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Qué hay detrás del bloqueo de redes sociales a menores de edad en México
No se trata de salud mental, sino de control de información. Cómo se gestionan las redes sociales y qué consecuencias puede tener en personas de la diversidad su prohibición y control.
Un adolescente en Michoacán publica en un grupo cerrado de Facebook que está por cometer un feminicidio en su secundaria. Un grupo de jóvenes, que no se conocen físicamente, comparten contenido para “mejorar” su imagen por WhatsApp, mientras califican fotografías de mujeres tomadas sin su consentimiento. Una joven de 13 años ha desarrollado un Trastorno de la Conducta Alimentaria “gracias” a consejos que recibe todos los días por Instagram.
Es imposible negar que las redes sociales se han convertido en un problema serio para la salud física, mental y social de las adolescencias e infancias en México y el mundo. En los 20 años que hemos aprendido a vivir con y a través de ellas, estas plataformas también han cambiado radicalmente. De mostrarnos sólo a las personas que seguíamos, ahora complejos algoritmos de recomendación nos inundan de posteos de marcas, celebridades y cuentas que no conocíamos, para mantenernos dentro de sus ecosistemas, consumir más contenido y absorber toda la información posible de nosotrxs, nuestros contactos y nuestros hábitos.
La regulación de estas empresas, de la arquitectura de sus sitios y de sus algoritmos (así como la extracción y comercialización de nuestros datos y sus prácticas predatorias) es urgente. Sin embargo, no estamos por tener conversaciones sobre estas legislaciones, sino sobre el acceso, o la prohibición del mismo, para menores de edad. La propuesta, que ya se discute a nivel federal y en al menos dos estados –Nuevo León y Querétaro—, sigue a leyes recién aprobadas en España, Reino Unido y Australia.
Si bien hay lecturas que pueden hacerse sobre la moralidad de estas acciones por parte de las grandes empresas tecnológicas, también es urgente que entendamos cómo operan los modelos de negocios de estos gigantes monopólicos, qué está en juego cuando se decide poner candados de edad e identidad, y lo que se queda fuera cuando se pone en la mesa prohibir espacios para todxs.
Verificación de identidad
Si se aprueba una legislación como las anteriores, va a ser obligatorio que alguna autoridad verifique la edad y la identidad de lxs usuarixs de cada dispositivo que se conecte al Internet. Proveedores de Internet, telefonía o las redes sociales tendrán que ser responsables de manejar datos biométricos y de identidad que. Ellos deben “asegurar” que la persona que entra a sus espacios digitales tenga el mínimo de edad requerido por ley, y que sea quien dice ser.
Esto, es un riesgo de seguridad latente. Pero también es una oportunidad de negocio para empresas de seguridad como Palantir, NSO (creadora del spyware Pegasus) y similares.
A través de legislación secundaria, tendría que determinarse cuáles serían los mecanismos de validación de identidad, quiénes los deben de proveer e, idealmente, cuáles son las obligaciones que estos proveedores de servicios de verificación tendrían que cumplir.
Aunque la legislación esté diseñada de forma que garantice la seguridad digital y el buen manejo de estos datos, no existen garantías para que las mismas empresas validadoras no utilicen esta información para alimentar modelos de IA de vigilancia masiva, como ya ha ocurrido en Reino Unido y en los estados de Estados Unidos donde legislaciones similares ya han sido aprobadas.
Además, puede convertirse fácilmente en una herramienta de hipervigilancia digital. Defensores del territorio y de derechos humanos, activistas y periodistas abandonarían los mecanismos de seguridad digital que les protegen. Y toda su actividad pudiera ser seguida con la facilidad con la que pueden seguirse personas o automóviles a través de las cámaras de “seguridad” de cada ciudad.
Quién queda fuera
Propuestas como la que se está discutiendo plantean que las redes sociales son en sí mismas un peligro. Que no hay forma que su uso sea positivo para nadie, y que tienen que regularse como sustancias adictivas, tal como el tabaco, el alcohol o las drogas.
Esta lógica deja fuera cómo usan las adolescencias y juventudes las redes sociales, así como la enorme utilidad que tienen para grupos vulnerados. De acuerdo a números de Instagram, lxs menores de 25 años usan la aplicación principalmente como mensajería instantánea. Más del 75% de las juventudes LGBT+ han reportado que sus redes de apoyo y cuidados están en estos espacios digitales (más del doble del porcentaje de las adolescencias cis-hetero), de acuerdo al Center for the Study of Social Policy.
En redes sociales también suelen encontrarse páginas sobre educación sexual con enfoque LGBT+, grupos de apoyo para personas neurodivergentes o que viven con alguna discapacidad. Además de difusión de defensa de derechos básicos o de asistencia escolar, legal y financiera.
Sin embargo, estos espacios de resistencia son constantemente acosados por las plataformas por considerarlas “violatorias” de sus normas de comunidad, sus cuentas son bloqueadas y sus contenidos limitados, como han señalado múltiples estudios y reportajes.
Qué se puede hacer diferente
Hasta el momento, en ningún país donde se han aplicado estos vetos generales ha habido mejoras en la salud mental de adolescencias y juventudes. Al contrario: lxs jóvenes han recurrido a espacios mucho más inseguros, sin acompañamiento y sin ninguna protección legal.
Es urgente una regulación que esté a la medida de la crisis digital. Para poder diseñarla, se necesita un Estado y legisladores que entiendan cómo operan las redes sociales, cómo se usan en realidad y a quién se daña en el actual estado de las cosas.
Necesitamos una sociedad dispuesta a escuchar a las juventudes, y que no sólo las vea como riesgos a sí mismas. Necesitamos acompañamiento y medios que estén a la altura de las circunstancias. Necesitamos encontrar una salida del Internet como una plaza comercial, y pensar ya en un espacio donde, realmente, quepamos todxs.
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