#Paraguay: ingresaron al Poder Judicial para defender compañeras trans

A través de la figura de la facilitadora judicial, cuatro activistas trans de Paraguay están disponibles para ayudar a sus compañeras en un laberinto hostil de denuncias, comisarías y frecuentes abusos policiales. Al menos 57 mujeres trans han sido asesinadas en el país desde que terminó la última dictadura, en 1989. Excluidas y violentadas por un sistema judicial enemigo, las trans paraguayas han optado por una nueva estrategia: unirse a él.

24 de enero de 2017

A través de la figura de la facilitadora judicial, cuatro activistas trans de Paraguay están disponibles para ayudar a sus compañeras en un laberinto hostil de denuncias, comisarías y frecuentes abusos policiales. Al menos 57 mujeres trans han sido asesinadas en el país desde que terminó la última dictadura, en 1989. Excluidas y violentadas por un sistema judicial enemigo, las trans paraguayas han optado por una nueva estrategia: unirse a él. Por María Domíguez, desde Asunción Fotos: Mariluz Martín El Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ) busca mejorar el acceso a la Justicia de poblaciones vulnerables: personas en situación de pobreza, adultos mayores, niños, personas con discapacidad, o indígenas. Funciona en Paraguay desde 2008, a través de un acuerdo firmado en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA). El sistema depende del Poder Judicial. Lxs facilitadorxs ejercen su tarea de forma voluntaria y gratuita. Su rol consiste en servir de puente de comunicación entre las instituciones y los miembros de su comunidad. A comienzos de diciembre, cuatro mujeres trans juraron su cargo como facilitadoras judiciales: Tamara Amarilla, Gabriela Espinoza, Mariana Sepúlveda e Yren Rotela. Fue la primera vez en el país que miembrxs del colectivo trans se incorporaban a este sistema. A cada una de ellas le fue asignada una comisaría de la zona donde reside, y son los policías y comisarios, pero también jueces, fiscales o los propios detenidos, quienes las llaman por teléfono para solicitar su mediación en algunos casos. “Una compañera me llamó una noche y me dijo: “Mariana, estoy en la comisaría, por favor si podés venir”. La detuvieron unos policías cuando salía de repartir condones a las trabajadoras sexuales de la Chacarita”, relata a Presentes Mariana Sepúlveda, activista trans y vicepresidenta de la organización Panambí.

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El barrio de la Chacarita, situado entre el centro histórico de Asunción y la bahía, sobre el río Paraguay, es uno de los más antiguos de la ciudad. Su población es humilde, vive generalmente de la economía informal, y el barrio está estigmatizado como foco de pobreza, delincuencia y tráfico de drogas. “La vieron con unas bolsas, y le dijeron que seguro venía de comprar drogas. Y que se la llevaban a una comisaría para una “mejor revisión”. Ahí fue que me llamó”, contó Mariana. Mariana Sepúlveda muestra la credencial que le acredita como facilitadora judicial. Desde hace poco más de un mes, Mariana trabaja como facilitadora judicial, y tiene asignada una comisaría en el barrio de Trinidad, cerca del jardín botánico de Asunción, adonde acude cada vez que se lo solicitan. Muchas veces, cuando atiende su teléfono de madrugada, Mariana escucha la voz de una compañera atacada, violentada, o detenida ilegalmente.

