Suspendieron al juez que agravó pena a una trans por migrante

El juez Juan José Ruiz de La Plata fue suspendido por haberle agravado la pena a una mujer trans por ser migrante.

19 de septiembre de 2019

El juez Juan José Ruiz de La Plata fue suspendido por haberle agravado la pena a una trans por ser migrante, vulnerando el derecho a la igualdad de trato y al principio de no discriminación. La medida la tomó el Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia, presidido por Eduardo de Lázzari, que también resolvió embargarle el 40 por ciento del sueldo. Ahora Ruiz deberá afrontar un jury que puede acarrearle la destitución.

Fue a partir de las denuncias contra el juez presentadas por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Federación Argentina de Lesbianas Gays y Trans y travestis (FALGBT), la Asociación de Travestis Trans y Transgénero de la Argentina (ATTTA), la Comisión provincial de la Memoria y María Rachid. “Lo denunciamos desde la FALGBT porque el agravante era por ser migrante y por ser trans, lo que constituye una decisión claramente discriminatoria y antijurídica que, viniendo de un juez es muy grave. Por eso estamos planteando su destitución, dijo Rachid a Presentes tras conocerse la medida.

“Xenófobo y transodiante”

El fallo del juez no es un hecho aislado, en un escenario donde las organizaciones vienen denunciando detenciones arbitrarias y causas armadas, especialmente en la provincia de Buenos Aires. “La suspensión al juez Ruiz, que dictó un fallo xenófobo y transodiante, es la cara visible de los armados de causa del Poder Judicial hacia las compañeras trans y travestis. Denota la connivencia entre la Policía, los jueces, algunos fiscales y también la trama perversa que se complejiza con los malos tratos del servicio penitenciario a las privadas de su libertad», expresó Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina, una de las instituciones que denunció al juez por su fallo”.

La sentencia discriminatoria

El expediente judicial arrancó con un operativo policial en La Plata, en abril de 2014, y la aprehensión de una persona trans, Claudia Córdova Guerra. Claudia estaba en la llamada zona roja y tenía en su poder un gramo y medio de cocaína. El juez Ruiz, desde el Tribunal unipersonal Nro. 1 de La Plata, dictó sentencia en mayo de 2016: condenó a Claudia a cinco años y tres meses de prisión más una multa de 225 pesos por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, calificación que luego fue cambiada por casación.

En su sentencia, el juez agravó la pena de Claudia por ser extranjera, en su caso, peruana. Lo expresó con estas palabras: “El Estado puede y debe aplicar sanciones como pena accesoria a la de la prisión y agravar las penas a los extranjeros que cometan delitos comunes en el país, sin que ello importe violación a los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación entre otros, siendo que estamos en presencia de una medida excepcional avalada por nuestra Constitución y Tratados internacionales que la integran. Lo único inconstitucional sería no hacerlo”.

Pero además de discriminarla por migrante, el expediente judicial trataba a Claudia en masculino y por su nombre anterior, algo que transgrede la ley de identidad de género sancionada en 2012. Apenas mencionaba su nombre como un “alias” y hacía menciones a “persona travestida”.

Claudia fue requisada por varones y enviada a un penal también de varones. El expediente también trataba en masculino a las testigas compañeras de la acusada que declararon en la causa y se autopercibían como femeneidades.

Cuando el juez se presentó para hacer su defensa, negó haber agravado la pena de Claudia por extranjera. Y dijo que las acusaciones eran un modo de hacer “una apelación encubierta” para intentar direccionar el rumbo de la casación.

Como respuesta a la apelación, en noviembre de 2016 la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal ordenó caratular el expediente incluyendo también la identidad de género de Claudia, cambió la calificación a “tenencia simple de estupefacientes” (es decir, sin “comercialización”), y objetó el agravante de “extranjera” esgrimido por el juez Ruiz. Por último, redujo la pena a 2 años de prisión en suspenso y la multa a 50 pesos.

Las acusaciones contra el juez

Tras las denuncias de las organizaciones de derechos humanos y diversidad sexual, la Comisión Bicameral y la Procuración General acusaron al magistrado de mal desempeño “en orden al tratamiento desigual que mereció la imputada”, al no cumplimiento de la ley 26743 de Identidad de Género y a la discriminación xenófoba en franca violación a la Ley 23592 (que sanciona los actos discriminatorios)”. También señalaron que la actitud del juez infringió la Ley de Migraciones y “comprometió al Estado argentino” en términos de sus compromisos internacionales. Esto puede acarrearle al juez su destitución, según la Constitución provincial.

A pesar de la defensa que hizo el juez de sí mismo, el jurado de enjuiciamiento consideró básicamente que había incurrido en un acto discriminatorio. Y enfatizó en su resolución que “El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia”. Y resolvió “suspender a partir de la fecha al magistrado disponiendo el embargo del 40 por ciento de su sueldo”.

Descargar la resolución que suspendió al juez por discriminar

“Me parece interesante remarcar que este fallo aleccionador, que data de 2016, intentó marcar desde la Justicia un nuevo momento de época con la asunción de María Eugenia Vidal en la provincia y de Garro en La Plata. Hoy, casi 3 años después, estamos viendo cómo podemos empezar a revisar todas las causas que denunciamos. La Justicia ha sido profundamente transodiante, xenófoba y racista con nuestro colectivo”, señala Vásquez Haro. Para ella, no se trata de un caso aislado sino que se enmarca en las numerosas violaciones a derechos humanos que se vienen denunciando y también en las muertes de sus compañeras trans y travestis que fallecieron en 2017, cuando estaban privadas de su libertad: Pamela, Angie, Damaris y Brandy.

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“No es un caso aislado, y también se relaciona con lo que pasa hoy con la compañera Mónica (Mego) que entró caminando a la cárcel y hoy la tenemos en silla de ruedas, parapléjica, porque las condiciones de detención agudizaron su enfermedad. Este fallo pone al descubierto esa trama perversa de los armados de causa y criminalización de trans y travestis en Argentina, y también el doble perfilamiento por lugar de procedencia”.

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19 de septiembre de 2019

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