Por Juliana Quintana

Fotos: Jess Insfrán

Este año que pasó, varios gobiernos municipales y los poderes ejecutivo y legislativo fueron permeables a las demandas anti-LGBTI de grupos antiderechos. La Cámara de Senadores se declaró “provida y profamilia” el 21 de marzo de 2019, como lo había hecho la de Diputados en 2018. Varias autoridades del país se declararon abiertamente “contra los derechos de personas LGBT” utilizando referencias a la Biblia y la Constitución Nacional, incluso exponiendo una retórica de protección a la infancia como excusa para ejercer violencia. 

De acuerdo al último informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) solo la municipalidad de Presidente Franco se declaró provida profamilia, pero varios municipios le antecedieron con la medida en estos últimos años: Encarnación, Ciudad del Este, Ñemby, Luque y Limpio (2017), Filadelfia (2018). La ciudad de Hernandarias lo hizo el 6 de julio de 2017. 

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Ante la ausencia de datos oficiales de violencia y discriminación hacia el colectivo LGBTIQ+, Rosa Posa, de Aireana (grupo por los derechos de las lesbianas); Erwing Augsten, de la red Contra toda forma de discriminación y Mariana Sepúlveda, de Panambí (asociación de travestis, transexuales y transgéneros del Paraguay) redactaron el capítulo “Derechos de las personas LGBTI. Discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género” de la Codehupy.

“Vivimos un retroceso sin haber avanzado”, refiere el informe.  A 60 años del primer registro de defensa de los derechos de la diversidad sexual en Paraguay, (esto es, el caso de Bernardo Aranda, en 1959) y a 30 años de la caída de la dictadura, los discursos de odio siguen operando en un marco simbólico perteneciente la última dictadura militar que persiguió, torturó, privó de libertad a quienes consideraban “peligrosos”. 

Represión en Hernandarias

Una vez más, los representantes comunales de las municipalidades de Encarnación (departamento de Itapúa) y Hernandarias (departamento de Alto Paraná) llevaron adelante acciones con la intención de prohibir las actividades relacionadas alrededor del 30 de septiembre, Día Nacional por los Derechos LGTBI. Utilizaron desde discursos de odio, presión a las autoridades por parte de grupos de iglesias, hasta una resolución donde prohibieron la realización de la Segunda Marcha del departamento de Alto Paraná en la ciudad de Hernandarias. 

La represión en Hernandarias marcó un antes y un después en la legitimación de la violencia hacia las personas LGBT. Ese marco fue suficiente para que Rubén Rojas, el actual intendente de Hernandarias, intentara prohibir la marcha TLGBI en esa ciudad. Mediante una resolución municipal comunicó la medida a la Policía y al Ministerio Público, lo que animó a la gente a violentar a los manifestantes. Recibieron apedreadas, insultos, amenazas con armas, cruces y rosarios. Un hecho sin precedentes en Paraguay. 

Distintos grupos autodenominados “provida y profamilia”, que triplicaban el número de manifestantes, comenzaron a arrojar piedras, cascotes y bombas 12×1 a activistas del colectivo LGBT convocades por la Segunda Marcha Diversxs Alto Paraná. Integrantes de Amnistía Internacional y Diversxs Asunción viajaron para apoyar la movilización que arrancó a las 15 horas. La concentración partió de la plaza Niño Jesús en dirección a un predio alquilado en la ciudad.

“Este caso fue tremendo para nosotras porque, si bien siempre hay violencia de la policía, comenzamos a recibir 2 a 3 denuncias por día de situaciones violentas en lugares públicos. La gente ve que puede agredir a otra persona y salir impune, entonces los casos se agravan mucho más”, expresó Robledo. 

176 casos de discriminación 

De octubre de 2018 a octubre de 2019, las organizaciones Aireana y Panambi recibieron 176 casos por diferentes hechos de discriminación, amenaza y agresión física. La línea telefónica Rohendu (“te escuchamos”, en Guaraní) recibió 106 llamadas por discriminación a personas LGBT y, Panambi, 70. 

Para Carolina Robledo Desh, presidenta de Aireana, el incremento de casos debe a un aumento de la violencia en el discurso por autoridades y la Iglesia. En diálogo con Presentes, contó que las llamadas aumentaron en un 70% después del hecho de violencia en la marcha de Hernandarias.

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Mariana Sepúlveda explicó que los casos son similares a los de años anteriores pero que aumentó la agresión policial y las discriminaciones por identidad de género. Los lugares más comunes son los shopping, las facultades y las comandancias que son lo que elles denominan “zonas rojas” o de trabajo sexual. También destacó la violencia por parte del Estado en las penitenciarías (Tacumbú, Emboscada nueva y vieja) y discriminación en los servicios de salud. 

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“Hubo amenazas por parte de la sociedad civil incluso en supermercados. El 24 de diciembre, después de las 12, muchas compañeras tienen que salir a trabajar. El año pasado hubo gente que tiró botellas cargadas de cerveza a las chicas en las zonas rojas. Sabemos que estos últimos meses del año aumentan los índices de violencia, por eso vamos a estar abiertas a recibir llamadas”, narró Mariana. De acuerdo al relevamiento de Panambi, las zonas más violentas para las personas trans en el 2019 fueron San Lorenzo, Fernando de la Mora, Capiatá y Roque Alonso. 

