25 de octubre de 2019

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Por Airam Fernández, desde Santiago de Chile

En mayo Emilia Schneider se convirtió en la primera presidenta trans en la historia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), la organización estudiantil más antigua de América Latina. Desde el jueves, la joven de 23 años reparte su tiempo entre asambleas, reuniones y calle. Demanda mejoras en salud, educación, transporte público y una reforma al sistema de pensiones de capitalización individual vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet y creado por José Piñera, economista y hermano del actual presidente Sebastián Piñera. 

Schneider estudia Derecho, milita en el Partido Comunes, es feminista declarada y una de las tantas caras y voces de las protestas que sacuden al país. Empezó con estudiantes autoconvocades y luego se sumaron miles de personas en Santiago y otras ciudades, en contra del tercer aumento del año al pasaje de metro.

El nombre de Emilia resuena con fuerza desde antes de llegar a la Fech a asumir el mismo cargo que hace tiempo ocupó Camila Vallejo, hoy diputada del Partido Comunista. Fue integrante de la Coordinadora Feminista 8M, organización que convocó a la huelga feminista de este año en el marco del Día Internacional de Mujer, en lo que califican como la movilización más grande de la capital chilena desde la caída de la dictadura. En 2018, Emilia fue una de las líderes de la toma feminista en la Facultad de Derecho de su universidad, que duró 74 días y buscaba la renuncia de un profesor acusado de acoso sexual y laboral. 

«No hay vuelta atrás, Vamos por todo»

Este jueves 24 de octubre, en medio de una huelga nacional y minutos antes de entrar a un cabildo en la Fech para debatir sobre los próximos pasos que darán en las calles, Schneider conversó con Presentes. Está segura de al menos dos cosas: este es “apenas el comienzo” y el paquete de medidas sociales que anunció el gobierno el martes por la noche no logrará calmar a los manifestantes: “De esto no hay vuelta atrás. Ahora vamos por todo”. 

-¿Cuál es balance que haces después de seis días consecutivos de manifestaciones? 

-Este es un proceso muy relevante para el país y un estallido que lo único que demuestra es que no hemos tenido respuestas justas durante años de movilizaciones, reclamando por la mercantilización de distintos aspectos de nuestras vidas como la salud, la educación, las pensiones o la precarización laboral. Si bien todavía no tenemos respuestas concretas del gobierno, creo que el balance frente a las demandas es positivo. Porque ya se están refiriendo a los temas más urgentes que proponía la movilización. Pero lo que pretenden darnos no es suficiente. Por eso creo que este es apenas el comienzo de algo más grande. 

-¿Por qué crees que el conflicto estalla justamente ahora y no antes, si las demandas van muchísimo más allá del alza del metro? 

-Sin duda, esto va muchísimo más allá de eso. Fue la gota que rebasó el vaso. Con este movimiento social queremos que se sepa que a todos los aspectos de nuestra vida los rige el mercado. Es un modo de vida insostenible. Excede al transporte público: responde a 15 años de manifestaciones no atendidas, a un descontento muy amplio frente a un modelo que ha privatizado todo, hasta el modo de vivir.

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-El llamado inicial fue a una evasión masiva, a no pagar el transporte público. Luego devino en una manifestación pacífica y en algún momento se salió de control, con buses y estaciones de metro quemadas y saqueos. ¿Cómo se desmarca la Fech y otras organizaciones de eso? 

-La movilización no sólo partió siendo pacífica, sino que en general lo ha sido. En las calles hay familias enteras, jóvenes, niñas, niños, pero es cierto que ha habido ciertos episodios para generar daño a los bienes públicos, que no se justifican y son totalmente inaceptables. Al menos yo puedo comprenderlos en un contexto de tanta rabia y de tanta indignación contenida durante años. El gobierno ha puesto demasiado énfasis en esto y creo que es muy poco humano concentrarse en esas pérdidas materiales y criminalizar la protesta, e ignorar las violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas del Estado, las detenciones arbitrarias y los 18 muertos de estos días. Eso está ampliamente documentado por organizaciones y es mucho más grave que todo lo demás. Lo que quiero decir es que por supuesto que hay que condenar la destrucción del bien público, pero eso no puede restarle importancia a las vidas humanas y es lo que pretende el Gobierno. 

-En al menos cuatro de esas muertes han estado involucrados militares, según confirmó el Ejecutivo el 22 de octubre. Para muchos chilenos esto significa revivir el dolor de la época de la dictadura. ¿Cómo te plantas frente a eso?

-Una de nuestras exigencias inmediatas es que los militares salgan de las calles, porque no es aquí donde deben estar. Yo no viví la dictadura, de hecho nadie de mi generación. Y aunque estos hechos remueven heridas muy profundas de todo un país, creo que si nos estamos movilizando de esta forma es porque perdimos el miedo a la represión y queremos luchar por nuestros derechos y por nuestra dignidad. También creo que al gobierno le ha quedado claro que no aceptaremos la salida autoritaria que buscan para este conflicto. 

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-¿De qué manera se insertan las demandas de la diversidad en este conflicto? ¿Cómo ha sido la coordinación con otros movimientos? 

-El miércoles 23 de octubre se realizó una asamblea a la que asistieron disidencias de todo Santiago. Pusimos la sede de la Fech a disposición. Fueron invitadas distintas organizaciones con las que hemos trabajado durante el año, y sorpresivamente se sumaron activistas y muchas personas preocupadas por el trato que estamos recibiendo durante las protestas y los días que vienen. Estamos trabajando en una declaración para sumarnos a las movilizaciones nacionales, porque a las disidencias sexuales también nos golpea fuerte la privatización y mercantilización de la vida en este país. 

-¿Cómo se sumarán?

-Ya estamos en las calles, pero la asamblea del miércoles fue para seguir haciéndolo de forma más articulada, siempre en grupos grandes. Nos sumamos con las demandas que han sido históricas de la diversidad: respeto a nuestra integridad e identidad, derechos sociales, sexuales y reproductivos, educación sexual integral y en el caso de las personas trans, una ley integral que nos permita cupos para estudiar, cupos laborales, capacitaciones, reparación por violaciones de derechos humanos y una serie de cuestiones que no se solucionan con la Ley de Identidad de Género que se aprobó el año pasado.