El Estado tiene que indemnizar a una joven trans abusada por dos policías

El gobierno de la provincia de Mendoza deberá pagarle $500.000 en concepto de daño moral a una joven travesti que fue abusada por dos policías cuando tenía 17 años, en enero de 2011. Así lo dispuso un fallo del Juzgado Civil N° 16.

2 de junio de 2018

[LEE TAMBIÉN: #CrímenesDeOdio2017 Drástico aumento de ataques callejeros en Argentina] La sentencia señala que el Estado deberá responder civilmente por el accionar de los dos agentes de las fuerzas de seguridad pública en el cumplimiento de sus funciones, ya que está probado que abusaron de la joven a partir de que fueron condenados. Y la sentencia fue confirmada por el máximo tribunal.

Los hechos

El 18 de enero de 2011, a la madrugada, los efectivos Osvaldo Palorma Palma y José Greco Romano mientras patrullaban obligaron a la víctima, JB, a subir patrullero aduciendo que tenía que ser trasladada a la comisaría por no tener su DNI. Pero la llevaron a los galpones que se encuentran en las inmediaciones del Parque Central y abusaron sexualmente de la joven, “con acceso carnal y en forma ultrajante”, según afirmó en el juicio.
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Los policías fueron condenados por abuso sexual con acceso carnal a 8 años de prisión y la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó la sentencia. Después de esa condena, Jazmín presentó una demanda por daños y perjuicios contra el Estado provincial donde pedía una indemnización en concepto de daño moral. Dijo que la violación “afectó su vida en todos sus ámbitos de relación”, destacando que en ese momento “era menor de edad, fue abusada en reiteradas oportunidades y sintió temor por su vida e integridad personal”. Jazmín hoy tiene 25 años, abandonó el colegio a los 17 y recibió muchas amenazas. Durante los dos años que duró el juicio estuvo encerrada en su casa. Ahora vive en Córdoba con su hermana porque “ya no le gusta Mendoza y teme por su seguridad”, según señala la resolución.

Acceso a un trabajo digno

“La mayoría de las personas trans no tiene posibilidades de acceder a un trabajo digno, para la gran mayoría la única forma de subsistencia es la prostitución. En la provincia de Mendoza hay tres proyectos de inclusión laboral que duermen en los cajones de los legisladores”, contó Daniela Flores.

Las contradicciones y los Códigos de Faltas  

“Celebramos que el Estado pueda reconocer la violencia que ejerce sistemáticamente contra nuestro colectivo y este fallo repara en una persona situaciones que vienen ocurriendo en todo el colectivo trans y travesti arrojado a la prostitución. Pero si bien lo celebramos entendemos que se queda en la mitad porque precisamente muestra en una situación cual es las vivencias que tienen que pasar las travestis cada noche en el sistema prostibulario de Mendoza. Lo contradictorio es que este fallo salga en beneficio de una persona trans pero por otro lado, todo el sistema político y jurídico mendocino no se plantea las herramientas para que la policía deje de tener impunidad total sobre los cuerpos travestis porque en Mendoza seguimos teniendo códigos de faltas que criminalizan y persiguen a la prostitución y siguen habiendo medidas cada vez más restrictivas. De fondo no se toca la cuestión de cómo esos códigos son utilizados sistemáticamente por la policía para perseguir un colectivo vulnerable, dijo Mario Vargas de la agrupación CLIK. Y agregó: “De todas formas, está bueno porque les muestra a las demás chicas que se puede denunciar, que hay un fallo a favor, marca un precedente que está bueno en esto. Creo que también la lucha de las organizaciones es de las organizaciones por derogar los códigos de faltas que siguen criminalizando a las personas en situación de prostitución”, Mario Vargas de la agrupación CLIK
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La sentencia señala que la suma de 500.000 pesos “podría ser de utilidad para ella y para su consolidación como mujer independiente; pues la misma aparece como suficiente para, por ejemplo, cubrir su educación universitaria en una institución privada, si es que decidiera retomar sus estudios. Me inclino por una institución de esas características en función de que entiendo que ello le podría proporcionar mayor flexibilidad para simultáneamente trabajar, dado que ya cuenta con 25 años”, concluye la sentencia. Y añade que además de la indemnización a Jazmín, el Estado provincial deberá hacerse cargo de los honorarios de los abogados y peritos intervinientes en el proceso, que ascienden a los 75.000 pesos.]]>

2 de junio de 2018

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