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Cómo impacta el monopolio de medicamentos en personas VIH
El avance de las negociaciones entre Argentina y Estados Unidos para patentar medicamentos VIH plantea un panorama de exclusión que preocupa. Cómo impacta en la región.
Precios más altos, monopolios y demoras en incorporar un medicamento clave al sistema sanitario son algunas de las consecuencias que generan las patentes en el acceso a la salud. Por eso, desde hace décadas, las personas que viven con VIH reclaman el fin del patentamiento de los medicamentos esenciales. Algunas políticas públicas, como las guías de patentabilidad en Argentina, lograron frenar los abusos de este sistema, pero hoy se encuentran en peligro. No solo para este país, sino para toda América Latina.
El reciente acuerdo entre Argentina y Estados Unidos –que aún debe tratarse en el Congreso de la Nación– busca eliminar esa política que permitió al país una mayor soberanía sanitaria. Se trata de un panorama desalentador para la región, que se agudiza con la exclusión de América Latina de acuerdos que vuelven más accesibles medicamentos en torno al VIH y en un contexto de recortes en la financiación mundial de la salud.
¿Qué son las patentes?
¿Qué son las patentes? ¿Por qué afectan el derecho a la salud? Presentes conversó con dos especialistas y activistas en la materia para conocer su impacto en la región.
Las patentes son títulos de propiedad que otorga el Estado a un inventor en todas las áreas de la tecnología, como la farmacéutica. “Generan una exclusividad de 20 años durante los cuales solamente el titular de la patente puede comercializar, fabricar o importar lo que está patentado. Es decir, generan un monopolio”, explica Lorena Di Giano, abogada especialista en acceso a medicamentos y propiedad intelectual, militante por el derecho a la salud y directora ejecutiva de Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo) en Argentina.
“En materia de tecnología médica es realmente gravoso para la salud –agrega– porque no hay competidores y al estar el monopolio hacen uso de su exclusividad y aumentan los precios. Por eso los medicamentos y otras tecnologías sanitarias son tan caros”.
Por qué es importante la soberanía sanitaria
Para Francisco Rubio, Advocacy Director de América Latina y el Caribe de AIDS Healthcare Foundation (AHF), “esto no solo impacta de forma directa en el precio, si no también en la competencia y el tiempo que demora el medicamento en incorporarse en los sistemas públicos de salud”.
En 1994, más de 100 países firmaron el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), como parte del acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se trata del acuerdo multilateral más completo sobre propiedad intelectual. Establece estándares mínimos internacionales obligatorios, incluyendo una duración de patentes de al menos 20 años.
“Antes de la adopción de este acuerdo, en América Latina no teníamos monopolios sobre medicamentos o tecnología médica. A partir de él, sí. Tiene la particularidad de que permite a los países adaptarse a esos estándares nuevos en armonización con el resto del sistema jurídico. Entonces, tenemos diferentes sistemas de patentes dentro de la región de América latina”, detalló Di Giano.
La situación en la región
“En Latinoamérica, el tema de las patentes es un problema permanente y bastante complejo. Muchos países quedan en un limbo. Por una parte, no suelen estar incluidos en los mecanismos de acceso preferencial diseñados para países con bajos ingresos. Pero tampoco tienen la capacidad económica para absorber los precios iniciales que genera esta suerte de monopolio creado con las patentes”, compartió Rubio.
En este sentido, la empresa farmacéutica estadounidense Gilead Sciences excluyó, una vez más, a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe de un acuerdo de precios con el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. El objetivo de ese acuerdo, firmado en julio de 2025, es volver accesible el Lenacapavir, el medicamento más innovador en la prevención del VIH hasta el momento. Se trata de un fármaco que ofrece un tratamiento preventivo inyectable y requiere solo de dos aplicaciones al año. Los países que quedaron fuera del acuerdo deben negociar individualmente y en secreto con la empresa.
“América Latina con frecuencia queda en una posición intermedia dentro de los mecanismos globales de acceso. Países como Chile, debido a su realidad económica actual, pueden solventar de forma temporal el stock de tratamientos o medicamentos. Pero en el caso de Centroamérica es más complejo. Al no calificar en lo que el laboratorio considera como un país de bajos recursos, se mantienen en este espacio donde no consiguen ni A ni B”, explicó Rubio.
Por la garantía del acceso
En este marco, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) instó a Gilead a que Lenacapavir pueda ser distribuido sin patente para reducir su costo.
En distintos países como México se observa una fuerte concentración de contratos en pocos proveedores, además de poca transparencia e incluso desabastecimiento. El 82% de las compras de antirretrovirales en México terminó en manos de tres compañías: Farmacéuticos Maypo, Gilead Sciences y Janssen-Cilag. Los datos corresponden a 2020, el último año en que este país reportó las compras de tratamientos antirretrovirales de manera pública.
Por otra parte, algunos Estados hacen uso de las flexibilidades en propiedad intelectual para proteger el acceso a medicamentos en sus países. Es el caso de Colombia, que recientemente emitió una licencia obligatoria para Dolutegravir, un medicamento de respuesta al VIH. Esto implica que el gobierno autoriza la fabricación, importación o venta del fármaco patentado, sin el consentimiento del titular de la patente.
“Esto demuestra que el marco legal internacional permite priorizar la salud pública cuando existe decisión estatal”, analizó Rubio.
Retrocesos
La situación mundial se vio agravada con la crisis de financiamiento de la respuesta al Sida, producida por las reducciones en la asistencia internacional para el VIH en 2025. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la proyección de la caída durante 2025 es de entre un 30 y un 40% en comparación con 2023.
A esto se suma que el avance de gobiernos de derecha y ultraderecha en la región trajo cambios en las políticas vinculadas con las patentes. “En Brasil, hasta el gobierno de (Jair) Bolsonaro, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria tenía atribuciones de revisar las solicitudes de patentes previamente enviadas para su resolución. Luego se dio de baja. La única política de protección de la salud y las patentes actual en la región es la de Argentina”, compartió Di Giano.
Argentina en 2012 adoptó las Guías de Patentabilidad. Una política que es faro en materia de acceso a la salud ya que a partir de una serie de criterios rigurosos que definen qué es patentable y qué no, impidió la concesión de patentes injustificadas. Esto permitió la producción de genéricos nacionales, una mejor competencia de precios y un ahorro al sistema público de salud.
Un favor a los monopolios
Sin embargo, el reciente Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones entre la Argentina y los Estados Unidos contempla que Argentina derogue estas Guías de Patentabilidad y respete las patentes extranjeras. Se trata de un reclamo que mantienen desde el 2012 los laboratorios extranjeros, especialmente norteamericanos, alemanes, suizos o británicos, nucleados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales. Si bien la medida no es retroactiva, implica que los laboratorios nacionales no puedan copiar fórmulas para producir medicamentos genéricos esenciales para la salud.
“Las guías de patentabilidad intentan frenar el abuso del sistema de patentes. Hay registros de muchos años que indican que Estados Unidos pretendió anularlas. Es realmente gravoso que Argentina ratifique en el Congreso este acuerdo”, consideró Di Giano. “Si Argentina modificara esos estándares, el impacto no sería solo interno –agregó Rubio–. En América Latina, los marcos regulatorios de países con peso técnico suelen influir en debates similares en otros Estados. Una flexibilización podría debilitar una referencia regional en materia de examen riguroso de patentes”.
Este proyecto cuenta con el apoyo de la IAS (International AIDS Society) a través de Community Project Grants, en el marco de los preparativos rumbo a la Conferencia AIDS 2026.
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