Campaña homofóbica contra un congresista colombiano: análisis de un absurdo

El diputado colombiano Mauricio Toro presentó un proyecto para prohibir las mal llamadas terapias de conversión. Los congresistas lo acusaron de conflicto de intereses y lo recusaron. Desde Perú, escribe Alberto de Belaunde.

13 de junio de 2022
Alberto de Belaunde

LIMA, Perú. El mes pasado, el diputado colombiano Mauricio Toro presentó un proyecto de ley para erradicar las mal llamadas “terapias de conversión” en su país. Se denomina así a los esfuerzos de diversa índole para intentar suprimir o cambiar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona LGBTIQ+.

Éstas, no solo no están respaldadas por ningún sustento científico, sino que además han demostrado en la práctica ser crueles, inhumanas y degradantes. En algunos casos, llegan a constituir formas de tortura. Las prácticas de conversión no logran los cambios que publicitan, pero sí generan secuelas psicológicas graves a largo plazo en quienes son sometidos a estas.

Pese a ello, todavía existen malos profesionales de la salud y líderes religiosos o sociales que realizan estas prácticas. A pesar de los avances alcanzados por la comunidad LGBTIQ+, las prácticas de conversión son un problema presente en todas las regiones del mundo, como quedó documentado en el informe pionero de OutRight International.

Una recusación homofóbica

Al presentar esta iniciativa, el diputado Toro busca que Colombia se una a otros países que ya han aprobado leyes para la erradicación de estas malas prácticas contra las comunidades LGBTIQ+. Países como Alemania, Canadá, diversos estados de México y Estados Unidos, y Francia ya cuentan con legislaciones específicas para prohibirlas.

Lamentablemente, los prejuicios e intolerancia predominaron en el Congreso colombiano.

Cuando estaba por iniciarse el debate de esta iniciativa, la comisión recibió un pedido de recusación contra el diputado Toro, presentado por un activista cristiano. La denuncia señala que existe un conflicto de interés, pues Mauricio Toro es abiertamente gay y el proyecto favorece a las personas LGBTIQ+.

El debate se suspendió y el asunto será visto por la Comisión de Ética del parlamento colombiano.

Inaceptable

No es la primera vez que algo así sucede. En el año 2014, el congresista peruano Carlos Bruce “salió del clóset”, convirtiéndose en la primera autoridad abiertamente LGBTIQ+ de ese país. De inmediato, sectores ultraconservadores lo acusaron de tener un conflicto de interés por promover un proyecto de ley de unión civil para parejas del mismo sexo.

Aceptar este argumento tendría consecuencias peligrosas. Ninguna minoría o grupo vulnerable podría llegar a nuestros congresos a representar a sus comunidades y legislar para la protección de sus derechos. Tampoco podría ocupar cargo público alguno para intentar resolver los problemas que conoce de primera mano.

Por ejemplo, ningún senador con discapacidad podría proponer proyectos de ley para la promoción de la accesibilidad, ninguna alcaldesa afrodescendiente podría impulsar programas locales contra el racismo, ningún ministro indígena podría plantear políticas públicas con enfoque intercultural.

Las senadoras mujeres de todos los países tendrían que levantarse y retirarse de la sala, cada vez que se debata un proyecto relacionado a erradicar la violencia contra la mujer.

El argumento simplemente no se sostiene

Pese a lo visiblemente infundada de la acusación, es importante detenernos a dar una respuesta más desarrollada. Cada vez son más las autoridades abiertamente LGBTIQ en América Latina y veremos argumentos similares siendo replicados por grupos antiderechos alrededor de la región.

Estas campañas de desinformación y desprestigio suelen ser absurdas a propósito. Buscan que los sectores a quienes acusan no se dignen siquiera a responder. Y al no haber respuesta, algunos de los argumentos quedan dando vueltas en la opinión pública.

El conflicto de interés es una falta ética. Implica que, cumpliendo una labor pública o privada, uno privilegie intereses distintos a los intereses por los que debería velar. Este estándar de comportamiento es muy importante para los funcionarios públicos, entre los que se encuentran las autoridades políticas como los diputados, senadores y alcaldes.

El interés que deben servir a través de su trabajo es el interés de la sociedad, el interés público. Un funcionario público que en el desarrollo de su labor privilegia su interés personal o uno particular afectando el interés público, cae en un conflicto de interés.

«No existe conflicto de interés sino derechos humanos»

En el caso del diputado colombiano Mauricio Toro no existe conflicto de interés porque su proyecto de ley busca la protección de derechos humanos. Sea este un proyecto dirigido a una minoría o mayoría de ciudadanos, lo relevante es que favorece el interés público, ya que en un Estado de Derecho el objetivo central es que todo ciudadano –sin discriminación de ningún tipo– encuentre sus derechos reconocidos, respetados y tutelados.

Como es evidente, al verse servido el interés público, se verán servidos también muchos intereses individuales o colectivos. Si no, no estaríamos hablando de derechos humanos. El interés que se ve atendido con el proyecto de ley va más allá del diputado Toro y favorece a muchos ciudadanos que actualmente se encuentran en una situación de desprotección.

Entonces en el caso concreto no existe una colisión entre el interés público y otros intereses, y, por lo tanto, no nos encontramos frente a una falta ética. Espero que la Comisión de Ética del Parlamento colombiano sea rápida y contundente en su respuesta.

Ilustración: Patricio Oliver.

Una propuesta trascendental

Finalmente es necesario recordar la importancia que tienen iniciativas, como la presentada por el diputado Toro, para las personas que están en el centro de estas problemáticas. Estos esfuerzos no buscan que la comunidad LGBTIQ+ tenga beneficios especiales, como algunos creen. Tampoco responden a simple voluntad ideológica, como sí sucede en quienes militan en contra.

Proyectos como este pueden marcar la diferencia entre una vida digna o una vida de secuelas físicas y psicológicas. En algunos casos, incluso pueden llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Las prácticas de conversión tienen su raíz en la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia que existen en nuestras sociedades. Descalificaciones como las recibidas por el diputado Mauricio Toro son parte del mismo fenómeno. En el mes del orgullo, que este caso nos sirva para redoblar nuestros esfuerzos de lucha por sociedades libres de intolerancia y discriminación.

(*) Alberto de Belaunde es Program Advisor – OutRight International y excongresista peruano, abiertamente gay

13 de junio de 2022
Alberto de Belaunde

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