Todo este año transcurrió sin que se investiguen los casos de transfemicidio de Ada Mía Naomi Gómez (29) y Nicol Ferreira (31), que ocurrieron en el 2018. Un nuevo caso se dio a conocer en octubre de este año. Un joven de aproximadamente 20 años asesinó a Soledad Soler Fernández (42). Inicialmente, la investigación apuntaba a un posible asalto, pero, según refierió la fiscala a cargo, los 9 disparos que recibió podrían indicar que se trató de un asesinato premeditado. El caso fue caratulado como homicidio doloso. 

De ser verificado el crimen de odio, se trataría del transfemicidio número 62 en transición democrática. Sin embargo, esta cifra sólo refleja los casos que fueron denunciados y llegaron a una instancia judicial. La mayoría de los casos de violencia hacia las personas trans no se denuncian ante las instituciones del Estado paraguayo por la estigmatización, impunidad y discriminación estructural que significa para el colectivo.

Pena máxima para el asesino de Romina Vargas

El 1 de octubre de 2019 en Luque, el poder Judicial emitió un fallo histórico en el primer juicio por asesinato a una persona trans en el Paraguay. Condenó al asesino a la pena máxima, reconociendo que sus motivaciones fueron el odio y la discriminación. 

El hecho ocurrió el 15 de octubre de 2017. A casi dos años de la imputación de Blas Amarilla (24), fue hallado culpable y condenado a 25 años de prisión por el asesinato de Romina Vargas. Es la primera vez que el Estado sanciona un transfemicidio -aunque no exista esa tipificación ni agravante en la ley-.

“Es un rayito de luz para nosotras que se haya llegado a una condena de 25 años. De 61 casos de asesinato, es la primera vez en la historia que tenemos justicia. Yo creo que, gracias a esto, la gente va a pensar dos veces antes de volver a cometer un crimen. La idea de que el homicida no quedaría impune, ya genera un poco de miedo”, consignó Mariana. 

Discriminación en espacios públicos

Clubes, shoppings (del sol, Villa Morra, Mariscal López, Pinedo, Multiplaza), restaurantes, boliches (Faces), foodparks violentaron, discriminaron o echaron de sus instalaciones al menos una vez en el año a miembros de la comunidad LGBT. En Paraguay, aún no existe una ley contra forma de discriminación y eso habilita a las instituciones y a las empresas privadas a discriminar por identidad de género u orientación sexual ocasionando daños morales sin consecuencias. 

Simón Cazal, director de la organización SomosGay contó que el último pico de agresión que recibieron como colectivo fue en el 2010 con la aprobación del matrimonio igualitario en la Argentina. Se trató de una época en la que a muchas personas LGBT se les echaba de lugares. El segundo pico de violencias, según Cazal, fue con la asunción del ex presidente Horacio Cartes. Desde entonces, no bajó la agresión simbólica por parte del Estado.

“Siempre en momentos de tensión política explota. Usan como chivo expiatorio la tecla misógina y homofóbica. El pánico moral se usa como herramienta de agitación social. Y ahora, en este período estamos enfrentando una avanzada evangélica legitimada por el Estado”, opina Simón. 

Cambio de nombre

En Paraguay hoy no existe una ley que prohíba a una persona trans cambiar su nombre. Por un lado, los argumentos de la Fiscalía colisionan con el criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al que el país suscribe. Y, por el otro lado, la opinión consultiva solicitada por la República de Costa Rica, la Corte IDH señaló que las personas tienen derecho a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género tanto en los registros, como en los documentos de identidad.

La activista trans Mariana Sepúlveda, luego de haber ganado la primera instancia judicial en el trámite de cambio de nombre en la cédula de identidad paraguaya, llegó a la Corte Suprema. Luego del fallo de la jueza Karen Leticia González, que salió favorable a la Constitución y conforme al derecho internacional, la Cámara de Apelaciones sometió el caso a una opinión consultiva de la Corte. 

Tortura y violencia intrafamiliar

Este año hubo un resurgimiento de la tortura con las mal llamadas “terapias de reconversión”, principalmente, en manos de grupos evangélicos. Se trata de lugares de tortura ilegales disfrazados de centros religiosos.

Un caso paradigmático que recibió Aireana fue el de Alicia, de 23 años, de la ciudad de Luque. Cuando les contó a sus familiares que empezó una relación con una chica, la echaron de la casa y ella se fue a vivir con su pareja. Al cabo de unos meses, su padre fue a buscarla con el pedido de que regresara a su casa con su familia, y Alicia accedió. Pero días más tarde la llevaron a un centro evangélico y la encerraron por tres meses para recibir un “tratamiento” que la “curaría” de su homosexualidad.

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Las sociedades paraguayas de Psiquiatría y de Psicología se posicionaron sobre este punto en el 2011 advirtiendo que dichas “terapias” de cambio de orientación sexual no tienen justificación médica y amenazan bienestar de personas.

Al ser consultada sobre la creciente ola de denuncias en Aireana, Robledo contestó que hay un retraso de la salida de la casa del núcleo familiar. Entonces, reciben no sólo discriminación sino también violencia. “Yo creo que, por un lado, hay como una generación que está perdiendo el miedo a exigir sus derechos, por eso denuncian. Por otro lado, creo que el sector fundamentalista se siente avalado en un gobierno derechista que no reconoce a las personas LGBT como sujetos de derecho”, manifestó.