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Lonko Clorinda: enfrentó tres veces al Ejército y logró un fallo histórico para el pueblo mapuche
A sus 87 años, la lonko Clorinda sigue luchando por el reconocimiento legal de su tierra de su comunidad, también conocida como “los mapuche del cerro de la Virgen de las Nieves”.
En la zona del cerro Otto y otras montañas que rodean a Bariloche, la lucha por la tierra es llevada adelante por mujeres lonko, es decir, lideresas políticas y espirituales de su lof (comunidad) Trypay Antú,. Una de ellas, Clorinda Gualmes, resiste a los desalojos junto a su familia desde la época de la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970). En esos años se enfrentó al Ejército desde su cosmovisión mapuche junto a creencias religiosas de la cultura huinca (blanco invasor).
A sus 87 años, la lonko Clorinda sigue luchando por el reconocimiento legal de su tierra de su comunidad, también conocida como “los mapuche del cerro de la Virgen de las Nieves”.
El conflicto que viven las comunidades mapuche cercanas a Bariloche en su reclamo por la tierra es similar al del resto de la Patagonia: buscan recuperar lo que el genocidio llamado Campaña del Desierto les quitó.
Clorinda fue la primera mujer en integrar el consejo mapuche local. Se define como perseverante, profundamente creyente en la fe católica y mantiene lazos con la Iglesia de Bariloche, en un claro caso de sincretismo. Según ella, “hay que integrarse, estamos en el siglo XXI, la naturaleza es la madre tierra pero también tengo mucha fe en la Virgen de las Nieves”.
Su abuelo y su hermano participaron del desmonte para hacer las pistas de esquí del cerro Catedral. Su hijo Luis es un werken (vocero) y encargado de mantener la lengua mapuche, el mapuzungun. “El pueblo mapuche no debe perder las raíces de sus ancianos, fueron los que nos dieron la educación bilingüe. Pero nuestro idioma no se escribe, es oral, los diccionarios están mal hechos. Y es como el inglés, se escribe de una manera y se pronuncia de otra”, explica Luis.
La comunidad
En la comunidad Tripay Antú vive esta numerosa familia que habita 170 hectáreas desde fines del siglo XIX, en este paraje de alto tránsito turístico ubicado en la ladera noreste del cerro Otto, al borde de la ruta 82 y de la que va al lago Gutiérrez. Allí fabrican dulces de sauco, manzana y ciruela, siembran verduras y hortalizas, y crían vacas, ovejas, cabras, gallinas, pavos y caballos.
Sus actividades productivas coexisten con el peregrinar de los fieles al santuario de la virgen, y con el paso de los que practican escalada y montañismo. Esta pacífica convivencia sólo se vio alterada por los sucesivos intentos de desalojo que protagonizó el Ejército, con el argumento de que esas tierras fiscales le fueron cedidas por Parques Nacionales en 1937.
“El Ejército quería sacarme para vender esta tierra a la confitería giratoria del cerro Otto, pero me defendí sola”, explica Clorinda. Y se emociona al recordar que su madre al morir le había pedido que nunca abandonara el campo. “Así lo hice, llegaron como cincuenta soldados con las altas autoridades de Bariloche para que me fuera, y les dije que yo no me iba a ir”. Clorinda se plantó frente a las tropas, rezó nueve Padre Nuestro y los soldados se fueron. En otra oportunidad frenó los escuadrones con una bandera argentina y pintando todos los postes de la zona celeste y blanco.
La anciana mapuche traza una clara diferencia con las recuperaciones territoriales más recientes, porque afirma que ella y su familia nunca se fueron. “No son tierras del Ejército sino del Estado nacional, ellos lo ocupan. Mi abuelo estaba antes que ellos, ayudó a construir el Ejército. Mi papá hizo el muelle más allá de Playa Bonita, junto con mi hermano, también hicieron el desmonte para las pistas del cerro Catedral. Nosotros nunca nos fuimos”.
