La defensora ambiental qom Bernarda Pesoa denuncia amenazas de muerte en Paraguay

Bernarda Pesoa, lideresa de la comunidad Santa Rosa del Pueblo Qom y defensora territorial y medioambiental del chaco paraguayo, volvió a ser amenazada de muerte.

20 de abril de 2021
Concepción Oviedo
Natalia RocaLeticia Galeano

Por Concepción Oviedo

Fotos: Natalia Roca y Leticia Galeano para Fondo Mujeres del Sur

Bernarda Pesoa, lideresa de la comunidad Santa Rosa del Pueblo Qom y defensora territorial y medioambiental del chaco paraguayo, volvió a ser amenazada de muerte. El sábado 17 de abril denunció vías redes sociales haber recibido amenazas por parte de dirigentes indígenas qom que apoyan el proyecto para monocultivo de eucaliptos, ejecutado y  financiado por la Fundación Paraguaya.

“Si esta gente me llegan a matar, que me maten en mi tierra y en mi comunidad con honor y con valor, como mujer defensora territorial y medioambiente esto va a los medios de comunicación y al INDI para que sepan de lo que va a suceder esta noche la amenaza viene a mi nombre tengo audios como prueba gracias”, expresaba Bernarda tras haber recibido amenazas de muerte por parte de hombres indígenas qom, quienes alquilan tierras comunitarias. Bernarda dice que tiene pruebas: entre ellas audios del plan de ataque para el sábado en horas de la noche.

Bernarda es integrante de Conamuri, una organización que agrupa a mujeres campesinas e indígenas, y forma parte del Colectivo de Mujeres del Gran Chaco Americano. La lideresa también es artesana, madre y abuela.

Pesoa tuvo que dejar la escuela para trabajar y aprendió español cuando fue empleada doméstica en Asunción. A los 19 años empezó a luchar por los derechos de su pueblo.

Esta no es la primera vez que recibe amenazas. Éstas comenzaron desde el momento en que su comunidad, ubicada a 39 kilómetros de Asunción, en el distrito de Benjamín Aceval del departamento de Presidente Hayes, se opuso a la plantación de monocultivo de eucaliptos en las tierras que pertenecen por igual a las 8 comunidades de la única familia guaicuru sobreviviente.

“Las comunidades que nos amenazan son las que están de acuerdo con este proyecto de biomasa de eucaliptus,  San Francisco 1 y  San Francisco 2, que se reconocen como Grupo Cerriteños es su clan y la Comunidad se llama Rosarino”, dijo Bernarda a Presentes.

Estas comunidades conforman un consejo asesorado por la Fundación Paraguaya y firmaron un convenio para iniciar el proyecto en plena pandemia, sin haberse realizado la Consulta Previa Libre e Informada, según Ley 1039 que rige desde el 2018 para territorio paraguayo.

Según un censo de 2012, unas 120.000 personas se reconocen como integrantes de pueblos originarios en Paraguay. El 76% vive en situación de pobreza extrema.

Corte de ruta en Transchaco

La ONG Fundación Paraguaya realiza proyectos sociales con comunidades en varias ciudades del país. Según cuentan en su página web, su  visión es  “un mundo sin pobreza donde todos queramos vivir”. Esta organización está dirigida por el empresario y político Martín Burt, ex Intendente de la ciudad de Asunción por el Partido Liberal (1996-2001) y ex Jefe de Gabinete del gobierno de facto de Federico Franco, instalado luego del golpe de Estado (algunos llaman golpe parlamentario) contra el expresidente Fernando Lugo.

La policía intervino ante la denuncia de amenazas de muerte luego de que se visibilizara en redes sociales y medios de comunicación. El 27 de octubre del 2020, Bernarda ya había sido violentada físicamente al intentar frenar el avance del proyecto, ante ese hecho de violencia el Juzgado de Paz dio orden judicial de no acercamiento pero  fue desacatado.

La Fiscalía no investiga, la policía organiza reuniones comunitarias

Hasta la fecha la Fiscalía de Villa Hayes no ha realizado una sola imputación a las personas responsables de estos hechos de violencia y desacato. La Ley 5777/16 de Protección Integral de las Mujeres contra toda forma de violencia tampoco es aplicada por la policía nacional, al no acudir ante el primer llamado de ayuda.

Ante está situación, la policía hizo un llamado a  reunión entre líderes indígenas para el martes 20 de abril a las 9:30 hs. En la comunidad San Francisco de Asís.

“Las autoridades convocan a una reunión avalando a las personas que atropellaron a mi comunidad y nosotros como siempre no tenemos derechos a realizar reunión con autoridades en nuestra comunidad, siendo que nosotros somos víctimas”, dijo Bernarda a Presentes.

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