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México: Cómo afecta la gentrificación el acceso a la vivienda de personas LGBT
El avanzado proceso de gentrificación en México atenta directamente con el acceso a la vivienda de las personas LGBT. El rol de los activismos y la preocupación por la cercanía del Mundial de Fútbol 2026.
CIUDAD DE MÉXICO, México. Desde hace dos décadas en México se reconocen derechos para las poblaciones LGBT+. Principalmente el derecho al matrimonio igualitario y aunque no en su totalidad, el reconocimiento a la identidad de género. Sin embargo, detrás de los avances y del discurso oficial de inclusión, la exigencia por el derecho a la vivienda está atravesado por el fenómeno de la gentrificación.
La abogada y defensora del derecho a la vivienda Carla Escoffié ha insistido en que la gentrificación “no es positiva”. También que debe entenderse como un proceso “prevenible y reversible”. Así lo explicó durante una entrevista en el espacio del periodista Julio Astillero.
Escoffié puntualiza que la gentrificación es una expresión de desigualdad socioeconómica. Y que no se trata de un fenómeno de modernización sino de un proceso de desplazamiento. “Es el proceso por el cual un barrio antes considerado ‘en decadencia’ es revalorizado por personas de estratos socioeconómicos con mayor poder adquisitivo que sus habitantes originales. La llegada de estos nuevos residentes genera un cambio en las dinámicas de consumo y de habitar que terminan desplazando a la población original”, explica en este artículo publicado en la revista Este País.
Estas barreras se incrementan en las personas LGBT+ y se agudizan en aquellas que viven en condiciones de vulnerabilidad y con experiencias de exclusión familiar. Así, la gentrificación y los procesos de despojo se cruzan con los prejuicios y barreras ya existentes, multiplicando sus efectos en estas poblaciones.
“En México no tenemos una política pública de vivienda sino una política inmobiliaria”
La abogada Escoffié explicó anteriormente a Presentes que en México se ve a la vivienda como un objeto de mercado, no como un derecho y una necesidad. “El derecho a la vivienda no está garantizado. No tenemos una política pública de vivienda sino una política inmobiliaria”, dijo.
Entonces ¿cómo entender la vivienda? Para ella, la vivienda en sí es el derecho a tener un lugar dónde habitar. A tener medidas para evitar desalojos forzosos que son arbitrarios, ilegales e injustificados; e incluso el derecho a la no discriminación en el acceso a la vivienda.
En 2022 la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) señaló que 1 de cada 5 personas LGBT+ ha visto negado algún derecho en los últimos cinco años. Además, se encontró que 1 de cada 3 personas (33.4%) no estaría dispuesta a rentar una habitación de su vivienda a una persona trans.
Este porcentaje disminuye poco si se trata de personas lesbianas o gays (29.8%). Ahí las violencias van de negarles la renta de viviendas, desalojos y acoso por parte de vecines, principalmente si viven en pareja o son trans, siendo obligadas a mudarse.
Covid-19 agudizó las barreras del derecho a la vivienda
El fenómeno de la gentrificación en Ciudad de México cobró mayor impacto luego de la pandemia de Covid-19 en 2020. La llegada de más nómadas digitales a la ciudad causó el alza de los precios de las rentas. Particularmente en zonas céntricas, y un mayor número de espacios destinados a alojamientos de plataformas como Airbnb.
En las poblaciones más vulnerables, una de las primeras consecuencias durante la emergencia de covid-19 fue el cierre de hoteles. Esto dejó sin hogar y sin lugar donde laborar a personas que ejercen el trabajo sexual en la Ciudad de México, sobre todo a mujeres trans. De acuerdo a la Encuesta: impacto diferenciado de la covid-19 en la comunidad LGBT en México, 7 de cada 10 personas de la diversidad sexual perdieron sus ingresos de manera total o parcial, siendo las personas trans las más afectadas.
Asimismo, 1 de cada 3 personas LGBT+ no pudieron pagar el costo del lugar donde vivían. El 4.84% se vio obligade a abandonar su hogar por violencia familiar relacionada con su orientación sexual e identidad de género en el contexto de aislamiento.
Los activismos responden a la falta de acceso a la vivienda
Ante la emergencia de covid-19 los activismos hicieron el trabajo del Estado ante la vulneración del derecho a la vivienda de las personas LGBT+ en la Ciudad de México.
Un ejemplo de esto fueron la activación de refugios como Casa Frida, en ese momento mayormente enfocado a poblaciones migrantes, y Casa Lleca, refugio y comedor comunitario que sigue activo y hoy vive las consecuencias de la gentrificación en la ciudad.
«No podemos hacer este trabajo solo nosotros, le toca a las autoridades. Nos movilizamos para exigir una vivienda y que no haya la necesidad de que tengan que regresar al refugio. Protestamos en la Secretaría de Bienestar y exigimos que estuviera presente el Instituto de Vivienda en la Ciudad de México. A través de esa movilización y los testimonios de compañeras logramos un acuerdo de construir vivienda para 42 personas trans”, explicó Victoria Sámano, fundadora de Lleca, escuchando la calle.
Las autoridades supuestamente entregarán en un año y medio esas 42 viviendas. No son gratuitas y, además, van a reubicar el refugio de Lleca en Iztapalapa, una zona periférica al oriente de la Ciudad de México.
El impacto de estas acciones para las poblaciones LGBT+ no se limita a mudarse más lejos. Salir del espacio donde se mueven puede implicar perder acceso al trabajo, más gastos en dinero y tiempo para su movilidad, menos acceso a servicios de salud especializados, menos oportunidad de ejercer su derecho a la ciudad. Eso a su vez implica tener menos acceso a sus redes comunitarias y de salud emocional.
“Pedimos al gobierno que reubiquen Casa Lleca en el centro de la ciudad. Allí se concentra la mayoría de población en situación de calle, pero nos dicen que no hay espacios que se puedan rehabilitar. Su visión es que las poblaciones que les incomodan es mejor que habiten las periferias. Ahí no molestan a la población que sí tiene acceso a estos recursos y a habitar el centro”, comenta Sámano.
De hecho, ningún albergue destinado a población en situación de calle que administra el gobierno de la Ciudad de México está en el centro. Todos se ubican en las periferias.
Aumento de vulnerabilidades frente al Mundial de Fútbol 2026
Con el Mundial de Fútbol 2026 en el horizonte, la jefa de gobierno, Clara Brugada, ha dicho que el evento permitirá “hacer obras e intervenciones que se queden para siempre y combatan rezagos sociales”.
Entre ellas se encuentran la ciclovía de Tlalpan que conectará el Zócalo con el Estadio Azteca, y el Parque Elevado, un paseo peatonal y ciclista con áreas verdes sobre la misma avenida. Aunque se presentan como proyectos de movilidad y espacio público, trabajadoras sexuales organizadas se han manifestado ante una alerta que vulnere su lugar de trabajo y su seguridad. Tlalpan es uno de los principales puntos de trabajo sexual en la ciudad.
De acuerdo a La Jornada, “César Cravioto, secretario de Gobierno capitalino, dijo que se han realizado siete mesas de trabajo con trabajadoras sexuales donde también se ha abordado el uso de vestimenta distinta para zonas en donde se encuentran escuelas, esto a petición de padres de familia”.
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