Por Paula Rosales, desde San Salvador Foto: José Cabezas  Karla Avelar es una reconocida defensora de los derechos de las personas LGBT en El Salvador que fue forzada a pedir asilo en Suiza, donde reside, después de múltiples persecuciones, amenazas y torturas. Secuestraron a su madre y los miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), una de las pandillas más grandes y violentas que opera en Estados Unidos y tres países de Centroamérica, le exigieron que les entregara parte del dinero de un premio internacional al que había sido nominada. Avelar es trans y una sobreviviente de 41 años, cuando la media en la región es de 35 para las personas transgénero. Su vida estuvo siempre marcada por las violaciones a sus derechos humanos: fue violada en reiteradas oportunidades, secuestrada, torturada, encarcelada y herida con arma de fuego. [LEE TAMBIÉN: “Imparables”: el libro que nos cuenta sobre derechos LGBTI en América Latina] Al asilarse en Europa, Avelar tuvo que dejar la dirección de la organización COMCAVIS TRANS. El Salvador, un país de más de seis millones de habitantes, tiene una tasa de 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo, según Naciones Unidas. La comunidad trans salvadoreña reporta desde 1993 hasta la fecha el asesinato de unas 600 mujeres, sin que un solo caso se haya resuelto por la justicia. Muchas mujeres trans en El Salvador son obligadas a llevar droga, armas e ingresar escondidos teléfonos celulares a las cárceles.

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Ante las constantes persecuciones, discriminación, falta de oportunidades laborales, atentados y asesinatos en contra de la comunidad, muchas de ellas se han visto obligadas a pedir asilo en otros países. Avelar lleva más de dos décadas en su lucha por visibilizar las condiciones sociales y económicas de la comunidad LGBT. Su trabajo fue reconocido en 2017 al ser nominada y finalista del prestigioso premio de derechos humanos Martin Ennals. Presentes conversó con ella sobre su trayectoria, los desafíos mundiales que enfrentará la comunidad ante el incremento de líderes ultra conservadores que buscan suprimir derechos por la diversidad sexual.

– ¿Qué la motivó para solicitar asilo en Suiza?

KA: No fue una motivación nada agradable, fue sobre todo una necesidad. Durante mucho tiempo fui víctima de agresiones, que incluso llegaron al extremo de dañar mi integridad física, intentándome asesinar. También me secuestraron y de cierta manera me torturaron y obviamente esa situación ninguna persona debe soportarla ni permitirla. Sin embargo, en el camino a mí me toco soportar que también involucraran a mi madre, entonces, en ese sentido yo me vi obligada a soportar todo lo que pudiera, hasta llegar al extremo de poner en riesgo la vida de las dos. (Los mareros) me enviaban mensajes que, si no podían hacerme daño a mí, se lo haría a ella. De cierta manera yo podía garantizar mi seguridad, mi movilización cambiando de rutas y todo eso y mi madre no.

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A las autoridades públicas las denuncié por la situación de agresión, por detenciones arbitrarias, torturas, extorsión hacia las compañeras trans, entonces cada vez que me encontraban eran agresiones hacia mi persona, me decían que yo los ponía en mal y que cuales eran las evidencias que tenía. Y las pandillas fueron más allá, cuando se dieron cuenta de que yo era directora de una organización (COMCAVIS TRANS) comenzaron de una forma más agresiva el hostigamiento a hacia mi persona. En los últimos seis meses que estuve viviendo en El Salvador tuve que buscar la manera de movilizarme porque me atacaban en el autobús, una vez llegaron a mi casa a media noche me amenazaron y exigían que diera parte del premio Martin Ennals al que estaba nominada, me decían que yo tenía que entender que la mara necesitaba sostenibilidad y que si yo les garantizaba parte del premio ellos me garantizaban la seguridad y la protección. Como yo no accedí las cosas se salieron de orden, incluso llegué a la necesidad de solicitar apoyo internacional para poderme movilizar de forma inmediata, de poder cambiar de casa, se me asignó un apoyo para poderme movilizar, para cambiar de casa, de teléfono y para tomar medidas de seguridad porque ya no las podía controlar.

– ¿Usted sintió que fue vulnerada tanto por el Estado como por el crimen organizado, representado por las pandillas?

KA: Sí, sufrí agresiones de la policía y los militares.

– ¿Cómo la decisión de pedir protección?

