Así lo establece el último informe de la organización Panambi. Los abusos policiales y en el sistema de salud, así como la falta de registros oficiales de las denuncias por violencia, dan cuenta de la ausencia de políticas estatales que garanticen los derechos de la población trans. El informe sobre la situación de violencias hacia las personas trans en Paraguay durante 2016, elaborado por la organización Panambi, da cuenta de un contexto generalizado de discriminación social e intolerancia hacia el colectivo tanto en los ámbitos público y privado. Se registraron dos asesinatos de mujeres trans, mientras que las denuncias por violencia física, discriminación por orientación sexual y por identidad de género aumentaron de 39 en 2015, a 87 en 2016. El informe relevó también casos de abusos policiales, condiciones de las personas trans detenidas, falta de acceso a la justicia y las violencias que sufren en el acceso a la salud, entre otros puntos.

Dos travesticidios 

Si bien no existen datos oficiales sobre la cantidad de personas trans asesinadas durante 2016, a través de los medios de comunicación se registraron dos casos, sumando en total 57 desde 1989 a la fecha, según el informe Olvidadas hasta la Muerte publicado por la organización en 2014. Adriana, de 34 años, fue asesinada de una puñalada en el tórax el 5 de mayo en la ciudad de Capitá, mientras que Andrea González Martínez, de 20 años, a balazos el 6 de diciembre, en Ciudad del Este.

Aumento de la violencia por discriminación

De acuerdo a la línea telefónica Rohendu, el 14 % de los llamados que se reciben la por hechos de violencia o discriminación pertenecen a personas trans.

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Desde principios del 2012 hasta finales del 2016 se han registrado 1239 denuncias que refieren a casos que provienen de las poblaciones en mayor riesgo, y de personas que viven con VIH, con quienes el Centro de Consejería y Denuncias trabaja principalmente. Hubo 64 denuncias en el año 2012; 58 denuncias en el año 2013; 60 denuncias en el año 2014; 39 denuncias en el año 2015 y 87 denuncias en el año 2016.

Sin avances legislativos en materia de derechos

El informe remarca que prácticamente no hubo avances en materia legislativa. En ese sentido, señala que continúa sin aprobarse el proyecto de ley contra toda forma de discriminación. También destaca que la exclusión de las mujeres trans de la ley Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia, sancionada los primeros días de diciembre. 

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Los progresos en materia de derechos de personas trans se dieron a nivel ministerial con la aprobación del protocolo de atención a personas trans privadas de libertad del Ministerio de Justicia (si bien data de 2015, se dio a conocer durante 2016); y la Resolución 695 del Ministerio de Salud, que permite a las personas trans registrarse con nombre social en los servicios de salud pública.

 Torturas por parte de las fuerzas de seguridad

El informe señala que, si bien se tiene conocimiento de abusos policiales contra personas trans, en general los casos no se documentan, siendo muy altos los niveles de subregistro. “La violencia policial ocurre en todas las etapas de custodia, desde la detención, transporte en los vehículos policiales y, sobre todo, en las comisarías, donde los abusos van desde maltratos verbales reiterados hasta demanda de favores sexuales” dice el informe.

Violencia en la prestación de servicios de salud

El informe señala que los profesionales de la salud se niegan a tocar a las mujeres trans o utilizan precauciones excesivas; les culpan por su estado de salud; utilizan lenguaje grosero o abusivo. Panambí tiene conocimiento sobre la violencia contra personas trans –especialmente niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes– dirigida a intentar modificar su orientación sexual o identidad de género. La información se refiere a casos de personas que son sometidas a supuestos tratamientos psicoterapéuticos, con la finalidad de “modificar” su orientación o identidad. El informe destaca que, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, siguen vigentes algunos textos que clasifican a la homosexualidad como una patología, y con mayor razón a las personas trans.

Situación de las personas trans privadas de libertad

De acuerdo a los relatos de las mujeres trans privadas de libertad, se señala que no cuentan con camas o colchones, sábanas, elementos de higiene personal, etc. Además, constantemente se violenta el derecho a la alimentación, ya que existen ocasiones en que la comida “no alcanza” y la población trans es la primera en ver afectada su ración. Otro derecho vulnerado en las unidades penales es el acceso a la salud, no sólo por los obstáculos de infraestructura, sino también por la falta de medicación. Se señala que los padecimientos que más afectan a la población trans son la desnutrición, enfermedades bucodentales, apariciones de furúnculos, ITS, etc

Invisibilidad de la violencia cotidiana

Desde Panambí, observan que poca cantidad de denuncias registradas, también invisibilizan la violencia cotidiana contra las personas trans, particularmente en lo que se refiere a los ataques no letales. En este sentido da cuenta que de acuerdo a los relatos las personas trans sufren ataques que van desde empujones hasta palizas, lanzamiento de agua, botellas, piedras, objetos contundentes, inclusive ácidos; en otros casos el transporte público no ha parado para que las personas trans suban, o algunas personas se niegan a otorgarles el alquiler de sus casas por su identidad de género.

Falta de denuncias

El informe sostiene que la ausencia de mecanismos oficiales de recolección de datos referidos al colectivo LGBT en general, y a las personas trans en particular, invisibilizan los actos violentos motivados por prejuicios, ocultando también su alcance. Otro de los puntos que se remarca es la falta de denuncias y estadísticas oficiales: “Los datos oficiales disponibles no reflejan la verdadera dimensión de la violencia que enfrentan las personas trans”. Sostiene que los estigmas y prejuicios internalizados por las mismas personas trans, pueden obstaculizar que los abusos sean reconocidos y admitidos como tales.

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“En muchas ocasiones las víctimas, familiares, amigos de las víctimas, no denuncian los asesinatos de sus familiares o amistades trans, debido a los altos niveles de prejuicio y hostilidad contra las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas que permean las autoridades y otros miembros en las comunidades”, señala. La insuficiente capacitación a policías y los agentes de justicia “puede producir registros imprecisos. Así, las mujeres trans con frecuencia son identificadas en los registros púbicos como “hombres vestidos con ropa de mujer”, desconociendo o confundiendo las nociones de orientación sexual e identidad de género. A esto se añade que el nombre social de las personas trans no es asentado como una identidad, sino como un “alias”.

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