Durante el primer desalojo le rompieron todo, las tierras sembradas, la casa nueva que pensaban estrenar en Nochebuena, mientras la familia escapaba para acampar en el cerro. Su hija Elba tenía 16 años y recuerda el invierno que pasaron ahí, con su hermano Luis. El segundo desalojo lo intentaron durante el gobierno de Isabel Perón, en 1973. Y el tercero fue en junio de 1983, pero “como ganó (Raúl) Alfonsín la cosa cambió un poco”, apunta Clorinda. Es una tarde soleada, de fondo se escucha el sonido de animales y tractores.
El coronel, la virgen y la nieve
La lonko Gualmes nació en la localidad de Comallo y llegó a Bariloche de muy pequeña. “Somos mapuches por parte de mi abuela, a mis abuelos les quitó la tierra la familia Aguirre Zabala en la Campaña del Desierto”. Para ella, ser “lonko” significa ser la jefa de la familia. “Dirijo las ideas, el trabajo y la parte espiritual. Dios me dio fuerza y coraje, tenía soldados y gendarmes armados con fusiles por todos lados, y justo uno al lado mío sabía que tenía una escopeta para cazar liebres o para asustar si nos venían a robar. Siempre tuve armas, pero nunca me ensucié las manos. Las sé usar, me enseñó mi papá. Los militares me dijeron que no se me ocurriera usarla. Le dije que no lo iba a hacer, pero que no les tenía miedo”.
Clorinda tenía cinco años cuando el teniente coronel Argentino Irusta fue embestido por un tren en un cruce de vías. El militar salvó su vida de milagro y en agradecimiento mandó construir el santuario para la Vírgen de las Nieves. “El marido de mi amiga Asunción, el capitán Montenegro que me había querido desalojar la primera vez, se enfermó de cáncer, y acudió a ver si podía perdonarlo. Y sí, lo perdoné. Y doné ese pedazo de tierra para que hagan una iglesia para la Virgen de las Nieves”.
Fallo histórico
Clorinda Gualmes y su familia son protagonistas de un fallo histórico, el primero en el que la justicia intimó al gobierno a entregarles el título de propiedad de las tierras. En la última resolución que firmó antes de jubilarse, la jueza en lo contencioso administrativo federal María José Sarmiento ordenó al Poder Ejecutivo “en el término de 60 días le transfiera a título gratuito el dominio de las tierras fiscales al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a los efectos de su adjudicación inmediata en propiedad comunitaria al lof Trypay Antú». Fue en 2018 y constituyó la primera resolución judicial que ordenó al gobierno la instrumentación de la propiedad comunitaria con un grupo indígena, hasta ese momento los únicos antecedentes se registraron en fueros provinciales.
El abogado de la comunidad, Manuel Aliaga, lleva dos décadas con este caso emblemático, que ahora se encuentra en la instancias de apelación en la Corte Suprema porque el Estado, a través del ex ministro de Justicia Germán Garavano, apeló ese fallo favorable que había obtenido.
Clorinda y su hija fueron recibidas, en su momento, por la ex primera dama Inés Pertiné, esposa de Fernando de la Rúa. Pero la salida anticipada del poder hizo que el ex presidente no llegara a firmar el dictamen favorable del ministerio de Desarrollo Social para el otorgamiento de la posesión de su tierra. En esos días los Gualmes y los Ranquehue eran una sola comunidad, pero a partir de 2005 se separaron. Aliaga logró la resolución favorable del reclamo administrativo, donde el Estado reconoció la “posesión ancestral, actual y pública” de las tierras que ocupan desde el siglo XIX para las dos familias.
Hubo que intimar al Estado con un amparo para que fuera reconocida esa decisión administrativa. Los funcionarios responden que reconocen el derecho a la propiedad comunitaria pero aducen que no existe una forma operativa de implementar el otorgamiento concreto de los títulos de propiedad. Sin embargo, el abogado Aliaga explicó a Presentes que “eso no es cierto, están invisibilizando el artículo 8 de la ley 23.302 que establece precisamente eso: una forma operativa para entregarle su tierra a los pueblos originarios”.