KA: Viajamos con mi madre para la ceremonia de entrega del premio y yo no llevaba conmigo ningún documento porque no iba preparada para una decisión que tomé a última hora. Lo decidí después de saber sobre el video que le mostraron a mi madre y ahí supe que al regresar a mi país no iba a sobrevivir más de un día, no sabía cuánto tiempo me iban a estar torturando. Participamos en la premiación, en la que quedé en segundo lugar y para mí fue un proceso importante de reconocimiento de liderazgo y además se reconocía el trabajo de las defensoras de derechos humanos, situación que en El Salvador no se hace. Estando en Suiza mi mamá se desbordó y me confesó que el brazo que se fracturó en una ocasión no fue por causa de una caída de las escaleras, fue por un ataque de la pandilla hacia ella. Mintió para no causarme más preocupaciones. El acoso fue tan lejos que le exigieron a mi madre que les dijera la fecha en que yo regresaría a El Salvador del viaje a Suiza. Me iban a estar esperando en el aeropuerto desde el momento en que pusiera un pie en mi país. Sería asesinada frente a mi madre. Al exponer la situación a los organizadores del premio, se reunieron para evaluar el riesgo que corría de regresar a El Salvador y me instaron a que tomara una decisión. Abandonamos todo, la casa de mi madre y toda una vida que ya teníamos establecida. Ella me apoyó en la decisión, lloramos toda la noche en el hotel, no fue fácil.

– Después de ser obligada a migrar ¿cómo definiría la vida para las personas LGBT en El Salvador y cuáles considera que son las causas por las que un mayor número busca otros países de destino?

KA: Como activistas conocemos la situación de violencia en nuestros países. Yo lo definiría en una palabra bastante fuerte, lo que está pasando ahora en El Salvador para la población LGBTI es un genocidio. Un genocidio porque no hay respuesta, no hay un compromiso, no hay garantías de protección de los derechos de las personas, se limitan todas las posibilidades de superación a través del acceso al trabajo, la salud, al derecho al libre tránsito, al sufragio. Lo que vemos es una apertura para la utilización porque les servimos cuando ellos consideran que somos servibles, pero los motivos que hay para que estas personas tomen la decisión de irse son varias y son evidentes. El mayor problema es que el Estado no reconoce el desplazamiento forzado que se está viviendo tanto internamente como externamente.

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El problema no se soluciona solamente saliendo del país, apenas empieza, porque salir sin información, sin recursos económicos, con condiciones de vulnerabilidad al ser una persona LGBTI y más allá si es una persona transgénero que no cuentan con apoyo familiar ni respaldo social y llegar a un país como Estados Unidos en donde la garantía de derechos está cambiando últimamente. Es muy complicado porque no les garantiza nada, sobre todo con el presidente Donald Trump que ha negado derechos, ha negado fondos, protección y esto vuelve más trágica la situación.

– ¿Cuándo tomó la decisión de convertirse en una defensora de los derechos humanos de las personas LGBT?

KA: Motivos sobraron desde la infancia porque la discriminación de las personas LGBTI y especialmente las personas transgénero empieza en el seno familiar, esto es por la falta de información y por simple ignorancia que se da el rechazo. Yo actualmente soy respetada y aceptada por mi familia, pero en algún momento mi propia familia me rechazó, me hizo daño, desde muy temprana edad y yo tuve que irme de mi casa motivada no solamente por el rechazo, sino por las agresiones físicas, sexuales. Fui violada por mis primos, el trabajo de mi madre en la capital la obligó a dejarme al cuidado de mi abuela que no contaba con la información necesaria para entenderme. Al irme de la casa a los nueve años terminé dos veces en el hospital, el trabajo sexual me expuso a situaciones complicadas. Fui encarcelada en un centro penitenciario en donde me encerraron para cumplir mi pena con la pandilla que me había querido asesinar. Fue una de las partes más difíciles de mi vida, esos cuatro años y medio en la cárcel, nunca hubo una condena, hubo deficiencia del sistema judicial, fui encarcelada ilegal e injustamente.

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Fui capturada por un policía que me hizo la vida imposible cuando yo ejercía el trabajo sexual. Él falseó la información y testimonios del expediente con el que me encarcelaron. También fui víctima de la justicia, llegué a un punto muy difícil, cuando me encarcelaron golpearon con palos, me violaron durante dos días con el consentimiento de los custodios de la prisión, por poco me introducen un palo en el ano, afortunadamente llegó Borroneo Henríquez, que es el mero jefe de la mara, él les dijo que me dejaran, que mi peor castigo iba a ser soportarlos a ellos, me dejaron viva, pero fue vida sin vida. Me convertí en un objeto sexual en donde todos los días yo era su sirvienta, yo les planchaba su ropa, les lavaba sus zapatos, les cocinaba, fue un desgaste físico terrible y en mi condición de VIH desmejoró mi salud totalmente. Afortunadamente salí libre con el esfuerzo de mi madre que tuvo que pagar una extorsión al juez, que me liberó solamente cuando se le dio dinero y salí muy mal de salud. Después de todo, eso inicia una situación más crítica porque la pandilla me acusó de haber infectado a “Homboys” de VIH, obviamente para salvaguardar mi vida no les dije mi condición porque en el momento me hubieran matado. Ahí conocí la situación que vivíamos las mujeres trans y decidí que debía denunciarlo. No fue fácil tomar la decisión, me atreví y denuncié por primera vez en 2013 ante la CIDH la condición en la que estábamos vivienda, en ese informe se mencionó la situación de las privadas de libertad.