Conocer el Derecho por vivir injusticias

Mariana no es abogada, pero sabe de derechos. Sabe que, para que un policía pueda inspeccionar tu bolso, es necesaria la presencia de testigos. Sabe que nadie puede detenerte sin motivos. Sabe que, si sos mujer, solo puede revisarte una mujer policía. Pero en Paraguay los protocolos para las trans rara vez se cumplen, según denuncia Panambí. Mariana sabe de derechos, porque sabe de injusticias. Una noche, hace dos años, estaba cerca de las ruinas del supermercado Ykua Bolaños, una mole de ladrillo ennegrecida y abandonada desde que, en 2004, un incendio devoró el edificio y mató a casi 400 personas. Esa noche, un hombre se le acercó y le pidió un cigarrillo, después una cerveza. Después se acercó a ella, le clavó un cuchillo en el cuello y salió huyendo.
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Mariana llegó sangrando al hospital. La atendieron, y denunció el ataque. Identificó a su agresor. La policía encontró el cuchillo que le clavaron. Pero su caso sigue sin resolverse. El agresor está libre. El fiscal quiere cambiar la calificación del caso a “lesión leve”. “Pero si era yo la que agredía, seguro que ahora ya iba a estar en el penal”, dice Mariana. Cuenta que, para las trans, casi no existe la presunción de inocencia. Ante cualquier acusación de delito, terminan en la cárcel. Y siempre van a prisiones de varones; nunca a las de mujeres. “La justicia es difícil para las mujeres trans. Por eso es importante que nosotras mismas elevemos nuestras voces”, dice.
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Es uno de los objetivos de las facilitadoras judiciales: alzar la voz ante una injusticia, mediar en un conflicto, mover los papeles de las denuncias, buscar un abogado, orientar, dialogar. Para las personas trans, uno de los mayores obstáculos a la hora de denunciar en una comisaría es que, a menudo, quienes las maltratan son precisamente policías. En la calle, en el trabajo sexual, los pedidos de coimas, las amenazas y el abuso de poder de los agentes son constantes, afirman. Las facilitadoras insisten en que las personas trans se fijen en el número de matrícula de la patrulla policial, en el portanombres del agente, en todos los detalles que puedan llevar a hacer una denuncia efectiva en caso de abuso. Aunque las propias facilitadoras también reciben violencia por parte de los agentes. “En la comisaría, los policías me miraban, se reían, hablaban entre ellos. Entonces, les mostré mi carnet donde dice “facilitadora judicial”. Ahí está mi nombre social, el que uso, y más abajo, en letras más pequeñas, mi nombre civil, el que aparece en la cédula. Y entonces ahí ya era todo decirme: “sí señora, por favor, señora, pase por acá, señora”, cuenta.

Abuso policial y discriminación: las denuncias que más se repiten

Junto al abuso policial, las facilitadoras judiciales también reciben denuncias por discriminación. Yren Rotela, la presidenta de Panambí, dice que a muchas compañeras no les quieren alquilar una casa porque son trans. O que, cuando alquilan, los vecinos presionan para expulsarlas del barrio. “Si desconoces que tienes derechos, aceptas. Pero si conoces tus derechos, puedes presentar una denuncia formal”, dice. Yren Rotela, facilitadora judicial y presidenta de Panambí.  No es un proceso fácil. Tanto Mariana como Yren reconocen que muchas de las denuncias que presentan las personas trans quedan en el opareí, la palabra guaraní que alude al olvido, al limbo de la impunidad. Los casos más graves, los de asesinatos contra personas trans, siguen por esclarecer. Y van 57, desde que en 1989 terminó la dictadura. Pese a la violencia, la ley de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, que en diciembre tipificó el feminicidio, no incluye a personas trans. Durante el debate en las Cámaras del proyecto de ley, varios parlamentarios pidieron eliminar del texto cualquier mención a la palabra “género”. Incluso los obispos paraguayos presionaron para que esta ley no se aplicara a “varones que se consideran mujeres”, tal y como expresaron. La ley quedó aprobada sin aludir al género, y dejando fuera a las personas trans.
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“Para las trans, la justicia es un castigo por ser quien sos. Cuando nos condenan, lo que estamos purgando es una pena por nuestra identidad. Es una condena por atrevernos a desafiar las pautas sociales, los roles definidos para un hombre y para una mujer”, dice Yren desde Panambí. En la página web del Poder Judicial paraguayo existe una nómina de facilitadores repartidos por los diferentes distritos, departamentos y compañías de Paraguay. Son un total de 1.586, y se calcula que benefician a unas 700.000 personas, en un país de casi siete millones de habitantes. Están presentes en un 60 % del país. Los fondos de cooperación de países como España e Italia ayudan a mantener y ampliar este programa, que ya funciona en otros Estados americanos como Nicaragua o Panamá. Para Yren, formar parte de esta nómina es un gran avance, y quiere que las facilitadoras trans lleguen a todos los rincones del país. “Estamos creando una comunidad. No solo nos fortalecemos a nosotras mismas, sino también a todo el sistema judicial. Ayudamos a que la justicia se vea como legal, y no como corrupta”, opina. Para Mariana, es una forma de abrir caminos dentro del sistema. “Nosotras vamos a ayudar a que la Justicia vea cosas que ocurren, pero que no está mirando”.
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24 de enero de 2017

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