Intervino la provincia de Río Negro negando todo derecho a la propiedad y desconociendo la personería jurídica de la comunidad Trypay Antú. Por eso ahora la palabra está en la dirección de asuntos originarios de la Corte Suprema. En el medio, pesan poderosos intereses inmobiliarios porque desde el punto de vista legal los mapuche no pueden vender esa tierra, aunque sí disponer como dueños para su subsistencia, y tener los servicios esenciales de gas y agua de los que ahora carecen.
Mirta, Marta y Luisa
En una instancia judicial parecida se encuentran las comunidades mapuche Tambo Báez, Millalonco Ranquehue y Celestino Quijada, también de la zona de Bariloche, que obtuvieron el reconocimiento judicial de la propiedad de sus tierras pero esa decisión fue apelada por el Ejército. Por eso, enviaron una carta abierta al ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana. “Exigimos que reconozca nuestra preexistencia como pueblo originario y que respete nuestros derechos. Nos encontramos nuevamente ante la necesidad de hacer pública la defensa de lo que por derecho nos corresponde. Como es de su conocimiento, somos sobrevivientes del genocidio sufrido por nuestro Pueblo Mapuche a manos del estado y del ejército Argentino”, indicaron en la misiva.
“Nosotras Mirta Godoy, Marta Ranquehue y Luisa Quijada somos mujeres mapuche, vivimos y nos desarrollamos en nuestros territorios comunitarios, tenemos presente la historia de despojo, abuso y amedrentamiento constante por parte del Ejército. Podemos contarle frente a frente nuestra historia, historia que no encontrará en los libros ni en los medios de comunicación”. Las tres mujeres representantes de sus comunidades explicaron que “el territorio ha sido relevado y reconocido por el Estado Nacional a través del INAI”. Y se preguntaron: “¿Un organismo del Estado reconoce que el territorio pertenece a las comunidades pero otro organismo, del mismo Estado, pretende despojarnos insinuando que no existimos?”, se preguntan.
Sobre la apelación del Ejército a la sentencia de la justicia federal de Bariloche que ordenó otorgar el título de propiedad a la comunidad Millalonco Ranquehue manifestaron: “Nos resulta incomprensible y repudiamos esta acción racista y discriminatoria que va en contra de los derechos humanos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Nacional y en los diversos tratados internacionales suscriptos por la Argentina”. Y, una vez más plantearon un interrogante “¿Desconoce Ministro Taiana que el organismo especializado en cuestiones referidas a los pueblos originarios no apeló este falló ya que considera que el reclamo es justo y viene a brindar una mínima reparación al genocidio y despojo sufrido por las comunidades mapuche?”.
Godoy, Ranquehue y Quijada expresaron que con su accionar el titular de la cartera de Defensa “favorece a los capitales, tanto extranjeros como nacionales que se apropian de grandes extensiones de tierra, agua y recursos”. Y aclararon que no pretenden que les regalen la tierra sino “los títulos que nos brinden una mínima seguridad ante quienes pretenden despojarnos”.
En la carta mencionaron al denominado Consenso Bariloche, al que calificaron como “un espacio racista” que con “datos falsos manipula a la opinión pública” para impedir que se efectivicen sus derechos. A pesar del énfasis de estas mujeres indígenas, la semana pasada el juzgado federal de Bariloche hizo lugar a la apelación del Ejército y frenó la entrega del título de propiedad de esas 170 hectáreas. Esa fuerza armada argumenta que “dicha porción del territorio es esencial para el desarrollo de las actividades de instrucción que lleva adelante la Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón”. Así, las comunidades Tambo Báez, Millalonco Ranquehue y Celestino Quijada, como también Trypay Antú, permanecen en el lento laberinto judicial y burocrático que en los hechos dilata el reconocimiento de los derechos consagrados a nivel constitucional e internacional.
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