– ¿Sabe cuántos de los casos que usted denunció se han resuelto en El Salvador?

KA: La CIDH solamente hace recomendaciones a los Estados, pero de esta denuncia derivaron cuatro grandes recomendaciones. Una de ellas es que se aprobara la ley de identidad de género para las personas trans, otra es que se comenzara a documentar los crímenes de odio por parte de las instituciones de gobierno, también, instaba a que se reformulara el código penal y se agregara el agravante de crimen por odio. De estas solamente se hizo efectiva la ley de crímenes de odio. Esta reforma ha dejado un mal sabor porque fue aprobada en 2015, tiene tres años de vigencia y apenas se ha implementado en uno o dos casos, ahí es muy fácil de identificar la falta de compromiso, la falta de empatía en el cumplimiento de las leyes por parte de la fiscalía, porque los jueces no aplican los artículos en casos de agresiones hacia personas LGBTI. AP: ¿Qué piensa del avance de gobiernos ultraconservadores en el continente? KA: Creo que queda en evidencia del retroceso que han tenido los estados en el respeto a los derechos humanos, no solamente hacia las personas LGBTI, también otros grupos están siendo vulnerados como los pueblos indígenas, las mujeres, los desplazados. En el contexto internacional vemos a Brasil, Argentina, Nicaragua, Venezuela son países que están viviendo procesos complicados ya sea porque estén gobernados por personas ultraconservadores o que se han apoderado del poder, todo esto pone en riesgo la vida no solamente de las personas LGBTI, sino que también a las familias y el entorno social del país. Pero creo que hay un factor importante y es que las iglesias tienen un gran poder y se está reflejando a través de la elección de este tipo de gobernantes y que llevan al poder las exigencias de los grupos religiosos, esto es grave. El mensaje importante es que las organizaciones nos preparemos mejor para afrontar estos retrocesos de derechos que ya habían sido conquistados en Brasil, Estados Unidos, Argentina, esto merece una real atención y seguimiento de los mecanismos internacionales y las organizaciones sociales para evitar que estos Estados sean gobernados por el pensamiento loco de una persona. Respecto a El Salvador la situación no es nada favorable, se ha iniciado un proceso de retroceso desde que se eligió a la nueva Asamblea Legislativa y ahora se elige a un fiscal inclinado a la derecha y además existe la posibilidad de que un representante de ultraderecha llegue a la presidencia, esto complicará aún más las condiciones no solo de las personas LGBTI, sino que también a las mujeres. Dudo mucho que avance la ley de identidad, pero veo el panorama muy crudo, no habrá una mínima oportunidad que la ley de genero avance, al contrario de llegar la derecha a la presidencia pasará lo mismo que su sucede en Brasil que se bloqueen beneficios logrados, que desaparezca la dirección de diversidad sexual e incluso la secretaría de inclusión social podría desaparecer. En El Salvador la iglesia católica y evangélica tienen una gran incidencia en el manejo de las políticas públicas. Actualmente vivimos en una guerra silenciosa, con más de tres mil asesinatos al año, con ejecuciones extrajudiciales y queda muy evidente que está asesinando legalmente y en este caso el Estado es cómplice de la violencia desmedida.

AP: El Salvador está próximo a elegir nuevo presidente, ningún candidato ha hablado sobre la inclusión de los derechos de las personas LGBT en sus planes de gobierno. ¿Cuál es su valoración al respecto?

KA: Es negación y falta de reconocimiento a trabajar con las poblaciones vulnerables, solamente conozco un plan de gobierno y no me convence. Un punto importante es reunirse y escuchar a los sectores. Creo que el movimiento LGBTI debe exigir mucho más y potenciar las exigencias desde nuestra propia realidad.

-¿Cómo contribuye desde el exterior en la exigencia del respeto de los derechos de las personas LGBT?

KA: Ahora tengo la oportunidad de poder incidir de una manera más proactiva en el mecanismo de las Naciones Unidas, participo en las consultas, conferencias, revisión de documentos. También participé en la reunión anual sobre desplazamiento forzado junto al relator de Refugiados y Desplazamiento de la ONU. Continúo con la exposición de denuncias de violaciones a la comunidad LGBTI en Centroamérica.]]>