En México el 2025 ha sido un año en donde las políticas públicas y avance de derechos humanos para las mujeres y las disidencias han permanecido estancados. Si bien en los años recientes a nivel legislativo se reconocieron derechos como el matrimonio igualitario y derecho a la identidad; el derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda, actualmente, no están siendo garantizados para las mujeres y las personas LGBTI+ mexicanas.

Se cumplió el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Durante ese año, la mayoría de los congresos locales estuvo ocupado por el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuya propuesta, desde sus inicios fue por “la justicia social, soberanía nacional, lucha contra la corrupción y en beneficio de sectores populares a través de programas sociales”. A pesar de esto, a nivel nacional y en los estados con esta mayoría política, tampoco ha habido un avance en políticas públicas y derechos para personas LGBTI+ y las mujeres. 

“Los cambios culturales no se están generando en nuestra sociedad. Me parece también que eso es un signo de cómo las legislaciones no han alcanzado a generar estos cambios culturales”, reflexiona en entrevista a Agencia Presentes, Rocío Suárez, directora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT) . “Y como movimientos organizados LGBTI+, hemos quizá dejado de apostarle al tema de la sensibilización, la capacitación, la información y nos hemos centrado mucho en los temas legislativos, normativos y punitivos”, agrega . 

Los avances legislativos tardan en llegar

Guanajuato, un estado históricamente gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), -de derecha-, aprobó el matrimonio igualitario a nivel legislativo al reformar el Código Civil. Este es un logro importante a nivel local luego de años en que los activismos los activismos buscaran la aprobación de este derecho. 

Este año en la Ciudad de México de forma oficial se reconoció a las personas no binaries dentro de la Ley para el reconocimiento y la atención de las personas LGBTI+. En Guerrero se reconoció la identidad de las personas trans y no binaries, mayores de edad. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conformada en septiembre por nuevas ministras y ministros reiteró que el derecho a la identidad de las niñeces y adolescentes trans debe ser garantizado. También, que los estados que no lo garanticen incurren en el delito de discriminación por edad. 

Además hizo mención de que “la orientación sexual no puede considerarse una conducta delictiva ni un factor de riesgo”, luego de que en el estado de Tamaulipas relacionaran la homosexualidad con el delito de “corrupción de menores e incapaces”.

A la fecha hay 18 estados del país que reconocen la identidad de género de las personas trans mayores de edad. Los seis estados que reconocen a las personas no binaries siguen enfrentando obstáculos para homologar sus documentos de identificación oficial.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Presentes (@presenteslatam)

En siete estados reconocen a las niñeces y adolescentes trans pero solo en tres no hay restricciones por edad. 

Jalisco fue el primer estado en reconocer a las niñeces y adolescencias trans con el procedimiento administrativo de altos estándares en derechos humanos. Sin embargo, este año las familias trans denuncian que están enfrentando obstáculos y negación de este derecho. Aunque de manera oficial no hay una postura, el actual gobernador, en 2024, ha hecho mención de las niñeces trans usando información falsa.

Este año en particular las organizaciones pusieron sobre la mesa la urgencia de la despenalización total del aborto. Es decir, “el escenario en el que el aborto no está tipificado como delito en el código penal para las mujeres o personas con capacidad de gestar”. Esto implica ver al aborto como una práctica médica segura y accesible, como cualquier otro procedimiento sanitario, retirando la criminalización y persecución policial y judicial a quienes deciden hacerlo, y al personal médico que lo practica.  

Hasta ahora en México, 25 de 32 estados han despenalizado el aborto de manera parcial, es decir, hasta las 12 semanas. 

El derecho a la vivienda y la ciudad

En el país comenzó a visibilizarse cómo las poblaciones LGBT están siendo afectadas por fenómenos como la turistificación, gentrificación y obras públicas de cara al Mundial de Fútbol 2026. México será sede del evento deportivo en tres ciudades: Ciudad de México, Monterrey y Nuevo León.

En la capital, trabajadoras sexuales independientes de Calzada de Tlalpan denuncian el desplazamiento de sus zonas de trabajo, el aumento en el precio de los hoteles, la disminución de trabajo y amenazas de muerte. 

El subsecretario de la CDMX, Fadlala Akabani, no ha cumplido lo que prometió desde septiembre: acceso a la vía pública para ejercer el trabajo sexual, acceso a programas sociales, acceso al instituto nacional de vivienda y seguridad para compañeras amenazadas. 

Por la turistificación seis familias compuestas en su mayoría por personas afromexicanas, mujeres y disidencias están en riesgo de ser desalojadas del Patio de la Estrella. Es un patio de vecindad histórico ubicado en Córdoba, Veracruz que no solo es vivienda sino espacio cultural afro-transfeminista.

Violencia LGBTodiante permanece

Este año el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBTI+, de la organización Fundación Arcoíris, registró al menos 97 crímenes de odio, entre desapariciones y asesinatos. 

Son casi ocho por mes. La mayoría de las víctimas son mujeres trans que ejercen el trabajo sexual y que viven en situaciones de vulnerabilidad y precariedad.

En agosto, siete mujeres trans fueron asesinadas: Eli, Katia, Joseline, Michelle, Montserrat, Guadalupe y Mónica. En estos crímenes de odio destacó la violencia contra sus cuerpos y el uso de armas de fuego. En un solo caso hubo un detenido.

