Tras las muertes de Pamela Macedo Panduro y Angie Velázquez mientras estaban detenidas, el Juzgado correccional N° 2 de La Plata ordenó a la Provincia de Buenos Aires medidas concretas para garantizar la atención sanitaria de las mujeres trans y travestis en la Unidad Penal N° 32. «Se está poniendo un límite al Estado y al Poder Judicial sobre condiciones de detención. Si el Estado no cumple, vuelve a las detenciones ilegales e inhumanas», dijo la abogada de Otrans.

Ilustración: Florencia Capella

Un fallo del juzgado correccional N° 2 de La Plata (provincia de Buenos Aires) firmado por Eduardo Eskenazi consideró como “obligaciones inmediatas” de la Subsecretaria de Políticas Penitenciarias bonaerense, la evaluación de la salud de las detenidas trans y travestis.  Fijó las condiciones médicas de las que ya se encuentran detenidas  y de las que ingresen al penal. Para ello exigió un plazo de 72 horas para realizar una evaluación médica que incluya exámenes clínicos y de laboratorio a las internas que sean derivadas a la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela. Mientras que para las que ya han sido evaluadas clínicamente exigió que se revisen los chequeos y se determine si se cumplen las condiciones de los diagnósticos en cada caso. Allí estaban privadas de su libertad Pamela Macedo Panduro y Angie Velázquez, quienes fallecieron mientras estaban detenidas. La medida judicial dispuso además la atención sanitaria  integral de las mujeres trans y travestis alojadas en los pabellones 9 y 11 de esa Unidad Penal.

Plazo máximo en comisarías: cinco días

El juez también dispuso un plazo máximo de cinco días para alojar a las detenidas trans y travestis en comisarías. Y ordenó al Estado el reacondicionamiento de la estructura edilicia del penal para mejorar la calidad de vida de las internas. “El fallo reconoce las graves deficiencias de las condiciones de detención de las mujeres trans y travestis en la provincia de Buenos Aires. También identifica a los organismos estatales responsables de remediar la situación fijándoles plazos para remediar las violaciones a los derechos humanos e impedir que se sigan dando, dijo la abogada de OTRANS Argentina, Luciana Sánchez.

«El 99,5 por ciento procesadas sin condena»

«El 99,5 % de las mujeres trans y travestis que se encuentran privadas de su libertad en esta unidad penal están procesadas, sin condena, son migrantes peruanas y ecuatorianas afrodescendientes e indígenas. Por escasas cantidades de estupefacientes las acusan de microtráfico. Están en situación de pobreza y exclusión, y además en su gran mayoría su salud se ve afectada por varias enfermedades crónicas», agregó. La sentencia fue una respuesta a las medidas de protección para las mujeres del colectivo trans y travesti alojadas en Florencio Varela solicitadas por OTRANS argentina en el marco de la denuncia por la muerte de Angie Velázquez y Pamela Macedo Panduro.

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Marcela Macedo Panduro.

Medicación, estudios de VIH y doble ración de dietas especiales

“En la actualidad hay detenidas que hace más de un año no tienen su medicación o los resultados de sus exámenes de laboratorio”, contó Luciana Sánchez. El fallo ordena también garantizar los controles médicos periódicos, “que no deben quedar sujetos a las demandas de la detenida”. Señala que el Estado tiene la obligación de realizar las intervenciones y controles periódicos usuales acordes a cada patología asegurando la provisión de medicación correspondiente. En caso de las personas que sean VIH positivo, los estudios de cd4 y carga viral se les deben realizar en un plazo de 72 horas y fija se fijó un mes para los resultados. Además, la resolución judicial señaló que esa información deber ser reservada. Por otro lado, en un plazo no mayor a 10 días, el organismo penitenciario debe asegurar la provisión de dietas especiales, con doble ración de carne, fruta y verdura fresca.

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Protocolo de atención psiquiátrica

La medida judicial también ordena en la elaboración de un protocolo para proveer atención psiquiátrica a quienes lo pidan. “Este es un asunto delicado porque la salud mental y física de las detenidas está muy deteriorada por las mismas las condiciones de detención”, apuntó la abogada de OTRANS. Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela. El fallo también ordena asegurar la provisión periódica de preservativos y de elementos para higiene personal y del lugar. Esa medida se extendió para las mujeres del colectivo trans y travesti alojadas en el penal de Sierra Chica (provincia de Buenos Aires).

«Un límite al Estado y al Poder Judicial sobre condiciones de detención»

“Con esta sentencia se está poniendo un límite al Estado y al Poder Judicial sobre las condiciones de detención que deben asegurarse. Si el Estado no cumple con este fallo, vuelve a las detenciones ilegales e inhumanas», dijo la abogada de Otrans.

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Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina, dijo a Presentes que el fallo deja en claro “el abandono y las deficiencias por parte del Servicio Penitenciario, de la policía y de la Justicia. Conocen las enfermedades crónicas de las compañeras pero no son atendidas en tiempo y forma”. Y remarcó la ignorancia de muchas personas acerca de la ley de identidad de género. «El estado tiene que dar cuenta de las muertes de Pamela y Angie. Vamos a seguir exigiendo el esclarecimiento de sus muertes y evitar que otras chicas mueran en las mismas condiciones».    ]]>