos los niveles comienzan un reclamo salarial, al que se van sumando otros sectores, como les trabajadores municipales y de salud.

En ese contexto, el jueves 15 de junio, en sólo 26 días de tratamiento, la Convención Constituyente aprueba la reforma, “con muchísimos problemas de procedimiento. No se respetan los plazos, no se permitió la participación, los pueblos originarios no tuvimos la posibilidad de participar de ningún tipo de consulta. Además, el gobernador apela al engaño y a la desinformación y quiere hacer creer a la sociedad que él ha consultado a los pueblos”.

«La reforma es un insulto al pueblo jujeño»

La reforma, advirtió González Burgos, “modifica toda la arquitectura institucional de nuestro estado provincial. Rompe la separación de poderes abiertamente” y también “introduce una modificación en el régimen electoral”, se eliminan las elecciones de medio término.

“Lo peor que para nosotros como pueblo, para los pueblos originarios, para todo el pueblo jujeño, para los, las docentes, los, las, les trabajadores, es que pone un límite. Casi nos remite a la dictadura. Y coarta, la libertad de expresión. El derecho que tenemos a protestar, el derecho a la protesta. Y paradójicamente, incorpora este artículo, que es el artículo 67, como el derecho a la paz social y a la convivencia democrática y pacífica. Es realmente una vergüenza, es un insulto al pueblo jujeño, a toda la sociedad, a todos los pueblos originarios”.

Encima, frente a la reacción de la sociedad, Morales “retrocede con dos artículos, el 50 y el 36”, pero no pasa por la Convención. “El señor Morales, así, de la noche a la mañana, da una conferencia prensa y dice voy a retroceder estos artículos. Y entonces, ¿dónde está el proceso de debate, de discusión, el proceso legal, que además va a legitimar el texto de la Constitución?”.

Sin embargo, “sabemos que el problema de fondo no es ni administrativo ni burocrático”. “Por supuesto que se han violado todos los procesos correspondientes para dar legitimidad a una carta magna. Lo que está de fondo acá es la defensa por nuestros territorios”, frente al avance de las explotaciones mineras, dice González Burgos. Y recordó que hay “dos yacimientos de litio en Argentina que son sumamente importantes”. Uno en Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto, explotado por la empresa de origen estadounidense Livent, y en Jujuy, el yacimiento en producción del Salar de Olaroz, explotado por la multinacional BlackRock, con sede en Estados Unidos.

“La lucha que llevamos adelante los pueblos originarios es la defensa del territorio, de nuestros recursos naturales, de nuestra Pachamama, Madre Tierra, del agua, porque sabemos que la producción de litio implica también el uso del agua”, aseguró.

Amor romántico y Estado

Adriana González Burgos es coordinadora de la Casa Mama Quilla, inaugurada el 22 de octubre de 2022, después del primer Encuentro Internacional de Feminismos Comunitarios Campesinos y Populares en Abya Yala. De él participaron más de 2 mil personas de todo el mundo.

“Es una Casa para mujeres y para el colectivo LGTB. No usamos la q de queer, sino que usamos binario no binario, porque nos parece que lo queer es del norte, entonces preferimos denominarnos de otra manera. Acá se llaman, por ejemplo, LGTB de la Quebrada o LGTB Andino”, explicó.

La Casa Mama Quilla está abocada ahora a la organización del Segundo Encuentro Internacional, que estará dedicado “a la lucha de los pueblos indígenas. Y especialmente a la de los pueblos jujeños y al rol de las mujeres en la defensa del territorio”. Una lucha que para González Burgos “viene para rato, lejos de lo que se esperaba creer, de que ya pasaba, de que íbamos a encontrar una solución”.

En este punto reflexionó sobre otro aspecto del sistema democrático: “el pueblo todavía confía. Ingenuamente confiamos en el Estado, como si tuviera algún tipo de existencia, porque el Estado somos las personas. Pero confiamos en que esas personas que son el Estado provincial, el Estado nacional, en algún momento reflexionen, se sensibilicen, se humanicen y reconozcan la plenitud de nuestros derechos. Y eso no sucede nunca, es una desilusión permanente. Entonces la idea de amor romántico de la que hablamos las feministas en este caso se traslada a nuestra relación con el estado. El Estado permanentemente nos desilusiona, nos violenta, y acá estamos”.

“Esta reflexión surge justamente de en varias oportunidades esperar que el gobernador pare. Y nuevamente nos violenta y la violencia es cada vez mayor. Nosotros primero esperábamos que no se aprobara la Constitución, después esperábamos que no se jurara. Y no solamente que se aprobó y no solamente que se juró, sino que hubo palos para nosotros, por eso la comparación”.

Una casa de cobijo y protesta

La Casa Mama Quilla participa “activamente” de la protesta, sobre todo como canal de difusión de actividades. “Eso nos ha traído también persecución”, que se expresa en seguimientos y vigilancia y hasta en amenazas. A pesar de ello siguen difundiendo las acciones de protesta, “además abiertamente denunciamos al gobernador.

Uno de los posts dice ‘Morales racista’”. “Y creemos que es así, creemos que esta política que está llevando adelante el gobierno provincial es una política racista que nos lleva a tiempos de la colonia, que retrocede siglos en derechos, no es que retrocede una Constitución, retrocede siglos”.

En esta instancia del proceso de lucha, además del endurecimiento de los cortes de ruta, cada comunidad se presenta al Concejo Deliberante de su localidad para pedir que se hagan pronunciamientos de rechazo de la reforma. Es “un elemento más de lucha”.

“La lucha de los pueblos va a vencer”

Por otro lado, creen que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe declarar la inconstitucionalidad de la reforma. Mientras tanto “lo que nosotros podemos hacer es seguir en la lucha, en la resistencia en los cortes, con actividades”.

¿No temen que la Corte Suprema les defraude?, preguntó Presentes. Es posible, pero “es lo que nos queda”, concedió González Burgos. Aunque recordó que ya hicieron presentaciones ante organismos internacionales, que ya se han pronunciado diciendo de su inconstitucionalidad. “Los ojos del mundo están en Jujuy”.

“Si vos me decís qué pasara, en qué tengo confianza: en que la lucha de los pueblos va a vencer. Me parece que no va a pasar, han tratado de hacer (y yo coincido con esa lectura) de Jujuy una prueba, un ensayo de lo que va a hacer el nuevo neneoliberalismo el neoneoextractivismo y el pueblo se ha puesto de pie y le dijo: ‘no va a pasar’. Aquí no pasarán. Libres o muertos, jamás esclavos. Yo creo que no vamos a volver a tiempos de la colonia, y esta constitución es una constitución para la esclavitud del pueblo jujeño. A docentes, trabajadores, trabajadoras, al pueblo, a todos los pueblos indígenas, esta constitución provincial, esta reforma, nos quiere esclavos”.