Hoy se llevó a cabo la presentación del Informe 2024 del Observatorio de Crímenes LGBTI+ en el @senadomexicano

Gracias a quienes acompañaron y sostienen esta exigencia por verdad y justicia.

📄 Consulta el informe completo: https://t.co/DJOOA73g7G pic.twitter.com/SE5ymIfCCj

— @ObservatorioCrimenesLGBT (@ObservatorioCr3) December 3, 2025

Las fiscalías siguen sin informar al respecto en la mayoría de los casos. Los activismos son quienes documentan estos crímenes, exigen investigaciones apegadas a los derechos humanos y acompañan a las familias en el proceso de acceso a la justicia.

También se registraron violencias como la negación de espacios públicos a mujeres trans, como el vagón del metro. Este hecho trajo consigo que políticos de ultraderecha usaran las redes sociales para desinformar y criminalizar a las mujeres trans. En particular por usar los espacios destinados para mujeres cuyo objetivo busca ser una medida de protección y de acceso seguro a la movilidad. Un derecho que debe garantizarse a todas las mujeres.

En este primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum la crisis de derechos humanos permaneció en el aumento de personas desaparecidas y la revisión del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas sobre la gravedad de las desapariciones forzadas en México. 

De acuerdo a datos de A dónde van los desaparecidos, en la gestión presidencial actual, cada día 40 personas no regresan a sus hogares, un promedio de 1.6 cada hora. Un asunto repetido en este sexenio es que Sheinbaum sigue sin recibir a los colectivos de madres buscadoras.

Los impactos de Trump: su narrativa y los recortes de financiamiento 

La entrada del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos tuvo impactos inmediatos en los financiamientos para la defensa de los derechos humanos. Las organizaciones en defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI+ y migrantes lo sufrieron desde el inicio del año.

Por ejemplo, el ColectivoTrans-Formación de Guatemala perdió el financiamiento con el que operaba la única clínica enfocada en brindar atención médica a personas trans en ese país. En México, el refugio Casa Frida perdió más del 60% de financiamiento. La atención humanitaria a personas LGBT migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas ya venía vulnerada pero ahora en una situación de mayor riesgo.

La narrativa antiderechos e intervención de Trump ha generado otros impactos en toda la región. De manera particular en las elecciones presidenciales de este año en Bolivia, Chile y Honduras, aunque tras 16 días de elecciones aún se sigue por definir las votaciones presidenciales en ese país. En estos tres países avanzó la ultlraderecha apoyada por Trump. 

En México sucede con varios funcionarios públicos o aspirantes como Lilly Tellez, Verastegui y el empresario Salinas Pliego, quien ha replicado formas de comunicar o hablar sobre los derechos humanos, el feminismo, las personas trans, la izquierda, y el “wokeismo”. Sus lemas repetidos son: “sacar a los zurdos de mierda” y “vida, propiedad y libertad”.

En este contexto, Rocío Suárez observa con cuidado una atomización del movimiento LGBT y la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, advierte que “las organizaciones LGBTI, en especial en la Ciudad de México, están sumamente fragmentadas. Esto va a tener repercusiones a nivel nacional porque se ve a la capital como punto de referencia y si aquí no hay un punto de unión o puntos en común con otros movimiento sociales, vamos a seguir viendo la disputa de ganar derechos solo y unicamente desde una mirada punitivista y no la aplicación de políticas públicas para la vida y miradas de prevención sobre la violencia y la discriminación, por ejemplo”.

En relación a las personas LGBT+ los datos son nulos o insuficientes, a pesar de la existencia de protocolos. En lo que va del 2025, al menos 31 personas LGBTI+ están desaparecidas, de acuerdo a los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). 

Una de ellas es María Mendoza Lucas, mujer trans indígena y activista y defensora del territorio del pueblo Mixe en Oaxaca. María fue reportada como desaparecida el lunes 27 de octubre en el estado de Puebla y hasta ahora no hay indicios de su paradero. 

Personas cercanas a María, señalaron a Presentes, que la joven había sido violentada en otras ocasiones por su cuerpo, en el estado de Oaxaca, pero también en Puebla. “En septiembre había publicado que estaba siendo hostigada por elementos de la policía y funcionarios públicos de Puebla”.

¿Qué está por venir?

Este año las niñeces y adolescentes trans fueron reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. En las guías de Consejo Técnico Escolar se incluyó un capítulo que invita al cuerpo docente y administrativo a hacer de las escuelas de nivel básico un espacio seguro. 

El punto más crítico de la guía es que no es vinculante. Además, se sugieren materiales de apoyo como un glosario de 2016 en donde no hay una definición sobre las identidades trans y personas no binaries, por ejemplo. Este material no fue realizado de la mano de voces expertas, familias o activistas.

Las familias trans esperan que sí lo sea para que se garantice que las escuelas sean espacios libres de discriminación.

Además, en enero de 2026 se formalizará la propuesta de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum. Se espera que haya mejores mecanismos de aplicación de las acciones afirmativas para que haya representatividad y los derechos político-electorales de las personas LGBTI+ y otras poblaciones vulneradas sean garantizados. 

“La resistencia tiene que ser desde las propias comunidades. Y no solo la idea de resistir sino de crear modelos alternativos como comedores comunitarios, los albergues autogestivos. Esas son vías que pudieran explorarse. Necesitamos reafirmar la autonomía del movimiento como parte de las herramientas que tendrían que generarse para los tiempos que vienen”, concluye Rocío Suárez del CAIT.