21 de junio de 2019

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Por Pilar Salazar*, desde Ciudad de Guatemala

El 16 de junio se celebraron elecciones generales: presidenciales, legislativas, municipales y elección de autoridades al Parlamento Centroamericano en Guatemala. El 11 de agosto habrá una segunda vuelta para elegir presidente y vicepresidente. Fueron unas elecciones bastante particulares, además de contar con la participación de cuatro candidaturas de hombres gais y la denuncia de algunas “graves inconsistencias” en el conteo del Tribunal Supremo Electoral. Dos de esos varones gais resultaron electos: Aldo Dávila y José Hernández. ¿Qué impacto puede tener para la comunidad LGBT+ esta mayor visibilidad de la disidencia sexual en un país conservador como Guatemala?

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El voto trans

Aunque las personas trans “pudimos votar” decía un diario local, no lo hacemos en las condiciones dignas en materia jurídica y de derechos humanos debido a la falta de una ley de identidad de género. En las mesas receptoras de votos, cuando revisan nuestro documento de identidad y ven que el “sexo”-porque el campo descriptivo del documento es así y no por “género”, como debiera ser en el aspecto legal-  no coincide con nuestra apariencia, rápidamente nos pueden ridiculizar. Y automáticamente quedamos invisibles/ignoradxs en las estadísticas de hombres y mujeres que votan.

En mi experiencia puedo decir que en el lugar donde me tocó votar este año, como mujer trans (esta vez ya no como secretaria de Junta Receptora de votos) me sentí vista como un bicho raro. La sensación aumentó cuando entregué mi documento de identidad y vi en el rostro de los integrantes gestos serios y poco amables (con excepción de la presidenta de la mesa). Creo que también tuvo que ver con el hecho de que revisé y abrí frente a ellos las 5 papeletas para verificar su autenticidad y que estuvieran correctas antes de dirigirme al atril.

Eso me situó en una doble situación: una por se trans y la otra por ser “tan desconfiada y fiscalizadora”. A pesar de todo y si lo vemos como algo “positivo” mi identidad de género no fue motivo de interpelación o negación de mi derecho a votar.

Visibilidad política y agenda LGBT+

Desde la comunidad LGBTIQ+ somos conscientes de que la diputada Sandra Morán fue la primera mujer abiertamente lesbiana y feminista elegida por más de 32 mil personas en el distrito central. Y que ella ha llevado la voz de la población LGBTIQ+.en el periodo 2016-2019, para que el que resultó electa en la función política.

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Morán ha propuesto en conjunto con organizaciones de la sociedad civil una serie de leyes a favor de la población LGBTIQ+ tales como una Ley de Identidad de Género -para permitir que personas transexuales y transgéneros puedan ser inscritas en sus documentos personales con el nombre y el género de autopercibido (5395)-. Esta ley conocida por el pleno del congreso el 22 de febrero del 2018, recibió dictamen desfavorable por parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales (órgano del Congreso) conformada por diputados conservadores luego de que uno de sus integrantes, Estuardo Galdamez, le pidió a dios «que regenerara a los homosexuales”.

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Otra de las propuestas de la diputada Morán fue la ley para sancionar los crímenes por prejuicio (5278) conocida por el pleno del congreso el 22 de agosto del 2017. No perseveró debido a las mismas razones, quedando éstas propuestas como llamamos coloquialmente en Guatemala “engavetadas”.

Ahora es el turno de Aldo Dávila y José Hernández. Dávila resultó electo como diputado por el distrito central. Abiertamente gay, tomará posesión de su cargo el 14 de enero del 2020. Él mismo expresa que no lleva una “agenda gay” como dicen algunas personas, sino una agenda de derechos humanos. También promete dar seguimiento a las propuestas de ley de la diputada Morán.

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José Hernández quien tomará posesión del cargo el 28 de enero en el Parlamento Centroamericano o Parlacen (órgano regional y permanente de representación política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana -SICA- con sede en Guatemala desde 1991 y subsedes en cada país centroamericano) cuyo objetivo principal es la integración de Centro América. Está estructurado por corrientes ideológicas diversas y no por partidos políticos. Allí Hernández deberá promover la paz, la democracia y los derechos humanos.

Tiene un reto,  según me contó hace unos días: crear la Procuraduría Centroamericana de Derechos Humanos y propiciar convenios, políticas públicas y la homologación de leyes a nivel regional en esta materia, haciendo uso de ISCA (Institución del sistema de integración centroamericana, que se encarga de velar por los derechos de la diversidad sexual de la región) un sistema recientemente creado.

En una conversación con María José Rosales, socióloga y activista, quien se identifica como lesbiana feminista y parte del equipo del periódico feminista “La Cuerda”, ella ha dicho: no es lo mismo que entrara Sandra Morán que Aldo Dávila y José Hernández. Según ella, “porque ellos no llevan una agenda feminista”. Aún así, Rosales considera que se les debe apoyar pues no es la única que percibe una actitud violenta de gran parte de la sociedad -en las redes sociales, por ejemplo-.  Rosales propone contrarrestrar la ola de violencia homolesbotransfóbica en este punto de tanta visibilidad. Además, ellos deben fiscalizar y ser la voz de alerta para los movimientos sociales, agregó.

«Urgente: promover leyes contra crímenes de odio»

La unión civil igualitaria o como muchos le dicen el “matrimonio igualitario” es importante desde el punto de vista legal, pues permitiría un reconocimiento jurídico-social de parejas del mismo sexo. Aún así, a mi parecer no debería ser una prioridad en la agenda de trabajo de los diputados electos sin antes promover leyes que castiguen los crímenes de odio y la discriminación para que nos dejen de matar masiva y constantemente.

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Los diputados electos deberían además voltear la mirada al fenómeno de migración LGBTIQ+ en Centroamérica. Es una constante mirar y emigrar a otros países para salvar nuestras vidas, donde muchas veces tenemos la esperanza del reconocimiento de los derechos humanos y un acceso digno a salud, trabajo y educación, algo que no tenemos en Centroamérica.

Aunque quienes integramos la población LGBTIQ+ estamos entusiasmadas por el hecho de que ya hay una mujer lesbiana en el Congreso y dos hombres gais van a sumarse llevando nuestras preocupaciones, veo con mucha crítica el hecho de que aún no se haya pensado en candidaturas de personas trans para sumar representación: en el Congreso, en las alcaldías, en los Cocodes (Consejo Comunitario de Desarrollo) o en alguno de los tres organismos del Estado.

Tal vez sea que ver un rostro trans/sexual/vesti/género en la política misógina guatemalteca es demasiado ofensivo y transgresor para la cultura conservadora, mogijata y judeo-cristiana en la vivimos en Guatemala.

*Pilar Isabel Salazar Argueta tiene 38 años, es comunicadora y periodista «primero por vocación», activista incidente/disidente en la academia desde las Ciencias Sociales y facilitadora teórica-corporal en temas de sexualidad.